El anuncio fue hecho este jueves por el presidente Alberto Fernández y publicado hoy en el boletín oficial. Está destinado a los menores que viven en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado como familias de acogimiento, de tránsito o solidaria.
El Gobierno nacional oficializó este viernes el anuncio hecho ayer por el presidente Alberto Fernández para que niños y adolescentes sin cuidados parentales que viven en residencias, hogares o dispositivos similares puedan acceder a la AUH.
La iniciativa, publicada hoy en el Boletín Oficial, define el «efectivo acceso a los recursos de la seguridad social de todo niño, niña y adolescente respecto del cual se hubiera adoptado una medida de protección excepcional y permanezca en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada», o en instituciones familiares.
La medida establece el pago mensual de un monto equivalente al 100% del valor general de la Asignación Universal por Hijo «para Protección Social para los niños, las niñas y adolescentes hasta los 17 años de edad inclusive, o del 100 % de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, si cuentan con Certificado Único de Discapacidad vigente, siempre que se hubiera adoptado una medida de protección excepcional respecto de ellos y ellas, y permanezcan en dispositivos residenciales de cuidado, de gestión pública o privada, o en dispositivos familiares de cuidado».
Para hacer efectivo ese pago, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solicitará a las entidades financieras con las que tenga convenios de pagos vigentes, la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de la prestación y la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia del ministerio de Desarrollo Social suscribirá convenios bilaterales con las 24 jurisdicciones del país, en los que establecerá la modalidad de intercambio de información y el procedimiento administrativo correspondiente.
En supuestos de niños hasta los 12 años de edad inclusive, la cuenta bancaria estará a nombre de un referente designado por el órgano administrativo competente local, que será la única persona habilitada para administrar y disponer de los fondos.
A partir de los 13 años de edad, «si el órgano administrativo competente local considerase que el o la adolescente cuenta con el grado de madurez suficiente para percibir y administrar por sí mismo o por sí misma la asignación correspondiente, se procederá a poner el pago a su nombre» y .»preferentemente, la persona designada para la administración y disposición de los fondos será un referente afectivo o una referente afectiva del niño, de la niña o adolescente».
Por otra parte, «si el o la adolescente se encontrase incluido o incluida en el Programa de Acompañamiento para el Egreso de Adolescentes y Jóvenes sin Cuidados Parentales, el o la referente para la apertura y administración de la cuenta bancaria será la misma persona que cumple la función de acompañante en el marco de ese programa».
El decreto explica también que el referente designado como titular de la cuenta bancaria recibirá el trato de quien actúa en representación del niño y «podrá ser nombrado o nombrada con independencia de su condición laboral o previsional» en tanto «la condición de titular de la cuenta bancaria no tendrá efectos de naturaleza tributaria».
A su vez, se establece un límite para cada referente designado: no podrá ser representante de más de diez personas menores de edad y «en virtud del principio de autonomía progresiva, conforme la edad del niño, de la niña o adolescente y su grado de madurez, el referente designado deberá tener en cuenta su opinión con relación al destino de los fondos».
La norma aclara también que esos fondo recibidos no podrán ser utilizados para rubros que «por imperio legal, deban ser afrontados por el dispositivo residencial o familiar de cuidado» y que «serán aplicados para la promoción del derecho a la educación, al juego, al deporte, al arte, al acceso cultural, a la tecnología, a actividades y consumos culturales y recreativos».
Diputados nacionales del Frente de Todos adelantaron que impulsarán un proyecto de ley para incorporar la figura del “lawfare” al Código Penal, con la intención de fijar penas de hasta 10 años de cárcel “a los letrados que actúen con malicia y afecten los derechos políticos de las personas”.
La iniciativa para incorporar el lawfare al Código Penal fue elaborada por la diputada nacional Gisela Marziotta y el titular de la comisión de Seguridad Interior y espada parlamentaria del Frente Renovador, Ramiro Gutiérrez, ambos representantes del Frente de Todos.
Los diputados del oficialismo presentarán el proyecto de ley esta semana al bloque oficialista para empezar a reunir consensos. El primer avance en la elaboración de la iniciativa para incorporar el lawfare al Código Penal tuvo lugar el jueves pasado en una audiencia pública.
En el encuentro para discutir la iniciativa, que fue organizada por Marziotta, intervinieron especialistas, expertos en Derecho constitucional, el diputado Gutiérrez y la secretaria parlamentaria del bloque del Frente de Todos, Paula Penacca.
Consultado por la propuesta, Gutiérrez contó que el proyecto para incorporar el lawfare a la ley penal se impulsará esta semana y que hasta entonces continuarán con la tarea de actualizar el delito de prevaricato, tipificado en los artículos 269, 270, 273 y 274 del Código Penal.
A su vez, el diputado del Frente de Todos dijo que incluir el lawfare al Código de Enjuiciamiento Criminal permitiría incorporar las “acciones basadas en la malicia con la finalidad de cercenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales políticos”.
El diputado nacional del Frente Renovador de Sergio Massa también señaló que las penas que prevén en el proyecto abarcarían al “juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente”.
Por su parte, Marziotta justificó la presentación del proyecto al plantear que el lawfare constituye un “vacío legal” para el funcionamiento de los poderes del Estado, que representa un riesgo muy grande. “Es un peligro para todo el sistema democrático porque no hay democracia”, puntualizó.
Por esa razón, la legisladora del Frente de Todos detalló que “hay un plan detrás del lawfare” y que por ello “la idea es convertirlo en un delito penal, tipificándolo para que sea penalizado”. “No se puede aceptar que se utilice el poder judicial en forma maliciosa“, subrayó Marziotta.
Por otra parte, desde el oficialismo reconocieron que es poco probable que un proyecto así avance en el recinto, dada la extrema paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio (JxC), aunque señalaron que el primer objetivo es instalar el lawfare en el debate en la agenda pública.
En los últimos tres años, el Frente de Todos no pudo hacer avanzar ninguna reforma de la Justicia, ya que los cambios por el oficialismo no solo son rechazados por JxC, sino que tampoco los acompañan el interbloque Federaly la mayoría de las bancadas provinciales.
Justamente, estos rechazos sucedieron cuando el oficialismo quiso avanzar en la reforma de la Justicia, del Ministerio Público Fiscal y en los cambios en el Consejo de la Magistratura.
La Secretaría de Energía anunció los detalles del nuevo esquema de subsidios al consumo de gas, electricidad y agua, que incluye la segmentación de tarifas de acuerdo a los ingresos de los usuarios, con un tope de referencia para incentivar la eficiencia y el ahorro energético.
En ese sentido, la flamante secretaria de Energía, Flavia Royón, sostuvo que la segmentación de tarifas se enmarca en la necesidad de “concientizar que la energía y el agua es un recurso que hay que utilizarlo racional y sustentablemente”. “Lo que tratamos de plantear es que llegue el subsidio a quien más lo necesita”, agregó.
Con el registro de usuarios que pidieron mantener los subsidios, el Gobierno pudo identificar tres categorías por niveles de ingreso: el Nivel 1 consiste en los usuarios de mayores ingresos y gente que no solicitó su registración, es decir, unos 269.000 hogares.
La secretaria de Energía Flavia Royón junto al ministro de Economía, Sergio Massa, los días previos al anuncio de segmentación de tarifas.
En tanto, el Nivel 2 lo componen más de 2,8 millones de hogares, los cuales son usuarios de menores ingresos registrados y provisoriamente se incluirán beneficiarios de la tarifa social. Finalmente, el Nivel 3, de clase media, con 2,6 millones de hogares.
Según precisó Royón, el aumento promedio en materia de energía, sumando electricidad y gas, va a estar alrededor de $ 1.200, y que, con la segmentación de tarifas, se estima un ahorro fiscal “de $ 47.500 millones para 2022 y de $ 455.000 millones en base anualizada”.
Con relación a esto, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti,sostuvo que con la nueva segmentación de tarifas “logramos acercarnos al orden fiscal que necesitamos en materia de subsidios”. “Se busca incentivar el ahorro del recurso”, remarcó.
Junto a la Royón y Yanotti, estuvieron en el anuncio en el Palacio de Hacienda el secretario de Finanzas, Raúl Rigo, la presidenta del directorio AYSA, Malena Galmarini, el subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal y la subsecretaria de Planeamiento Energético, Cecilia Garibotti.
Segmentación de tarifas: gas natural
El subsecretario de Hidrocarburos, Federico Bernal, informó que para aquellos usuarios de nivel 1, es decir, los sectores de mayores ingresos, la quita del subsidio será total y el aumento del gas será del 167%.
Por ejemplo, si se toma el valor de un consumo promedio, con una factura de $1.650 en junio, la tarifa de gas se incrementará $338 en septiembre, $468 en noviembre y $649 en enero de 2023.
Para el Nivel 3, de ingresos medios, se subsidiará un volumen equivalente al 70% del promedio de los umbrales mínimo y máximo de cada categoría y subzona. El excedente a esos topes (cuyas medidas varían según las regiones del país) no va a tener subsidio.
Los aumentos para los Niveles 1 y 3 se aplicarán gradualmente en tres bimestres (a partir de los consumos del 31 de agosto, octubre y diciembre), mientras que a las usuarias del Nivel 2 se les mantiene la tarifa de gas vigente.
“El aumento será escalonado, en septiembre, noviembre y enero. Construimos un promedio para cada subzona que surge del umbral mínimo y máximo y cada uno de esos promedios los mensualizamos y los adaptamos a cada subzona tarifaria y a cada categoría de usuario”, precisó Bernal.
Segmentación de tarifas: luz
Por su parte, el subsecretario de Energía Eléctrica, Santiago Yanotti, informó que para el nivel 1 “del 100% del subsidio que hoy tienen se le va a retirar en la primera etapa el 20%“, mientras que los usuarios del nivel 2 mantendrán los subsidios.
Como quedará la tarifa de luz con un promedio de uso de 300 kWh por mes.
Para el nivel 3 se subsidiarán hasta los primeros 400 kWh mensuales, afirmó, “y por arriba de ese tope el incremental va a perder el subsidio y va a ir al mismo precio que el nivel no subsidiado”. “El promedio en Argentina es de menos 300 kWh mensuales, con lo cual entendemos que con 400 kWh entra más del 70% de la demanda“, detalló Yanotti.
Según el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), se anotaron 8.890.998 usuarios para mantener las tarifas diferenciales de luz: en el nivel 1 fueron 399.156, un 4,49% del total; en el nivel 2 se inscribieron 5.040.120 (56,69%) y en el nivel 3 fueron 3.451.722 (38,32%).
Segmentación de tarifas: agua
En el caso del servicio de agua, para los usuarios de la empresa Aysa la quita de subsidios será total a partir de noviembre para los usuarios residenciales y terrenos localizados en las zonas calificadas como de ingresos “altos”.
Para los usuarios localizados en zonas calificadas como “medias” la quita de subsidios se hará en tres etapas: tendrán 40% desde el 1° de noviembre y hasta el 31 de diciembre de 2022; luego, el 20% desde el 1° de noviembre de 2022 y hasta el 28 de febrero de 2023. Y finalmente la eliminación del subsidio desde el 1° de marzo de 2023
En tanto, los usuarios que ya cuentan con tarifa social y comunitaria quedarán exceptuados de la segmentación y no perderán el beneficio.
La propuesta de Aysa incluye hacer explícito el monto subsidiado que se incluye en cada factura a partir del 1° de noviembre. La reducción de subsidios será diferenciada y gradual, señaló Galmarini. “Será progresiva y paulatina para algunos de los usuarios”, remarcó.
Beneficiaría en su etapa inicial a 200 mil personas. Es una iniciativa de Massa, que permitirá al sector empresario contratar personal y afrontar parcialmente el pago de los salarios durante un año.
El Gobierno establecerá un programa para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios.
El proyecto, que tiene la intención de beneficiar inicialmente a cerca de 200 mil personas, fue elaborado por el equipo del ministro de Economía, Sergio Massa, y se denomina «Puente Empleo» para la «Transformación de Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en Trabajo Formal de Calidad», confirmaron fuentes de esa cartera.
La iniciativa consiste en que «los titulares de programas sociales y de empleo nacionales vigentes que sean contratados por un empleador y que cumplan con la capacitación y los cursos de formación que se establezcan (dependiendo del tipo de empleo) podrán seguir percibiendo los beneficios y prestaciones que otorgan dichos programas por un año y el empleador completará el resto para llegar al salario de convenio», explicaron las fuentes. También destacaron que «el programa ‘Puente Empleo’ se establecería por DNU para darle mayor seguridad jurídica».
La iniciativa actual dispone que «el trabajador mantiene de manera temporal por un año la estabilidad del plan. Al año el trabajador debe decidir si mantiene el plan u opta por el trabajo formal con obra social, ART y todos los beneficios de estar en el mercado laboral».
En cuanto a los beneficios para los empleadores, «por un año el Estado se hace cargo de parte del salario (la parte del plan que se mantiene)», añadieron los voceros de Economía. El programa «Puente al Empleo», destacaron, «apunta a incorporar 200 mil trabajadores de la economía social».
«Fundamentalmente, se busca que las incorporaciones se den en empleadores de hasta 100 trabajadores, que son el 98% del total de los empleadores según las últimas estadísticas a mayo publicadas por el Boletín de Seguridad Social», añadieron.
Este programa, dijeron las fuentes, «permite avanzar en sectores de la economía donde muchas veces el temor a perder el plan hace que la persona no quiera incorporarse al mercado laboral formal, como ser trabajadores del citrus, arándano, construcción, trabajadores rurales, tabaco y demás economías regionales».
Los detalles para terminar de diseñar el plan Puente Empleo fueron analizados por los expertos del equipo económico de Massa el viernes pasado en una reunión que se extendió hasta la madrugada del sábado. También hubo reuniones el sábado y este domingo incluso en oficinas del Frente Renovador que lidera el ministro, en Avenida del Libertador al 800.
Poco después de ser designado en Economía, Massa dijo que el Gobierno va a trabajar en el reordenamiento de los planes sociales. Anticipó en ese sentido este proyecto por el cual «aquel que tiene un plan ingresa a una empresa y mantiene durante un año el plan como base» mientras el empleador «paga la diferencia del salario de convenio más la ART y la obra social».
«Sobre los planes sociales encararemos una política de reordenamiento durante los próximos 12 meses, poniendo foco en tres ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de cooperativas y protección en caso de situaciones de vulnerabilidad», afirmó en esa ocasión.
En octubre del año pasado, cuando era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Massa, presentó un proyecto de ley con el mismo objetivo: convertir los planes sociales en empleo genuino.
«Estamos promoviendo una herramienta que permite a las pymes, a las provincias, a los municipios y a los actores de la economía popular tomar el plan como parte del salario y que el trabajador tenga el acceso a la obra social, al aporte jubilatorio y a su seguro», explicó entonces en un video, cuando presentó el proyecto.
El Presidente hizo estas declaraciones al encabezar la firma de contratos para las obras civiles del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
El presidente Alberto Fernández dijo hoy que «nunca más» las tarifas en la Argentina deben estar «dolarizadas», al encabezar en Salliqueló la firma de contratos para el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.
«No queremos que las tarifas en la Argentina estén dolarizadas. Nunca más las tarifas dolarizadas.»
Tenemos nuestro gas que podemos distribuir y que los argentinos nos paguen en pesos, a precios razonables», sostuvo el mandatario durante el acto, en el que destacó que la obra del gasoducto «le hace falta a la Argentina; no al Gobierno de Alberto Fernández».
«Acá estamos dando una prueba de que no es todo lo mismo. No me iría yo tranquilo de la presidencia si esta obra no se hubiera hecho, no estaría en paz conmigo mismo»,
sostuvo el Jefe de Estado acompañado por los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof, de La Pampa, Sergio Zilliotto, de Neuquén, Omar Gutiérrez, y el vicegobernador de Río Negro, Alejandro Palmieri; los ministros de Economía, Sergio Massa, y de Interior, Eduardo de Pedro; la secretaria de Energía, Flavia Royon y el titular de Energía Argentina, Agustín Gerez.
En otro tramo de su discurso Alberto Fernández destacó que la construcción del gasoducto Néstor Kirchner
«se está pagando con los recursos que dieron las grandes fortunas de la Argentina a partir de la ley de aporte solidario».»A esa grandes fortunas debemos darle las gracias también.
No podríamos haberlo hecho sin la ley que impulsó Máximo (Kirchner) y que se sancionó cuando Sergio (Massa) presidia la Cámara de Diputados», dijo Fernández en Salliqueló.
Está previsto que el Gasoducto tenga en su primera etapa una extensión de 583 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueó (Buenos Aires), atravesando las provincias de Rio Negro y La Pampa, con un caño de 36 pulgadas.
También incluye obras complementarias como el gasoducto Mercedes-Cardales de 73 kilómetros (de 30 pulgadas), la ampliación de un tramo del NEUBA II en la provincia de Buenos Aires de 29 kilómetros (de 30 pulgadas) y una planta compresora en Cardales de 15.000 hp.
Se estima que su implementación incremente la producción de Vaca Muerta (segunda reserva de gas no convencional del mundo) y transportarlo a los centros de consumo.
Gracias al gasoducto se podrán ahorrar 2.200 millones de dólares al año entre sustitución de importación de combustibles y reducción de subsidios.
La reestructuración de las carteras de Economía, Producción y Agriculturaque quedarán a partir de la semana que viene concentradas en manos de Sergio Massa generaron un efecto dominó de enroques de nombres, renuncias y cambios.
Dos novedades de este viernes por la tarde fueron la designación de como vicejefe de Gabinete al actual jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos, y la renuncia del economista Martín Pollera como secretario de Comercio Interior de la Nación.
Pero cambios en el Gobierno no terminan ahí. Esta tarde trascendió que se evalúa unificar los ministerios de Transporte y de Obras Públicas y Massa confirmó que el lunes comenzará a seleccionar a su equipo de colaboradoresy que el miércoles dará a conocer las primeras medidas económicas.
El presidente Alberto Fernández designó hoy como vicejefe de Gabinete al actual jefe de asesores de la Presidencia, Juan Manuel Olmos.
El actual vicejefe de Gabinete, Jorge Neme, se incorporará a la estructura del nuevo ministerio de Economía que encabezará Massa.
El Presidente y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, acordaron que Olmos, actual jefe de asesores de la Presidencia y uno de los hombres de más confianza del primer mandatario, pase a revistar como vicejefe de Gabinete en reemplazo de Jorge Neme, que irá a la estructura de Economía.
El cambio fue sugerido por Manzur para trabajar junto a uno de los hombres del Presidente que tiene más experiencia en el manejo de los temas del Estado, y con quien tiene además una excelente sintonía, ya que los une una relación política y de afecto de muchos años.
A su vez, el pase de Neme al equipo económico obedece a la decisión de encomendarle un área de la nueva cartera económica que se especializará en la búsqueda y promoción de inversiones, tarea que responde a su perfil y antecedentes.
Fuentes cercanas a Manzur indicaron que Neme tiene una vasta experiencia en estos temas y recordaron que dirigió durante casi 14 años -entre 2002 y 2015-, los programas de inversión en el Ministerio de Agricultura y fue secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería entre 2019 y 2021.
Pollera, 23 días en Comercio Interior
El economista Martín Pollera presentó hoy su renuncia al frente de la Secretaría de Comercio Interior, luego de haber asumido el 6 de julio como parte del equipo que acompañará la gestión de la ex ministra de Economía Silvina Batakis.
El economista Pollera duró apenas 23 días, en reemplazó a Guillermo Hang, quien estuvo algunos más, 44 días, tras ocupar el lugar de Roberto Feletti, y resolver en lo inmediato la extensión del programa de Precios Cuidados.
Pollera es un economista formado en la Universidad Nacional de La Plata que colaboraba con Silvina Batakis antes de que esta fuera nombrada titular de la cartera de Economía.
El cargo que ejercía con anterioridad era el de subsecretario de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional en el Ministerio del Interior, conducido por Eduardo “Wado” de Pedro.
La secretaria de Cambio Climático habla sobre el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación 2030, y en qué consistirá el programa oficial de transición energética.
Hacía 15 años que Cecilia Nicolini vivía afuera, incluyendo una beca en Madrid y una maestría en Administración Pública en Harvard, cuando recibió la propuesta del presidente Alberto Fernández en 2019 para que lo asesorara en una gira por España y Portugal. Entonces, decidió volver.
Nicolini, licenciada en Ciencias Políticas, es una de las funcionarias más valoradas puertas adentro, con virtudes que escasean en el Gabinete: gestión y política. Lo demostró en las negociaciones por la llegada de las vacunas en Rusia junto con Carla Vizzotti, y ahora le toca revalidarlo en un nuevo cargo extremo: ser secretaria de Cambio Climático dentro del Ministerio de Ambiente. Los objetivos son enormes y transversales: promover la transición del país hacia un modelo de desarrollo sostenible y lograr coordinar que las acciones de cada área del gobierno tengan en cuenta este factor que ya es una realidad en el país y en el mundo. La funcionaria, asesora clave del presidente, anunció en diálogo con Tiempo una inversión de 8000 millones de dólares para esos objetivos y un plan de transición energética que incluirá reconversiones productivas y “soluciones colectivas, con la gente adentro”.
–A veces suena muy abstracto el cambio climático. ¿A través de qué acciones concretas se puede combatir?
–Para el presidente, la cuestión climática es una prioridad, una política de Estado que se ha manifestado en su participación a nivel internacional, compromisos que ha hecho la Argentina, sobre todo en la última Cumbre de Glasgow, y también porque es una cuestión que la sociedad está demandando cada vez más. Y se trata de una solución colectiva, lo cual lo hace mucho más compleja. Principalmente, estamos trabajando en el plan que propusimos para este año y compartimos a través del Gabinete Nacional del Cambio Climático (que tuvo su primera reunión esta semana). Por un lado, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación para el año 2030, que se está abordando con todos los demás Ministerios, con las provincias, organizaciones de la sociedad civil, con el sistema científico tecnológico, para poder identificar cuáles son los desafíos, dotarlos de contenidos, acciones y políticas públicas concretas que permeen en el territorio, que le lleguen a la gente, y sobre todo cuantificar: entender cuál es el costo que vamos a tener si no la enfrentamos debidamente. Se hizo mucho esfuerzo en los últimos años en lo que tiene que ver con mitigación, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora lo que intentamos, y hacemos principal hincapié como prioridad para estos próximos años, es el Plan de Adaptación. Poder adaptar nuestro territorio a que sea más resiliente y pueda soportar mejor el impacto que tienen en la vida de las personas los fenómenos extremos que ya estamos evidenciando fruto del cambio climático. Por otro lado, estamos trabajando en la estrategia para alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, que también es un desafío enorme, en respuesta a lo que demanda la sociedad. Esos planes desde ya que atraviesan el desarrollo y el crecimiento productivo de un país. El desafío es cómo hacemos que ese desarrollo sea cuidando el ambiente, con inclusión, que sea justo, con igualdad y con toda la gente adentro. Para eso estamos trabajando en 6 líneas estratégicas que engloban esa transición justa: la energética, el transporte sostenible, la conservación de ecosistemas y recursos naturales; pensar las transiciones y reconversión productiva. Para poder tener un desarrollo sostenible no podemos seguir produciendo y consumiendo como hacíamos en el siglo pasado. Después, el trabajo con sectores de gran importancia para Argentina como la agricultura, ganadería, la pesca y los bosques, todo con enfoques transversales que le damos a nuestras políticas, como el de géneros y diversidad, y la cuestión federal; pensar el análisis de la gestión del riesgo: cómo las poblaciones más vulnerables están más expuestas a las amenazas del cambio climático.
–¿Se puede desarrollar en un país que arrastra años de urgencias económicas?
–Siempre es un lugar común decir que las crisis son oportunidades, pero realmente cuando una ve las necesidades de la transición en estos contextos tan complejos a nivel mundial, hay muchas oportunidades de que algunos de estos cambios y transformaciones se puedan acelerar. La transición es un rompecabezas de necesidades y restricciones que tenemos que armar con un enfoque sostenible. Sin dudas la salida es integrando a todos los protagonistas y escuchando a todos los sectores, y con todos aquellos que desarrollan, diseñan e implementan las políticas públicas. La transición energética hay que llevarla adelante pero también atendiendo a la seguridad energética del país, a la equidad en el acceso a la energía, trabajar en impulsar el desarrollo tecnológico para que podamos desarrollar la cadena productiva de esos bienes con mayor valor agregado y eventualmente también exportar, porque se requieren muchas divisas. Las transiciones son muy costosas, pero también es muy costoso no hacerlas. Cualquier desarrollo de país si no tiene un enfoque ambiental y de sostenibilidad, no puede ser justo.
–¿De dónde pueden salir hoy las divisas para hacerlo en el actual escenario mundial?
–Es una de las grandes demandas que desde Argentina tenemos activamente a nivel internacional, junto con muchos países en vías de desarrollo, y con vecinos de la región con quienes nos reunimos a trabajar en negociaciones colectivas. Los países desarrollados se comprometieron hace muchos años a desembolsar la inversión mínima de 100 mil millones de dólares por año, para apoyar a los países con menos recursos, entendiendo que estos países desarrollados son los que históricamente, y algunos actualmente, más contribuyeron al calentamiento global. Lo que haga la Argentina o cualquier otro país afecta a la Tierra en su conjunto. En eso, hay cosas concretas: para este año vamos a tener una inversión de más de 8000 millones de dólares en financiamiento externo de organismos multilaterales de crédito para proyectos de adaptación y mitigación, que específicamente traten de adaptar el territorio, o mitigar las emisiones de efecto invernadero, con obras, sistemas hídricos, eficiencia energética, gestión agroalimentaria, las rutas de turismo natural. El turismo natural y sostenible es también otra fuente de generación de divisas.
–¿Es optimista de las metas a nivel internacional? Los fondos ambientales parecen haberse relegado primero por la pandemia y ahora por los gastos en material bélico de las grandes potencias.
–Cuando hace unas semanas escuché que el gobierno alemán proponía invertir cien mil millones de dólares en Defensa para enfrentar la situación del conflicto bélico, generó un poco de pesimismo, porque es la misma cifra que se viene pidiendo a los países desarrollados como inversión en fondos ambientales para países en vías de desarrollo. Sin embargo, no puedo no ser optimista. Porque cuando en mi rol anterior trabajamos para poder adquirir vacunas en una situación tan difícil como era la pandemia, la escasez de vacunas, la incertidumbre en cuanto al desarrollo y las restricciones financieras, si era pesimista no hubiésemos podido alcanzar todo el esfuerzo para conseguir lo que necesitamos. Siempre tiene que haber una pisca de optimismo que te motive a empujar y pelear por esos temas, pero a su vez con el realismo que significa poder ser creativos, encontrar diferentes mecanismos, entender que esto será una transformación que tenemos que lograr también a nivel país. Estamos trabajando en un proyecto muy interesante con el Ministerio de Economía y Jefatura de Gabinete identificando todas las inversiones que hacemos a nivel nacional en infraestructura, bienes de capital, con las provincias, para “etiquetar” aquellas que tienen una perspectiva climática, y así impulsarlas. Hay que atacar todos los frentes. Hay que promover las inversiones en energía renovable con financiación, en un lugar como la Argentina donde el potencial de generación eléctrica a través de energías renovables es muy alta, con vientos constantes, con la posibilidad que se abrió ahora del hidrógeno verde, sobre todo para exportación, con la calidad para instalar paneles solares, sobre todo en el norte del país. Hay lugar para el optimismo, porque también la sociedad argentina, el gobierno y el sector privado, han tomado consciencia de esta necesidad.
–Hay zonas del país donde el uso de energía renovable está arraigado. Pero en los centros urbanos aún cuesta encontrarlas, se promocionan poco o los valores aún no son tan accesibles.
–Es una de las prioridades que tenemos. Uno de los primeros planes que va a salir es el de transición energética. Tiene muchos componentes. Por un lado, trabajar en el mix energético que tiene la Argentina e impulsar cada vez más inversiones en el sector de las renovables. También en proyectos de energía distribuida, y en los costos de los productos. El dato positivo es que hace unos años el precio de las renovables era el doble que el actual. La famosa Ley de Moore, esperamos que siga bajando y sea cada vez más accesible, pero tiene que estar acompañado de mayor inversión en infraestructura y de un plan de eficiencia energética: cómo hacer que consumamos cada vez mejor. Eso también traerá beneficios. También identificando los desarrollos tecnológicos que podamos tener en Argentina que puedan sumar a la cadena de valor de las renovables, con componentes producidos y desarrollados en el país. Eso abaratará los costos. Es una prioridad y un objetivo muy plausible de alcanzar.
–Con Corrientes volvió a ponerse de relieve la necesidad de una Ley de Humedales. ¿Puede haber novedades este año?
–Esperemos que sí. Desde el Ministerio se viene haciendo un trabajo muy pormenorizado con el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), para poder tener una Ley de Humedales. Identificarlos, que cada provincia haga los inventarios, y que el desarrollo productivo de cada jurisdicción tenga en cuenta las posibilidades del lugar en el que se instale, con adecuaciones, o identificando aquellos donde no puede haber actividad productiva. Pero a todo esto hay que darle una visión global. En transición energética, por ejemplo, para todo lo que es desarrollo de energías renovables se requieren algunos minerales. En muchos sitios donde hay proyectos de minería hay que tenerlos en cuenta para poder desarrollar también la industria de renovables, eólica o solar. Todo es un círculo con diferentes aristas y relaciones. Es importante que salga la ley este año, pero que tenga criterios comunes establecidos con las provincias para que sea factible en la práctica y podamos cumplir los objetivos.
–¿Cuál es tu opinión sobre los debates que hubo en Chubut con la minería o en Mar del Plata con la exploración marítima petrolera?
–Es muy importante que tengamos los debates. En todo lo que sea desarrollo productivo con impacto ambiental la ciudadanía tiene que tener voz y formar parte de ese proceso. En el caso de la política minera o energética, nuestro rol desde Ambiente es, sobre todo, trabajar lo que tiene que ver con la evaluación ambiental y garantizar los máximos estándares. Y que también haya más acceso a la información, creo que muchas veces falta ese aspecto y hay que trabajarlo mucho más. Y tener en cuenta que es un debate en el que se tienen que escuchar las diferentes voces.
–Para combatir el cambio climático se necesita de una reconversión global que afectará intereses de grupos de poder.
–Sí, por supuesto, pero por eso creo en la política como un espacio de transformación, donde podamos defender el bien común, y sobre todo los más vulnerables, que son en quienes impacta mucho más el cambio climático, las sequías, inundaciones, faltantes de energías. Vamos a tener que enfrentar a grandes intereses, pero creo en la política dentro de un país democrático que tiene leyes, reglas, y por eso atañe a todo el gobierno nacional y a la sociedad, a las empresas, al sistema científico y a las provincias. No se trata de una sola persona. Tenemos que dar la discusión. Identificar los intereses. A nivel global también se ve. La ecuación es perfecta: tenemos países que son acreedores ambientales y deudores financieros, y otros que son acreedores financieros y deudores ambientales. Por eso las soluciones son sistémicas, tener una transición justa, ver el futuro del empleo, cómo preparar a las personas para que tengan trabajo en nuevos sectores que emerjan, poder incentivar una política positiva y controlar a quienes no cumplen. «
La enseñanza que deja lo sucedido en Corrientes
¿Qué enseñanza deja lo sucedido en Corrientes? Responde Nicolini:
«En el Ministerio de Ambiente somos coordinadores de políticas y de acciones transversales que tienen que contener los tomadores de decisión, entre ellas las provincias. Tenemos que hacer un trabajo muy cercano con cada jurisdicción para identificar sus particularidades y desafíos. Cada respuesta y plan de adaptación tiene que ser acorde a las necesidades e impactos de cada territorio, y a las particularidades productivas de cada lugar.
Lo de Corrientes, la enseñanza que nos deja es que el cambio climático está aquí, ya no es una agenda del futuro, como se planteaba antes. Y es cada vez más importante reconstruir mejor.
Si reconstruimos igual, los incendios van a seguir apareciendo.
Vamos a poder mitigar mucho más su impacto con buenas prácticas que establezca cada provincia. En el desarrollo productivo, en la conservación de las áreas protegidas, en una coordinación cada vez más eficiente entre las jurisdicciones. La mayor enseñanza es que es un trabajo colectivo y las soluciones tienen que ser colectivas. Es muy difícil dar respuesta a estas crisis globales desde espacios aislados».
Sanciones y escuelas
–Como se ve con la contaminación en el Riachuelo, una efectiva política de cambio climático debe contener más controles y sanciones a sectores que no cumplan. ¿Eso está contemplado?
–Por supuesto. Es también una prioridad. Todas las normas ambientales de control y monitoreo se tienen que cumplir cada vez más. Y si no, las sanciones deben ser ejemplificadoras. Una línea estratégica que estamos trabajando es la transición productiva, con planes de reconversión industrial, acompañando sobre todo a pequeñas empresas, para que puedan producir diferente.
–¿Y en las escuelas cómo es el trabajo de concientización?
–Las grandes transformaciones para un cambio cultural tienen a la educación como protagonista. En la escuela lo ambiental no es un elemento más, se debe ver desde el inicio. Lo marca la Ley de Educación Ambiental Integral que estamos implementando desde el Ministerio.
El Presidente, a través de un mensaje grabado, será parte de la sesión de apertura oficial de la Naciones Unidas. Está estipulada su intervención para las 12.30.
Alberto Fernández disertará en la ONU
El presidente Alberto Fernández participará este jueves, a través de un mensaje grabado, de la sesión de apertura oficial de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios 2021, informaron fuentes del Gobierno.
Su intervención será a las 12.30, dijeron los voceros de la Casa Rosada.
Al momento de anunciar la cumbre sobre Sistemas Alimentarios, la ONU había indicado que se convocaba como «parte de la Década de Acción para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de aquí a 2030«.
«La Cumbre pondrá en marcha medidas nuevas y audaces para avanzar en el logro de los 17 ODS, cada uno de los cuales depende hasta cierto punto de sistemas alimentarios más saludables, sostenibles y equitativos», sostuvo la ONU.
En esa ocasión mencionó los siguientes objetivos:
-«Generar medidas importantes y avances cuantificables en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La Cumbre logrará dar con soluciones y líderes, y hará un provechoso llamamiento a la acción en todos los niveles del sistema alimentario, entre ellos los gobiernos nacionales y locales, las empresas y los ciudadanos.
-«Concienciar e impulsar el debate público acerca de cómo la reforma de nuestros sistemas alimentarios puede ayudarnos a todos a lograr los ODS mediante la aplicación de reformas que son buenas para las personas y el planeta.
-«Elaborar principios que orienten a los gobiernos y otros interesados que deseen aprovechar sus sistemas alimentarios para apoyar los ODS. Estos principios establecerán una visión optimista y alentadora en la que los sistemas alimentarios desempeñarán un papel central en la construcción de un mundo más justo y sostenible.
-«Crear un sistema de seguimiento y examen para garantizar que los resultados de la Cumbre sigan impulsando nuevas medidas y progresos. Este sistema permitirá el intercambio de experiencias, lecciones y conocimientos; también medirá y analizará las repercusiones de la Cumbre».
Las medidas rigen hasta el próximo 11 de junio. El próximo fin de semana, la circulación estará restringida entre el viernes a las 18:00 y el lunes 7 a las 6:00.
A partir de este lunes y hasta el próximo 11 de junio estarán vigentes las medidas que establecía el decreto anterior al confinamiento de nueve días que culminó el domingo, exceptuando el primer fin de semana de junio cuando la circulación estará restringida entre el viernes a las 18:00 y el lunes 7 a las 6:00.
Según se informó en la cuenta oficial de la red social Twitter de la Casa Rosada, las medidas de prevención rigen para todo el país y se detalla qué actividades están permitidas dependiendo de que se esté en zona de alerta alta, media o baja en cuanto a la circulación epidemiológica.
Restricciones en toda la Argentina tras el confinamiento de 9 días:
Se suspenden los viajes grupales de egresados, de estudio, de jubilados y de grupos turísticos.
Se suspenden las reuniones sociales de más de 10 personas.
Se suspende la asistencia al trabajo para personas de riesgo.
Restricciones en zonas de Alarma Epidemiológica y Sanitaria:
Se suspende la actividad de shoppings y centros comerciales; las actividades deportivas, recreativas, sociales, culturales y religiosas en lugares cerrados Los ocales comerciales deberán cerrar entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente, con excepción de los esenciales con horario nocturno.
Se suspenden las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en los todos los niveles; se prohíben los deportes grupales de contacto al aire libre.
Se suspende la actividad de clubes, gimnasios y establecimientos afines.
Se suspenden los casinos, bingos, discotecas, y salones de fiesta.
Los locales gastronómicos deberán cerrar entre las 19:00 y las 6:00 del día siguiente. Luego de las 19:00, podrán continuar bajo las modalidades delivery.
Durante el horario permitido, los bares y restaurantes tendrán que funcionar en los espacios habilitados al aire libre.
Se prohíben las reuniones en domicilios particulares.
Se restringe la circulación entre las 20:00 y las 6:00 de la mañana del día siguiente.
El transporte público se reserva para el uso exclusivo de personal esencial y autorizado.
Restricciones en zonas de alto riesgo epidemiológico y sanitario:
Rigen las mismas medidas que para las zonas que están en alerta, solo que cambia el límite de horario para los locales gastronómicos y de circulación.
Se establece el cierre de los bares y restaurantes a partir de las 23:00 y no se puede circular desde las 24:00 a las 6:00 del día siguiente.
Restricciones en zonas de medio riesgo epidemiológico y sanitario:
Son los gobernadores los que pueden adoptar medidas que disminuyan las circulación para prevenir la transmisión del coronavirus.
El ministro de Transporte Mario Meoni murió este viernes por la noche en un accidente de auto en el kilómetro 11 de la Ruta Nacional 7, a la altura de la ciudad bonaerense de San Andrés de Giles.
(Foto: Min de Transporte)
Los primeros informes indican que el ministro iba solo en su auto, y sufrió un vuelco durante el cual perdió su vida al quedar atrapado en el vehículo, según informó el parte policial.
El ministro iba al mando de un Ford Mondeo, propiedad de Trenes Argentinos, y viajaba solo. Perdió el control del vehículo y falleció en el acto.
Meoni tenía 56 años estaba casado y era padre de dos hijos. El 10 de diciembre de 2019 estaba a cargo de la cartera de Transporte.
De origen político en la Unión Cívica Radical (UCR), Meoni se sumó a las filas del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, de quien era muy cercano y cuyo espacio se sumó a la coalición gobernante del Frente de Todos.
Este viernes había participado del acto que el presidente Alberto Fernández había encabezado en Rosario, en el marco del programa Capitales Alternas.
“Hoy acompañamos al presidente Alberto Fernández en la tercera reunión del Gabinete Federal en Rosario, Santa Fe. Allí, junto al gobernador @omarperotti firmamos convenios para realizar 6 obras necesarias en la provincia con una inversión nacional de $918.639.458”, había publicado en su cuenta de Twitter poco después del encuentro.
Durante los últimos días estuvo preparando su intervención en la segunda reunión del Consejo Federal de Hidrovía, que estaba prevista para el próximo lunes, y se aguardaba con mucha ansiedad ese encuentro, ya que el próximo viernes 30 de abril vence la concesión de la vía fluvial troncal del río Paraná, que está a cargo de Hidrovía SA.
Había nacido en la localidad de Ascensión, partido de General Arenales, el 22 de enero de 1965 y estaba casado desde 1991 con Laura Oliva, con quien es padre de los mellizos, Felipe y Robertino.
En 1987 fue nombrado empleado del Plan Alimentario Nacional (PAN) del Ministerio de Acción Social de la Nación, durante la presidencia de Raúl Alfonsín.
Posteriormente, entre 1991 y 1995, ocupó un cargo de concejal por la UCR en el partido de Junín y luego, desde 1995 a 1999 fue prosecretario del Bloque de Diputados Nacionales de la UCR.
Entre 1999 y 2003 fue diputado provincial por la UCR en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, ejerciendo durante ese tiempo la vicepresidencia segunda de su bloque.
El 14 de septiembre de 2003 fue electo Intendente Municipal del Partido de Junín con 16.836 votos (el 38,34% del total), y fue reelecto en el cargo el 28 de octubre de 2007 al ganar nuevamente las elecciones, logrando 21.399 votos (el 42,60%).
En este caso, Meoni integró la Concertación Plural a la que había llamado el entonces presidente Néstor Kirchner.
En las elecciones de 2011, Meoni volvió a ganar la intendencia de Junín, obteniendo 22.651 votos, lo que representó el 41,27%, y durante su nueva gestión al frente del municipio fue premiado por colocarse a la vanguardia de la innovación tecnológica y la innovación para la gestión pública.
En el año 2016 fue designado director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta diciembre de 2019, cuando asumió como Ministro de Transporte de la Nación.
Como ministro lanzó la construcción de la nueva terminal de partidas de Aeroparque, oficializó el congelamiento por 120 días de las tarifas del transporte urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires y sumó 5 mil millones de pesos a las provincias para que congelen también sus tarifas de transporte.
Entre algunas de las medidas que tomó como ministro, se destaca la conformación de una comisión para analizar la seguridad de los micros doble piso que fueron partícipes de múltiples accidentes.
También se aumentaron los vuelos de cabotaje e internacionales de Aerolíneas Argentinas, se incrementaron las frecuencias del servicio de tren Buenos Aires-Mar del Plata y se ampliaron las frecuencias de los servicios nocturnos de los trenes metropolitanos y comenzaron las obras para extender la electrificación del ramal Roca.
Los restos del ministro de Transporte serán velados a partir de las 10.30 en una sala de la ciudad de Junín, de donde era oriundo, según informaron fuentes oficiales.
El servicio se llevará a cabo en la casa velatoria Dos Reís ubicada en Rivadavia 765, Junín, entre las 10.30 y las 12, y sólo estarán presentes familiares y allegados, producto de las restricciones por la pandemia de coronavirus.
Luego se procederá a dar inicio al cortejo fúnebre, que pasará por el frente de la cancha de Sarmiento de Junín y luego frente a la Intendencia de la ciudad, dos de los lugares más representativos de su vida en Junín.
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