Este informe, elaborado por Claudio Lozano, pre candidato a presidente de Unidad Popular junto al equipo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, sostiene que “los resultados oficiales de pobreza e indigencia recientemente publicados dan cuenta del agravamiento del cuadro social que tuvo lugar durante el año 2022, a pesar de lo que podría esperarse de un año con crecimiento económico y aumento en el empleo.
Los resultados arrojan que entre el 4to trimestre 2021 y el 4to trimestre 2022 más de 2 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza y 152 mil personas se sumaron al conjunto de indigentes. Así, la pobreza cerró el año con un aumento interanual de 4,1 puntos porcentuales (del 36,5% al 40,6%).
En ese mismo período, el PBI creció 1,9 p.p., al tiempo que el empleo pasó del 43,6% al 44,6%. Sin embargo, este aumento en el empleo se explicó principalmente por ocupaciones precarias. Esta dinámica, en un contexto de deterioro en el poder adquisitivo de los ingresos populares, produjo que el incremento en la actividad económica y la recomposición del empleo convivan con un salto en la pobreza y una suba en la indigencia (del 8,1% al 8,4%).
Con estos resultados, la pobreza se ubica además 2,3 p.p. por encima del peor momento de la recesión provocada por la gestión de Cambiemos, lo cual implica que casi 1,6 millones de personas cayeron por debajo de la línea de pobreza desde el 4to trimestre 2019, mientras que la indigencia se redujo sólo 0,2 p.p.
Al observar lo ocurrido a lo largo del 2022 se desprende que hacia el cuarto trimestre del año pasado el desempeño económico evidenció un cambio de signo, al retroceder un 1,5% respecto al tercer trimestre. Este contexto de recesión y aceleración inflacionaria fue inducido a partir del acuerdo con el FMI, que ya desde el 2do trimestre 2022 generó un incremento en la pobreza que se acentuó en los trimestres siguientes.
La dinámica inflacionaria tomó impulso hacia el 3er trimestre y afectó en mayor medida a la población más vulnerable, puesto que el valor de la CBA y la CBT creció por encima del nivel general de precios.»
El retraso de los ingresos en relación con la CBT produjo un recorte en el 4to trimestre tanto en las prestaciones actualizadas por movilidad (-5,3%) como en los salarios, ya sea que se tome como referencia el Salario Mínimo (-1,2%) o el Índice de Salarios publicado por el INDEC para el segmento de los trabajadores registrados en los sectores público y privado (-1,2% y -2,2%, respectivamente).
Si se considera la suma de la AUH y la Prestación Alimentar en relación con la evolución de la CBA, en el 4to trimestre estos montos tuvieron una caída real del 5,9%. En este marco, si bien la indigencia se redujo en la medición semestral, el análisis al interior del semestre refleja que en el último trimestre del 2022 se verificó un incremento en la indigencia de 0,6 p.p. respecto al trimestre previo (289 mil indigentes más), dando cuenta de que el deterioro en los ingresos fue tal que prácticamente anuló el efecto de los refuerzos implementados en las políticas de ingresos, particularmente el Refuerzo Alimentario, los bonos a jubilados/as de bajos ingresos y el aumento del 40% en la Prestación Alimentar en Diciembre.
Las decisiones adoptadas por el Gobierno en los últimos meses, reflejan así que la política de salarios e ingresos apenas se propuso compensar en forma discrecional, focalizada, transitoria e insuficiente el severo ajuste que recae, hace ya tiempo, sobre los bolsillos de los sectores populares, siempre y cuando estas compensaciones, en el margen, no entren en conflicto con el cumplimiento de las metas del acuerdo, situación que se volverá aún más estrecha este año, debido a la mayor exigencia que prevé la meta fiscal.
En este marco, la consolidación de un escalón más alto de pobreza, en el último año, adquiere mayor gravedad, si se tiene en cuenta que este constituye un piso que posiblemente vuelva a aumentar en función de la dinámica experimentada por los ingresos reales del estrato bajo.
En su estrategia de condicionar la influencia de Estados Unidos en la región, Beijing pretendía vender aviones a la Fuerza Aérea, construir centrales nucleares en Buenos Aires y controlar el flujo comercial en la Hidrovía, tres proyectos claves que quedarán en suspenso por el apoyo de Washington en el FMI
El cónclave a solas entre Alberto Fernández y Joseph Biden en el Salón Oval se extendió por 20 minutos. Ambos presidentes hablaron sobre la salud de Francisco -por esas horas internado en Roma-, la estabilidad institucional en América Latina, “la necesidad de consolidar una relación estratégica” entre Argentina y Estados Unidos, el impacto de la grave sequía en el cumplimiento de las metas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las consecuencias económicas y sociales de la invasión rusa a Ucrania y la ofensiva geopolítica de China sobre el país, que causa muchísima preocupación en la Casa Blanca.
China es el enemigo global de Estados Unidos, y en Argentina impulsa iniciativas estructurales que son rechazadas por la administración Biden. El líder demócrata entiende la necesidad financiera del Banco Central que utilizar el swap de 18.500 millones de dólares que concedió Xi Jinping y comprende que no tiene sentido objetar el volumen de la relación comercial que une a los dos países.
Pero la Casa Blanca resiste que Xi solicite a Balcarce 50 que China acceda al control de la Hidrovía, ofrezca aviones Jf-17 a la Fuerza Aérea y construya centrales nucleares en la Provincia de Buenos Aires. Si eso pasara, Beijing manejaría la vía de navegación comercial más importante del Cono Sur, se convertiría en proveedor de armamentos de la Argentina y administraría una alicuota gravitante de la energía nuclear del país.
Alberto Fernández escuchó el análisis que hizo Biden sobre la agenda mundial. Coincidió sobre los costos económicos y sociales de la guerra en Ucrania, y prestó mucha atención sobre la mirada del Presidente de Estados Unidos respecto a China y su estrategia de despliegue en América Latina que se apoya en créditos blandos, obras de infraestructura -puentes, puertos, transporte y comunicaciones- y la apertura de mercados a través del proyecto de la Ruta de la Seda.
Cuando el líder demócrata hizo referencia a su intención de “consolidar una relación estratégica”, planteó tres áreas claves de producción que deberían coordinar Argentina y Estados Unidos:
Alimentos y proteínas
Energía y seguridad energética global
Minerales críticos
Biden no hizo una referencia específica sobre Brasil, pero al aludir a una relación estratégica fijó un contraste con el gobierno de Lula da Silva. El Presidente de Estados Unidos hizo una apuesta con Lula y lo invitó con inédita rapidez a un encuentro en el Salón Oval, pero cuando regresó Lula al Palacio del Planalto permitió que buques iraníes se apostaran en Río de Janeiro y anunció que firmaría la Ruta de la Seda durante una ceremonia oficial en Beijing.
Un dato en clave geopolítica quedó solapado durante la visita de Alberto Fernández a Washington: el mismo día que entró a la Casa Blanca, Lula debía aparecer junto a Xi suscribiendo la Ruta de la Seda. El hecho no sucedió por el estado de salud del presidente de Brasil, y la fecha elegida para la reunión entre Alberto Fernández y Biden no fue una casualidad. Estados Unidos deseaba que las dos fotos oficiales compitieran en la arena pública.
Santiago Cafiero y Joseph Biden: detrás se observan a Alberto Fernández y Jorge Arguello
Alberto Fernández comentó a Biden sobre la salud de Francisco, que en ese momento estaba internado por “fatiga respiratoria y problemas cardíacos” en el hospital Gemelli de Roma. Biden recordó el apoyo personal del Papa cuando enfrentó la tragedia personal de la muerte de su hijo Beau por tumor cerebral, y ambos rescataron el rol global de Francisco.
A continuación, el Presidente agradeció el apoyo del Consejo de Seguridad Nacional a las negociaciones que emprendió la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Alberto Fernández hizo mención específica de Jake Sullivan y Juan González, que durante la gestión de Martín Guzmán y ahora Sergio Massa aplacaron la mirada tecnócrata de Janet Yellen, secretaria del Tesoro de los Estados Unidos.
Yellen controla la silla de la Casa Blanca en el board del FMI y siempre se mostró remisa a la perspectiva que tenía el jefe de Estado respecto a las metas que se deberían cumplir para refinanciar la deuda heredada del gobierno de Mauricio Macri. Sullivan -a cargo del Consejo de Seguridad de Biden- y González -consejero de Seguridad para América Latina- se enfrentaban con Yellen, que proponía un posición más ortodoxa al momento de fijar las metas del acuerdo.
Este debate interno en la administración demócrata -un clásico explicaban en el Ala Oeste de la Casa Blanca- terminó a favor de la Argentina, y Alberto Fernández no dudó en resaltarlo frente al Presidente de los Estados Unidos. Obvio, Biden conoce el enfrentamiento y durante meses debió equilibrar las posiciones diversas de Yellen y Sullivan, dos funcionarios claves de su gabinete.
“Le quiero agradecer su respaldo político y decir que el Consejo de Seguridad Nacional siempre me apoyó con el FMI. Sullivan y González siempre estuvieron para colaborar. No me pasó lo mismo con la Secretaría del Tesoro. La secretaria Yellen tenía otra mirada de cómo debía hacerse el acuerdo con el Fondo”, se sinceró el presidente en el Salón Oval.
Biden se mantuvo en silencio. Y Alberto Fernández avanzó con los talkings points que había preparado junto a Santiago Cafiero, Sergio Massa y Jorge Arguello. El presidente, el canciller, el ministro de Economía y el embajador trabajaron sin horario para definir cómo sería la presentación en el Salón Oval, y el balance fue considerado positivo cuando estuvieron los cuatro solos en sede diplomática que Argentina tiene a diez minutos de la Casa Blanca.
Durante las declaraciones conjuntas de Alberto Fernández y Biden -que duraron en total once minutos-, el jefe de Estado se apegó al temario que había diseñado junto sus ministros y el embajador en Estados Unidos. Y por eso, un colaborador le acercó una minuta que repasó en cada tramo de su presentación pública en el Salón Oval.
Pero cuando se quedaron a solas ambos mandatarios -asistidos por sus traductores oficiales-, Alberto Fernández se apalancó sobre los talkings points para plantear su mirada sobre el panorama institucional de la región y describir la situación económica causada por la grave sequía que devastó la cosecha esperada para los primeros tres meses del año.
El presidente fue elocuente, citó cifras de la tragedia agrícola y ratificó su voluntad de cumplir con las metas acordadas con el FMI. Y a continuación solicitó la ayuda de Estados Unidos, si el board del FMI no entiende la crisis económica que atraviesa la Argentina ante la sequía causada por el cambio climático.
Biden dijo que sí.
Y desde ese momento quedó absolutamente claro -”crystal”, dijeron a Infobae en DC- que el Gobierno congelará los proyectos estructurales que China pretendía coronar en la Argentina.
Fue un trade off tácito entre ambas administraciones, que Biden empezó a cumplir cuando abrió las deliberaciones de ambas comitivas en el Cabinet Room de la Casa Blanca. Ese encuentro duró setenta minutos, y podría ser clave para diseñar una profunda agenda bilateral que debería enmarcar las relaciones entre Argentina y Estados Unidos durante las próximos años.
Ministro de Economía, Sergio Massa; secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley
Durante la reunión de las dos delegaciones oficiales, Biden estaba flanqueado por Yellen y Sullivan, mientras que Alberto Fernández tenía a su lado a Cafiero y Massa. El presidente de los Estados Unidos abrió las deliberaciones adelantando que apostaba a “la necesidad de consolidar una relación estratégica” y después avanzó con una declaración política que sorprendió a toda la delegación argentina.
Biden se dio vuelta para mirar a Yellen y dijo: “Así como arregló el problema con los bancos rápidamente, con la misma celeridad va a ayudar a que Argentina transite sin dificultades este puente entre ese futuro que vemos en materia de producción de proteínas, minerales y energía y las dificultades que la coyuntura plantea por la sequía”.
Puente. Esa es la palabra clave.
Biden asume que la situación en la Argentina es compleja y está dispuesto a colaborar con el FMI para que no se repitan errores de antaño. La sequía puso en jaque el cumplimiento de las metas respecto a las reservas del Banco Central y el déficit fiscal, y el presidente de los Estados Unidos planteaba que era posible levantar un puente para unir las dos orillas -desde la crisis económica al futuro- y a continuación designaba a la Secretaria del Tesoro como la arquitecta de un proyecto común que inicia en el FMI y tiene final abierto.
Yellen tomó la palabra, y se hizo cargo de la situación: resaltó la tarea de Massa en el Palacio de Hacienda y elogió a su equipo técnico. “Son profesionales y hay coordinación con la Secretaría del Tesoro y el FMI”, señaló frente a la comitiva argentina que ocupaba el Cabinet Room.
El FMI comunicó ayer que espera nuevas medidas del gobierno para cumplir con las metas acordadas para lograr la refinanciación de la deuda que tomó Mauricio Macri en 2018. Las exigencias son profundas y se vinculan con la moratoria para jubilarse, el déficit fiscal, la suba de tasas, el incremento de tarifas y la unificación del mercado cambiario. Son exigencias de cumplimiento imposible en las actuales condiciones económicas, sociales y financieras.
Yellen maneja el board del FMI, y Biden le prometió a Alberto Fernández que iba a apoyar a la Argentina si hay dificultades políticas en el organismo multilateral que administra Kristalina Georgieva. Se acerca la prueba de fuego. La Casa Blanca tiene que evitar que la crisis económica se profundice por la intransigencia del Fondo, y la Casa Rosada debe enfriar los proyectos estructurales que empuja Xi en el país.
El detalle de los aumentos en el segundo mes del año.
El Indec publicó su Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero con un promedio de aumentos del 6,6%, traccionado principalmente por los precios de los alimentos, el rubro más alcista del mes con el 9,8%, que se recalentó por la presión de los aumentos de las carnes. También fue importante la tracción de las subas de la leche y los huevos.
En febrero, el subrubro Carnes y Derivados aumentó 21,1% el Gran Buenos Aires (categoría del Indec que incluye Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense) y llegó al 28,8% en la región de Cuyo.
Leche, Productos Lácteos y Huevos promedió 8% en el mismo mes en el GBA; 9,5% en el Noreste del país y 8,2% en la región Noroeste.
Las Frutas se incrementaron en promedio el 17,5% en la región del AMBA en el mismo período, y el 11,3% en el área Pampeana.
En los primeros dos meses del año, el aumento de las carnes acumuló 25,8% en Capital y Conurbano; las Frutas acumularon 31,1%; y la Leche, Lácteos y Huevos, 13,1%.
Con estos datos, en febrero Alimentos y Bebidas fue el rubro de mayor incidencia en el IPC todas las regiones del país: en el Gran Buenos Aires, con 2,55 puntos porcentuales; en el Noroeste, con 3,79 puntos porcentuales; y en el Noreste, con 3,68 puntos porcentuales.
El rubro acumuló una inflación de 102,6% desde febrero de 2022.
En el promedio general, en el Gran Buenos Aires la inflación fue del 6,7%, por encima del promedio nacional. En la región del Noreste el dato fue de 7,8%; y en el Noroeste, del 6,7%.
En un año, el IPC acumuló el 102,5%, rompiendo la barrera del 100%. En el primer bimestre acumuló una suba promedio del 13,1%.
Otros aumentos
En segundo lugar, quedó el rubro Comunicación, arrastrado por las tarifas de Internet y telefonía, con el 7,8%, pese a la vigencia del DNU 690 que impide a las empresas aumentar sin intermediación del regulador. En tercer lugar, Restaurantes y Hoteles aumentó 7,5%.
Por debajo del promedio general, Bienes y Servicios Varios, promedió 6,5%; Recreación y Cultura, 6,1%; Salud 5,3%; Bebidas Alcohólicas y Tabaco, 5,2%; Equipamiento y Mantenimiento del Hogar, 5,1%; y Transporte, 4,9%.
Vivienda, Agua, Electricidad, Gas y Otros Combustibles cerró al 3,9%; y Educación fue el rubro con menor nivel de incrementos con el 3,2%.
El dato del rubro Salud se explicó por el impacto de las tarifas de las empresas de medicina prepaga; y los combustibles repercutieron en el rubro Transporte.
Cosmética, sector textil, petróleo, fueron algunos de los sectores que nombró el ministro de Economía, Sergio Massa, que encabezó la primera Mesa de Trabajo. Hay empresas estatales, 40 centros de investigación que lo estudian y 45 proyectos de desarrollo que emplearán a 5000 personas.
No hay muchos puntos en los que el gobierno nacional se muestre cohesionado y con fuerza. Solo por eso lo del cannabis ya sería algo para destacar. Pero además, el tema demuestra las múltiples aristas que atraviesan a este producto, y cómo se va dando la transformación social de la mano de acciones políticas. Una frase sirve para ejemplificarlo: este miércoles, en el marco del lanzamiento de la primera mesa de trabajo de la Agencia Nacional de Cannabis, el ministro de Economía, Sergio Massa, enfatizó que ponerla en marcha
«significa iniciar una nueva industria en la Argentina. Una industria que tiene 25.000 aplicaciones distintas».
Sergio Massa
Cosmética, sector textil, petróleo, fueron algunos de los sectores que nombró. Pero el cannabis va mucho más allá, es investigación, salud y derechos humanos. Por eso de la Mesa de Trabajo de la Agencia –»un organismo interministerial que impulsará políticas públicas basadas en la regulación del uso de cannabis medicinal e industrial»–participaron también los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; de Salud, Carla Vizzotti; de Seguridad, Aníbal Fernández; el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el titular de la Agencia de Cannabis, Francisco Echarren (intendente de Castelli).
Según indicaron, la Agencia Nacional de Cannabis regulará la cadena de producción, comercialización nacional y explotación de la planta de cannabis, su semilla y sus productos derivados para uso medicinal. A su vez, desde la Agencia se extenderán licencias y habilitaciones, y será la encargada de impulsar esta nueva industria que aportará a la economía generando trabajo genuino.
Massa hizo hincapié en que la Agencia “le abre la oportunidad a la Argentina de empezar a recorrer un nuevo camino en términos de industria exportadora a partir de una enorme demanda global. Ya tenemos en demandas desde proyectos y programas de industrialización hasta programas vinculados a lo agroindustrial en la secretaría de Agricultura. Todo eso hay que transformarlo en una industria que genere trabajo, exportaciones a la Argentina y que genere valor”.
Hoy ya existen más de 40 centros de investigación que se dedican específicamente al estudio del cannabis desde la biotecnología hasta diferentes áreas de la salud. Filmus señaló que la Agencia “es una iniciativa que representa la lucha de muchas familias y que se da, también, gracias al trabajo de más de 400 investigadoras e investigadores del Conicet y de las universidades que investigan este tema. La red generó, en momentos difíciles en los que no estaba bien vista la temática, investigaciones muy importantes».
Y destacó la empresa estatal creada entre el Conicet, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce, destinada a desarrollar tecnologías para ser transferidas a pequeños y medianos productores y empresas provinciales, para que no sean solo las grandes empresas las que puedan acceder a las tecnologías de producción. “Para eso está el Estado: para garantizar que el acceso a la salud sea para todas y todos y para generar trabajo, ahorrar divisas, sustituir importaciones y poder exportar con valor agregado”, agregó.
El cannabis también resulta un potencial económico para varias provincias. Es el caso de Jujuy o La Rioja, que impulsa la producción e investigación desde el Estado en asociación con la Universidad Nacional de La Rioja.
Producción estatal de cannabis en La Rioja
Vizzotti remarcó que el trabajo vinculado a la Agencia se trata de “una construcción colectiva, basada en evidencia científica, que sin duda va a favorecer el acceso, la equidad y la calidad de toda el área terapéutica en relación a la salud”. Y enumeró algunos de los avances llevados a cabo, como la creación de la categoría de productos vegetales a base de cannabis para su uso y aplicación medicinal; el trabajo para favorecer el acceso al cannabis medicinal a través del programa REMEDIAR; la producción publica de cannabis medicinal; y los avances para la incorporación del cannabis al Código Alimentario Argentino.
Al referirse a la flamante Agencia, Aníbal Fernández añadió: “desde el Ministerio de Seguridad estamos haciendo algo positivo para apostar y sumar a una política pública que hace muchos años se viene negando, y estamos haciendo lo que tiene que hacer y que en este momento está poniendo las cosas en su lugar, ordenando cada uno de los pasos, incentivando para que los trabajadores sigan trabajando en consecuencia y con resultados positivos para un pueblo que lo reclama”.
La Agencia contendrá toda la cadena productiva del cáñamo y cannabis para uso medicinal e industrial, importación, exportación, cultivo, producción, industrial, fabricación y comercialización, y promoverá la investigación científica y la generación de conocimientos articulado con Universidades Nacionales, Organismos de ciencia y técnica, ONGs.
«La Agencia tiene la misión de constituirse en motor del desarrollo nacional de la cadena productiva y añadir valor agregado, e implica la sustitución de importaciones de insumos y dar un marco normativo a las actividades productivas, que poseen gran potencial de generación de encadenamiento de alto valor agregado», mencionaron en el organismo que también se apoyará y fomentará a emprendimientos, pymes y pequeños productores de un sector.
Actualmente existen 45 proyectos de desarrollo de cannabis en la Argentina que generarán 5000 puestos de trabajo en el primer año de implementación y dinamizarán a las economías regionales.
El magistrado recibió de vuelta el expediente que tenía la Corte Suprema de Santa Fe. La cerealera podría modificar su propuesta de pago.
La devolución de la causa Vicentin por parte de la Corte Suprema de Santa Fe al juez Fabián Lorenzini abrió un pelea estratégica en torno del juzgado que dirige, el de primera instancia en lo Civil y Comercial de segunda nominación de Reconquista, Santa Fe.
El juez debe aprobar o rechazar la propuesta del directorio de Vicentin, que gira en torno de un pago muy reducido a los grandes acreedores, el Banco Nación entre ellos, y la venta de sus mejores activos a una multinacional con la que ese mismo directorio tiene relación desde hace más de 15 años.
En torno de la decisión de Lorenzini se ha desplegado un juego de presiones. Del lado de Vicentin buscan que el magistrado siga el camino que ya tenía resuelto a principios de junio pasado, cuando había enfilado sin freno hacia la homologación de la propuesta de la cerealera a pesar de los reclamos del Banco Nación, principal acreedor, con U$S 300 millones enterrados allí.
Esa proposición apunta a pagar en forma casi inmediata a la homologación hasta un tope de U$S 30.000 a todos los acreedores, y un año después U$S 127 millones que se repartirían entre los medianos y grandes acreedores. Agrega que para efectuar esos pagos usará los ingresos comerciales corrientes y lo producido por la venta de activos sin especificar. Y luego conformar un fideicomiso que se haría cargo del pago del resto de la deuda a partir de la gestión de los activos sobrevivientes. Los actuales accionistas de ese remanente reducirían su participación hasta el 5% de las acciones.
La sospecha de los que se oponen a esta propuesta es que la venta de los activos más valiosos dejaría en la Vicentin residual los activos con menor capacidad de generar ganancias de las que cobrarse el saldo de sus acreencias. Algunos creen que, a valor presente neto, el conjunto de la propuesta implica una quita de hasta el 80% del valor de la deuda.
Este sector recibió una ayuda de la Corte suprema de Santa Fe, la que al devolver el expediente fijo condiciones al accionar futuro de Lorenzini.
Los supremos santafesinos le advirtieron que la resolución del concurso de acreedores debería tomar en cuenta los derechos de los acreedores y que no podía obviar lo que sucede en otros fueros, en relación a que en la justicia Penal de Rosario se sigue una causa por estafa en la que ya se emitieron dos interdicciones contra la enajenación de cualquier activo actual de Vicentin.
El abogado Franco Dimónaco, que representa al Fideicomiso Acreedores Granarios de Vicentin, planteó en el diario La Nación que en estos planteos del máximo tribual se «expone la debilidad de la propuesta concursal ante la existencia de medidas cautelares dictadas en sede penal –donde se encuentra imputado el directorio de Vicentin– que impiden la enajenación de activos por parte de la desalterada agroexportadora para pagar a los acreedores».
Para Dimónaco, los planteamientos «condicionan severamente el futuro de la propuesta» de Vicentin, de lo que deduce que la firma quedó «a las puertas del cramdown».
Cramdown es el nombre que se le da a una operación legal por la cual uno o varios acreedores transforman sus acreencias en acciones de la empresa deudora. Esta alternativa se había puesto en juego a mediados de este año, cuando desde el Banco Nación se aseguró que era una posibilidad concreta. Pero en el sector aceitero y exportador, en el que tallan fuerte un puñado de multinacionales, se ve con malos ojos esta alternativa porque sería «la estatización de Vicentin por otras vías» y tienen un rechazo visceral a la presencia del Estado en ese negocio.
Pero hay otra alternativa. Fuentes con conocimiento del tema aseguraron que Vicentin estudia cambiar su propuesta a fin de hacerla más «digerible» a los jueces de la Corte Suprema provincial. Pero la tarea no parece fácil ya que sin el aporte de capital extra no habría forma de lograr el pago. En la propuesta de Vicentin esos fondos provendrían de la venta de Renova (aceitera) a Viterra, la ex Glencore, con la que vienen asociados desde 2007 . «
La semana próxima Massa se reunirá con las principales operadoras de combustibles del país con el objetivo de lograr un acuerdo de precios.
El lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunirá con la secretaria de Energía, Flavia Royón, el secretario de Comercio, Matías Tombolini y los representantes de las principales operadoras de combustibles del país para negociar un acuerdo de precios para el sector.
Fuentes cercanas a la secretaría de Energía indicaron que buscan avanzar en un sendero similar a lo que viene trabajando el secretario de Comercio con los productos alimentarios.
“La idea es llegar a un acuerdo de precios por cuatro meses con las principales operadoras de combustibles del país, para agregarlo al programa precios justos”, afirmaron a ámbito.
El objetivo es lograr un acuerdo de precios de cara al receso estival por la expectativa que hay frente al movimiento turístico interno del próximo verano, después de un 2022 que mostró resultados récord.
A principio de mes, las empresas YPF y Shell aumentaron el precio del combustible un 6% promedio en naftas y gasoil. El incremento tuvo una menor incidencia en nafta, que promedió más del 5%, mientras que el gasoil, aumentó más de un 7%.
Esta disparidad se debe a que el costo de importación y el precio en surtidor local, así como el volumen importado para completar la oferta local, son mayores para el gasoil que para las naftas.
El ajuste en la Ciudad de Buenos Aires fue de 5,9% en naftas y 7,9% en gasoil, levemente más alto que el ajuste promedio, a fin de reducir las brechas de precios entre CABA y el interior del país, sobre todo con las provincias del NOA, que subieron 1% menos que en el territorio porteño.
En los últimos 12 meses, el ajuste de precio acumulado de las naftas fue de aproximadamente 52% y el del gasoil del 74% (62% en promedio).
El aumento fue impulsado por el inicio de la suba escalonada de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al Dióxido de Carbono (IDC), luego de que su actualización había sido postergada en siete ocasiones por el actual gobierno.
El Centro de Exportadores de Cereales (CEC), conformado por las grandes empresas de agronegocio, denunció ante la Justicia Federal irregularidades y falta de transparencia en la aprobación del trigo HB4 de la empresa Bioceres. Afirma que no se tuvo en cuenta el riesgo comercial que implica liberar un transgénico que es rechazado por los principales mercados internacionales.
Por Lucía Guadagno
El Centro de Exportadores de Cereales (CEC) —que agrupa a las principales empresas locales y multinacionales del agronegocio— solicitó a la Justicia Federal que suspenda el cultivo y comercialización del trigo HB4. Reclama que no se tuvieron en cuenta los riesgos comerciales que implica la liberación de un transgénico que no es solicitado ni aceptado en los principales mercados internacionales. La organización empresaria denuncia que el proceso de aprobación fue irregular, poco transparente y que no cumplió con las instancias de consulta pública que prevé la legislación.
A través de su presidente, Gustavo Idígoras, el CEC pidió que se dicte una medida cautelar para suspender por seis meses las dos resoluciones de la Secretaría de Alimentos de la Nación que aprobaron el trigo HB4. Con este pedido, el transgénico desarrollado por la científica Raquel Chan y comercializado por la empresa Bioceres sumó su quinta demanda judicial. En este caso, el reclamo proviene de uno de los sectores más concentrados del agronegocio y de los que más se ha beneficiado del modelo agroindustrial basado en el uso de transgénicos y agrotóxicos. Entre los principales socios del CEC están las multinacionales Bunge, Cargill, Cofco, Glencore, Viterra, y las empresas locales Molinos Río de la Plata, AGD, Agricultores Federados Argentinos y la Asociación de Cooperativas Argentinas.
La presentación judicial se hizo ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 1, en agosto pasado. El expediente se conoció en las últimas semanas, cuando la Secretaría de Agricultura de la Nación planteó que el caso se traslade al Juzgado Nº 10, donde se tramita una causa similar presentada por la Federación de Acopiadores.
Las otras dos demandas en el fuero federal son una denuncia de productores agroecológicos y un planteo dentro de una causa más grande, conocida como «Fany Giménez», que pide la suspensión de todos los cultivos transgénicos. En tanto, en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires ya hay una sentencia de primera instancia que ordena suspender la liberación del trigo HB4 en todo el territorio provincial. La medida aún no está firme, a la espera del fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata. Trigo hb4
El riesgo comercial del trigo transgénico HB4
El trigo HB4 se promociona como tolerante a la sequía y resistente al glufosinato de amonio, un herbicida cinco veces más tóxico que el glifosato, según estudios hechos por investigadores del Conicet y universidad nacionales. Se trata del primer trigo transgénico liberado en el mundo. Hasta el momento, su cultivo es limitado. Bioceres anunció su comercialización a través de contratos de identidad reservada, lo que le permite cobrar regalías por la tecnología aplicada a la semilla.
La aprobación del trigo HB4 se realizó a través de dos resoluciones de la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional de la Nación. La primera fue la Resolución 41, de octubre de 2020, que autorizó el transgénico pero condicionó su liberación comercial a la aprobación por parte de Brasil, principal importador del trigo argentino. Un año después, en noviembre de 2021, la Comisión Técnica de Bioseguridad de Brasil (CTNbio) autorizó la harina, no la semilla. Esta decisión, sumado a que también fue autorizado en Australia y Nueva Zelanda, dio lugar a que en mayo pasado la misma Secretaría completara la aprobación mediante la resolución 27/2022.
Para las empresas exportadoras, las dos resoluciones tienen que suspenderse porque fueron dictadas de manera irregular, sin cumplir con la exigencias de transparencia y participación ciudadana y, en especial, porque no se consideraron los riesgos comerciales, que fueron advertidos en informes de la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios. “El dictamen técnico de la Subsecretaría fue lapidario respecto al riesgo comercial que entraña la liberación comercial del trigo HB4”, advirtió el Centro de Exportadores de Cereales.
Lo que preocupa a las grandes compañías es la posibilidad de que el transgénico contamine al trigo convencional, ya sea por polinización o por mezcla en los acopios y medios de transporte. Si en una carga se detectan transgénicos y el mercado de destino no los acepta, todo el contenido corre riesgo de ser rechazado.
En ese sentido, citan la comparación hecha en 2017 por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios en relación a los volúmenes en juego. El organismo afirmaba que si se aprobaba el HB4 se iba a poner en riesgo todo el volumen exportable del país, calculado en un 65 por ciento del trigo cosechado, por un supuesto 7,3 por ciento de incremento “teórico” que se conseguiría gracias al transgénico tolerante a la sequía. “De acuerdo a la Subsecretaría, el riesgo comercial es enorme”, remarcaron.
El CEC también advirtió que la autorización de Brasil no garantiza la continuidad de las exportaciones a ese país. No sólo porque el país vecino aprobó únicamente la harina, no la semilla, sino porque —señala— Bioceres no acreditó que hubiese obtenido la licencia para importarla. Y concluye: “En rigor de verdad, fue la mente especulativa del funcionario de turno la que, sin conocimiento alguno de temas regulatorios de Brasil, supuso que la aprobación comercial por la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad suponía también la autorización para importar. O, por lo menos, que no debería haber inconvenientes para hacerlo”. Trigo HB4
Irregularidades en la autorización
Las exportadoras denunciaron, además, que las autorizaciones no son válidas porque fueron dictadas por la Secretaría de Alimentos, cuando en realidad la única autorizada para hacerlo es la Secretaría de Agricultura. También consideraron que los fundamentos de ambas resoluciones no cumplen con los requisitos necesarios porque —advirtieron— se limitaron a “transcribir sesgadamente las conclusiones de los dictámenes técnicos”. En estos dos puntos coinciden con varias de las objeciones hechas por el fiscal federal Fabián Canda, quien en la causa Fany Giménez solicitó dos veces la suspensión de las autorizaciones. Sin embargo, a diferencia de la presentación de las exportadoras, el eje principal de los dictámenes del Ministerio Público Fiscal es la protección del ambiente y la salud de la población.
El CEC también le reclama al gobierno de Alberto Fernández no haber cumplido con las instancias de acceso a la información y consultas públicas para la aprobación del transgénico. Citaron la sentencia del juez federal Santiago Carrillo —también en la causa Fany Giménez—, quien en noviembre pasado ordenó al entonces Ministerio de Agricultura (ahora Secretaría) publicar la información faltante sobre la aprobación del trigo HB4 e implementar un proceso de participación ciudadana, aunque no suspendió las autorizaciones.
Conabia: una comisión oficial al servicio de las empresas
Lo curioso de la presentación judicial del CEC es que hizo suyos los reclamos que organizaciones sociales y ambientales realizan —desde hace más de una década— respecto a cómo la Comisión Nacional de Biotecnolgía (Conabia) aprueba los transgénicos.
En primer lugar, el Centro de Exportadores cuestiona la falta de transparencia: “Cabe poner de resalto que la Conabia, sin publicación previa ni convocatoria para recibir comentarios, resolvió, en su reunión del 31 de marzo de 2016, dar por concluida satisfactoriamente la evaluación del trigo HB4”. Y denuncia que, para determinar el potencial tóxico o alergénico del evento transgénico, el Estado no realiza estudios propios sino que se basa en los informes de las mismas empresas. “(La Conabia) cita exclusivamente los datos provistos por el propio Indear (Bioceres); es decir, por el propio interesado en la aprobación, soslayando de esta manera el potencial conflicto de interés”, señalan.
El expediente judicial iniciado por el CEC hizo público, por primera vez, el dictamen de la Conabia que dio el visto bueno al trigo HB4. El documento fue analizado por la ONG Naturaleza de Derechos, que en un comunicado denunció —una vez más— los fuertes vínculos de los integrantes de ese organismo con las empresas del agronegocio.
Reunida con la comisión legislativa santafesina de seguimiento del caso Vicentin, la titular del BNA se expresó a favor de promover el cram down de la agroexportadora
Los diputados de la comisión de seguimiento del caso Vicentin vinieron ayer desde Buenos Aires con alguna señal promisoria de parte del Banco Nación para resistir la intención de la compañía en default de imponer su propuesta de pago a acreedores tildada por varios como «inviable e ilegal». Es que la presidenta del directorio del banco estatal, Silvina Batakis, les anticipó que rechazará el planteo empresario y se mostró partidaria de encaminar el concurso de acreedores hacia un cram down que desemboque en la intervención del Estado nacional con participación empresaria, de manera de transformar el fallido gigante agroexportador en una empresa mixta.
«El directorio del Banco Nación ratificó que la decisión oficial es llegar a un proceso de cram down y avanzar hacia un modelo de economía mixta. Asimismo, considera denunciar como inviable la propuesta del consorcio y considerar estas estafas como un prooceso de desguace», resumió Carlos Del Frade ayer, luego del encuentro que sostuvieron con la titular del BNA, Silvina Batakis, y los directores José Ballesteros y Cecilia Fernández Bugna. Por la comisión santafesina también asistieron Luis Rubeo, Rubén Giustiniani, Fabián Palo Oliver y Ariel Bermúdez.
Fue el primer mano a mano de los diputados provinciales con el nuevo directorio del Nación, luego de que en agosto el Ejecutivo forzara de tres directores, entre ellos, el economista Claudio Lozano, de buen diálogo y sintonía con la comisión parlamentaria, de los primeros en denunciar y explicar la premeditación que hubo en el multimillonario default de Vicentin y la complicidad política de sus antecesores en tiempos del gobierno macrista, cuando el BNA era presidido por Javier González Fraga.
La última oferta de Vicentin en el concurso es pagarle solo a los acreedores de menos de 30 mil dólares, que si bien nominalmente son mayoría, no representan ni el 2 por ciento de los 1500 millones de dólares del pagadiós que plantaron en diciembre de 2019.
La estafa contra la entidad estatal de crédito asciende a 340 millones de dólares, por préstamos concedidos y nunca devueltos, incluso en el último tramo de 2019 cuando el directorio de la agroexportadora empezaba a mostrar dificultades en su cadena de pagos.
Batakis afirmó que la posición respecto de la oferta actual de Vicentin para salir del concurso es rechazada por el directorio del BNA, y que su intención es de ir hacia el cram down y, posteriormente, el salvataje de la empresa a cargo de una forma mixta, con mayoría estatal, a través del propio banco público.
El cram down es una alternativa de última instancia a una quiebra, que permite que acreedores u otro actor externo pueda plantear una propuesta para tomar el control. En este caso, puede ser el Estado mismo, el BNA por ejemplo, y algún aporte privado.
La pata privada, según rumores de la última semana, podría ser Claudio Rosso, un directivo de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas, con buena llegada al kirchnerismo y al Vaticano mismo. Solo un rumor, nada confirmado por ese lado.
Batakis, sin embargo, les dejó a los diputados provinciales el mensaje a traer: exigió «acompañamiento del gobierno provincial y de los acreedores santafesinos», transmitió ayer el titular de la comisión, el peronista Luis Rubeo. Y los legisladores le pidieron a la exministra de Economía que lo que les dijo en la reunión lo exprese en público, para sentar posición respecto del directorio del BNA hacia el devenir del concurso de acreedores.
«La reunión fue buena porque nunca habíamos escuchado de parte de la directora del BNA su decisión nítida de rechazar la propuesta de Vicentin, a la que calificó de ilegal», celebró Del Frade.
Fernández Bugna y Ballesteros definieron que la propuesta empresaria es «el broche del proceso de desguace», un concepto que a los diputados santafesinos les gustó escuchar. «Es lo que veníamos diciendo desde el primer día», marcó Del Frade. «Ellos apuestan al cram down, con la posibilidad de que exista una quiebra, de manera que el Estado y empresarios privados se hagan cargo de Vicentin. Es decir, una empresa mixta, y es lo que proponemos desde el primer comunicado, luego del vaciamiento y la fuga de capitales que significó la estafa de Vicentin», agregó.
Mientras tanto, el horizonte inmediato preocupa a los diputados que siguen el caso. La Corte Suprema provincial está por expedirse sobre la figura del avocamiento que suspendió los términos del concurso y frenó al juez civil de Reconquista, Fabián Lorenzini, resistido y denunciado por los acreedores. «Seguramente será en contra», vaticinó Del Frade». Además, el 4 de diciembre se cumplirán 3 años de la cesación de pagos que precedió a la famosa declaración de «stress financiero»; y el 31 de diciembre terminarán los contratos de fasón con los que los trabajadores de Vicentin todavía pueden seguir cobrando el sueldo.
Los ríos Paraná y de La Plata, con afluentes, son la 5ª fuente de agua natural potable del mundo. Todo lo que cambie su régimen producirá consecuencias. Así, inundaciones y sequías se agravarán, y la estafa al Estado también, sobre todo si el Estado no actúa o actúa poco y errático, como tantas veces por atender más a intereses colonialistas que a lo que importa a la población.
Por Mempo Giardinelli
Lo cierto es que por nuestro sistema fluvial en la actualidad circulan unas 3.000 barcazas –casi todas paraguayas– y alrededor de 5.000 buques de grandes portes, ninguno de bandera argentina y cargados todos con inexplicables contenidos que prácticamente ni se pesan ni controlan. De hecho sobran denuncias, incluso internacionales, sobre cargas simuladas, truchas e incluso de estupefacientes.
Esa navegación por nuestros ríos no paga los impuestos que corresponden, y ni siquiera se reconocen pesajes válidos pues todo circula en base a «declaraciones juradas».
Como se sabe, el dragado del Paraná y del Plata está a cargo, desde la concesión original en 1995, de la empresa Hidrovía S.A. que es propiedad de la naviera belga Jan de Null y de la argentina EMEPA. Son los verdaderos dueños del Paraná, y a la vez seguros promotores del cambio de nombre al río, presumiblemente para que los 10 o 12 millones de personas moradoras a ambos lados del Padre Río no advirtieran el cambio. Y simulación absurda que sin dudas facilitó la instalación de decenas de puertos extranjeros sobre la costa santafesina, todos con banderas de otros países y con policías propias.
En este contexto de innumerables idas y vueltas, y variadas confusiones, han demorado la concreción del factor fundamental para que la República Argentina empiece a torcer el rumbo errático de su política hídrica, fluvial y marítima: la desembocadura fluvial en el Canal Magdalena, que une ambos ríos con el Océano Atlántico y garantiza así la absoluta independencia de circulación. Y política que está ahora mismo, en el Congreso de la Nación, adquiriendo un relieve es de esperar irreversible.
Expertos en la materia consultados especialmente al cierre de esta nota advirtieron, sin embargo, que «podemos estar en presencia de una confusión o una avivada». Y ello porque como base de todo está el compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández de cumplir con una decisión que ya había tomado Cristina Fernández de Kirchner en 2013 y que el mismo AF anunció que presentaría al Congreso. Lo que en efecto hizo y esta columna celebró hace un mes y medio. Y compromiso que, junto con el gobernador Axel Kicillof, no fue un asunto menor: el Presidente se comprometió a firmar un decreto delegando a la PBA la ejecución del Canal Magdalena.
Pasado poco tiempo, la semana pasada esto fue tema cuando se debatió el presupuesto nacional en el Congreso. Allí, como es habitual que el gobierno nacional delegue en provincias la ejecución de grandes obras –por ejemplo las hidroeléctricas– después de un cierto lapso aún no se había ratificado aquella decisión, que por cierto esta columna venía reclamando.
Como fuere en todos los ámbitos –afines a la soberanía o contrarios a ella– se esperaba el decreto delegatorio de la obra, aunque todavía no hubiese sido aprobada por el Congreso. Lo cual acaba de suceder. Pero en cuyo texto –ahora analizado por expertos que consulta esta columna– la verdad es que parece ignorarse que el Magdalena en realidad es parte, o sea la cola final del codillo del Canal Punta Indio. Así lo declaraba ya originalmente la Resolución 584/2013 por la que se creó legalmente el Canal Magdalena, por orden de la entonces presidenta.
Por fortuna parece obvio que ahora sí se utilizó –en el Congreso–– la copia de aquel original que creó el Canal Magdalena.
Quizás la confusión en el texto presupuestario (o «trampita», según se mire) está en una palabra que advirtió un técnico cuya identidad aquí se reserva: «Ahora se dice «definición» en lugar de «apertura» o «profundización» y eso en una interpetación forzada podría habilitar una posible confusión. Pero no hay dudas de que Canal Magdalena es el vocablo correcto, como seguramente recordó el Presidente en cumplimiento de su palabra, seguido de la inmediata aprobación del Presupuesto y de la inminente delegación de la obra a la Provincia de Buenos Aires, ante cuyo gobernador el Presidente hace poco se comprometió. Se espera ahora el decreto para que la Provincia proceda.
De todos modos, y más allá de que la palabra «definición» es incorrecta, hay quienes la atribuyen a mera ignorancia de quienes manejan esto en el Ministerio de Transporte, donde –dicen marinos veteranos– «algunos funcionarios, de navegación conocen poco y nada», mientras otros sospechan que pudo ser una picardía para poner palos en la rueda.
Lo cierto es que hay coincidencia absoluta en que la cuestión está correctamente conceptualizada, porque «nosotros ahora vamos a poder navegar por un canal mucho más corto, más barato, más seguro, más ancho, que bajará costos a nuestros productores y que nos va a permitir unir los puertos del Paraná con los del Atlántico sur». Virtudes incuestionables frente al canal actual, que es mucho más largo y más angosto, más caro y más peligroso. Y además y por sobre todo eso –completa otro veterano ingeniero naval– «el Magdalena va a ser soberano, lo que dará por terminada toda una absurda subordinación como si fuésemos un país mediterráneo. Piense nomás que el Canal del Indio puede haber sido una de las razones de la miseria económica que caracterizó a la Argentina en los últimos 30 años».
Claro que cierta estupidez constitucional argentina siempre puede manchar los grandes anuncios. Ahí está, por caso, otra consecuencia de la Reforma de 1994: gracias a ella se anuncia ahora, desde la provincia de La Rioja, que también allí sembrarán soja. Completo absurdo ambiental que, encima, aparejará el uso y abuso de glifosato, veneno que en Europa está prohibido y no se tolera ni para macetas en balcones.
Como fuere, lo que importa es que la palabra soberanía día a día va dejando de ser un misterio oculto. Y aunque todavía no se generaliza su valor y trascendencia en toda la república, el sentido mismo del vocablo –como sentimiento, quehacer y orgullo patriótico– ya no es, como en las últimas décadas, una rareza en un horizonte difuso y lejano. Es obvio que hoy hay más conciencia de que se trata del deber y el orgullo de un pueblo libre y con conciencia patriótica. Enhorabuena si un río y un canal contribuyen a fortalecerla.
Lo anunció Sergio Massa en un hilo de Twitter. El ministro de Economía indicó que la nueva medida llevará «alivio fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejarán de pagar el impuesto en los últimos meses del año».
Massa anunció un nuevo piso de Ganancias
El ministro de Economía, Sergio Massa, oficializó que, a partir del 1 de noviembre se modificará el piso del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que pasará a estar por encima de los 330.000 pesos, con el objetivo de «defender el ingreso».
Hasta el mes de octubre, no correspondía retención alguna del impuesto a las ganancias cuando la remuneración bruta no superaba los $280.792.
Durante un acto en la provincia de Santiago del Estero, Massa confirmó lo anunciado el pasado domingo y aseguró que los dos objetivos principales de su gestión son «recuperar el ingreso de los trabajadores y ganar la batalla contra la inflación».
«Esto se hace con un trabajo planificado, tomando medidas como las mejoras en Ganancias y paritarias», afirmó Massa al firmar convenios con el gobernador Gerardo Zamora para obras para el desarrollo productivo, energético y el cuidado del medio ambiente.
Respecto a la medida explicó que «esto permite llevar Alivio Fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejarán de pagar el impuesto en los últimos meses del año». En ese sentido, desde Economía adelantaron que los sectores más representativos a los que no les incluirá este nuevo piso son la industria manufacturera, los servicios de transporte, el comercio y la construcción.
Asimismo, mediante su cuenta de Twitter, dio más detalles de la medida y explicó que «además, para sostener una mejor progresividad del Impuesto la deducción especial incrementada, que evita “saltos” en las escalas, se eleva hasta los $ 431.988».
Para mantener el poder adquisitivo de las y los trabajadores vamos a elevar el piso del Impuesto a las Ganancias desde noviembre a $330 mil. Esto permite llevar Alivio Fiscal a 380.000 trabajadores y trabajadoras que dejaran de pagar el impuesto en los últimos meses del año.
En ese sentido, sumó: «Con esta medida de Alivio Fiscal logramos que las mejoras salariales en esta parte del año no se vean afectadas por el impuesto, quedando, a partir de este nuevo piso, exentos del medio Aguinaldo de diciembre los sueldos de hasta $ 330.000».
«De esta manera reafirmamos nuestro compromiso de que solo el 10% de los trabajadores y trabajadoras de mejores salarios tributen Impuesto a las Ganancias», completó.
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