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Una Ley de Humedales para profundizar la matriz extractiva

El Ministerio de Ambiente de Nación, junto a las provincias, impulsa un nuevo proyecto de Ley de Humedales que desdibuja o elimina acuerdos alcanzados en los debates públicos que ocurrieron en el Congreso. La nueva iniciativa reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.

Por Patricia Pintos*

Para quienes desde hace años venimos bregando por su sanción, el historial de la Ley de Humedales ha sido un camino plagado de frustraciones. Como sociedad hemos sido testigos de la pérdida de estado parlamentario en el Senado en dos oportunidades y de una tercera en Diputados, de una cantidad de anuncios altisonantes surgidos del oportunismo político cada vez que arreciaron las inundaciones y los incendios, de decenas de proyectos presentados en ambas Cámaras seguidos del inmovilismo y el silencio, del poder de lobby de las corporaciones extractivistas que no han dejado de ejercer presión para sostener sus privilegios a costa de la destrucción de estos ambientes.

Pero también hemos sido testigos del proceso de construcción colectiva de la ley en los territorios en los que se dirimen los conflictos, en las sesiones informativas de debate en el Congreso, en las reuniones de Comisión, en las comisiones redactoras. Un trabajo en red, con real sentido federal, que plasmó en la conformación de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) en 2020.

Como un nuevo jalón de esa historia, el 11 de julio, en el marco de la asamblea ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, hizo el anuncio de un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Sostenible de los Humedales. Fue elaborado sobre la base del proyecto de ley presentado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados e impulsado por su presidente, el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos). El proyecto contó con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. El mismo proyecto que perdió estado parlamentario en febrero último.

El propio ministro Cabandié se apuró a decir que este nuevo proyecto “constituye un hito en la materia de trabajo colectivo y esperamos que en el seno del Congreso Nacional la discusión tenga una impronta federal”. Nada más alejado de la realidad. De las reuniones de trabajo en el Cofema participaron sólo algunas de las muchísimas organizaciones que aportaron a la elaboración del proyecto consensuado y estuvieron ausentes representantes de la ciencia digna, que habían tenido una participación activa en aquella instancia.

El llamado “proyecto consensuado”, impulsado por Grosso, que había sido presentado nuevamente en marzo luego de ser inauguradas las sesiones ordinarias en el Congreso, fue resultado de más de una década de debates parlamentarios y aprendizajes colectivos. Este proyecto logró condensar un rico ideario acerca del valor intrínseco de los humedales, por fuera del utilitarismo que considera únicamente los bienes y servicios ecosistémicos que proporcionan.

Esa densidad de ideas —sumada a la importancia prestada a los actores en su contexto y al particular enfoque sobre los mecanismos de participación y consulta— fue parte de una mirada atenta a las realidades situadas de los territorios, a considerar su rica historia, los avatares de su actualidad y las preocupaciones sobre su futuro.

Foto: Télam

Análisis de un nuevo proyecto regresivo

Por lo contrario, el proyecto aprobado en el COFEMA —donde están representados los ministerios de Ambiente de todas las provincias— dice basarse en el proyecto consensuado, pero produjo un empobrecimiento general del texto base y la desnaturalización de sus aspectos fundamentales, largamente debatidos a lo largo de estos años. Me limitaré a puntualizar los que considero críticos:

  • Modifica de manera sutil la definición de humedal —acordada por el propio COFEMA en 2016— y con ello reduce el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos.
  • Excluye en el objeto de la ley la posibilidad de restauración de humedales, así como el reconocimiento de su valor intrínseco e integridad ecológica.
  • Desaparecen de las definiciones generales todo un conjunto de cuestiones claves marcadas por los especialistas como “integridad ecológica”, “enfoque ecohidrogeomórfico”, “protección”, “preservación”, “gestión racional y sostenible de humedales”, “variabilidad temporal de los humedales”, “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Evaluación Ambiental Estratégica” y “Evaluación de Impactos Acumulativos”.
  • Desaparecen objetivos generales que son fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas: 1. El desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales. 2. Implementar las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales. 3. Valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.
  • Se minimiza un objetivo central en cuanto a garantizar la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y campesinas, reduciéndolo a “promover el acceso a la información pública y la participación ciudadana” cuando la redacción original establecía: “Promover la participación activa, efectiva y equitativa con perspectiva de género de representantes del sistema científico, académico y universitario, pueblos indígenas, las comunidades locales urbanas y rurales, campesinas, tradicionales, productoras, isleñas, residentes permanentes, ribereñas y de organizaciones formales e informales de la sociedad civil en general y de toda persona interesada, en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas sobre humedales en el marco de lo establecido por la presente ley y las normas con jerarquía constitucional, convencional y de derecho federal sobre participación; en concordancia a su vez con la ley 27.566 de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”.
  • Se eliminan de los objetivos los principios de no regresión en materia ambiental y, ante controversias, los principios del derecho internacional in dubio pro aqua e in dubio pro natura, así como los principios precautorio y preventivo.
  • Se minimizan y empobrecen las instancias de libre acceso a la información pública ambiental.
  • Su redacción original: “Garantizar el libre acceso a la información pública ambiental en términos de la ley 25.831 y la participación ciudadana efectiva y equitativa con perspectiva de género, en los procesos de toma de decisiones que tengan o puedan tener impactos significativos sobre los humedales, con especial consideración de los derechos de los pueblos indígenas, en cumplimiento de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”se reduce a “Promover el acceso a la información pública y la participación ciudadana”. Y enfatizo “promover”, no garantizar.
  • Desaparecen las instancias de asistencia técnica a las jurisdicciones locales; también las regiones de humedales compartidas entre jurisdicciones, como forma de coordinación del ordenamiento y gestión de estos ecosistemas.
  • En cuanto al Inventario Nacional de Humedales, pasa a considerarse “facultativo” y no una instancia fundamental en cuanto al reconocimiento legal de estos ambientes. En él desaparecen las escalas espaciales, no se establecen plazos para su realización, tampoco la periodicidad de actualización.
  • Desaparece una medida clave: la moratoria, que debería poner freno a nuevas actividades o ampliación de actividades existentes hasta tanto los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio, y con ello se vulneran los principios preventivo y precautorio.
  • Desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran.
  • Desaparecen los mecanismos que garantizan la Información y Participación con relación a los procedimientos de EIA, EAE o Evaluación de impactos acumulativos.
  • Desaparece de manera completa el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales.
    Elimina de plano las prohibiciones a las conductas que afectan, alteran, disminuyen o degradan los humedales.
Foto: Télam

¿Qué ha cambiado en el panorama general del debate por la sanción de la Ley de Humedales?

En estos diez años de frustraciones repetidas los humedales han comenzado a formar parte de una agenda socialmente problematizada. Sin embargo, aún sigue primando la ceguera epistémica de la política por sobre la comprensión del estado de crisis socioambiental, al igual que su permeabilidad a la presión de las corporaciones —del agronegocio, la megaminería y del sector inmobiliario— a fin de garantizar el statu quo de las dinámicas extractivas.

Para la sociedad, en cambio, los humedales han sido revalorizados como fuentes de vida y reivindicados semánticamente, alcanzando un nivel de densidad cada vez mayor en el debate público. La ley ha venido creciendo desde abajo y las organizaciones que la impulsan han sido capaces de crear redes muy potentes en el ámbito nacional y regional. A la vista del tiempo transcurrido siguen siendo dos cosmovisiones con caminos que no se cruzan.

Como han señalado les compañeres de la Multisectorial Humedales de Rosario, la estrategia del Ministerio de Ambiente, en acuerdo con el COFEMA, lejos de aportar a la movilización de una ley ampliamente reclamada y debatida, ha sido la de utilizar “las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de Ley de Humedales consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna”.

El texto de este proyecto de ley acordado en el COFEMA trae vaguedad a cuestiones que revisten gran complejidad y parecían ya saldadas en el debate. Por lo que no resulta llamativa la ausencia de plazos para la elaboración de los inventarios y del ordenamiento ambiental del territorio o que se elimine de plano la moratoria. Mucho menos que se desnaturalizara el sentido de los procedimientos de participación.

El desdibujamiento o desaparición de los ejes centrales del proyecto consensuado, en los que dice basarse esta nueva propuesta, resulta a la medida de las aspiraciones expansionistas del extractivismo, corroborado en las últimas horas por las declaraciones de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, quien sostuvo la idea de “recuperar un millón de hectáreas para suelo agrícola y ganadero” en los bajos submeridionales que comparten las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.

Con su mirada siempre puesta en el corto plazo, el extractivismo desarrollista no descansa. Construye un imaginario de continuidad de los consensos alcanzados, barniza sus acciones de compromiso ambiental y las rodea de ficciones de participación, gana tiempo. Por su parte, las organizaciones socioambientales, que aportaron al camino de construcción colectiva que condujo al proyecto consensuado en 2020, seguirán ensayando estrategias, tejiendo redes, ensanchando sus espacios de acción para recuperar un horizonte para ellas inclaudicable: el de una ley producida de frente a los pueblos y con su acuerdo.

(*) Doctoranda en Geografía (Universidad Nacional de La Plata) e integrante de la Red Nacional de Humedales.

FUENTE: TIERRA VIVA

«Repudiamos el proyecto de ley de humedales de Cabandié que mutila el proyecto consensuado.»

Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Humedales, que impulsamos el proyecto consensuado de Ley de Humedales, denunciamos y repudiamos la estrategia llevada por el Gobierno Nacional, mediante el Ministro Juan Cabandié, en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

Así, Ambiente promueve un proyecto de ley que permite explotar humedales, restringe el alcance de su protección y está hecho a medida de los sectores que los destruyen. Un texto que contradice y minimiza el proyecto consensuado por organizaciones, científicos y científicas sin conflictos de interés y legisladores.

La semana pasada, el Ministerio de Ambiente anunció la presentación de un proyecto de Ley de Humedales acordado en el marco del COFEMA (cargos políticos designados a dedo por gobernadores).

El ministro Juan Cabandié con tono triunfalista declaró que se trataba de un “hito en el consenso federal” y pretendió arrastrar en su maniobra a las organizaciones sociales al afirmar que fuimos parte de un proyecto regresivo en materia ambiental, escrito a puerta cerrada, con un único interlocutor, los estados provinciales, buenos alumnos del poder económico.

Queremos dejar muy claro que este acuerdo de cúpulas no tiene apoyo alguno de la ReNaHu ni del resto de las organizaciones ecologistas y calificar tajantemente como una mentira estratégica que este vaciamiento del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de Humedales haya sido con nuestro consentimiento.

El proyecto que apoyamos es el que construimos en los territorios junto con la ciencia digna y es el texto que recoge el dictamen unificado aprobado en 2020 por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con la firma de 23 diputadas y diputados de diversos bloques, un texto que representó un acuerdo histórico y una labor de más de un año entre organizaciones, científicos y científicas y asesores para arribar a un texto común, que abrevó de los extensos debates parlamentarios, conformó un amplio consenso sobre sus alcances y definiciones y resultó muy claro desde el punto de vista técnico sobre qué define y caracteriza a los humedales y los alcances de los servicios ecosistémicos que deben respetarse como un piso mínimo.

Este proyecto de amplio consenso, perdió estado parlamentario en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el correntino Pitín Aragón, que jamás lo trató.

Fue vuelto a presentar en conjunto con numerosas organizaciones, el 2 de marzo de 2022, por intermedio del diputado nacional Leonardo Grosso con otros 36 legisladores.

Cuatro meses después, en un bochorno pocas veces visto en el Congreso, aún no tiene giro a comisiones por parte del responsable de esa faena, Sergio Massa, presidente de la Cámara.

Esto confinó al proyecto consensuado a un limbo administrativo ya que es imposible conocer a qué comisiones exigir un plenario para su tratamiento.

Se trata de un texto que claramente, cómo se expresa en sus fundamentos, ha logrado obtener un consenso casi sin precedentes en la historia legislativa nacional, para el que se destinaron largas horas de audiencia y ha logrado adhesiones y respaldo de organizaciones de la sociedad civil, científicxs, investigadorxs, profesionales y especialistas, movimientos sociales, campesinas/os e indígenas, asambleas, colectivos, entre otros.

Vale recordar que la indigna actitud del ministro Cabandié y de Gabriela González Trilla, de ignorar la labor, la constancia y la necesidad de organizaciones y asambleas territoriales de promover un proyecto de ley que proteja a los humedales y garantice un piso de derechos para la preservación de la vida; esta actitud centrada en atender únicamente a las cúpulas políticas, registra el triste antecedente del senador de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, que también se jactó de lograr consenso con un organismo restringido a la voluntad popular como el COFEMA.

En ambos casos, a favor del poder económico y en desmedro del interés común.
Desde Renahu consideramos que este nuevo intento de destrozar la iniciativa de una ley de protección de humedales desde los territorios va de la mano con el avance de las actividades destructivas que los ponen en riesgo, y con ellos, nuestro futuro pues la economía (y nuestra calidad de vida) depende de la naturaleza y nunca al revés.

FUENTE: @ReNaHu

Por primera vez en más de 70 años, nacieron yaguaretés silvestres en los Esteros del Iberá

Después del fuego, la vida.

Foto: FUNDACION REWILDING ARGENTINA

Corrientes vivió hace medio año una situación catastrófica, para la economía, para los animales, para la población en general: la quema de millones de hectáreas, sobre todo en humedales. Hábitat de animales salvajes, por ejemplo las dos primeras cachorras de yaguareté que habían sido introducidas en el Centro de Reintroducción del Yaguareté (CRY), con un sueño: volver a tener en la provincia una población salvaje de este animal que es monumento nacional y del que quedan apenas 250 ejemplares en todo el país. En Corrientes desapareció hace más de 70 años.

El sueño de ver al yaguareté regresar a los Esteros del Iberá registró en las últimas horas un nuevo avance: una de las hembras liberadas en 2021 dio a luz a dos cachorros salvajes en total libertad. Los otros cuatro cachorros que hoy viven libres en Iberá habían nacido dentro de los corrales del CRY y luego liberados junto a sus madres.

Estos nuevos cachorros silvestres son el producto de la unión de Arami, una de las dos primeras yaguaretés nacidas en el CRY después de 70 años de extinción en Corrientes, y Jatobazinho, el yaguareté silvestre rescatado en una escuela rural de Brasil y donado al proyecto en 2019. «Su apareamiento también se produjo en vida libre», comentaron desde el equipo técnico de Fundación Rewilding Argentina.

En las últimas semanas detectaron que los movimientos de Arami se concentraron durante varias semanas en un mismo lugar: “Los puntos que emite el collar de Arami y que recibimos cada día a través de una conexión satelital sugerían que podría haber tenido cachorros ya que pasaba todo el tiempo en un mismo lugar, seguramente cuidando de ellos”, contó Magalí Longo, una de las coordinadoras del proyecto de reintroducción.

Foto: FUNDACION REWILDING ARGENTINA

Fue gracias a las imágenes de una cámara trampa que finalmente confirmaron la buena noticia: en dos videos consecutivos, Arami aparece llevando a los cachorros en su boca. Anteriormente, Arami había mostrado indicios similares que sugerían el nacimiento de cachorros, de acuerdo a la concentración de sus movimientos en un lugar determinado, pero entonces no pudieron confirmar la presencia de crías antes de que la madre retome sus desplazamientos normales. «No es raro para esta especie que las madres primerizas pierdan a sus primeras camadas», resaltaron.

La reproducción de yaguaretés libres y el nacimiento de una nueva generación en libertad se convierten en nuevos hitos para el proyecto que busca revertir la extinción de esta especie. «Y además alienta la esperanza de regenerar una población saludable de yaguaretés en Esteros del Iberá», agregaron.

Sebastián Di Martino, Director de Conservación de Fundación Rewilding Argentina, remarcó que “si ambos cachorros sobreviven —algo que sabremos en las próximas semanas— la población de Iberá contará con diez yaguaretés libres, lo cual resulta sumamente importante considerando que en toda la región chaqueña argentina se estima que solo sobreviven unos 15 individuos”.

Los ocho yaguaretés liberados, algunos de origen silvestre y otros nacidos en el CRY, presentan el comportamiento típico de animales salvajes: establecieron territorios que superponen en mayor o menor grado entre ellos, no asocian al humano con provisión de comida y cazan fauna silvestre para alimentarse, principalmente carpinchos, chanchos cimarrones y ciervos de los pantanos.

El proceso de rewilding llevado adelante en Esteros del Iberá en forma conjunta entre el Gobierno de Corrientes, la Administración de Parques Nacionales y Fundación Rewilding Argentina incluye también la reintroducción de otras especies clave de este ecosistema, «para restaurar la salud y belleza natural del gran humedal, revitalizar la cultura e impulsar una economía restaurativa basada en el turismo de observación de fauna en la cual es central la figura del poblador local».

Foto: FUNDACION REWILDING ARGENTINA

Monumento natural

El yaguareté es Monumento Natural en nuestro país. Está categorizado como en Peligro Crítico de Extinción: se estima que quedan solo 250 ejemplares. En la provincia de Corrientes se extinguió hace más de 70 años. En 2012 comenzó el proyecto de reintroducir la especie con la construcción del Centro de Reintroducción del Yaguareté (CRY). En 2018 nacieron las dos primeras cachorras en el CRY: Arami y Mbarete, cuya madre Tania proviene del Bioparque de Batán y su padre Chiqui del Refugio Faunístico Atinguy, en Paraguay. Desde su nacimiento, ambas hembras fueron mantenidas sin contacto con humanos. Al comienzo, junto a su madre; luego sin ella, y finalmente por separado, para poder evaluar sus capacidades individuales de caza y comportamiento.

FUENTE: Tiempo Argentino

Otra oleada en costas patagónicas

Avances tecnológicos para generar energía del mar

Por Susana Lara 

El litoral marítimo de la Patagonia es el centro de interés de equipos de investigadores que trabajan en proyectos de producción de energía renovable a partir de la fuerza del agua del océano Atlántico. Las mareas y las corrientes oceánicas de la plataforma continental argentina tienen un alto potencial energético, cuyo aprovechamiento está en fase de investigación por grupos de universidades y organismos públicos nacionales, en colaboración con especialistas extranjeros y, en algunos casos, el aporte de empresas privadas.

La fuerza del desplazamiento de las grandes masas de aguas durante las mareas puede transformarse en energía (mecánica primero y eléctrica después) con turbinas hidrocinéticas, en un proceso comparable a las que generan energía eólica. Esa tecnología no requiere la construcción de una represa, a diferencia de la energía mareomotriz como las de las grandes centrales emplazadas en Francia y Corea del Sur. En la carrera global por el desarrollo de energías limpias, se profundiza el conocimiento de la franja costera patagónica para definir posibles localizaciones de aprovechamiento de esa energía, a la par que se desarrolla la tecnología apropiada

Las costas de Chubut y Santa Cruz concentran los sitios de mayor interés para el desarrollo de esta opción, de acuerdo a los trabajos publicados durante la última década. La semana pasada, el Instituto Nacional del Agua (INA) informó los últimos resultados de monitoreos y mediciones de un proyecto en Santa Cruz y Tierra del Fuego que comenzó en 2016.

Ante la conflictividad que desató el proyecto de desarrollo industrial de hidrógeno verde y amoníaco en Río Negro, por ejemplo, en la transición de la matriz energética de los combustibles fósiles, esta opción hidrocinética puede ser más debatida con los distintos actores y sectores sociales directamente involucrados. A la vez, es una oportunidad para repensar la experiencia colectiva de territorio muy centrada en la tierra firme del continente y sacudir algunos lastres coloniales que asocian los mares solamente a la piratería.

Chubut

En su última edición, el mes pasado, la revista especializada Marine Energy Journal publicó un trabajo producido por el grupo de investigación en Energía, Materiales y Sustentabilidad (GEMyS) de la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN-FRCh), con la colaboración de especialistas de la Universidad de Nápoles Federico II y de un consorcio de investigación aplicada de Italia.

La Argentina tiene un litoral de 5.117 kilómetros y una franja oceánica de 960.000 km², desde el Río de la Plata hasta las Islas Malvinas, considerada una de las más extensas del mundo.

El artículo “Estimación inicial de la energía cinética de las corrientes de marea en la provincia de Chubut” sintetiza los avances sobre las posibilidades de desarrollo de un aprovechamiento energético de este origen. “La evaluación del recurso es fundamental para una adecuada selección de lugares y definición de las características del equipamiento. Es posible definir un escenario potencial para el uso de energía sustentado tanto en las mareas como en las corrientes asociadas. El fenómeno de las mareas es importante desde el sur del golfo San Matías hasta Tierra del Fuego, con intensidades de corriente altas que superan los 1,5 metros por segundo”, plantea el trabajo, en términos generales. Después explica las características y mediciones de olas, mareas, vientos del área de trabajo, entre otros elementos de la naturaleza que deben conocerse para poder decidir una locación futura.

Ana Julia Lifschitz es oceanógrafa y unx de lxs seis coautorxs del artículo. Su tesis de maestría se tituló: “Evaluación del potencial energético de las olas en la plataforma continental de Tierra del Fuego”. En un artículo de 2019, con Norma De Cristófaro (directora del GEMyS) y Doménico Coiro (consorcio SeaPower) ya habían anticipado el potencial de tres puntos: la boca del golfo San José, la boca del golfo Nuevo (ambos en la península Valdez) y la desembocadura del río Chubut, los que surgen del análisis de un total de diez zonas.

Ambos trabajos permiten pensar el comportamiento de elementos de la naturaleza (olas, mareas, corrientes, vientos, salinidad, sedimentos) allí donde, en general, se percibe una playa solitaria, un muelle o un puerto. Implica un desarrollo tecnológico en proceso (las turbinas cinéticas), imaginado en sitios concretos del territorio, en relación y en tensión con las manifestaciones del cambio climático, con usos y experiencias actuales.

“Hubo proyectos de aprovechamiento del agua de mar que no prosperaron por el costo de la inversión. Hoy –con perspectiva y conciencia ambiental– vemos que hubiera sido de alto impacto negativo hacer un canal sobre el istmo de la península Valdez. Los dos golfos tienen diferentes flora, fauna, nivel de salinidad, entre otras singularidades del ecosistema que hoy es reserva bajo protección”, indicó Lifschitz en conversación con El Cohete. La tecnología que se desarrolla es muy parecida a los de los molinos eólicos. En esta etapa, participa de un grupo dedicado a explorar las características de la hélice de la turbina, en tanto que otro grupo de la UTN Bahía Blanca está abocado a la mecánica del motor que la impulsará.

Aunque el aprovechamiento de las mareas no es nuevo, en la Argentina surgió un contexto más favorable durante las últimas décadas con el respaldo estatal a los biocombustibles, la energía solar y los parques eólicos, relató Lifschitz.

El proyecto está lejos de poder implementarse en el corto plazo y mucho más de tener condiciones de comercialización e industrialización, precisó. Imaginan un modelo pequeño, para espacios aislados que están fuera de la red eléctrica actual, de abastecimiento local.

Santa Cruz

Aunque con un recorrido de investigación paralelo y complementario al de Chubut, diferentes actores imaginan otra envergadura de desarrollo. YPF Tecnología S.A. (Y-TEC) pidió al laboratorio de Hidromecánica del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata estudiar el potencial hidrocinético de las corrientes de marea en distintos sitios de la costa patagónica. En principio, un equipo analizó el estuario del río Gallegos como área potencial para desarrollos de sistemas hidrocinéticos, los que pueden extender a la desembocadura del estrecho de Magallanes, entre otros puntos de interés.

Y-TEC es el brazo tecnológico de YPF para las nuevas energías, con participación del CONICET. Con el INVAP, construyen una turbina hidrocinética, anunció en su momento la empresa. Además, YPF es socia con la estatal chilena ENAP en el Proyecto Incremental Magallanes (PIAM), áreas de gas y petróleo que se explotan desde plataformas marítimas.

La última semana, el INA anticipó los resultados de la última campaña a los estuarios de los ríos Gallegos y Santa Cruz, realizada en mayo último. Midieron los niveles de agua y la onda de marea, la forma del fondo de estuario y velocidades de las corrientes. El análisis preliminar de los valores encontrados permitió al organismo asegurar que superan los niveles mínimos estimados para la generación de energía. Este proyecto incluye la desembocadura de los ríos Deseado, Santa Cruz, Coyle, Gallegos y Grande.

Algunas publicaciones ya anticipaban esta dirección a partir de trabajos acotados a Gallegos y Santa Cruz. Los relevamientos y mediciones son en esta etapa específicos para la producción de energía hidrocinética, a diferencia de una primera etapa que se tomaban mediciones hechas para la construcción de puertos marítimos, entre otros destinos.

Territorios

En la herencia colonial, la investigación científica mar adentro estuvo históricamente ligada a los intereses de las metrópolis. Después, ya en la etapa del Estado nacional, en manos de las usinas de las Fuerzas Armadas. Así es que, a su manera, esta energía limpia desafía, a la vez, las experiencias y proyectos colectivos de territorio

FUENTE: El Cohete a la Luna

Cómo son las viviendas con ladrillos tipo Lego de plástico reciclado que ya se fabrican en el país

Easybrick se define como la primera empresa nacional en desarrollar este sistema constructivo “simple e innovador” que elabora ladrillos de polipropileno 100% reciclado. Se presenta en la Exposición de la Construcción y la Vivienda que arranca mañana en la Rural. Sostienen que se ahorra hasta un 30%.

A simple vista se podría decir que hacen ladrillos tipo Lego a partir del reciclaje de tapitas. El modo más técnico lo define como la elaboración de ladrillos de polipropileno 100% reciclado para la construcción de todo tipo de edificaciones. Eso se propone la primera empresa del país en desarrollar este sistema constructivo “simple e innovador” que busca “es reinventar la industria de la construcción y ser parte del nuevo paradigma de la economía circular, trabajando para que las obras sean cada vez más sustentables, aprovechando al máximo los recursos disponibles”. Según afirman, esa modalidad permite ahorrar hasta un 30%.

La experiencia de Easybrick se presentará este miércoles como una de las grandes novedades del mercado en la Exposición de la Construcción y la Vivienda que se realizará en la Rural hasta el sábado.

Al sistema constructivo que utilizan para aplicar los ladrillos lo llaman Qualis. Es similar a un Rasti donde los ladrillos encastran unos con otros formando la estructura proyectada. “Gracias a su bajo peso y comportamiento estructural, estos ladrillos son ideales para obras rápidas, reduciendo notablemente los costos de flete, manipuleo en obra, energía… Además, asegura una durabilidad estimada en 100 años, gracias a su proceso de fabricación que se realiza por medio de inyección logrando que el polipropileno adquiera estabilidad dimensional. Versátil y adaptable a proyectos de construcción seca, los ladrillos son combinable con construcción tradicional, aplicable a industrias, viviendas, ampliaciones, reformas”, aseguran sus integrantes.

Una casa que construyeron, en Mercedes.

Según anuncian, ya llevan construidas 200 obras, entre casas y ampliaciones, y con más de 300 mil kilos de plástico reciclados en los últimos cinco años fabricaron 375 mil ladrillos. El universo tiene un potencial enorme, si se tiene en cuenta que 12 millones de tapitas se desechan por día en la Argentina, lo que alcanzaría para crear 36 mil ladrillos diarios, que alcanzan para edificar 15 viviendas.

La empresa cuenta con una ventaja en el sector: “Tenemos más de 20 años de experiencia ofreciendo soluciones en tuberías y cañerías de PVC y PEAD para obras de desagües pluviales, mineras, drenajes, tendidos subterráneos, fibra óptica y telecomunicaciones, entre otros”, asegura Zenón Santiago, co-fundador de Easybrick.

Según relatan, por su naturaleza plástica, los ladrillos tienen un 0% de porcentaje de absorción de agua. Los bloques conforman un espectro acústico y son atérmicos, gracias a las tres cámaras de aire.

Ampliación de un garage con el sistema de construcción tipo Lego.

Moderno y sustentable

María Eugenia González, directora de Relaciones Institucionales de la firma, habla en diálogo con Tiempo de una nueva generación que apunta a las obras sustentables: “nuestros clientes aspiran a acceder a una vivienda donde puedan aprovechar al máximo los recursos disponibles para que las viviendas sean cada vez más eficientes y sostenibles. Por eso, además de nuestros ladrillos Easybrick, fabricados con polipropileno 100% reciclado, promovemos la utilización de paneles o calefones solares, productos eficientes que en definitiva, los ayuden a reducir costos”. Y agrega: «Durante la pandemia, por ejemplo, hemos recibido muchos pedidos de ampliaciones, ya que gracias a la rapidez de la obra, podíamos agregar una habitación a una vivienda en tan solo 30 días».

Resalta que una vivienda moderna no pueden faltar grandes aventanamientos donde pueda disfrutarse de la luz natural y el entorno. En cuanto al valor de sus viviendas, cuenta que parten desde kits de obra básico que arrancan en los 170 dólares el metro cuadrado. «Es ideal para aquellos clientes que poseen sus planos, diseños o proyectos y simplemente desean panelizarlos con el sistema constructivo Qualis. Está pensado para profesionales de la construcción, contratistas, desarrolladores e incluso particulares que se animan a la auto construcción». Añade que el costo del metro cuadrado de construcción varía según el tipo y calidad de los componentes, accesorios y terminaciones que cada cliente prefiera, «pero a partir de U$500/m2 puede constituirse una vivienda llave en mano, con materiales de excelente calidad».

En la exposición de la Rural se verán otros modelos innovadores de construcción de viviendas. Por ejemplo, se presentará una asociación llamada Ciudad Posible: van a desarrollar una casa a partir de materiales sustentables como chapa bioclimática, madera plástica, y celulosa proyectada. Mientras se espera el milagro de que en el país haya créditos hipotecarios masivos y accesibles, empieza a cobrar fuerza la idea de que el día que se pueda construir, sea de forma sustentable.

FUENTE: Tiempo Argentino

Reclamos ambientalistas a 15 años de la sanción de la “Ley Guardiana del Agua”

Las asambleas ambientalistas vuelven a salir a la calle para celebrar una sanción que fue un hito, y para mantener el estado de alerta ante los intentos por burlar la Ley 7722.

Por: Luciana Rosende

El 20 de junio de 2007 Mendoza lograba la sanción de una ley histórica. La número 7722, más conocida como “Ley Guardiana del Agua”, que prohíbe la utilización de cianuro, ácido sulfúrico y otras soluciones contaminantes en las explotaciones mineras. Desde entonces, las comunidades y organizaciones que la impulsaron libraron batallas como la de 2019, cuando lograron revertir una normativa que apuntaba a autorizar proyectos mineros sin pasar por la Legislatura. A 15 años del hito, los riesgos ambientales siguen, y la lucha también.

“Desde 2007, hace 15 años, el embate ha sido sistemático y permanente. Ahora, más. No solo de los gobiernos provincial y nacional. También se suma el municipal: en Malargüe el intendente quiere una ley de zonificación para excluir a la zona de la ley, como quiso hacer (el gobernador Mariano) Arcioni en Chubut y el pueblo lo logró revertir”, comparó Nora Moyano, miembro de la Asamblea de Las Heras por el Agua Pura, una de las agrupaciones que este lunes se moviliza en distintos puntos de Mendoza para celebrar su ley y reforzar sus reclamos.

“Los empresarios mineros se reunieron hace poco en el Hotel Hyatt. Estuvimos ahí demostrando que estamos en contra. Quieren que nos peleemos con los obreros de la construcción y la minería, pero nosotros decimos que la minería es pan para hoy y hambre para mañana. Solamente es trabajo en la etapa de construcción. En San Juan y Catamarca las promesas de empleo quedaron en nada, y encima terminan contaminados”, cuestionó Moyano. “La megaminería no es solo un tema ambiental sino también un saqueo: se llevan todo y nos dejan la basura a perpetuidad”, añadió la mujer, quien fue imputada por su participación en las protestas de 2019 y recordó la reciente detención de dos referentes ambientalistas por su lucha en Andalgalá, por oponerse al proyecto megaminero MARA.

Las actividades de conmemoración por los 15 años incluyen concentraciones, charlas y actividades artísticas desde las 15 en puntos como Plaza Independencia, en Mendoza capital. También, en la Terminal Bustos, en la Plaza de Junín y en el Kilómetro 0 de General Alvear, entre otros.

“Estamos nuevamente en la calle diciendo que no se toque la ley, que traten y aprueben el proyecto de área natural protegida de Uspallata y que traten de una buena vez la Ley de Humedales, nacional y provincial”, enumeró Moyano sobre las nuevas consignas, que se suman a la defensa por el agua. Parte importante del rechazo se concentra ahora en un nuevo intento por reflotar el proyecto minero San Jorge, al norte de la provincia.

Desde la Asamblea Popular por el Agua de Capital y Gran Mendoza, Polo Martínez Agüero destacó que “estos 15 años demuestran la persistencia y la fe en la lucha de haber evitado una de las expresiones más severas y graves del capitalismo. Porque en Mendoza se defendió a sangre y fuego (el agua) y hubo logros, y tenemos que seguir en la misma porque las amenazas no bajan. Son permanentes”. El asambleísta remarcó que “en la zona de Cuyo, de la alta montaña, hacia San Rafael y Neuquén y hacia arriba, hacia San Juan, lo que les significaría en ganancias al gran capital es enorme. Por eso hoy cuando celebramos estos 15 años es para darnos energía para continuar en esta lucha sin que se caiga la 7722. No olvidemos el intento de diciembre de 2019, que fracasó. Ellos fueron con toda la fuerza legal que les da el sistema político, pero el pueblo de Mendoza, la militancia de las asambleas, estuvimos fortalecidos en la legitimidad que nos da la defensa de un bien común como es el agua”.

Martínez Agüero agregó que la vigencia del reclamo es “no solamente para que no se caiga la 7722 sino para que la podamos extender a los demás lugares del país que padecen la misma amenaza. Nos hacemos carne con la lucha de Chubut, donde lucharon en diciembre de 2021 a muerte y pararon el avance de la zonificación en la meseta”.

A nivel local, a fines del año pasado un fallo de la Corte Suprema puso a la comunidad ambientalista en estado de alerta. Porque avaló la histórica norma en su conjunto, pero rechazó por “indeterminación” el artículo referido al uso de sustancias tóxicas en general. “Nos parece que esta apertura de puertas empieza a burlar la ley”, advirtieron entonces desde las asambleas, que hoy salen a la calle con una mezcla de celebración y alarma.

FUENTE: Tiempo Argentino

Escuelas fumigadas: pulverización en el recreo y glifosato en la orina

Una directora que ya había estado internada tras una pulverización con agrotóxicos nunca investigada denunció un nuevo episodio en torno a una escuela rural de Entre Ríos, en horario de clases. En Baradero, un 40% de los análisis de orina en una comunidad educativa dieron positivo para glifosato.

Nenes y nenas de una escuela rural del departamento de Uruguay, en Entre Ríos, estaban tomando la merienda al sol durante el último recreo de la tarde cuando la directora los hizo volver corriendo al aula. Fue porque detectó un mosquito fumigando en las inmediaciones, sin aviso previo y sin respetar el horario escolar. A menos de 300 kilómetros de allí, en la ciudad bonaerense de Baradero, causó gran angustia en las últimas horas el resultado de un estudio que confirmó la presencia de glifosato en la orina en el 40% de los casos estudiados de una comunidad educativa. Nuevas postales de un viejo problema: escuelas fumigadas en la Argentina.

El jueves último, la directora de la Escuela N° 49 «Belisario Roldán», en Basavilbaso (a pocos kilómetros de la localidad de Rocamora, al sur de Entre Ríos), Raquel Larrosa, denunció ante la Policía local y luego ante la Fiscalía que una fumigación terrestre la obligó a suspender las clases. No era la primera vez que le pasaba: en 2017 terminó internada tras una pulverización, que fue denunciada pero nunca investigada.

Ambas denuncias fueron acompañadas desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER). Mariela Leiva, referente de la filial Basavilvaso, contó a Tiempo que la docente “jamás fue citada a declarar” por la primera denuncia, pese a que permaneció 48 horas internada y “tiene un certificado médico donde consta que tenía sintomatología compatible con intoxicación por agrotóxicos: vómitos, dolor de cabeza, mareos, gusto metálico en la boca”.

El nuevo episodio se dio el 9 de junio. Paradójicamente, es cuando se conmemora el Día de Acción por Escuelas Libres de Agrotóxicos. La fecha se estableció en honor a Ana Zabaloy, la docente de San Antonio de Areco que falleció de cáncer el 9 de junio de 2019, peleando contra la realidad de las escuelas fumigadas.

“Estaban en el último recreo, se estaba dando la merienda al sol. Cuando ven un mosquito haciendo una aplicación en cercanías. Por ordenanza tenemos 500 metros terrestres alrededor de las escuelas con prohibición de fumigar. Podría inferir que lo del jueves no lo respetaba. No tengo los medios para medir, pero creemos que no. Y hay otras partes de la normativa que también fueron violadas: por ejemplo el aviso de que se iba a realizar una pulverización no se dio. Tampoco se cumplió con no hacerlo en horas de clase”, cuestionó Leiva. Como no hubo una receta agronómica presentada, no saben qué producto se utilizó ni quién es el dueño del cultivo.

No se trata de un caso aislado. Pero no todos se denuncian. “Hay muchas escuelas rurales y nosotros acompañamos en la medida que nos enteramos, cuando los compañeros nos piden intervención. Asiste la Secretaría de Bienes Comunes Naturales que tenemos en el sindicato a nivel provincial y el estudio de abogados. Esto se da continuamente. Que los docentes se animen a denunciar es otra cosa. Pero las pulverizaciones se dan continuamente”, contó Leiva, miembro de la Red Federal de Docentes por la Vida y protagonista de la historieta “No fumiguen mi escuela”, de Aguará Colectivo Editorial. La referente agregó que “habían empezado a respetar un poco el tema del horario escolar. Pero es relativo, porque si fumigan a la mañana y van a la escuela a la tarde, el veneno está en el aire, en el agua. Las escuelas tienen tanques, queda todo contaminado”.

El mismo día que se denunciaba esa fumigación, desde la Red Federal de Docentes por la Vida criticaban la falta de acción al cumplirse un año de la campaña “Por agua limpia en las escuelas”. Mediante un comunicado, denunciaron la “ausencia total de respuestas por parte de Consejos Escolares y Consejos Deliberantes ante nuestro reclamo por estudios integrales de agua de todas las escuelas del país”. Y recordaron que la iniciativa surgió a partir de datos concretos, luego de que comunidades organizadas de forma autogestiva realizaran determinaciones de calidad de agua en distintos municipios:

“En Lobos encontraron 11 agrotóxicos distintos en el agua subterránea, en Tandil fueron 16 en el agua y 15 en el suelo al investigar la calidad del agua en 15 escuelas, en General Pueyrredón detectaron altos niveles de glifosato en 4 establecimientos educativos, en La Matanza una escuela informó un caso de intoxicación por Glifosato de una familia entera, en Exaltación de la Cruz encontraron presencia de agrotóxicos en el agua de red”.

En los cuerpos, también

En los últimos días se sumaron los resultados de otro estudio: organizaciones sociales y ambientales de Baradero, en el norte de la Provincia de Buenos Aires, gestionaron la realización de análisis de orina a miembros de una comunidad educativa rural. El resultado fue desalentador: en el 40% de los casos estudiados había presencia de glifosato. Una de las muestras –correspondiente a una niña pequeña- contenía niveles altos.

“Intentamos que el Municipio hiciera los estudios, pero no nos dieron cabida. Hicimos campañas para juntar dinero y encaramos estudios en tres etapas. Una para constatar la presencia de agrotóxicos en ambiente y suelo (con muestras enviadas a Damián Marino, especialista de la Universidad Nacional de La Plata), otra con muestras para que analice el Inta de Balcarce, y otra con muestras enviadas al Laboratorio Farestaie de Mar del Plata por presencia de plaguicidas en orina”, explicó Mauro González, de la Red Local de Estudios Agroecológicos (RELEA).

Una vez que se completen los tres estudios, se elaborará un informe “para explicitar todo de cara a la sociedad”. Mientras tanto, los resultados parciales ya causaron preocupación. “Había presencia de glifosato y AMPA (aminofosfonato ácido aminometilfosfónico) en dos niñas de seis años y en la directora. Mandamos ocho muestras de la escuela, todas del mismo establecimiento. Tres de las ocho tenían presencia, por eso hablamos de 40%. Es sumamente grave”, consideró González.

Sobre los niveles encontrados en las muestras de orina estudiadas, detalló que uno de los casos indicó “una carga muy alta, por lo que la sugerencia de los profesionales es dar un paso más, con estudios para analizar si hay daño celular, pero dependerá de la familia”. De todos modos, opinó que “así sea el nivel más bajo, es un residuo peligroso y no debería haber nada” en los cuerpos.

“Estamos con el acompañamiento a las familias, con médicos que nos dan una mano. Es muy angustiante. Son familias que viven en el campo, pero una cosa es saber que está presente el tema y otra es saber que lo tenés en el cuerpo y que tu hija de seis años lo tiene. Hay mezclas de bronca, enojo, desconocimiento. Tratás de hacer una interconsulta en Baradero y no hay especialistas. Es delicado el asunto”, remarcó González. Resaltó que se está tratando de mediatizar y difundir el tema porque “si no se habla, se naturaliza”.

La época de mayores fumigaciones en la región es en primavera y verano. Pero “en este territorio, como en Entre Ríos y en otros lados, quedaron las escuelas en medio de monocultivos como la soja. Ahora están fumigando a dos manos, porque en mayo y junio se prepara la siembra del trigo y se hace una quemazón de maleza. Están fumigando constantemente”, contó el referente de RELEA. Y apuntó que “Baradero es uno de los únicos municipios que no tiene regulación (en cuanto a metros de distancia prohibidos para fumigaciones terrestres en torno a escuelas). Se rige por la ley provincial, que sólo regula la fumigación aérea. Acá con la fumigación terrestre hacen lo que quieren: en el horario que quieren, sin regulación ni control. Estamos tratando de hacer un poco de ruido porque no tenemos opciones. Hay una mesa de trabajo por este tema con el Municipio, pero no hay avances. Quieren una ordenanza de 200 metros que no resuelve el tema, al contrario”.

FUENTE: Tiempo Argentino

Dos fallos en menos de un mes ponen un freno al «Nordelta Patagónico» vinculado a Joe Lewis

La lucha de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado lleva más de una década. Se oponen a un mega proyecto sobre una zona de humedales, clave para la provisión de agua en la región.

Por: Luciana Rosende

Tras más de una década de reclamos, la Justicia comenzó a darles la razón a quienes militan en defensa del agua en la zona de la Comarca Andina del Paralelo 42 y en contra del llamado «Nordelta Patagónico». Por segunda vez en menos de un mes, un fallo consideró inválidas las aprobaciones para el avance de un mega proyecto inmobiliario sobre una región de humedales en El Bolsón. Una obra vinculada al magnate Joe Lewis, aunque los papeles digan otra cosa.

Mediante un fallo emitido este lunes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa resolvió dejar sin efecto las actuaciones de la Municipalidad de El Bolsón del año 2016 en relación al loteo en Pampa de Ludden. Se trata de la Resolución 295/16 del Poder Ejecutivo y las Ordenanzas 165/16 y 194/16 del Concejo Deliberante.

Antes, a mediados de mayo, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bariloche también se había pronunciado a favor de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado, en Río Negro, declarando la nulidad de las decisiones gubernamentales provinciales y municipales que desde 2011 avalaban el avance de la obra Laderas de Perito Moreno S.A., empresa propietaria del complejo de esquí del cerro Perito Moreno, con claros lazos con el magnate inglés Joe Lewis.

“Hicimos juicio en 2011 por resoluciones y ordenanzas que daban vía libre al loteo del cerro, que de seguir adelante nos va a dejar sin agua. Todo estaba trabado en la justicia y finalmente se anularon esas resoluciones. Ellos siempre infringieron los diferentes logros judiciales que íbamos teniendo, pero este sería el parate más fuerte desde que empezó todo”, resaltó Guillermo Colares, miembro de la Asamblea, en diálogo con Tiempo.

Detalló que se trata de dos juicios: el primero por un amparo colectivo contra las resoluciones que daban vía libre a la obra, y el segundo por un acta-acuerdo del gobierno municipal en 2016 que vulneró la orden de no innovar vigente y dio impulso al cuestionado proyecto. Ese año se dio la movilización popular más masiva en defensa del agua. “Fue cuando se copó una plaza, con acampe. Fueron las marchas más grandes. Hubo cerca de 15 mil personas marchando, el turismo a full apoyando. Fue el momento más álgido de la lucha”, recordó Colares. Tras los fallos, consideró que “esto no es un logro de cuatro o cinco personas. Es una lucha de más de 10 años que sin el apoyo y la continuidad del pueblo de El Bolsón no se podría llevar a cabo”.

El proyecto llegó a ser calificado como un “Nordelta Patagónico” por sus dimensiones: 1072 parcelas con canchas de golf, rugby, polo, y una laguna artificial para pesca con mosca. Luego de los dos últimos fallos, todo eso quedó “sin anclaje administrativo alguno, no puede llevarse a cabo”, celebró Colares, aunque resta saber si se presentará alguna apelación.

Joe Lewis y el lago

Aunque Lewis no figura como titular del emprendimiento Laderas, desde la comunidad señalan que las vinculaciones con quien está acusado de apropiarse el acceso al Lago Escondido están a la vista. “No hay una conexión donde haya un papel, pero hay cuestiones de vínculos familiares, la zona es la misma que la de Lago Escondido y en 2005 Lewis quiso quedarse con este lugar. Hay un montón de vínculos, pagan las multas en conjunto, se manejan así”, relató Colares.

Con o sin Lewis, el rechazo a emprendimientos como el de Laderas tiene un motivo claro: el agua. “El eje es la cuestión ambiental. El loteo está en las nacientes del arroyo Pedregoso, que suma agua a la Cuenca del Azul, que termina en Lago Puelo. Involucra a toda la comarca. En Mallín se desprenden 9 canales, afectaría directamente la posibilidad del agua potable y de riego para la zona”, alertó el asambleísta.

En la región no se hablaba de humedales sino de mallines: zonas “esponjosas” que retienen agua en la tierra. “La palabra humedal para nosotros es nueva en la Patagonia. Pero empezamos a plantearlo como un humedal de alta montaña, es como una suerte de esponja en un valle de altura. Si eso se pierde, si esa esponja no hace de esponja, deja de haber posibilidad de que el agua se pueda encausar en los arroyos y el canal”, explicó tiempo atrás a este medio otra integrante de la Asamblea, Silvia Rojas.

En el fallo de esta semana, al que tuvo acceso Tiempo, hizo lugar en ese sentido al informe pericial ordenado en la causa y elaborado por profesionales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Los jueces consideraron que “es sumamente ilustrativo y controvierte las conclusiones tanto del Certificado como de la Declaración de Impacto Ambiental aludidas por el Municipio traído a proceso”.

Entre una larga serie de puntos señalados por el informe académico, el fallo plantea que “entre las conclusiones a resaltar encontramos que el emprendimiento se proyecta sobre una corredor biológico regional habitado por una especie protegida y declarada Monumento Nacional, el huemul. Que no se ha considerado la afectación de la biodiversidad. Que el incremento de población y de actividad humana que se producirá a partir de la implementación de los proyectos no ha sido analizada en profundidad. Que el manejo de los recursos hídricos tampoco fue analizado en toda su dimensión, soslayando además que en el Cerro Perito Moreno se ubican dos glaciares de montaña que alimentan cursos de agua”.

Se apunta también que se trata de una zona periglaciar y que no se tenido en consideración la Ley de Glaciares 26.639 (art 2°). Por otro lado, observan “la concentración de poder en las empresas en cuanto al manejo de caminos y sectores públicos” y “exponen preocupación por el incremento de riesgo de incendios y su manejo”. Sobre este informe de la UNCO, los jueces María Marcela Pájaro, Emilio Riat y Federico Emiliano Corsiglia sostienen que sus conclusiones “ponen en evidencia que los informes de impacto ambiental aprobados por el estado municipal han realizado una evaluación superficial y meramente formal de las implicancias en la zona”.

FUENTE: Tiempo Argentino

Crece el Río Iguazú, el Paraná recibe sus aguas y en un mes aprox. llegarán al Delta y se podrá navegar mejor

El río Iguazú experimenta una notable crecida luego de copiosas lluvias en Brasil en la zona de su nacimiento.

Recordemos que venimos de una bajante histórica en el Río Paraná cuyas consecuencias llegaron a sentirse en el bajo Delta Bonaerense poniendo en evidencia el retraso en materia de dragados y mantenimiento de las vías navegables por parte del Gobierno de la Provincia.

La llegada de mas caudal hídrico disimulará el problema que se le adjudica erróneamente (y mentirosamente) a la bajante extraordinaria del Paraná, la verdad es que la misma no debería sentirse como un problema en el Delta si se mantuviera el dragado regular de los ríos y arroyos, una tarea que no se practica desde la privatización del Río Paraná (Hidrovía). Desde ese entonces la Dirección de Hidráulica de la Provincia, desmantelada, ya no asume el dragado del Delta, afectando así, incluso, el funcionamiento del Transporte Público Fluvial de pasajeros

Imágenes: Canal 9

Van a reparar la estación que mide la contaminación de la ex Botnia

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se reunió con el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y firmaron un acta de entendimiento para articular acciones de monitoreo de calidad del aire.

En este orden, se comprometió la financiación para el arreglo de la estación que Comisión Nacional de Energía Atómica situó en el balneario El Ñandubaysal. La idea es volver a controlar las emisiones contaminantes de la pastera finlandesa UPM ex Botnia, ubicada en la vecina ciudad uruguaya de Fray Bentos.

En este acuerdo, se indicó oficialmente, se avanzará en la puesta en funcionamiento de la Estación de Monitoreo Continuo de Calidad del Aire en la Municipalidad de Gualeguaychú con equipamiento que cumpla con la normativa de referencia de la agencia estadounidense de Protección Ambiental. Además, se iniciará el proceso técnico y administrativo para la transferencia del dominio de los equipos a dicho municipio.

La mencionada estación funcionó durante el período 2009-2013 en Ñandubaysal con equipamiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y el monitoreo se realizaba a través de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). El arreglo de los equipos será financiado por el Ministerio de Ambiente nacional y las tareas de control del aire serán realizadas por el municipio, para lo que se contará con el trabajo de dos profesionales de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Previo a la firma, representantes de la cartera de Ambiente y de la CNEA visitaron Gualeguaychú a fin de evaluar las condiciones del sitio para emplazar el equipamiento.

Acompañaron a Cabandié en el encuentro Soledad Cantero, jefa de Gabinete del Ministerio, Sergio Federovisky, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, y Jorge Etcharrán, subsecretario de Fiscalización y Recomposición.