El ministro Juan Cabandié se presentó ante el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, para sumar información a la causa. Según información de Senasa, se supo que entre los dueños de campos en la zona están la familia Baggio de los jugos, la familia del intendente de San Nicolás, del ex ministro Roque Fernández y familiares del propio intendente de Victoria.
Mientras los fuegos siguen invadiendo el Delta del Paraná, este martes se presentó el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, ante el Juzgado Federal de Victoria, Entre Ríos, para ampliar la información que presentó el pasado 15 de julio por las quemas intencionales en los humedales de la región.
“Así quedó registrado cómo una persona inicia un fuego en el Delta del Paraná. Estas imágenes fueron captadas por el sistema de monitoreo de @AmbienteNacion que instalamos en la zona y forman parte de la información que vamos a presentar hoy en la Justicia de Entre Ríos”, anunció el titular de la cartera ambiental, que insistió en la “intencionalidad económica” de los incendios. Y reclamó que la Justicia “no hace nada” para identificar y condenar a los responsables.
En la causa judicial abierta se manejó información que de Diputados le habían pedido a Senasa sobre una zona del Delta de Paraná que registraba varios focos.
Como resultado, se descubrió que allí tienen campos “la familia Baggio, de los jugos, la familia Passaglia del intendente de San Nicolás, familiares del intendente de Victoria, Entre Ríos, y el ex ministro de Economía Roque Fernández”, reveló Cabandié.
El funcionario alegó que “lamentablemente son focos que aparecen en esta época, son intencionales” y que la Nación brinda apoya con medios aéreos, equipamiento y brigadistas para combatir los focos porque “las provincias son las que tienen la potestad sobre los recursos naturales, según lo establecido por la Constitución Nacional. “Nosotros apagamos (el fuego) pero el problema es que vuelven a prenderlo cada tres o cuatro días”.
Foto: Télam
Intencionales
“Hay una intencionalidad que tiene que ver con la renovación de pasturas y con el cambio del uso del suelo, con intenciones inmobiliarias o agrícolas. De esa manera, están cometiendo un delito que está establecido en el Código Penal y que la Justicia lamentablemente no actúa”, remarcó Cabandié en declaraciones a Radio 10.
“Voy a ir a solicitarle al juez de Victoria que le pida a la provincia de Entre Ríos los registros de catastro, y que la provincia se los dé, para que cruce la información de geolocalización con los dueños de esos campos”, advirtió.
En la misma línea, el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky, replicó la misma imagen que publicó: “Las cámaras que instalamos desde @ambientenacion en el Delta para la detección y alerta temprana de incendios demuestran la criminalidad del origen del fuego que estamos combatiendo. Esta es una de las tareas que realizamos para la detección y prevención de los incendios y este es uno de los resultados de las 5 cámaras instaladas en el Delta. Estamos instalando 5 más y colocaremos otras a lo largo del país para la detección temprana que le permitirá a las provincias acudir rápidamente ante la primera alerta”, expuso el biólogo.
Federovisky concluyó: “En esta ocasión, se demuestra no sólo el carácter intencional sino también criminal del foco que se inicia dentro del Parque Nacional Predelta, en un contexto climático propicio para la propagación del fuego”.
Foto: Gentileza Ecocidio Humedales
Rosario Irrespirable
En los últimos días la zona de Rosario volvió a ser invadida por el humo a causa de los incendios. Por esta razón, organizaciones ambientales y ciudadanos autoconvocados planean una manifestación este miércoles a las 18, bajo la consigna “basta de quemas, basta de humo, basta de esta violencia”.
“Exigimos responsables, que aparezca la Justicia”, expresaron desde El Paraná No Se Toca. Y plantearon: “Cortá con tanta angustia e impotencia, trae tu cartel y tus ganas de vivir en un mundo mejor. ¿Hasta cuándo?”, se preguntan las distintas organizaciones ecologistas.
Según relata El Ciudadano Web, en los últimos días, y en especial este domingo, la presencia del humo en la ciudad se tornó irrespirable el aire. Los especialistas alertaron sobre la situación y categorizaron el aire en Rosario como “poco saludable” y recomiendan «evitar el ejercicio al aire libre, cerrar las ventanas y usar barbijo”.
Algunos de los síntomas provocados por la alta presencia de humo en la ciudad son: dolor de cabeza, ardor de ojos, tos y alergia. En las redes sociales, las quejas tuvieron un pedido en común: “basta de quemas”.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, pidió que los jueces «pongan presos» a los responsables de las quemas en las islas del Delta del Paraná, mientras un incendio en los humedales cubría de humo esta tarde esa ciudad santafesina.
El humo, que nuevamente fastidia a los rosarinos y torna irrespirable el aire de esta zona, procede de un incendio, presuntamente intencional, que se originó esta tarde al norte del Arroyo Los Porteños y al sur del Arroyo Los Confines.
“Estamos hablando de unos 18 kilómetros del río Paraná, hacia adentro de las islas (entrerrianas), está justo a la altura de Rosario y por el viento del Este, el humo invade a Rosario”, precisó a su vez a Télam Pablo Cantador, de la agrupación ecologista El Paraná No se Toca.
“En pocas horas, el fuego ya avanzó unos 10 kilómetros hacia el oeste y de seguir con ese rumbo, hacia la noche podría estar llegando a lugares donde hay viviendas y pobladores rurales”, advirtió el ambientalista, con la ayuda de imágenes satelitales.
Poco antes de las 16 horas, el intendente local, Pablo Javkin, envió a través de Twitter un video donde se observan gruesas columnas de humo que provienen de incendios en el Delta, frente a Rosario.
Javkin acompañó las imágenes con su propio relato: “Esto acaba de suceder, se acaba de prender, señores jueces, funcionarios, los faros de conservación, fuerzas de seguridad sobre el río, las brigadas que iban a establecer Entre Ríos, sobre el terreno”.
Y añadió: “Acaba de suceder, vayan ahora, ahí están los delincuentes que prendieron; esto no es fuego de productores ni de nada que esté calculado ni programado”.
Tras remarcar que “esto es ahora, es una actividad delincuencial”, reclamó: “Actúen jueces, pongan presos gente, qué más vamos a tener que hacer desde Rosario para que esto pare”, finalizó visiblemente molesto el intendente rosarino.
Por otra parte, la Central de Operaciones de Emergencia del municipio rosarino advirtió esta tarde una vasta zona circundante a Rosario está afectada por humo proveniente de quemas ubicadas frente a la ciudad bonaerense de San Nicolás.
Agregó que, por efecto del humo, a partir de esta madrugada y hasta la mañana del lunes podría haber una disminución importante en la visibilidad, por lo que recomendó precaución a la hora de circular por la zona.
El Ministerio de Ambiente de Nación, junto a las provincias, impulsa un nuevo proyecto de Ley de Humedales que desdibuja o elimina acuerdos alcanzados en los debates públicos que ocurrieron en el Congreso. La nueva iniciativa reduce el alcance territorial de la norma, flexibiliza la realización del inventario, desconoce el principio precautorio y limita la participación ciudadana.
Por Patricia Pintos*
Para quienes desde hace años venimos bregando por su sanción, el historial de la Ley de Humedales ha sido un camino plagado de frustraciones. Como sociedad hemos sido testigos de la pérdida de estado parlamentario en el Senado en dos oportunidades y de una tercera en Diputados, de una cantidad de anuncios altisonantes surgidos del oportunismo político cada vez que arreciaron las inundaciones y los incendios, de decenas de proyectos presentados en ambas Cámaras seguidos del inmovilismo y el silencio, del poder de lobby de las corporaciones extractivistas que no han dejado de ejercer presión para sostener sus privilegios a costa de la destrucción de estos ambientes.
Pero también hemos sido testigos del proceso de construcción colectiva de la ley en los territorios en los que se dirimen los conflictos, en las sesiones informativas de debate en el Congreso, en las reuniones de Comisión, en las comisiones redactoras. Un trabajo en red, con real sentido federal, que plasmó en la conformación de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu) en 2020.
Como un nuevo jalón de esa historia, el 11 de julio, en el marco de la asamblea ordinaria del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, hizo el anuncio de un nuevo proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación y Uso Sostenible de los Humedales. Fue elaborado sobre la base del proyecto de ley presentado en la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados e impulsado por su presidente, el diputado Leonardo Grosso (Frente de Todos). El proyecto contó con el apoyo de más de 300 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos. El mismo proyecto que perdió estado parlamentario en febrero último.
El propio ministro Cabandié se apuró a decir que este nuevo proyecto “constituye un hito en la materia de trabajo colectivo y esperamos que en el seno del Congreso Nacional la discusión tenga una impronta federal”. Nada más alejado de la realidad. De las reuniones de trabajo en el Cofema participaron sólo algunas de las muchísimas organizaciones que aportaron a la elaboración del proyecto consensuado y estuvieron ausentes representantes de la ciencia digna, que habían tenido una participación activa en aquella instancia.
El llamado “proyecto consensuado”, impulsado por Grosso, que había sido presentado nuevamente en marzo luego de ser inauguradas las sesiones ordinarias en el Congreso, fue resultado de más de una década de debates parlamentarios y aprendizajes colectivos. Este proyecto logró condensar un rico ideario acerca del valor intrínseco de los humedales, por fuera del utilitarismo que considera únicamente los bienes y servicios ecosistémicos que proporcionan.
Esa densidad de ideas —sumada a la importancia prestada a los actores en su contexto y al particular enfoque sobre los mecanismos de participación y consulta— fue parte de una mirada atenta a las realidades situadas de los territorios, a considerar su rica historia, los avatares de su actualidad y las preocupaciones sobre su futuro.
Foto: Télam
Análisis de un nuevo proyecto regresivo
Por lo contrario, el proyecto aprobado en el COFEMA —donde están representados los ministerios de Ambiente de todas las provincias— dice basarse en el proyecto consensuado, pero produjo un empobrecimiento general del texto base y la desnaturalización de sus aspectos fundamentales, largamente debatidos a lo largo de estos años. Me limitaré a puntualizar los que considero críticos:
Modifica de manera sutil la definición de humedal —acordada por el propio COFEMA en 2016— y con ello reduce el alcance territorial y los ecosistemas a ser protegidos.
Excluye en el objeto de la ley la posibilidad de restauración de humedales, así como el reconocimiento de su valor intrínseco e integridad ecológica.
Desaparecen de las definiciones generales todo un conjunto de cuestiones claves marcadas por los especialistas como “integridad ecológica”, “enfoque ecohidrogeomórfico”, “protección”, “preservación”, “gestión racional y sostenible de humedales”, “variabilidad temporal de los humedales”, “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Evaluación Ambiental Estratégica” y “Evaluación de Impactos Acumulativos”.
Desaparecen objetivos generales que son fundamentales para hacer frente a los procesos de degradación de estos ecosistemas: 1. El desarrollo de mecanismos o procedimientos específicos para proteger y preservar la biodiversidad de los humedales. 2. Implementar las medidas necesarias para desalentar las actividades inadecuadas y las malas prácticas que afecten significativamente la integridad ecológica de los humedales. 3. Valorar, reconocer y apoyar los medios de vida y producción, tradicionales y de la economía popular, que en un marco de respeto y conocimiento de su entorno se realicen de forma racional y sostenible.
Se minimiza un objetivo central en cuanto a garantizar la participación de los pueblos indígenas y de las comunidades locales y campesinas, reduciéndolo a “promover el acceso a la información pública y la participación ciudadana” cuando la redacción original establecía: “Promover la participación activa, efectiva y equitativa con perspectiva de género de representantes del sistema científico, académico y universitario, pueblos indígenas, las comunidades locales urbanas y rurales, campesinas, tradicionales, productoras, isleñas, residentes permanentes, ribereñas y de organizaciones formales e informales de la sociedad civil en general y de toda persona interesada, en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas sobre humedales en el marco de lo establecido por la presente ley y las normas con jerarquía constitucional, convencional y de derecho federal sobre participación; en concordancia a su vez con la ley 27.566 de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales”.
Se eliminan de los objetivos los principios de no regresión en materia ambiental y, ante controversias, los principios del derecho internacional in dubio pro aqua e in dubio pro natura, así como los principios precautorio y preventivo.
Se minimizan y empobrecen las instancias de libre acceso a la información pública ambiental.
Su redacción original: “Garantizar el libre acceso a la información pública ambiental en términos de la ley 25.831 y la participación ciudadana efectiva y equitativa con perspectiva de género, en los procesos de toma de decisiones que tengan o puedan tener impactos significativos sobre los humedales, con especial consideración de los derechos de los pueblos indígenas, en cumplimiento de las disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”se reduce a “Promover el acceso a la información pública y la participación ciudadana”. Y enfatizo “promover”, no garantizar.
Desaparecen las instancias de asistencia técnica a las jurisdicciones locales; también las regiones de humedales compartidas entre jurisdicciones, como forma de coordinación del ordenamiento y gestión de estos ecosistemas.
En cuanto al Inventario Nacional de Humedales, pasa a considerarse “facultativo” y no una instancia fundamental en cuanto al reconocimiento legal de estos ambientes. En él desaparecen las escalas espaciales, no se establecen plazos para su realización, tampoco la periodicidad de actualización.
Desaparece una medida clave: la moratoria, que debería poner freno a nuevas actividades o ampliación de actividades existentes hasta tanto los humedales sean incorporados en el Ordenamiento Ambiental del Territorio, y con ello se vulneran los principios preventivo y precautorio.
Desaparecen las prohibiciones a la intervención en los humedales sin la previa aprobación por parte de la autoridad competente, de la Evaluación de Impacto Ambiental u otras evaluaciones que correspondieran.
Desaparecen los mecanismos que garantizan la Información y Participación con relación a los procedimientos de EIA, EAE o Evaluación de impactos acumulativos.
Desaparece de manera completa el capítulo sobre el uso racional y sostenible de los humedales. Elimina de plano las prohibiciones a las conductas que afectan, alteran, disminuyen o degradan los humedales.
Foto: Télam
¿Qué ha cambiado en el panorama general del debate por la sanción de la Ley de Humedales?
En estos diez años de frustraciones repetidas los humedales han comenzado a formar parte de una agenda socialmente problematizada. Sin embargo, aún sigue primando la ceguera epistémica de la política por sobre la comprensión del estado de crisis socioambiental, al igual que su permeabilidad a la presión de las corporaciones —del agronegocio, la megaminería y del sector inmobiliario— a fin de garantizar el statu quo de las dinámicas extractivas.
Para la sociedad, en cambio, los humedales han sido revalorizados como fuentes de vida y reivindicados semánticamente, alcanzando un nivel de densidad cada vez mayor en el debate público. La ley ha venido creciendo desde abajo y las organizaciones que la impulsan han sido capaces de crear redes muy potentes en el ámbito nacional y regional. A la vista del tiempo transcurrido siguen siendo dos cosmovisiones con caminos que no se cruzan.
Como han señalado les compañeres de la Multisectorial Humedales de Rosario, la estrategia del Ministerio de Ambiente, en acuerdo con el COFEMA, lejos de aportar a la movilización de una ley ampliamente reclamada y debatida, ha sido la de utilizar “las herramientas burocráticas para cooptar el proyecto de Ley de Humedales consensuado por el pueblo, las organizaciones y la ciencia digna”.
El texto de este proyecto de ley acordado en el COFEMA trae vaguedad a cuestiones que revisten gran complejidad y parecían ya saldadas en el debate. Por lo que no resulta llamativa la ausencia de plazos para la elaboración de los inventarios y del ordenamiento ambiental del territorio o que se elimine de plano la moratoria. Mucho menos que se desnaturalizara el sentido de los procedimientos de participación.
El desdibujamiento o desaparición de los ejes centrales del proyecto consensuado, en los que dice basarse esta nueva propuesta, resulta a la medida de las aspiraciones expansionistas del extractivismo, corroborado en las últimas horas por las declaraciones de la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, quien sostuvo la idea de “recuperar un millón de hectáreas para suelo agrícola y ganadero” en los bajos submeridionales que comparten las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco.
Con su mirada siempre puesta en el corto plazo, el extractivismo desarrollista no descansa. Construye un imaginario de continuidad de los consensos alcanzados, barniza sus acciones de compromiso ambiental y las rodea de ficciones de participación, gana tiempo. Por su parte, las organizaciones socioambientales, que aportaron al camino de construcción colectiva que condujo al proyecto consensuado en 2020, seguirán ensayando estrategias, tejiendo redes, ensanchando sus espacios de acción para recuperar un horizonte para ellas inclaudicable: el de una ley producida de frente a los pueblos y con su acuerdo.
(*) Doctoranda en Geografía (Universidad Nacional de La Plata) e integrante de la Red Nacional de Humedales.
Las organizaciones que conformamos la Red Nacional de Humedales, que impulsamos el proyecto consensuado de Ley de Humedales, denunciamos y repudiamos la estrategia llevada por el Gobierno Nacional, mediante el Ministro Juan Cabandié, en coordinación con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).
Así, Ambiente promueve un proyecto de ley que permite explotar humedales, restringe el alcance de su protección y está hecho a medida de los sectores que los destruyen. Un texto que contradice y minimiza el proyecto consensuado por organizaciones, científicos y científicas sin conflictos de interés y legisladores.
La semana pasada, el Ministerio de Ambiente anunció la presentación de un proyecto de Ley de Humedales acordado en el marco del COFEMA (cargos políticos designados a dedo por gobernadores).
El ministro Juan Cabandié con tono triunfalista declaró que se trataba de un “hito en el consenso federal” y pretendió arrastrar en su maniobra a las organizaciones sociales al afirmar que fuimos parte de un proyecto regresivo en materia ambiental, escrito a puerta cerrada, con un único interlocutor, los estados provinciales, buenos alumnos del poder económico.
Queremos dejar muy claro que este acuerdo de cúpulas no tiene apoyo alguno de la ReNaHu ni del resto de las organizaciones ecologistas y calificar tajantemente como una mentira estratégica que este vaciamiento del proyecto de ley de presupuestos mínimos de protección de Humedales haya sido con nuestro consentimiento.
El proyecto que apoyamos es el que construimos en los territorios junto con la ciencia digna y es el texto que recoge el dictamen unificado aprobado en 2020 por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano con la firma de 23 diputadas y diputados de diversos bloques, un texto que representó un acuerdo histórico y una labor de más de un año entre organizaciones, científicos y científicas y asesores para arribar a un texto común, que abrevó de los extensos debates parlamentarios, conformó un amplio consenso sobre sus alcances y definiciones y resultó muy claro desde el punto de vista técnico sobre qué define y caracteriza a los humedales y los alcances de los servicios ecosistémicos que deben respetarse como un piso mínimo.
Este proyecto de amplio consenso, perdió estado parlamentario en la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, presidida por el correntino Pitín Aragón, que jamás lo trató.
Fue vuelto a presentar en conjunto con numerosas organizaciones, el 2 de marzo de 2022, por intermedio del diputado nacional Leonardo Grosso con otros 36 legisladores.
Cuatro meses después, en un bochorno pocas veces visto en el Congreso, aún no tiene giro a comisiones por parte del responsable de esa faena, Sergio Massa, presidente de la Cámara.
Esto confinó al proyecto consensuado a un limbo administrativo ya que es imposible conocer a qué comisiones exigir un plenario para su tratamiento.
Se trata de un texto que claramente, cómo se expresa en sus fundamentos, ha logrado obtener un consenso casi sin precedentes en la historia legislativa nacional, para el que se destinaron largas horas de audiencia y ha logrado adhesiones y respaldo de organizaciones de la sociedad civil, científicxs, investigadorxs, profesionales y especialistas, movimientos sociales, campesinas/os e indígenas, asambleas, colectivos, entre otros.
Vale recordar que la indigna actitud del ministro Cabandié y de Gabriela González Trilla, de ignorar la labor, la constancia y la necesidad de organizaciones y asambleas territoriales de promover un proyecto de ley que proteja a los humedales y garantice un piso de derechos para la preservación de la vida; esta actitud centrada en atender únicamente a las cúpulas políticas, registra el triste antecedente del senador de Juntos por el Cambio, Alfredo De Angeli, que también se jactó de lograr consenso con un organismo restringido a la voluntad popular como el COFEMA.
En ambos casos, a favor del poder económico y en desmedro del interés común. Desde Renahu consideramos que este nuevo intento de destrozar la iniciativa de una ley de protección de humedales desde los territorios va de la mano con el avance de las actividades destructivas que los ponen en riesgo, y con ellos, nuestro futuro pues la economía (y nuestra calidad de vida) depende de la naturaleza y nunca al revés.
La ONG El Paraná No Se Toca denunció que continúan los encuentros de música electrónica “al palo”, alcohol, “cientos de personas y decenas de vehículos” en el área protegida de las islas, jurisdicción de la ciudad de Victoria.
Foto: El Paraná No se Toca
Precisamente se apuntó al municipio entrerriano cabecera departamental como quien autoriza por los encuentros bailables: “por unos billetes vende el alma”. Y describieron que “donde antes reinaba la naturaleza, hoy reina el descontrol”.
“En el humedal sin ley, vale todo”, lamentaron en una publicación a través de redes sociales desde la entidad ambiental El Paraná No Se Toca, para dar cuenta una vez más de las fiestas que se organizan bajo el amparo de la Municipalidad de Victoria en la zona de los humedales del Delta.
Acompañado de fotografías donde se pueden ver las multitudinarios encuentros de música y alcohol, la ONG señaló que uno de los boliches a cielo abierto funciona a unos “3 kilómetros isla adentro del humedal –en la ruta 174 que una Victoria con Rosario, a la altura del kilómetro 7,3), en un área natural supuesta mente protegida.
El dueño de esta isla pertenece a una nueva asociación civil llamada «Comunidad Islera«, indicaron. La referencia es a Enzo Federico Vignale, un empresario ganadero que es sindicado como uno de “los dueños del fuego”, ya que ha sido citado por la Justicia Federal en al investigación por los incendios en el Delta. Enzo Vignale posee un establecimiento de cría y engorde de vacas en las islas, y su hijo Federico regentea “Wetland” un ex centro de recreo y prácticas de deportes náuticos que reconvertido a boliche convoca a fiestas electrónicas bajo el nombre de “Waves Island”.
Foto: El Paraná No se Toca
Desde el Paraná No Se Toca recordaron que la asociación de ruralistas isleños que lidera Vignale no apoya la Ley de Humedales. “Están claritas las razones, otro integrante de esta nueva ‘asociación’ (Enzo Mariani) es quien se adueñó de parte de la reserva (perteneciente a la Municipalidad de Rosario) Los Tres Cerros, algunos kilómetros más adentro, islas (ubicadas en Entre Ríos) donadas a la ciudad de Rosario.
Estas fiestitas es un reparto de ganancias entre este privado que las organiza y la Municipalidad de Victoria, que por unos billetes vende el alma. Música al palo, luces psicodélicas, cientos de personas y decenas de vehículos, donde antes reinaba la naturaleza, hoy reina el descontrol”, fustigaron.
“Pueden comprar voluntades políticas, asesores letrados, pero en algún momento se destapará la olla”
En diálogo con ERA Verde, la asesora legal de la entidad lamentó lo que sucede en el humedal. “Es lo mismo de siempre: Fiestas electrónica en las islas. Pero ahora la Municipalidad de Victoria las autoriza. Antes eran irregulares. Esa zona es reserva natural. Las fiestas estaban en un gris. Se hacían sin permiso. Ahora son más grandes y Victoria pone hasta los efectivos para controlar. Todo un desastre”.
En efecto, donde se realizan las fiestas, se encuentran en el sector comprendido como reserva natural del Delta, declarada por ordenanza municipal 2.185/03 y también están reconocidas como áreas protegidas por la ley provincial Nº 10.671 que ampara a todos los humedales del ejido de Victoria. Asimismo, por otra ordenanza, la Nº 2.472, en su apartado 3.6 regula la utilización del “Suelo Litoral”, ese sector de las islas establece a “discoteca, bares, etc.” dentro de los “Usos no admitidos”. Pero oficialmente, desde la comuna entienden que las fiestas “no están prohibidas” ya que se las habilita como “eventos”. Para esto la Municipalidad de Victoria “retiene un 7% del valor de venta” de las entradas, que oscilan entre los $2.000 y $3.000.
El Consejo Asesor Vecinal Río Luján solicitó al Municipio inspecciones y clausuras en el predio.
El Consejo Asesor Vecinal Río Luján puso el foco en un predio de nueve hectáreas situado en una zona de humedales de la localidad de Dique Luján, que un emprendimiento privado rellenó con basura durante los últimos años.
El organismo creado en 2020 viene solicitando desde entonces al Municipio inspecciones, clausuras e informes sobre los movimientos de suelo en la Parcela 273, ubicada sobre la calle Roque Sáenz Peña, muy próxima al camino de la Vía Muerta, la laguna de la Planta Transmisora de Radio Ciudad de Buenos Aires y la plata potabilizadora de AySA.
Puntualmente durante el verano de 2021, se reclamaron inspecciones en tres oportunidades con el aporte de videos grabados por vecinos que demostraban que había máquinas trabajando en el lugar. En esa oportunidad, la Dirección de Obras Particulares municipal informó que se habían labrado actas de intimación.
«Sin embargo, lamentablemente las tareas de relleno continuaron, como se demuestra en las imágenes satelitales proporcionadas por Google Earth», explicaron desde el Consejo Asesor Vecinal y agregaron: «Hace algunas semanas, volvimos a solicitar que se impidan los rellenos».
En este contexto, el organismo surgido a partir de la creación del Distrito de Gestión Especial destinado a la preservación de cientos de hectáreas de Dique Luján, Villa La Ñata y una parte de Benavídez reclamó el acceso «a los expedientes municipales de dicha parcela».
«Es oportuno recordar que sin estudios de impacto ambiental aprobados y una audiencia pública con la debida difusión, no pueden autorizarse este tipo de obras», denunciaron.
«Mientras aguardamos la decisión de la Asesoría Letrada del Municipio para poder informarnos sobre los intereses detrás de estos rellenos, llamamos a todos los vecinos y vecinas a estar atentos y denunciar cualquier movimiento de suelo en zona de humedales», enfatizaron.
Cabe recordar que días atrás el Consejo Asesor Vecinal alertó sobre otra situación irregular en la zona: el loteo de diez hectáreas de bañados denominado «Nueva Esperanza», en Villa La Ñata.
A partir de la denuncia del organismo contra el emprendimiento inmobiliario comercializado por la firma «Islas Propiedades», la delegación de Dique Luján informó que «la Municipalidad de Tigre no aprobó, no autorizó, ni habilitó ningún trabajo relacionado al proyecto en cuestión, toda vez que quienes lo ‘promocionan’ no han presentado y/o iniciado expediente alguno».
Con los incendios en Corrientes como telón de fondo, el martes volverá a presentarse el mismo texto que perdió estado parlamentario recientemente. El Ministerio de Ambiente también cocina un proyecto. La demanda en el país lleva una década.
Tres veces cayó el tratamiento de la Ley Nacional de Humedales en la Argentina. En las dos primeras ocasiones (2013 y 2016) el proyecto llegó a la media sanción. A fines de 2021 perdió estado parlamentario sin siquiera eso, y luego no fue incorporada al temario de sesiones extraordinarias, por lo cual volvió a foja cero.
Diputados del oficialismo volverán a presentarlo este martes por la vía administrativa y el miércoles habrá una presentación pública a la que están convocadas la comunidad científica y organizaciones socioambientales. El texto es el mismo que hace poco quedó fuera de juego. «Fue resultado del debate y un acuerdo enorme en términos políticos.
No queremos que pase todo de vuelta, echar a perder la enorme discusión que hubo», explica a Página/12 el diputado Leonardo Grosso, quien hasta el año pasado presidió la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano. A su vez, el Ministerio de Ambiente trabaja en un proyecto propio desde comienzos de febrero.
Los incendios en Corrientes volvieron a poner en evidencia la necesidad de la ley. En esta «re-presentación» la intención es reunir la firma de diputados de distintas bancadas, «porque fue un proyecto que apoyaron todas», aunque el contexto político es otro ahora debido al recambio de legisladores. Ya cuenta con 20 firmas del Frente de Todos. El miércoles el acto será en una de las salas del anexo C de la Cámara Baja.
En agosto de 2020 miles de personas cortaron el Puente Rosario-Victoria para manifestarse contra los incendios en el Delta del Paraná y exigir una norma que protegiera a los humedales. En noviembre del mismo año la comisión de Ambiente dio dictamen de mayoría sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para el Uso Racional y Sostenible de los Humedales. Diez textos habían sido unificados. Al perder estado parlamentario la propuesta se encontraba en la comisión de Agricultura y Ganadería.
¿Por qué el tratamiento de la Ley de Humedales cayó por tercera vez?
¿Por qué se llegó a la instancia de que la ley cayera por tercera vez? Esto responde Grosso: «En Agricultura siempre hay lobby. Es la comisión que no da paso a esta ley y no la trata. Los diputados no quieren asistir a ese temario, se rehúsan a ponerlo, los presionan en sus provincias los diarios y cada grupo concentrado instalando la idea de que esto frena la producción. El lobby más oculto es el de la minería, que usa otras estrategias». Uno de los señalados como responsable de la caída del proyecto es el correntino José Ruiz Aragón, del FdT, en su momento titular de la comisión en la que el texto se estancó, actualmente senador provincial. «No creo que sea responsabilidad de un diputado. Hay una responsabilidad institucional y una falta de formación por parte del conjunto de la dirigencia política; formación que melle el discurso de que la ley es prohibitiva de la actividad económica.
Hay una falta de conciencia general en temas ambientales en los sectores que tienen representación política.
Hace dos años venimos con restricciones terribles que han destruido nuestra economía. La pandemia hizo desastres. Y la covid es un virus de origen zoonótico: eso debería llamar la atención de todos nosotros.»
La importancia de una Ley de Humedales
De acuerdo a la síntesis de referentes de las organizaciones comprometidas con el tema, algunos puntos cruciales de la norma son: la regulación de las actividades que se realizarían en humedales, la transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia las provincias para mejorar la gestión de estos ecosistemas, la creación de un inventario y la apertura de espacios participativos en los cuales se diseñe el ordenamiento territorial. La caída por tercera vez de la iniciativa generó una honda sensación de frustración tanto en las organizaciones ambientalistas como en referentes de la ciencia, sobre todo porque era una promesa de campaña.
El proyecto que cayó y que vuelve a presentarse tiene un camino de «cuatro audiencias públicas, dos reuniones de comisión de diputados, exposiciones de más de 60 personas de 18 provincias, de la comunidad científica, las organizaciones, los pueblos campesinos e indígenas, las comunidades de la agricultura familiar, los sectores que desarrollan sus actividades en humedales, como los desarrolladores inmobiliarios y del negocio forestal y la Sociedad Rural». El único ámbito que no quiso sentarse a discutir fue el de la minería. Se conformó un comité de científicos que mantuvo 15 reuniones con asesores. El dictamen de Ambiente fue de mayoría, con una disidencia parcial. «El Frente de Todos, Cambiemos, los bloques peronistas apoyaron.
Hay un proceso muy sólido», agrega Grosso. El texto cuenta con el aval de las organizaciones ambientalistas y recoge, de algún modo, todos los debates que se dan desde 2013. Por todos estos motivos, el planteo de presentarlo tal como está.
El proyecto del Ministerio de Ambiente
Días después de que la ley quedara fuera de juego, el Ministerio de Ambiente anunció el inicio de un debate para otro proyecto con el mismo fin, lo que generó desconcierto e incluso malestar en organizaciones como la Multisectorial por la Ley de Humedales, que se expresó en sus redes al respecto. «No lo conozco (al proyecto). No estoy en contra, pero creo que el Ministerio debería respetar la instancia de debate que ya hubo», opina Grosso.
Fuentes de la cartera que conduce Cabandié confirmaron a Página/12 la intención de elaborar un nuevo proyecto, que se debatirá en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema). Informaron que están «convocando a todos los sectores, a las organizaciones ambientalistas, las provincias, científicos y también a los sectores de la producción para la elaboración de un proyecto de ley que sintetice todas las miradas e intereses» y, así, «construir consensos». Un rumor indica que Ambiente podría tomar como base el documento ya consensuado.
El viernes representantes de organizaciones socioambientales se reunieron con Grosso y sus asesores. Emilio Spataro, fundador de Guardianes del Y’Verá e integrante de la Red Nacional de Humedales (ReNaHu), participó y también viene sumándose a los encuentros con autoridades de Ambiente. «Se le ha dicho al Ministerio que ya no hay nada que discutir, que la discusión está más que cerrada. Lo que hay que hacer es avanzar y no dilatar más», protesta. Ante este cuarto intento, concluye: «No hay una política hacia los humedales desde el gobierno nacional, sino iniciativas parciales y aisladas. Hay que empezar a implementar políticas porque estamos en una crisis climática de la cual Argentina es víctima».
Pocos días atrás, el 2 de febrero, se conmemoró el Día Internacional de los Humedales. Lejos de la formalidad de la efeméride, la fecha es una alarma sonando para despertarnos definitivamente.
Por Julio Zamora
El cambio climático nos ha puesto ante la oportunidad y la obligación de llamarnos a una reflexión profunda sobre el tratamiento que damos a nuestro planeta y, más específicamente, al territorio en el que vivimos. No es optimismo ingenuo, sino tan solo compromiso cívico y conciencia plena: aún estamos a tiempo como humanidad de hacerlo, y más aún, de hacerlo bien.
Día a día, hora a hora, el clima cambia ante nuestros ojos. Ya no hay dudas: desde los lugares de responsabilidad que nos toque ocupar, debemos hacer aquello que esté a nuestro alcance para morigerar sus dramáticas consecuencias. Los humedales son recursos fundamentales en los ecosistemas globales y locales, verdaderas reservas de vida. Sin embargo, a nivel mundial, se aprecia su constante disminución ante factores relacionados con el desarrollo económico y social.
Aquí, como resulta evidente, se presenta la paradoja a la que nos enfrentamos: por un lado, reafirmamos la necesidad de un compromiso absoluto con el cuidado y restauración de los humedales; y, por el otro, como cualquier economía en desarrollo, no podemos soslayar actividades como la ganadería y la agricultura, la minería y hasta la propia expansión de las superficies urbanas, que juegan un papel indispensable en el crecimiento social.
Mientras tanto, los humedales retroceden: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte que, desde 1970, la superficie de humedales en todo el mundo ha disminuido un 35%. Debemos actuar, y hacerlo rápido, para encontrar una síntesis entre el desarrollo indispensable de nuestras sociedades y la planificación y ordenamiento territorial de estos ecosistemas.
Necesitamos una ley de humedales. Y la necesitamos urgente. Tan solo en 2020, los incendios de bosques y pastizales afectaron más de 1 millón de hectáreas en todo el país, especialmente en las islas del Delta. Esto representa cerca de 350.000 hectáreas de ecosistemas creados por los humedales que han sido destruidos. Una pérdida irreparable.
Además debemos promover la creación de áreas naturales protegidas en aquellos humedales identificados, algo que es fundamental para su conservación, conjuntamente con actividades de restauración, diagnóstico y remediación.
Necesitamos adoptar criterios de sostenibilidad transversales, alineados con las políticas globales en la materia, que sean de aplicación nacional, provincial y municipal, para que las actividades socioeconómicas que se realicen sobre los humedales aseguren el mantenimiento de la integridad ecológica de sus ecosistemas.
Somos el distrito con mayor territorio de humedales de toda la provincia de Buenos Aires y, desde hace años, llevamos adelante políticas públicas tendientes a la preservación de los mismos, a través de la Ordenanza 3343/13 del “Plan de Manejo del Delta”, y de la Ordenanza 3709/19 de “Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján”
Julio Zamora
Como intendente del Municipio de Tigre, tengo plena conciencia de la enorme responsabilidad que me toca en esta lucha. Somos el distrito con mayor territorio de humedales de toda la provincia de Buenos Aires y, desde hace años, llevamos adelante políticas públicas tendientes a la preservación de los mismos, a través de la Ordenanza 3343/13 del “Plan de Manejo del Delta”, y de la Ordenanza 3709/19 de “Distrito de Gestión Especial Planicie del Río Luján”, zona en la que se promueve la preservación de los humedales continentales y las construcciones sustentables.
Estamos orientados con decisión a lograr una gestión integrada y diversa para la defensa de los humedales y un activismo permanente en defensa de estos entornos. Por ello, en Tigre hemos llevado a cabo la Semana de los Humedales, con eventos diarios de concientización y sensibilización sobre la importancia de valorarlos, restaurarlos y protegerlos.
No hay tiempo que perder. No podemos desentendernos de esta urgencia. La alarma suena: es hora de despertar y mejorar la vida en el planeta.
El 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales y en ese marco diversas organizaciones sociales y ambientalistas de la región como El Consejo Asesor Permanente Isleño, el Consejo Vecinal de Río Luján, La Secundaria Isleña Sustentable, junto al Municipio de Tigre, realizan acciones y eventos desde el Lunes 31 de enero al viernes 4 de febrero.
“La Semana de los Humedales” cobra particular sentido para el reclamo urgente de la sociedad cuando acaba de perderse otra ocasión de tener una ley de humedales por el fuerte lobby minero, inmobiliario y ganadero quienes se resisten a una ley de protección por intereses propios en detrimento de los derechos de la humanidad.
Cuando parece que de nada han servido las grandes acciones de ambientalistas que entre tantas otras cosas, han remado, literalmente, desde Rosario hasta Tigre y de allí al Congreso para lograr mover la ley, es cuando mas hay que redoblar esfuerzos para lograr los objetivos que tanto ansiamos.
Por eso desde el Consejo Asesor Permanente Isleño, el Consejo Asesor Vecinal de Río Luján, diversas organizaciones sociales y ambientalistas del Delta y junto a Gestión Ambiental, Centro de Interpretación de Humedales y Dirección de plan de Manejo Delta, del Municipio de Tigre se propone e invita a la comunidad a participar de “La Semana de los Humedales” con las siguientes actividades:
Fomentar el Cuidado:
El 31 de enero a las 18 el Consejo Vecinal de Río Luján invita a un minifestival en la Sociedad de Fomento Dique Luján con malabares, música en vivo y cine documental
El Martes 1ro. de febrero “Cuidamos conversando” Charla debate en el Museo de Arte Tigre desde las 17:30 a 20:00 hs.
El Miércoles 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales, “Defendemos Trabajando”
Comenzando la recuperación del predio de Río Luján y Gambado para la comunidad isleña. Recordemos que dicho predio se había ofrecido a la venta hace unos años para mega proyecto turístico y fue la reacción en rechazo por parte de la comunidad isleña que impulsó la intervención municipal y la recuperación del predio como espacio público.
Ésta actividad se presenta como la más atrayente para el isleño que quiere participar en las definiciones de políticas que afectan a la comunidad isleña, un paso más en el avance y consolidación de la participación ciudadana.
Todos los isleños que quieran acercarse a compartir ésta jornada pueden llegar navegando con sus embarcaciones e ingresar por la laguna del Gambado, o bien viajar hasta la Estación Fluvial para ser trasladados por la lancha “Capi” de la Dirección de Plan de Manejo Delta hasta el predio.
Los isleños trabajaremos limpiando y la municipalidad aporta la comida y bebida, por ello se solicita contactar para comprometer asistencia al 11 5761-3531 y llevar tu vaso personal. Se hará principalmente limpieza de escombros para empezar a diseñar los posibles proyectos a desarrollar en el predio con la mayor participación isleña posible.
El Jueves 3 de febrero: “Cuidamos en movimiento”
Una caravana isleña con la consigna #LeyDeHumedalesYa .
Sin duda, la más divertida para los amantes de la navegación y del Artivismo!
Podés sumarte a la caravana con tu embarcación o sumar tu muelle para la consigna. Organiza la Secundaria Isleña Sustentable (SIS) otro logro comunitario a fuerza de amor y dedicación de vecinas y docentes isleñas. Podés sumar tu muelle contactando @proyectosis
El viernes 4 de febrero: “Defendemos Festejando”
Festival por los Humedales en la Estación Fluvial de 15 a 19:30 hs. Celebrando los 3 años de la creación de la Dirección del Plan de Manejo Delta y del Consejo Asesor Permanente Isleño con voces de las organizaciones, propuestas para la preservación de humedales y producción sustentable, Feria de productores locales e intervenciones artísticas.
Defendamos los Humedales participando! #LeyDeHumedalesYa
Una agrupación de vecinos autoconvocados de Villa Constitución detectó un “patrón de incendios” que vincula los sitios arrasados por las llamas en la zona de islas de Entre Ríos con la comercialización de tierras para fines agroganaderos.
“Ideal para engorde o recría de novillos”, dice la descripción inmobiliaria de un terreno que acaba de ponerse a la venta en Isla La Brava, en Victoria (Entre Ríos), frente a Rosario (Santa Fe). Lo que no dice el texto promocional es que es uno de los terrenos quemados por los fuegos que arrasaron con esa zona en los últimos días del año que pasó. Desde la agrupación Salvemos Los Humedales Villa Constitución vienen haciendo un seguimiento del tema y advierten sobre “un patrón de incendios” que vincula los lugares donde se inician los fuegos con los terrenos que se ponen a la venta.
Fernanda Del Carlo y Daniel Agnese, de esa agrupación, vienen siguiendo de cerca el tema. “Veíamos que siempre se incendiaban los mismos lugares y hay como un patrón de incendio. La semana antes de Navidad se empezó a incendiar un lugar que se llama La Brava, frente a Rosario. Fue un incendio re groso y terminó con la lluvia después de Año Nuevo. Un desastre, se incendió todo. Ayer (por el martes) Daniel estaba buscando y me avisa que se vende justo donde se había iniciado el fuego. Lo que decimos es que hay una tendencia, que estamos encontrando un patrón demostrable de fuegos en terrenos que están para la venta, con fines agrícola-ganaderos. Esa es la conclusión”.
Como explicó el naturalista César Massi a través de su cuenta de Twitter, un terreno recién quemado es más valioso porque “está ‘limpio’ y después de una lluvia, listo para pastorear”. Para Del Carlo, “hay un patrón, parecería ser bastante claro. Y todo aparece en páginas de inmobiliarias que tienen que ver con el agro. Se ponen a la venta estos terrenos con fines nocivos para el humedal.
La zona es una reserva de usos múltiples, donde sólo se aclara que no se puede practicar la agricultura intensiva. Hay un gris y no se aclara qué se habilita de ganadería”.
Para aclarar ese “gris”, este jueves llevarán su informe a la Delegación de Islas. Junto con otro, elaborado por la Multisectorial de Humedales de Rosario, sobre la realización de fiestas en zonas de islas.
La agrupación de Villa Constitución comenzó su investigación a partir del caso de la empresa holandesa Bema Agri. Un mes atrás, desde ese espacio denunciaron que la compañía estaba poniendo a la venta 10 mil hectáreas de islas frente a Rosario, parte de una extensión de 376 mil hectáreas considerada «Reserva de Usos Múltiples» y área natural protegida por Entre Ríos. La firma fue denunciada en varias ocasiones por la construcción de terraplenes en zona de humedales, hasta que en 2018 por decisión de la Justicia entrerriana abandonó sus actividades.
“Empezamos a averiguar y en una página de una inmobiliaria porteña ese lugar, que había sido causa de un fallo histórico, lo tenían a la venta. Bema Agri había hecho un desastre levantando terraplenes, hasta un helipuerto. Y fumigaban, porque también tenían agricultura y ganadería. Fueron a juicio, perdieron y se fueron. Nunca hubo reparación histórica, lo dejaron desastroso.
Pasamos siempre por ahí, no tiene cartel de venta pero está a la venta. Y se ofrece en las páginas de agro, como ‘excelente para explotación ganadera’. Siguen haciendo un negocio con eso, creemos que nadie va a invertir ahí si no tiene el respaldo del gobierno entrerriano. Hicimos una denuncia junto con la Multisectorial de Rosario. Empezamos a investigar y empezaron a aparecer avisos como estos por todos lados, con otros lugares del humedal”, alertó Del Carlo.
Somos las personas que vivimos en las costas que nos tenemos que fumar el humo de estos negocios.
La ambientalista agregó que “si bien casi todos los terrenos son de Entre Ríos, la responsabilidad también es del intendente de Rosario, porque el humo se lo fuma la gente de ahí. Somos las personas que vivimos en las costas que nos tenemos que fumar el humo de estos negocios. Estas cosas que parecían una teoría ahora son más comprobables. No hay una voluntad política de querer resolverlo. Porque el acceso a los datos está.
El punto que tenemos en discusión es que nadie puede decir que no vendas tu campo, el tema es con qué fines se vende”. La preocupación de las agrupaciones de Villa Constitución y Rosario crece mientras sigue postergada la Ley de Humedales, que daría más herramientas para el resguardo de estas zonas de vital importancia para el ambiente, en una época en la que proliferan los incendios en distintos puntos del país.
“Después de Año Nuevo llovió dos o tres días y está apagado el fuego, pero la última semana de diciembre fue terrible. Se quemaron viviendas de gente de las islas. Hubo audios desgarradores desde el lugar.
El jueves 30 se quemaron islas frente a Rosario. Por un lado uno lee informes oficiales que hablan de un operativo enorme, pero la gente de la isla dice que se organizaron en brigada ellos mismos y estaban solos combatiendo el fuego”, relató Julieta Bernabé de la Multisectorial de Rosario. “El fuego estaba alcanzando las casas, estaban solos, querían evacuar a los chicos al menos por el humo y no tenían ayuda de nadie. Desde Rosario empezamos a llamar a Defensa Civil, a Secretaría de Protección Civil, a Bomberos, y rebotábamos en todos los teléfonos.
Al día de hoy no sabemos a quién llamar llegado el momento del fuego. Queremos que haya un combate serio, porque tardan 2-3 días en mandar gente y después dicen que el foco es enorme y difícil de apagar. Es desgastante”.
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