El sacerdote Francisco «Paco» Olveira, integrante de los Curas en Opción por los Pobres, culmin este viernes su ayuno de siete días frente al Palacio de Tribunales, con una misa y un acto que se realizará en Plaza Lavalle, bajo la consigna «Democracia sin mafia judicial», al que se sumarán organizaciones políticas y sociales.
Francisco «Paco» Olveira. Foto: Leo Vaca.
El jueves, el sacerdote ingresó al Palacio de Justicia y presentó una carta solicitando la renuncia de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, y recibió además la visita y el apoyo de los diputados del Frente de Todos (FDT) que integran la comisión de Juicio Político que lleva adelante ese proceso en el Congreso.
El acto de está tarde está convocado para las 17 y se sumaron organizaciones como la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-t), las agrupaciones Lxs Jóvenes y Soberanos, que instalaron la noche del jueves carpas y se quedaron en vigilia sobre la calle Talcahuano.
Foto: Alfredo Luna.
«Todxs con el padre Paco. Democracia sin mafia judicial. Acompañamos el fin del ayuno y la misa multitudinaria», publicó la CTA en sus redes sociales.
«Este viernes a las 19, acompañamos al Padre Paco en Tribunales» anunció la agrupación Soberanos, y publicó un video donde diferentes jóvenes afirmn que «es necesario una justicia independiente» en pos de la «democracia» y concluyen con el canto «se va a acabar, se va a acabar, la dictadura judicial».
Del mismo modo, la agrupación Lxs Jóvenes invitó el jueves a la vigilia y convocó para este viernes a fin de que «se vayan los 4 de la Corte» e instan a que «llenemos de pueblo Tribunales. Talcahuano y Lavalle».
El jueves por la mañana el padre Olveira ingresó en forma pacífica al Palacio de Justicia y dejó una carta donde reclamó la «renuncia de todos los integrantes» de la Corte.
«En nuestro carácter de ciudadanos y ciudadanas de la República Argentina, que nos encontramos realizando una huelga de hambre desde el 24 de marzo, nos sentimos en la obligación moral y ética de dirigirnos a ustedes, la totalidad de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de nuestro derechos constitucional de peticionar ante las autoridades», dice el texto que fue leído por el sacerdote en el hall central de Tribunales, ubicado en la calle Talcahuano 550. Foto Alfredo Luna Foto: Alfredo Luna.
Foto: Alfredo Luna.
Además, reclamó que «presenten la renuncia a su cargo en el máximo tribunal de Justicia de la Nación» y consideró que «no tienen autoridad moral ni autoridad ética para estar al frente de la justicia de nuestro país».
Luego, por la tarde, Olveira recibió el apoyo de los diputados.
La medida de protesta del sacerdote es «en rechazo a la proscripción de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner» y para denunciar que la «democracia está totalmente condicionada» por el Poder Judicial.
La huelga de hambre de siete días comenzó el viernes 24, por la noche, tras la marcha realizada en el marco del Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, y es acompañada por una delegación conformada por integrantes de Curas en la Opción por los Pobres.
La medida es inédita y podría sentar un precedente importante para causas por responsabilidad empresarial con el terrorismo de Estado. Abarca a cuatro empresarios de Tucumán acusados de complicidad con los delitos cometidos contra 68 personas, 11 de ellas aún desaparecidas.
En los últimos días del 2022, la justicia federal de Tucumán tomó una decisión inédita en las causas por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: el Tribunal Oral Federal hizo lugar a una medida cautelar pedida por la fiscalía para embargar inmuebles del Ingenio La Fronterita que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad en la localidad de Famaillá.
La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas, de las que 11 permanecen desaparecidas. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa y están acusados cuatro ex directivos de La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
La medida cautelar, que se toma por primera vez en causas de lesa humanidad, podría sentar un precedente importante en otros expedientes en los que se investiga la responsabilidad de empresarios.
“El pedido consiste en cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino el fiscal general Pablo Camuña, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán.
En 2016, la familia Figueroa Minetti vendió el 50% de la empresa a una multinacional de origen mexicano, incluido el ingenio y su casco histórico, sin embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas. Además de los inmuebles, la medida cautelar incluyó el embargo preventivo de las acciones de Figueroa Minetti y sus rentas.
Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. A partir del Operativo Independencia, los dueños de La Fronterita le dieron control total en el predio a las fuerzas represivas, que se instalaron en tres espacios: el “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y las viviendas llamadas los “conventillos. Todos ellos fueron reconocidos por sobrevivientes como lugares donde fueron mantenidas cautivas personas y torturadas.
Los cuatro empresarios están imputados como cómplices primarios de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio. También fueron acusados de obtener ganancias extraordinarias a partir de su relación con el aparato represivo ilegal.
La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2021, luego de tres años de demoras, y tanto las querellas como la fiscalía solicitaron varias veces que se realice el debate oral, pero el TOF de Tucumán aún no fijó la fecha. “Si bien el estado de salud de los imputados es bueno y por ende son aptos para participar en el debate, son personas de avanzada edad. El tiempo es fundamental para evitar la impunidad”, añadió Camuña, quien espera que finalmente comience este año.
Entre otras razones, figuran el fallo del 2 x 1 para los represores, la tolerancia a la “Doctrina Irurzun” y un fallo misógino contra una jueza.
La Multisectorial por la democratización de la justicia, una plataforma integrada por organismos y personalidades defensores de los derechos humanos y dirigentes políticos y sociales, pidió el juicio político de los jueces de la Corte Suprema por una decena de casos en los que les cuestiona el presunto “mal desempeño en sus funciones”.
Entre las razones invocadas para la remoción de los jueces figuran desde el fallo que consagró el 2 x 1 para los represores hasta la tolerancia a la “Doctrina Irurzun”, pasando por la conformación de un tribunal especial para la Tragedia de Once y un fallo “misógino” contra una jueza de la provincia de Buenos Aires.
“Venimos a solicitar se someta a juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por la causal de mal desempeño con consecuencias en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que garantiza la Constitución Nacional para todos los habitantes del país”, sostiene el documento.
A lo largo de 28 páginas, la entidad identificó episodios que involucran a uno o más jueces del alto tribunal y precisó las razones por las cuales considera que los cuatro actuales integrantes deben ser removidos de sus cargos.
Sobre Carlos Rosenkrantz, el colectivo le reprocha haber intervenido en causas en las que estaban involucradas empresas con las que tenía vínculos cuando era abogado particular, antes de desembarcar en la máxima instancia judicial.
En ese sentido, le reprocha haber firmado “tres fallos que involucran a Supercanal, dos a AMX (Claro), uno a Clínica Estrada, diez a YPF, cinco a Supermercado DIA, uno al Grupo América, dos a Pan American Energy y uno a Piero”.
“Más allá de lo que dicen los fallos y de la postura de Rosenkrantz, aún si votó contra su excliente, la situación es por demás irregular”, sostiene el documento.
También sobre Rosenkrantz el escrito reprocha “su concepción expresada el pasado 26 de mayo, en el marco de una conferencia titulada ‘Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica’, organizada por la Universidad de Chile”.
En aquella ocasión el juez de la Corte sostuvo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”.
La tercera denuncia involucra a Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, “quienes suscribieran la resolución del 16 de diciembre pasado, que declaró inconstitucional la conformación del Consejo de la Magistratura vigente desde 2006”.
El colectivo también se sumó al pedido de juicio político presentado el 26 de mayo de 2021 contra los cuatro jueces (por primera vez aparece Ricardo Lorenzetti) “por el dictado de la resolución en la demanda del Gobierno de la Cuidad de Buenos Aires contra la Nación por las clases presenciales durante la pandemia.
También invocó la causa en la que los Jueces Rosatti y Rosenkrantz consagraron el 2 x 1 a favor de los represores de la última dictadura, conocido como “Fallo Muiña”, en 2017.
La Multisectorial reprochó a los cuatro jueces, en otra de las causales de juicio político invocadas, “la falta de la debida diligencia ante la difusión de escuchas judiciales bajo su órbita”.
“A partir del año 2016 comenzaron a hacerse públicas en los medios, escuchas telefónicas obtenidas en el marco de causas judiciales, conteniendo conversaciones que excedían el objeto de investigación”, recuerda el texto.
Las escuchas telefónicas ya dependían de la Corte Suprema y fueron utilizadas mediáticamente para revelar conversaciones privadas de, entre otros, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El escrito le adjudica a Lorenzetti, en otro de los puntos, “las graves y persistentes acciones de abuso de autoridad” cuando el 17 de agosto de 2017 “existieron acciones coordinadas tendientes a impedir que un Senador de la Nación ejerciera la función para la que fuera elegido por el bloque mayoritario del Senado en el Consejo de la Magistratura”.
Aquel día, aprovechando una mayoría circunstancial, el entonces oficialismo suspendió en el cargo al camarista Eduardo Freiler, quien posteriormente fue destituido por un Jurado de Enjuiciamiento.
La denuncia le adjudica a Lorenzetti haber demorado, junto con el entonces senador Miguel Ángel Pichetto, la asunción de Mario Pais para favorecer la suspensión de Freiler.
A Lorenzetti también le atribuye “la manipulación y designación de un Tribunal Oral para el llamado ‘Caso Once 1’, la tragedia ferroviaria de la estación Once”.
El escrito recuerda que al inaugurar el Año Judicial 2018, Lorenzetti pronunció un discurso en el que expresó: “Cuando yo recibí y nos reunimos con María Luján Rey, a quien conocemos y que ha vivido esta tragedia de una manera especial, nos pusimos a ver su problema, que era el de la tragedia, pero además el de constituir un tribunal oral. Y tuvimos que hablar con otros jueces aquí presentes para ver cómo hacíamos para armar un tribunal oral que lleve adelante ese juicio”.
Finalmente, el documento recrimina a los cuatro jueces “su responsabilidad (omisiva) por la aplicación de la doctrina Irurzun en materia de encarcelamiento preventivo” a dirigentes y ex funcionarios de la oposición al gobierno de Cambiemos y por un fallo “de neto contenido misógino, al someter al escarnio público a Martina Isabel Forns, la Jueza a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso administrativo N°2 de San Martín, con el único objetivo de ejemplarizar a los demás jueces y juezas ante los múltiples amparos presentados contra el tarifazo” en los servicios públicos dispuesto por la administración de Mauricio Macri.
La Multisectorial está integrada, entre otros, por la Asociación Justicia Legítima, la Federación Judicial Argentina (FJA), la Liga Argentina por los DDHH, la Asamblea Permanente por los DDHH, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el Instituto Espacio para la Memoria, el Movimiento Ecuménico por los DDHH, el sacerdote Francisco Paco Olveira, el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres y el Llamamiento Argentino Judío.
El juez de La Plata envió una carta al titular del organismo y presidente de la Corte tras la crítica de una consejera macrista que impulsa un expediene disciplinario para sacarlo.
El juez desea «evacuar todas las dudas de los señores consejeros y de la sociedad».
El juez federal Alejo Ramos Padilla le envió una carta al supremo Horacio Rosatti, para pedirle que el Consejo de la Magistratura que preside lo cite a una audiencia pública tras un planteo de la consejera macrista Jimena De la Torre, quien dijo que entre las denuncias «importantes» que están cerca de caducar en el organismo hay una que hizo en su contra el fallecido Claudio Bonadío. El reclamo de la abogada fue en el plenario de la semana pasada, donde se quejó de que había 29 expedientes disciplinarios y de acusación que podrían prescribir, pero procuró subrayar el nombre del ex magistrado de Dolores y actual de La Plata, al igual que el de Ernesto Kreplak, casualmente dos de los que investigaron el espionaje del gobierno de Mauricio Macri. «La sociedad nos está mirando», advirtió para la tribuna. En su presentación, Ramos Padilla dice que quiere «formular todas las aclaraciones y evacuar todas las dudas que pudieran tener los señores consejeros y en especial la sociedad».
Bonadío denunció a Ramos Padilla por prevaricato (fallar adrede en contra del derecho) cuando éste investigaba el «D’Alessio Gate», caso en el que dio por comprobada la existencia de una organización de espionaje paraestatal con participación de fiscales como Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone ,y exagentes de inteligencia, pero donde otros personajes aparecían salpicados. La causa que tramitaba en Dolores (y que fue captada finalmente por Comodoro Py) dejó a la vista que el falso abogado Marcelo D’Alessio atesoraba en su computadora documentos que había entregado a Stornelli y a Bonadío para que pudieran sostener la causa sobre la compra de Gas Natural Licuado (GNL) cuando se supo que la teoría de los sobreprecios se había sostenido en base a un informe trucho del perito David Cohen. En ese expediente fueron detenidos Julio De Vido –quien fue desaforado– y Roberto Baratta y procesada Cristina Fernández de Kirchner. Y luego fueron todos sobreseídos al quedar demostrado que la compra de GNL fue a valores de mercado.
Ese es el asunto que preocupa a De la Torre, que fue número dos en la AFIP macrista, organismo que colaboró con el armado de causas para perseguir a opositores. Su alusión en el último plenario a la caducidad de causas se debe a que en el Consejo, cuando un expediente disciplinario o pedido de juicio político cumple tres años sin que haya un dictamen, se cierra. El que cuestiona a Ramos Padilla vence el 9 de septiembre. En su presentación, el juez dice que espera que «la consejera de la Torre acompañe e impulse esta petición (…). Está claro que si leyó la denuncia y creyó que era una denuncia grave o importante, debe impulsar las actuaciones y solicitar que se avance en el juicio de remoción. Si no leyó la denuncia, pero igual le parece importante destacarla, dentro de todas las denuncias que están en esas condiciones –porque la hizo Bonadío o porque es en mi contra– y gratuitamente realiza estas discriminaciones, la situación es más grave y con más razón debe llevarse a cabo la audiencia solicitada y otorgarme la posibilidad de despejar cualquier sospecha».
Los comentarios de De La Torre provocaron el momento de máxima tensión en la reunión del jueves pasado, tal como relató Página/12, y más todavía cuando después de apuntar a Ramos Padilla y Kreplak exclamó: «¡Objetividad total!». La senadora Inés Pilatti de Vergara le respondió que podía ver los 29 expedientes de los que hablaba cuando quisiera. «Acá no se esconde nada», le dijo. Fue cuando la abogada le devolvió: «Lo que pasa es que la sociedad nos está mirando». «¡Sí, mamita, justamente por eso te estoy hablando!», se enojó la senadora. Mariano Recalde se sumó y le advirtió a De la Torre que su forma de presentar el tema «no ayuda a la objetividad». El camarista-consejero le añadió un pedido:
«Dejemos de trabajar como la prensa nos dice que tenemos que trabajar, va a ser más sencillo».
En su escrito, Ramos Padilla sostiene que «las manifestaciones que ahora realiza» De la Torre «no son producto de la casualidad, por el contrario son coincidentes con las acciones y manifestaciones públicas que realizó con anterioridad a asumir ese cargo, alentando y presentando impugnaciones con modelos de escritos estandarizados» cuando él mismo debía presentarse en la Comisión de Acuerdos del Senado antes de que aprobara su pliego para el juzgado de La Plata. La consejera encabezaba una organización llamada «Bases Republicanas», en la que ahora tiene licencia, que era la que fogoneaba y presentaba cuestionamientos poniendo en duda la «imparcialidad» de Ramos Padilla para ocuparse como juez electoral del proceso electoral de 2021 en la provincia de Buenos Aires. La organización en cuestión tiene entre sus lema algo que –como dejó en evidencia el juez supremo Carlos Rosenkrantz— inquieta a sectores judiciales: «Trabajamos para que nuestro país prospere sobre bases sólidas poniéndole un freno al populismo».
El juez les pidió las consejeras y consejeros que velen «para que no se mancille gratuitamente la honorabilidad de los jueces a quienes están encargados de juzgar, como así también de bregar por la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el Poder Judicial, imagen que sabemos se encuentra muy deteriorada, máxime cuando se señaló ´la sociedad (los) está mirando’”. Ahora hay que ver qué hacen De la Torre y el resto de los consejeros/as ante un pedido tan concreto y contundente, que expone cuán endeble es la teoría de la «objetividad total» aun en el nuevo Consejo de la Magistratura surgido como consecuencia del famoso fallo de la Corte que desbarató su composición anterior y reinstaló una derogada.
La IGJ denuncia las “estructuras ficticias” creadas por Joseph Lewis para ocultar sus propiedades
En menos de 20 días, un organismo de contralor nacional pidió la liquidación de dos sociedades anónimas del magnate Joseph Charles Lewis que funcionan en la Argentina bajo el control final de firmas offshore radicadas en las islas Bahamas, un paraíso fiscal. La Inspección General de Justicia (IGJ) solicitó la liquidación del Grupo HL Sociedad Anónima, –continuadora de Hidden Lake Holdings SA y conformada en 2011– por numerosas irregularidades e incumplimientos a la legislación vigente, en un dictamen notificado el viernes 6 de mayo. La medida es igual a la dispuesta en abril para Hidden Lake SA, que se radicó ante un juzgado porteño.
Grupo HL SA es accionista de Hidden Lake SA, la firma propietaria de cerca de 12.000 hectáreas en la zona andina de Río Negro que impide el acceso al lago Escondido con el respaldo del gobierno provincial. A fin de mes vence el plazo para que la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia y de Minería de Bariloche emita un fallo que obligue (o no) a cumplir una sentencia por la que tanto el Estado de Río Negro como la empresa deben garantizar el libre acceso a la costa del lago y a sus aguas públicas por el camino de acceso más corto y de más fácil transitabilidad.
Este segundo dictamen de la IGJ sobre la constelación empresaria ratifica que Joseph Charles Lewis tiene residencia en Bahamas, donde se formó Armstead Ltd., que controla a Twinleaf Holding LLC, inscripta en Florida, Estados Unidos. Twinleaf se formó en 2012 sin ningún capital social; aun así, meses después inició los aportes al Grupo HL, por los que Lewis pasó de tener el 90% del capital a menos del 1%, situación que no se ajusta a la legislación argentina vigente. En su resolución sobre el Grupo HL, el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, golpeó directamente a Marcos Marcelo Mindlin, ya que la firma investigada tiene el 45% del paquete accionario del Grupo Dolphin Holdings SA, que inyecta recursos al empresario argentino. Pampa Energía SA de Mindlin es uno de los actores que más se expande en Vaca Muerta con un fuerte plan de inversión.
Baúl 1
En agosto de 2011 se formalizó la creación de Hidden Lake Holding SA, conformada por Lewis (90% de las acciones) y su hija Vivianne Clare Lewis (10%). El directorio quedó a cargo de Bernardo van Ditmar, operador inmobiliario con domicilio real en el country Arelauquen, de Bariloche, aunque para este trámite lo fijó en el establecimiento lago Escondido, del paraje El Foyel. Dos años después se cambió el nombre por el actual Grupo HL y se introdujeron cambios en la sociedad, entre ellos la incorporación al directorio de dos jóvenes de El Bolsón, empleados sin trayectoria empresaria. Todas las actuaciones las realizó Diego Martín Salaverri, socio fundador del estudio jurídico Salaverri /Burgio / Wetzler Malbrán. Con ese aumento de capital, la offshore quedó con el 99,24% del paquete accionario. En ese momento, además, se designó como miembro del directorio a Jefferson Voss, hombre de Tavistock Group, que ni siquiera fijó un domicilio en el país para el trámite. Entonces se inyectó capital a través de Twinleaf Holdings LLC, sociedad extranjera inscripta en la Provincia de Buenos Aires.
Según el dictamen de Nissen, Twinleaf se conformó para operar en la Argentina sin tener ninguna otra inversión documentada.
El 16 de marzo pasado se notificó a Grupo HL de la investigación administrativa interna y el 22 del mismo mes se realizó una inspección en la sede social. Para ese momento ya se conocían públicamente los resultados de una investigación anterior directamente vinculados no sólo al grupo empresario sino al mismo estudio jurídico y equipo contable. Martín Fernández Dussaut, también del estudio Salaverri, atendió a las dos funcionarias de la IGJ. Tanto la controlante Grupo HL como su controlada Hidden Lake “son estructuras ficticias para ocultar la presencia y voluntad exclusiva de su dueño, controlante y artífice de la simulación J. Ch. Lewis”, se reitera en el dictamen oficial.
«Dueño, controlante y artífice de la simulación».
En el análisis de los activos e inversiones consta que en 2011 tenía el 49% de Central Hidroeléctrica Lago Escondido SA, que para el año siguiente cambió de nombre a Patagonia Energía SA. Esa participación desciende al 10% del paquete de Patagonia SA para 2014, al 4,7% en 2015, al 4,48% en 2017 y al 3,46% en 2019. Esa aparente desinversión en la central de paso sobre el río Escondido es sugerente, ya que puede tener relación con los vaivenes de los proyectos de energía subsidiados durante la presidencia de Mauricio Macri y los avales con escasa documentación que aprobó la Legislatura de Río Negro en la última sesión de la gobernación de Alberto Weretilneck. Toda la infraestructura de la hidroeléctrica ni siquiera estaba declarada como mejora de infraestructura en un predio rural, maniobra de evasión fiscal que publicamos en su momento.
El 26 de abril, funcionarios públicos se constituyeron en el domicilio de la offshore en la Provincia de Buenos Aires, pero Gabriel Ángel Vázquez, su representante legal en la Argentina, no los hizo pasar a su despacho, describió el dictamen.
Baúl 2
El esquema y los actores son los mismos del dictamen emitido el 18 de abril sobre Hidden Lake. En este caso, en 1996 aparece como titular de la mayoría accionaria Lago Corp, offshore inscripta en Bahamas, y Charles Barrington Lewis, hijo del magnate creador de Tavistock Group. En 1999, otra offshore, Baylin Inc., apareció como socia en Hidden Lake. Las dos offshore canalizaron capital hasta 2004. Desde ese año hasta 2013, de acuerdo al análisis de la IGJ, todos los aportes de capital fueron hechos por Lewis padre y su hija Vivianne. En 2013 surgió Grupo HL como socio minoritario de la SA que durante décadas fue la punta del iceberg de este grupo económico en la Patagonia. Para el año siguiente, tres nuevas sociedades radicadas en Bahamas aparecieron aportando a HL: Skyland Inc, Berkley Management Ltd y Tahami Ltd, vehículos que financian los gastos corrientes del complejo rural, la infraestructura y la intensa actividad social y política que se despliega desde lago Escondido, de acuerdo a la documentación aportada por la firma a la IGJ.
El Grupo HL hizo aportes a Bahía Dorada SA (con inmuebles cerca de Sierra Grande), Westwind Aviation SA –que alberga la empresa de prestación de transporte aéreo con helicópteros– y Pampa Energía, entre otras firmas.
Onda expansiva
Aunque el silencio vuelva a ser la repuesta al segundo dictamen contra la constelación Lewis en la Argentina y cualquiera sea la estrategia del Poder Judicial ante las dos denuncias, la documentación hecha pública fortalece las posiciones críticas de los mecanismos legales y políticos que permiten y favorecen las distintas formas y mecanismos de acaparamiento de tierras y bienes de la naturaleza. A fin de mes, una Cámara de Bariloche emitirá un fallo de interés directo para buena parte de la sociedad que defiende derechos colectivos sobre el agua dulce sin contaminar, entre otros aspectos conflictivos que se vinculan con el camino de acceso. Por la misma fecha, la IGJ emitirá un dictamen sobre Bahía Dorada SA y SAU después, cuyos inmuebles están en la esfera de interés del nuevo proyecto de producción de hidrógeno verde por parte de capitales australianos desde la costa atlántica rionegrina.
Lo que parecía imposible, sucedió: Higui de Jesús, acusada de homicidio por defenderse de una violación correctiva, fue absuelta. La lucha sirve y esta vez estuvo encarnada en cientos de compañeras del movimiento feminista y lesbofeminista que nunca la dejaron sola. Y en una lesbiana negra y pobre de un metro cincuenta que hace seis años pide que le crean. Y esta vez, la Justicia le creyó.
Lo que parecía imposible, sucedió: Higui de Jesús, acusada de homicidio por defenderse de una violación correctiva, fue absuelta. La lucha sirve y esta vez estuvo encarnada en cientos de compañeras del movimiento feminista y lesbofeminista que nunca la dejaron sola. Y en una lesbiana negra y pobre de un metro cincuenta que hace seis años pide que le crean. Y esta vez, la Justicia le creyó.
Faltan varias horas para que Higui diga sus últimas palabras ante el Tribunal 7 de San Martín. Los alegatos finales se adelantaron cinco días y no hay fecha de sentencia. El clima adentro de la sala es el mismo de las dos audiencias anteriores: tenso, hermético.
Afuera, la expectativa. Todo el empuje que cientos de compañeras y compañeres le transmitieron a Higui en estos tres días está concentrado ahí, en la fuerza de los tambores, en el grito “¡Una lesbiana se defendió, se llama Higui queremos la absolución!”, en los carteles, las banderas, en las caras de cada une. En la incertidumbre y la esperanza. En la impaciencia ante lo inminente.
Es la mañana del jueves 17 de marzo. Hace 40 minutos empezó la última audiencia. Higui, nuestra heroína en este lío, se quiebra. Quién sabe qué le está pasando por la cabeza. Ella quiere contarle a los jueces la verdad. Aunque hace seis años lo viene contando y no le creen, ella quiere hablar. Llora. No lo puede controlar. Las amigas y compañeras la sacan. La llevan hasta un gazebo. Le hablan. La abrazan. La contienen. La hacen reír. Le sacan de la cabeza lo que sea que la atormenta. Así, por más de una hora y media.
—Cuando Higui salió de ese gazebo, era otra Higui. Salió con una fuerza y una energía tan grande— cuenta a Cosecha Roja Estefanía Santoro, una de las periodistas y militante lesbofeminista que acompañó todo el proceso judicial.
Higui volvió a la sala alrededor de las 13. Unas horas después dijo sus últimas palabras. Quienes la escucharon -el tribunal nunca permitió el ingreso de la prensa a la sala- dicen que su declaración fue contundente.
—Estoy contenta porque creo que estuve muy bien— resumió Higui.
El último en declarar fue el psiquiatra Enrique Stola. A las 19 el tribunal se juntó a deliberar. Ahí mismo todes se enteraron de que se venía la sentencia. Media hora después: Higui absuelta.
Higui, un metro cincuenta, camisa cuadrillé, mochila, con la pelota en una mano y el micrófono en la otra dice:
—Esto fue gracias a toda la fuerza, el cariño, la sabiduría, la protección, el respeto que ustedes claramente tuvieron.
Y después:
—Vamos a seguir peleando. Por esto. Por la defensa, guachas, guaches.
***
—Quizás esto sirva para todas las Higuis que son criminalizadas— dice a Cosecha Roja Gabriela Conder, la abogada defensora—No sé si este fallo va a servir para todas las personas que son pobres y criminalizadas. De eso estamos lejos, es una deuda que tiene este sistema con las personas pobres.
De la sentencia, cuyos fundamentos recién estarán la semana que viene, Conder destaca que deja planteado que “nosotras tenemos derechos a defendernos frente a un posible femicidio, algo que la Justicia parece que no lo tiene muy claro”.
—Higui perdió—dice Conder—Ella fue criminalizada por defenderse. Lo que conseguimos, con toda la comunidad, fue algo que teníamos que conseguir sí o sí. Como lesbianas, travestis y trans ¿cómo no vamos a tener derecho a conservar nuestras vidas?.
Durante todo el debate quedó claro que Higui no mintió. Lo dijeron lxs psiquiatras, lxs psicólogxs: ella tenía un stress postraumático específicamente por el último intento de violación que sufrió. Aún así, la fiscalía pidió 10 años de prisión para Higui.
***
En las palabras de Higui no faltó la pregunta que hace un año nos atormenta: ¿Dónde está Tehuel?
Higui inocente, Higui libre, Higui absuelta no se olvida de Tehuel, ni de las víctimas de gatillo fácil ni de los nietos ni de los 30 mil desaparecidos. Sabe que esta es una pelea ganada propia pero también colectiva.
—Las expectativas no eran muy buenas. Teníamos mucho miedo de que Higui no fuera absuelta— dice Santoro— Más allá de que confiábamos en el trabajo de sus abogadas y que una sentencia que la culpara podía apelarse, teníamos pocas expectativas. Sabemos que la Justicia y sus funcionarios y funcionarias todavía están atravesados por el pensamiento patriarcal y los fundamentos machistas.
En esta victoria hubo actrices fundamentales: todas las compañeras que desde el feminismo y el lesbofeminismo acompañaron a Higui cada día. Ellas se organizaron en la asamblea Absolución para Higui y lograron hacer carne lo que tantas veces repetimos: que luchar sirve.
Cada jornada en la puerta de los tribunales de San Martín fue un festival. Organizaron picaditos y una radio abierta. Por allí pasaron Nora Cortiñas; Alfredo Cuellar, el papá de la China, y Morelia Colque, la joven que este año fue absuelta del homicidio de su ex, a quien mató en defensa propia, entre otrxs.
Como la sentencia estaba prevista para la semana que viene, se estaba preparando una movilización masiva para el martes 22. El cambio de planes hizo que no pudiera ser, pero ni bien empezó a circular la novedad del adelanto de los alegatos, cientos de compañeras viajaron hasta San Martín para acompañar. Y se quedaron festejando hasta la noche.
—Higui no tenía intención de matar, se defendió de una violación correctiva y para defender su propia vida. Como así también se habla de legítima defensa cuando una persona es robada y defiende su propiedad privada. ¿Por qué no en este caso?—dice Santoro— La Justicia entendió que Higui se defendió porque estaba en riesgo su vida. Algo está empezando a cambiar: estamos siendo escuchadas.
Adriana Carrasco, periodista y militante feminista lesbiana, no sólo es una de las que estuvo de vigilia estos días, acompañando a Higui, sino que fue consultada por el equipo de abogadas comandado por Conder para el armado de la defensa.
-Lo que más me gusta de esta sentencia es que la ganamos en la ley de ellos, de los fiscales y los jueces. No sólo ganamos por perspectiva de géneros y lesbiana, sino que triunfamos en el terreno de la prueba material- dice a Cosecha Roja.
Es que la fiscal Liliana Tricarico, por mucho que se esforzó en armar una causa llena de irregularidades y con un sólo testigo presencial del hecho, amigo íntimo de la víctima, no pudo demostrar la culpabilidad de Higui. Lo que quedó demostrado es que Higui no tuvo intención de matar, sino que defendió su propia vida.
-El alegato de la fiscal fue una vergüenza. Lleno de lesboodio. Llegó a decir que Higui era sucia y desaliñada y que se defendió como un hombre -detalla- Buscó patologizarla de todas las maneras posibles.
Para Carrasco, este fallo significa que las lesbianas pueden defenderse con un cuchillo si las atacan en grupo para golpearlas y violarlas.
-Es una defensa proporcional al ataque. Y ayer absolvieron a una lesbiana que se defendió frente al ataque de cuatro sujetos de tamaño y fuerza mucho más grande que ella.
***
La pregunta resuena una y otra vez ¿y ahora? ¿Cómo sigue la batalla de Higui? ¿Qué va a pasar con los otros varones que intentaron violarla y casi la matan?
-Higui ya hizo algo. Y la criminalizaron por eso- dice Conder.
Denunciar, exponerse, contar una y otra vez lo que pasó y que no le crean. ¿Hace falta?
-Ella quiere estar en su casa tranquila con sus perros y sus gatos. No quiere saber más nada de esto- confirma Conder.
***
-Higui se ganó solita el respeto de los jueces- dice Carrasco- Su inteligencia, su dignidad, su manera de comunicarse con respeto, su capacidad para explicar. Higui es inmensa, una luchadora gigantesca.
—Bueno, chicas, se acabó la joda. Vamos a casa.
Higui deja el micrófono y se ríe. Se apoya sobre el pecho una remera con una foto de sus tres perritos.
Ahora sí es libre. Y con ella, todas lo somos un poquito más.
Luego de tres extensas jornadas, la justicia absolvió a Higui quien en 2016 había matado a un hombre que intentó violarla.
“Estamos esperando el veredicto, así como me está esperando en casa mi nueva familia, cuando baje me voy a abrazar a todas ustedes, las quiero a todas. Gracias por todo el respeto y sabiduría que me mandan, con todo el corazón. Gracias». Esas fueron las palabras de Higui un rato antes de escuchar en la sentencia la palabra más esperada de toda su vida: «Absuelta».
Eva “Higui” de Jesús finalmente recibió la absolución en el juicio que se le seguía por haber matado a un hombre al defenderse de una violación grupal ocurrida en 2016 en la localidad bonaerense de Bella Vista.
El veredicto lo dio a conocer el Tribunal Oral en lo Criminal 7 de San Martín, luego de que la Fiscalía solicitara 10 años de prisión por “homicidio simple” y la defensa la absolución de esta lesbiana de 47 años.
“Absolvieron a #higui!”!, tuitéo Indiana Guereño, abogada y presidenta de la Asociación Pensamiento Penal, presente en la sala.
ULTIMO MOMENTO:
Absolvieron a Higui.
Luego de escuchar los alegatos, se decidió dar lectura de la sentencia, la en la que resultó absuelta de la acusación de homicidio que pesaba sobre ella por defenderse de una violación grupal. pic.twitter.com/pnljTyc3yZ
Al salir dijo, “Vamos a sacar más pibas, más chicas trans, más chicos trans de las cárceles. Vamos con todo, vamos que nos necesitan”, dijo al salir de Tribunales. “¿Dónde está Tehuel?”, gritó junto a un coro de militantes que la siguieron. “Justicia para todas las pibas trans y los chicos trans que están injustamente… Para el gatillo fácil, ¡que aparezcan los nietos! ¡Basta de injusticia, basta!”, gritó Higui, completamente emocionada.
Una larga jornada en tribunales
Después de más de tres horas de audiencia durante la cual desfilaron cuatro testigos y prestó declaración la propia Higui, los jueces Gustavo Varvello, Germán Saint Martin y Julián Descalzo decidieron adelantar los alegatos y el veredicto, previstos inicialmente para el martes.
En consecuencia, las y los manifestantes que desde hace tres días mantienen cortada la avenida Balbín al 1700 frente a los Tribunales para reclamar la absolución de esta cartonera y futbolista fortalecieron su presencia en el lugar para que se escuchara más fuerte el grito de
“Yo también me defendería como Higui”.
Antes de los alegatos, en la tercera jornada del juicio, había declarado una mujer policía que asistió a Higui en el lugar de los hechos y en la comisaría, tres peritos –dos oficiales y uno de parte- y la propia acusada, que pidió hacer uso de su derecho para proclamar su inocencia.
“Quería declarar, tenía muchas ganas de hacerlo. Me siento mejor”, dijo a la Agencia Presentes tras haber hablado al tribunal por poco menos de una hora, para reiterar su versión de los hechos de una manera “muy clara”, según testigos de la sala.
La última declaración testimonial del día fue la que ofreció el perito psiquiatra Enrique Stola, conocido por su militancia antipatriarcal y por haber sido el psiquiatra de los dos jóvenes que llevaron a juicio por abuso y lograron la condena del cura Julio César Grassi.
“Hice una fundamentación sobre el estrés post traumático, en tanto peritos oficiales como de parte coincidieron en la existencia de estrés post traumático en Higui”, dijo Stola en diálogo con Télam desde España, tras participar del juicio por videollamada.
“Creo que la Fiscalía quería demostrar que esto era producto de diferentes eventos traumáticos que tuvo Higui a lo largo de su vida y no por este ataque en particular, pero lo que yo señalé es que, si bien es cierto que todos han producido estrés post traumático, la sintomatología al momento de la evaluación tenía que ver con el último porque los flashbacks, las escenas que se le aparecían, las angustias, pesadillas todo estaba relacionado con el momento del ataque”, agregó.
Stola, quien participó durante la instrucción de la causa como perito de parte cuando la defensa de Higui era ejercida por Raquel Hermida Leyenda, explicó que “para que se constituya un estrés post traumático, la persona tiene que sentir que está frente a la posibilidad de muerte, ser agredida sexualmente o tener lesiones graves”, y en el caso del ataque en cuestión se habrían dado dos de estos elementos, “aunque con una solo basta porque son situaciones que “producen tal conmoción emocional, psicológica, afectiva que impacta en el cuerpo y el psiquismo produciendo ese estrés”.
“Lo que hice fue fundamentar que el estrés se debe a la agresión recibida y que si ella hubiese querido solo vengarse y matar y lo hubiera hecho, seguramente tendría culpa, porque no es una psicópata, y se sentiría deprimida por haberlo hecho, pero no tendría estrés postraumático. Si lo tiene, es porque fue atacada”, concluyó.
Por otro lado, y según pudo reconstruir Télam por fuentes judiciales, antes una mujer policía había dado fe durante su declaración de la magnitud de los golpes que había recibido Higui durante el ataque.
Se trata de una agente que estuvo en el lugar de los hechos apenas sucedieron y también en la comisaría junto a Higui.
“Esa policía dijo que estaba muy golpeada y que iban a cada rato a la celda a verla para que no convulsionara o para chequear que no estuviera quebrada. Eso es muy importante porque convalida el relato de Higui”, dijeron las fuentes.
Durante los días transcurridos de juicio, declararon siete amigos y familiares de Cristian Espósito (28) –el hombre fallecido-, incluyendo al otro atacante de Higui –de nombre Sandro- que también lo hizo como testigo.
“Según su relato, él estaba frente a Cristian y viene Higui detrás suyo y le da dos puñadas a Espósito –que estaba a un metro- pasando por encima de su hombro, porque sí, como de la nada. El tema es que Higui mide 1.50, Cristian medía 1.75 y Sandro 1.65 o 1.70, es como físicamente imposible lo que relata”, contaron fuentes judiciales.
Por otro lado, la perito forense ofreció detalles de cómo se produjo la única puñalada que resultó mortal, que desmienten lo asegurado a la prensa por la familia de Espósito -el hombre fallecido-: la hoja ingresó de frente a la altura del corazón y no por la espalda, como ayer describió la madre de la víctima y que podría hacer sospechar de un ataque a traición.
A pedido de la defensa, testimoniaron la abogada Claudia Spatacco, su psicóloga Raquel Disenfeld, sus hermanas Taty y Mariana, una vecina y el perito psiquiatra de parte Stola.
Además de las partes, en esta tercera y última audiencia tuvieron también la directora de protección del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad, Romina Chiesa; la veedora del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Indiana Guereño; la militante de la organización lésbica Las Safinas Viviana Figueroa; y psicóloga de Higui, Raquel Disenfeld.
Con dos años de retraso en relación a la primera fecha fijada para el juicio, Higui llegó a juicio acusada de “homicidio simple” por defenderse de una violación grupal correctiva el 16 de octubre de 2016 en Lomas de Mariló, un barrio vulnerable de Bella Vista donde había ido visitar a su hermana por el Día de la Madre.
Y a pesar de que ella denunció un intento de violación grupal y de que fue encontrada desvanecida en el lugar de los hechos, con traumatismos en diferentes partes del cuerpo, el pantalón y la ropa interior rotos; el hecho nunca se investigó como tal
Tras ocho meses presa, la Cámara de Apelaciones de San Martín le concedió la excarcelación extraordinaria gracias a una fuerte movilización para exigir su libertad.
La hermana menor, Lisette, se mantiene al frente de la lucha por justicia desde el 2019. La causa sigue siendo caratulada como suicidio.
Organizaciones de Tigre se manifestaron el pasado 17 de febrero frente a la Fiscalía de El Talar al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Micaela Fernández, de 14 años, integrante de la Comunidad Qom Yecthakay. Allí, también se realizó una radio abierta, que fue convocada por su hermana menor, Lisette, quien a partir de 2019 se puso al frente de la lucha por justicia. La causa actualmente está caratulada como suicidio y reclaman que pase a ser caratulada como femicidio.
“9 años y todavía no hay justicia. Siguen diciendo que mi hermana se suicidó cuando sabemos que no es así por las condiciones en las que estaba: con un tiro en la cabeza, en la casa de su proxeneta que ella anteriormente había denunciado que la tenía secuestrada”, señaló Lisette Fernández, en relación a Dante Pato Cenizo, quien poco después de la muerte de Micaela fue preso, pero por narcotráfico.
Lisette, ahora de 21 años, era una niña de 12 cuando su hermana falleció y tenía 13 cuando su mamá Nancy tuvo el mismo final: apareció sin vida en su casa en el barrio Las Tunas, con rastros de haber sido violada y muerta violentamente, luego de meses de recibir amenazas en su teléfono celular.
Entre los años 2014 y 2017, fue el padre y abuelo de las víctimas, Eugenio Fernández, ex trabajador del Frigorífico Ríoplatense y uno de los de los referentes históricos de la Comunidad Yecthakay, quien continuó con los reclamos. Falleció sin lograr esclarecer los casos ni tampoco otra de sus demandas: un territorio para que las familias puedan agruparse colectivamente.
«No estás sola: aquí las mujeres te vamos a acompañar así como un día acompañaron a tu madre», manifestó Cintia López, cacica de la Comunidad Qompi de Garín y una de las voceras de la Unión de Pueblos Originarios de Tigre y Escobar. Entre las personas presentes también estaba su abogada Paula Alvarado Mamani del Pueblo Kolla y representantes de otras organizaciones.
“Fue un desafío desarchivar una causa que estuvo parada muchos años. Lisette hoy figura parte del expediente y tiene las mismas facultades que el fiscal para poder llevar adelante la lucha por justicia”, explicó Alvarado Mamani en relación a la causa de Micaela que se tramita en la dependencia judicial de El Talar.
“Estamos tratando de cambiar la carátula a feminicidio, porque entendemos que hay una complicidad estatal”, manifestó Paula y contextualizó estos casos en el marco del genocidio sufrido por los pueblos originarios, remarcando que las mujeres indígenas “tenemos una triple discriminación: por mujer, indígena y pobre”.
Así mismo, la vocera de la Unión, Cintia López, agregó: «Desoyeron la voz de su abuelo, desoyeron la voz de su madre y hoy estamos aquí un grupo de mujeres, comunidades, hermanos, gritando ese pedido de justicia a este Estado que nos empobrece, continúa este genocidio, nunca terminó, no hay justicia para las mujeres de los pueblos ancestrales, negras, villeras, trans».
La convocatoria tuvo respaldo del gremio docente SUTEBA Tigre y diversos sectores sociales como la Comunidad Indígena Punta Querandí y la Comunidad Qompi (Unión de Pueblos Originarios), Marea Feminista de Tigre, Mala Junta Escobar, Peronismo Revolucionario, Pan y Rosas, Red contra la trata, Pibas por la abolición, Mumalá Tigre, Libres y diversxs, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Olla ‘Educar es combatir’ y Mariposas Auge.
El Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata a cargo de Santiago Martín, resolvió hacer lugar a la medida solicitada por ambientalistas.
(Foto: archivo / Qué digital)
A 40 días de la resolución del gobierno nacional que autorizó el desarrollo de tareas de exploración sísmica para la eventual explotación con petroleras a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, el titular del Juzgado Federal N°2, Santiago Martín, hizo lugar al dictado de una medida cautelar “sin límite temporal” y ordenó la suspensión de las tareas adjudicadas a la empresa Equinor al menos hasta que haya una sentencia definitiva en el trámite de la causa.
Sobre todo desde la emisión de la Resolución 436/2021 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a fines de 2021, numerosas expresiones de rechazo a la actividad sísmica -paso previo a la explotación petrolera- se sucedieron en Mar del Plata y en todo el país. Sin embargo, la judicialización de la cuestión finalmente impuso un freno al proyecto extractivista del gobierno nacional.
Ese freno, dictado por el Juzgado Federal N°2, se dio a partir del trámite de los amparos presentados en la Justicia por distintos actores contra la expansión de petroleras en Mar del Plata: ambientalistas autoconvocados, la Casa del Trabajador, la organización internacional Greenpeace y el propio Municipio de General Pueyrredon, a través de las dudas manifestadas por el intendente Guillermo Montenegro.
Así, entre los principales argumentos, el juez citó tres causas en particular que “motivan suficientemente” hacer lugar a la medida cautelar y la suspensión de las tareas: el nivel de información y participación ciudadana propuesto por el gobierno nacional, la falta de consulta a la Municipalidad de General Pueyrredon y las “falencias” del estudio de impacto ambiental derivadas de una “insuficiente proyección sobre los impactos acumulativos”.
A partir de ahora, el gobierno nacional podrá apelar la medida cautelar aunque, mientras continúa el trámite de la causa, lo cierto es que la empresa noruega Equinor deberá “abstenerse de iniciar las tareas de exploración vinculadas al proyecto referido hasta tanto se dicte sentencia definitiva”, reza la resolución de Martín.
La resolución firmada por el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, fue formalizada a través del Boletín Oficial el 30 de diciembre, declaró concluida la suspensión de plazos que se había dispuesto para el procedimiento de evaluación de impacto ambiental y dispuso la aprobación del proyecto llamado “Campaña de adquisición sísmica offshore argentina, Cuenca Argentina Norte (áreas CAN 108, CAN 100 y CAN 114)” para ser desarrollado por la empresa Equinor –que se asoció con YPF y Shell– “con los alcances que surgen de esas actuaciones de evaluación de impacto ambiental”.
A partir del rechazo que ya había empezado a exponerse contra el proyecto en la previa a la aprobación, a lo largo de las semanas fueron sumándose cuatro amparos en el Juzgado Federal N°2 de Mar del Plata, que justamente pedían como elemento en común el dictado de una medida cautelar que suspendiera la vigencia de la aprobación de la exploración sísmica focalizados principalmente en el potencial impacto de las tareas que, en esta primera etapa, no incluyen extracción petrolera.
El primer amparo había sido elevado por la Casa del Trabajador, el segundo lo presentó un grupo ambientalista autoconvocado, el tercero llegó de la mano del propio intendente Guillermo Montenegro y el cuarto fue formalizado por un conjunto de organizaciones como la Asociación de Surf Argentina, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas.
En ese marco, la titular de la Fiscalía Federal N°1, Laura Mazzaferri, había dictaminado de manera favorable al dictado de la cautelar solicitada para suspender la posibilidad del desarrollo de las tareas de exploración “hasta tanto se realice una evaluación ambiental estratégica y se dé cumplimiento estricto de todas las previsiones normativas en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional”.
En el marco de la causa judicial caratulada “POZZI, Liliana Graciela sobre averiguación de causales de muerte”, una respuesta oficial de la ANMAT confirmó que “el grafeno se encuentra dentro de los componentes” de la vacuna Covid 19 de AstraZeneca aplicada en el país.
El expediente original tramita en la Unidad Funcional de Instrucción número 3 del Departamento Judicial de San Martín e investiga el deceso post aplicación de vacuna de la señora Liliana Graciela Pozzi. La investigación es llevada adelante por el fiscal Carlos Insaurralde.
La vacuna investigada corresponde al lote CTMAV534, “Vacuna Covid 19 Vaccine AstraZeneca” que habría ingresado al país a través del mecanismo Covax en abril de 2021.
ANMAT confirma Grafeno como ingrediente de la vacuna COVID 19 de AstraZeneca – El Disenso
La confirmación del grafeno como componente de la vacuna fue realizada por la doctora Patricia Inés Aprea, Directora de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos del ANMAT, quien además sugiere acompañar rótulo o prospecto advirtiendo los componentes de la vacuna.
Doctora Patricia Aprea de ANMAT – El Disenso
El documento, en formato PDF, cuenta con la firma digital de Gestión Documental Electrónica. Desde El Disenso verificamos su autenticidad ingresando al sistema GEDO de ANMAT, ingresamos el número: IF 2021 120912800 APN-DECBR#ANMAT y a través del visualizador público accedimos al informe que fuera dado a conocer públicamente por el abogado Miguel Iannolfi y el doctor Marcelo Martínez, genetista.
Viso GEDO ANMAT – El Disenso
Esta nueva data clausuraría un debate, que ya había sido clausurado por el portal de verificación Chequeado, cuando confirmó en al menos dos oportunidades que “Ninguna de las vacunas contra el coronavirus tienen grafeno“.
Chequeado confirma (ba) que las vacunas no poseen grafeno
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