La medida es inédita y podría sentar un precedente importante para causas por responsabilidad empresarial con el terrorismo de Estado. Abarca a cuatro empresarios de Tucumán acusados de complicidad con los delitos cometidos contra 68 personas, 11 de ellas aún desaparecidas.
En los últimos días del 2022, la justicia federal de Tucumán tomó una decisión inédita en las causas por responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad: el Tribunal Oral Federal hizo lugar a una medida cautelar pedida por la fiscalía para embargar inmuebles del Ingenio La Fronterita que podrían haberse utilizado para cometer crímenes de lesa humanidad en la localidad de Famaillá.
La causa abarca los delitos cometidos contra 68 personas, de las que 11 permanecen desaparecidas. Las víctimas eran en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa y están acusados cuatro ex directivos de La Fronterita, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
La medida cautelar, que se toma por primera vez en causas de lesa humanidad, podría sentar un precedente importante en otros expedientes en los que se investiga la responsabilidad de empresarios.
“El pedido consiste en cautelar los bienes que, en caso de condena, serían objeto de decomiso o servirían para afrontar las eventuales reparaciones a las víctimas. En el caso de los inmuebles, si se determinara en juicio que ellos se usaron para cometer los delitos o bien que sus titulares los dieron con conocimiento o se vieron beneficiados económicamente con los delitos de terceros, serían pasibles de decomiso”, explicó en diálogo con Tiempo Argentino el fiscal general Pablo Camuña, titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Tucumán.
En 2016, la familia Figueroa Minetti vendió el 50% de la empresa a una multinacional de origen mexicano, incluido el ingenio y su casco histórico, sin embargo, mantuvo en su poder miles de hectáreas. Además de los inmuebles, la medida cautelar incluyó el embargo preventivo de las acciones de Figueroa Minetti y sus rentas.
Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. A partir del Operativo Independencia, los dueños de La Fronterita le dieron control total en el predio a las fuerzas represivas, que se instalaron en tres espacios: el “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y las viviendas llamadas los “conventillos. Todos ellos fueron reconocidos por sobrevivientes como lugares donde fueron mantenidas cautivas personas y torturadas.
Los cuatro empresarios están imputados como cómplices primarios de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, torturas seguidas de muerte, abuso sexual, violación sexual y homicidio. También fueron acusados de obtener ganancias extraordinarias a partir de su relación con el aparato represivo ilegal.
La causa fue elevada a juicio en diciembre de 2021, luego de tres años de demoras, y tanto las querellas como la fiscalía solicitaron varias veces que se realice el debate oral, pero el TOF de Tucumán aún no fijó la fecha. “Si bien el estado de salud de los imputados es bueno y por ende son aptos para participar en el debate, son personas de avanzada edad. El tiempo es fundamental para evitar la impunidad”, añadió Camuña, quien espera que finalmente comience este año.
Beatriz Busaniche, referente de la Fundación Vía Libre y especialista en materia de protección de datos personales y derechos, advierte sobre las vulneraciones que implica consignar el documento. Llevará el tema a la justicia cuando concluya la feria.
Cuando en 2019, bajo el gobierno de Mauricio Macri, se anunció que se requeriría la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para el próximo censo, organizaciones de la sociedad civil como Fundación Vía Libre alertaron que aquello implicaba vulnerar el derecho a la intimidad de las personas, entre otras cosas.
Ante el revuelo, las autoridades del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) decidieron que la cuestión la resolviera la gestión siguiente. Con Marco Lavagna al frente, se sostuvo esa decisión. Y los cuestionamientos volvieron a emerger con la confirmación del censo –bimodal y con DNI- para el próximo 18 de mayo.
Tal como habían anticipado en cartas al presidente de la Nación, Alberto Fernández, y a Lavagna, la Fundación Vía Libre confirmó a Tiempo que formalizará la denuncia judicial por este tema el primero de febrero, apenas concluya la feria judicial. “Ya tenemos armado un recurso, una medida cautelar para solicitar la suspensión del censo hasta tanto estén dadas las garantías de intimidad de las personas”, dijo Beatriz Busaniche, referente de esa organización.
“Hay muchos elementos para cuestionar. Lo más grave es que se está conformando una base de datos que supone la integración de datos sensibles. Se avanza sobre el derecho a la intimidad de las personas sin que se cumplan los presupuestos mínimos de la ley de protección de datos.
Hay un riesgo severo para los derechos sobre datos personales, que tienen rango constitucional en Argentina”, advirtió la especialista. Y señaló que además la medida “subvierte el objetivo del propio censo, que es tener información estadística.
Se cambia la calidad del censo, de un censo informativo a una base de datos con una cantidad enorme de información personal, nominada, y que puede suponer no solo una merma en la calidad censal -porque la gente se va a negar a entregar cierta información- sino que supone un riesgo también porque constituye una base de datos muy seductora en términos de ataques. Nutrida, detallada y por lo tanto muy valiosa para el mercado de datos”.
Busaniche recordó que hubo ataques virtuales a organismos como el Renaper y Migraciones, así como a la Policía Federal, que dan cuenta de “un montón de problemas de seguridad de información” por parte del Estado argentino.
“El resguardo de la información se garantizará mediante un estricto protocolo de seguridad informático que almacenará los datos recolectados en los servicios de ARSAT, con los números de identidad de las personas encriptados”, dijeron fuentes gubernamentales a Infobae en torno a este asunto.
Para la referente de Vía Libre, se trata de algo “meramente declarativo. Es voluntarismo puro y duro. No tenemos ninguna claridad sobre las medidas de protección. Y si creás un riesgo de tal magnitud para los derechos de la ciudadanía, tenés que justificarlo, no pedir que la ciudadanía dé un salto de fe”.
En ese sentido, contó que cuando desde su Fundación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) mantuvieron una reunión con el Indec por este tema, las preguntas de los dos especialistas en seguridad de la información que los acompañaron no obtuvieron respuestas.
“Tienen un documento de 90 páginas con políticas de seguridad de la información, pero no quiere decir que esté efectivamente implementada y que no haya grietas de seguridad o un empleado infiel”.
Al respecto, recordó que “el procesamiento de los datos lo va a hacer una empresa privada. Los formularios en papel con los datos los va a digitalizar un privado, ya está la licitación. ¿Quién pone el control sobre la seguridad de la información de esa empresa? Hay una doble puerta de ataque”.
La denuncia apunta al mismo tiempo al carácter bimodal del censo, porque para completar los datos de forma virtual no se puede evadir el paso de consignar el DNI. “El e-Censo supone sí o sí la integración del DNI. En el presencial podés no decirlo. Pero no es que esté la opción legal, porque va a decir ‘ignorado’ y se supone que uno no puede mentir”, aclaró.
“Lamentamos que se haya dado continuidad a esta política diseñada en la gestión anterior. Evidentemente no ven la gravedad del problema”, concluyó Busaniche. Una vez que se presente la denuncia, el primero de febrero, “se va a publicar de forma abierta para que la gente pueda apropiársela y presentarla”.
El 25 de enero de 1997 el asesinato de José Luis Cabezas conmocionó al país. El abogado de ARGRA, Miguel Gaya, repasa el crimen, ícono del menemismo: «Se cometió para mostrar impunidad».
Pasaron 25 años, pero las circunstancias –los detalles– siguen estremeciendo. Ese 25 de enero de 1997, una patota de delincuentes y policías emboscó al hombre que llevaba la cámara colgada. A trompadas lo subieron al asiento trasero de un auto rentado por la temporada. La punta de un revólver calibre 32 silenció cualquier intento de resistencia. Fueron algunos kilómetros, pero parecieron muchos más hasta la frenada, los empujones y la orden de arrodillarse en el piso. Es probable que en ese instante haya pensado en sus hijos, en su mujer y en sus padres, y que haya soltado un llanto inútil antes de los dos tiros en la nuca.
El cuerpo del reportero gráfico José Luis Cabezas estaba estropeado por el fuego cuando lo encontraron en la cava de General Madariaga, cerca del acceso a Pinamar. La conmoción fue inmediata. No se había asesinado solo a un hombre: se había atentado a la vista de todos contra el libre ejercicio de una profesión. El país ya no volvería a ser el mismo.
“Fue un crimen cometido para mostrar impunidad. En un acto demencial de arrogancia, Alfredo Yabrán mandó a matar a José Luis y así demostró que a él no lo podía tocar nadie. Es la misma impunidad del poderoso que todavía se ve, que piensa que puede hacer lo que se le cante”, remarca Miguel Gaya, abogado de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) y el encargado de representarla durante el juicio.
Las primeras horas
“Era la época menemista de los indultos –continúa–, los asesinos estaban sueltos y había una sensación de anomia, de que ellos podían hacer de nuestras vidas lo que quisieran. Ese era el contexto durante las primeras horas de desconcierto y dolor. Encima ARGRA casi no existía, no tenía ni sede propia, solo nos juntábamos una vez al año para la muestra. Igual tratamos de organizarnos y alguien dijo que lo peor de todo era que esta conmoción iba a desaparecer en dos meses. Así se nos ocurrió la frase ‘No se olviden de Cabezas’ porque recordarlo era comprometerse. Empezamos a hacer unos folletos con la foto del carnet de José Luis, la única que teníamos, y atrás escribimos ‘La impunidad de su crimen será la condena de la Argentina’. Desde un primer momento nos dimos cuenta de que, si lo dejábamos pasar, después vendrían por más. Todavía no conocíamos al autor, pero sabíamos que se estaba ante un mensaje mafioso”.
“El crimen se pagó socialmente”
El crimen de Cabezas provocó un cimbronazo político. “Me tiraron un muerto”, fue la primera reacción del entonces gobernador bonaerense, Eduardo Duhalde, al enterarse de la noticia. Después, apremiado por su próxima candidatura presidencial, comenzó una serie de purgas y reformas en la policía Bonaerense (la misma que tiempo atrás había calificado como “la mejor del mundo”) en un intento desesperado por borrar el mote de “maldita” que la cubría por esos años noventa de pizza, champagne, mafia y poder. La derrota en las elecciones de 1999 probaría el costo pagado.
Margarita Di Tullio, más conocida por su apodo de «Pepita la pistolera» junto a otros malandras de los bajos fondos marplatenses fueron los “perejiles” de turno. La declaración de un testigo enderezó la investigación hacia el policía de Pinamar Gustavo Prellezo y la banda “Los horneros”. Un entrecruzamiento de llamadas entre Prellezo y Gregorio Ríos, jefe de la custodia del empresario postal Alfredo Yabrán, terminó de cerrar el círculo criminal.
El domingo 3 de marzo de 1996, la Revista Noticias había publicado en tapa la primera imagen del empresario caminando junto a su esposa por las playas de Pinamar. Yabrán, para quien una foto era como si le dieran «un tiro en la cabeza”, tardó un año en escarmentar el atrevimiento de Cabezas.
“Convencí a Osvaldo Baratucci, el presidente de ARGRA de aquella época, de presentarnos en el juicio porque la instrucción la estaba haciendo la propia policía. Logramos que, por primera vez en Argentina, una asociación civil fuera aceptada como parte querellante en defensa de los intereses de sus asociados. Lo que hicimos fue pulir toda la prueba porque si lográbamos una sentencia con pruebas falsas después te la podían voltear –resalta Gaya–. A Yabrán no se lo pudo condenar porque estaba muerto pero el resto de las sentencias quedaron firmes».
«Muchos repiten ahora que nadie está preso por el crimen de José Luis, que están todos libres, pero pienso que el dolor es irreparable, no hay cárcel que alcance, no se puede poner pena al daño provocado. ¿Cuántos años hubieran sido los correctos? Lo importante es que ese crimen se pagó socialmente”, destaca.
El atentado a la libertad de expresión que significó el asesinato derivó en el decreto de ley 24.876, promulgado el 13 de octubre de ese mismo año, que estableció el 25 de enero como Día Nacional del Reportero Gráfico. En la actualidad, más de 70 lugares públicos, entre plazas, calles y barrios, llevan el nombre de José Luis Cabezas.
“El saldo a 25 años –concluye Gaya– es que no tuvimos otro trabajador de prensa asesinado. En cualquier otro país, ni hablar de México, la cantidad de crímenes cometidos por el ejercicio de la profesión es impresionante. La sociedad argentina no se banca otro muerto, ha puesto límites que son difíciles de franquear”.
Un asesinato sin detenidos
El 2 de febrero del año 2000, tres años después del asesinato, un tribunal de Dolores condenó a la pena de reclusión perpetua a los expolicías Gustavo Prellezo (autor material), Sergio Camaratta y Aníbal Luna; a los “horneros” Horacio Braga, José Auge, Sergio González y Héctor Retana; y al jefe de Seguridad del empresario Alfredo Yabrán, Gregorio Ríos.
En un segundo juicio, realizado en 2002, también fue sentenciado por liberar la zona el comisario Alberto “La Liebre” Gómez. Ninguno continúa preso.
Los integrantes de la banda de Los Horneros tuvieron reducciones de penas por la aplicación del «2×1”, salvo Retana, que murió en prisión. Por su parte, entre 2007 y 2010, los ex policías detenidos fueron abandonando la cárcel de a uno, menos Prellezo que recién fue liberado en 2017, aunque ya gozaba de prisión domiciliaria desde 2010. El ex oficial estudió en la cárcel y se recibió primero de abogado y luego de escribano en la Universidad Nacional de la Plata (UNLP). Una denuncia presentada por la familia de Cabezas le impidió ejercer como abogado.
Homenajes
A El 25 de enero, José Luis Cabezas será recordado en diferentes actos a los largo de todo el país, como Santa Fe, Córdoba y Neuquén.
El más significativo será el organizado por la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA), en Pinamar, la ciudad donde mataron a Cabezas.
Arrancará a las 20 en el Monolito que lo recuerda, en el acceso a la ciudad, frente a la terminal, para rememorar «un nuevo aniversario del peor atentado a la libertad de expresión en democracia», remarcaron desde ARGRA. Habrá un recorrido histórico, una memoria fotográfica en la que se contará a través de imágenes los momentos más significativos de estos 25 años. Y se entregarán reconocimientos «a quienes cuidaron y sostuvieron la memoria en esa ciudad balnearia a lo largo de todo este tiempo». Participarán artistas y referentes locales, y en el cierre plantarán un pino en su recuerdo. En ese momento sonará la canción ‘Enero Gris’ compuesta por Martin Echeverría.
Desde ARGRA acotaron: “no claudiquemos en esta lucha. Sería nuestra peor condena. Para que el crimen de nuestro amigo no sea el primero sino el último, no nos olvidemos de él, porque hoy todos somos José Luis Cabezas”.
“Si hay una palabra para definir lo que pasó es Impunidad”, afirma Gabriel Michi (53 años, periodista de C5N, padre de tres hijos), a un cuarto de siglo de la muerte de su compañero y amigo José Luis Cabezas, quien hoy tendría sesenta años.
“Impunidad de Yabrán y de la policía bonaerense que sentía el poder de operar en la costa cometiendo cualquier tipo de delito -enfatiza ante Télam-. Sí, impunidad es la explicación ante tanta barbarie; pensaron que nunca se iba a llegar a los responsables gracias a la cadena de encubrimiento organizada antes del crimen. Esa impunidad también es la explicación ante los errores que cometieron y las huellas que dejaron los asesinos”.
La foto de Yabrán y su mujer que tomó José Luis Cabezas en febrero de 1996.
-Gabriel, después de años de investigación de la muerte de Cabezas todo indica que si hubieras estado con él aquella fatídica madrugada del 25 de enero de 1997, también habrías corrido su misma suerte.
-Sí, muchas veces lo pensé y todavía pienso. Cuando detuvieron a Gustavo Prellezo, quien había sido el segundo en jefe de la comisaría de Pinamar hasta unos meses antes y que fue el disparó dos veces contra José Luis, declaró en el juzgado de Dolores “se nos fue la mano” . ¿Y qué pasaba si lo encontraban a Cabezas con Michi?, le insistieron. “Los hacíamos boleta a los dos”, no dudó.
Yo me salvé de milagro porque Prellezo confirmó que si yo hubiera estado con José Luis también habría sido «boleta». Como cumplía años el domingo 26, habían venido a Pinamar unos amigos y le dije a José Luis que me iba a ir antes de la fiesta del empresario Oscar Andreani, un clásico de la temporada en la que nos encontrábamos todos los colegas que hacíamos temporada.. José Luis se quedó y le dejé el auto -el Ford Fiesta- y Carlos Alfano, el fotógrafo de Para Ti, me acercó hasta mi hotel. Sí, el haberme ido por mi cumpleaños es lo que me salvó la vida porque luego se supo que el operativo tenía previsto acabar con todo el que se le cruzara.
«El día que conocí a José Luis»
Fue en la temporada 92/93, yo tenía 24 años y hacía muy poco tiempo que había entrado a la redacción de Noticias. Mi destino era Mar del Plata. Un día, haciendo una guardia periodística a Carlos Menem, entonces Presidente, empezamos a seguir la comitiva y después de dos horas detrás de ellos, llegamos a Pinamar, donde veraneaban Carlitos Jr, Zulemita y Zulema madre. Con los compañeros de Caras y Noticias que estaban allí armamos guardias rotativas frente a la casa.
Nos llegó la versión de que el Presidente iba a volar en helicóptero a Balcarce por lo que con uno de los fotógrafos al que recién conocía enfilamos hacia la tierra de Fangio para adelantarnos. Era José Luis. Finalmente Menem regresó a Olivos y nosotros, despacito, hacia Pinamar. José Luis me había dicho que él no quería manejar porque había tenido un accidente en la ruta y había perdido la confianza. Pero con la ruta casi vacía se animó.
De pronto se nubló todo, se desató un frío impresionante al punto que en pleno enero tuvimos que prender la calefacción. Hasta que sentimos un ruido seco y se astilló el parabrisas. Tuve que sacar la cabeza por la ventanilla para guiar a José Luis. Nos estacionamos en la banquina, quitamos los pedazos del parabrisas y seguimos con viento de frente, frío y encima empezó a llover.
Llegamos a Pinamar congelados, empapados y con una bronca barbara. Él se la pasó insultando -al auto, al parabrisas, al frío, a Menem-; recién tiempo después descubrí al verdadero Cabezas, el tipo bromista y con un enorme buen humor con el que compartiría cuatro temporadas en Pinamar. -¿Quién fue el ideólogo del ataque?
-No tengo dudas de que Yabrán dio la orden, que fue el autor intelectual. A él le molestaba nuestro trabajo, le molestaba esa foto que José Luis le había hecho en el verano anterior. Durante todo el 96, Cabezas recibió amenazas en su casa.
Además, un mes antes del crimen, está comprobado que Yabrán se reunió en sus oficinas con Gustavo Prellezo, el policía que asesinó a José Luis. ¿Por qué un empresario con una fortuna de 4 mil millones de dólares recibía a un policía de poca monta? Yabrán le dijo que quería pasar un verano tranquilo sin la molestia de periodistas y fotógrafos. Y le pidió a Gregorio Ríos, su jefe de custodia, que coordine ese operativo con Prellezo.
Entonces sucedió algo de típico policía bonaerense corrupto: para quedarse con más plata, en lugar de contratar profesionales, Prellezo llevó a “Los Horneros” -Sergio González, José Luis Auge, Horacio Braga y Héctor Retana-, que a la postre fueron el eslabón débil de esta historia y que se terminó cortando.
Michi y Cabezas, cuando comenzaron a compartir la cobertura periodística de Noticias en Pinamar.
-¿Cómo te enteraste de la muerte de José Luis?
-En realidad, más que enterarme como que la tuve que descubrir. Al despedimos en la fiesta de Andreani, quedamos que al otro día, el 25 a las 2 de la tarde, me pasara a buscar para ir a una nota. El era muy puntual y no apareció. Llamé a la casa me atendió la suegra, me dijo que José Luis no estaba. “Por favor dígale que me llamé al celular”, le pedí ya que él no tenía celular, sólo un radiomensaje. Yo estaba con mis amigos que habían venido por mi cumpleaños y me llevaron a la casa de José Luis. Allí la suegra me explicó que él no había vuelto desde que había salido, al atardecer, a la fiesta de Andreani.
Preocupado, empecé a llamar a colegas de otros medios y Eduardo Lerke, fotógrafo de Caras, me contó que lo vio salir de la fiesta poco después de las 5. Luego llamé al hotel donde teníamos una oficina, y nada. Les pedí a mis amigos que me llevaran al hospital y en el camino, pasamos frente a la comisaría y vi que estaba el comisario Alberto Gómez -quien también sería condenado a reclusión perpetua por haber “liberado” la zona para que actuaran los asesinos- y bajé a preguntarle.
“Soy Gabriel Michi, de Noticias, comisario, ¿se acuerda de mí? Desde ayer no sabemos nada de mi compañero, el fotógrafo José Luis Cabezas”, le expresé. Me respondió que no sabía nada hasta que alguien le dio una información. Entonces Gómez me preguntó. “¿En qué auto se movía” y le contesté que en un Ford Fiesta blanco. “Humm,esperá… Me parece que tengo una mala noticia para darte”, dijo con frialdad.
Entró al despacho, lo seguí y por handy habló con los policías que estaban en la cava. “Me parece que tenemos identificada a la víctima. Se trataría de José Luis Cabezas, el fotógrafo de Noticias” Desesperado, le grité: “¿¡De qué víctima habla, Gómez!”. Y me respondió: “Apareció una persona muerta en un campo acá en General Madariaga. El cuerpo está totalmente calcinado… “
Todo un testimonio. José Luis y Gabriel, en la fiesta del empresario Oscar Andreani, pocas horas antes del crimen.
-¿Y qué sucedió después?
-Me llevaron a la cava y mis amigos nos seguían en su auto. Llegamos estaba el cintado policial a unos metros y les pregunté si habían encontrado una cámara fotográfica. Me respondieron que no, pero sí los restos de unos rollos, una bota, un reloj, las esposas -ahí me enteré que lo habían esposado- y un manojo de llaves. Comparé la mía de la oficina con una de ellas, y era igual…
Les dije una forma de confirmar si era José Luis. Nuestro auto tenía un golpe en el guardabarros delantero derecho. Entonces me pidieron que bajara a la cava para ver el auto y me topé con una imagen que jamás voy a olvidar: todavía estaba en el interior lo que quedaba de Jose Luis, medio atravesado, saliendo por la puerta del lado del acompañante. Y también vi el guardabarros derecho abollado… Luego me llevaron hasta la oficina de la revista en el Hotel Victoria para verificar si la llave encontrada abría la puerta. Y la abrió. Fue ahí cuando me cayó la ficha de que José Luis había muerto. Como te había expresado nadie vino a decirme qué había pasado, simplemente lo tuve que descubrir.
Así lo mataron
En su libro “Cabezas. Un periodista. Un crimen. Un país”, Gabriel Michi reconstruyó las últimas horas de José Luis. El sábado 25 de enero a la madrugada, el fotógrafo salió solo del cumpleaños en la casa del empresario Oscar Andreani en su Ford Fiesta, hacia el departamento donde vivía con su familia, en Rivadavia, entre Eneas y Shaw, en la zona comercial de Pinamar. Allí lo aguardaban sus asesinos.
“Frente a la casa de José Luis había un descampado que les sirvió de guarida natural para esperar a su víctima. Estaban dentro del Fiat Uno de la esposa de Prellezo —la también policía Silvia Belawski— cuando lo vieron llegar.
—¡Ahora! ¡Métanle caño y traigánmelo! —ordenó el oficial Gustavo Prellezo.
Horacio Braga y Sergio González saltaron desde el auto y se abalanzaron con un arma sobre José Luis, quien había estacionado el Ford Fiesta —que había alquilado la revista y que normalmente estaba bajo mi custodia—, le apuntaron, lo golpearon y lo subieron al asiento de atrás de nuestro vehículo. En el otro auto, conducido por Prellezo, iban también los otros dos «Horneros», José Luis Auge y Miguel Retana.
Eran alrededor de las 5:15 o 5:20 de la madrugada de ese 25 de enero cuando se produjo el secuestro. Allí lo llevaron, tirado en el asiento de atrás y amenazado todo el tiempo. Manejaba Braga y González le apuntaba. Los dos autos transitaron los 8 kilómetros que llegaban hasta el camino rural que conducía a la laguna Gran Salada y doblaron hacia la izquierda. En ese camino de tierra recorrieron otros 5 kilómetros, hasta que después de una bifurcación, tomaron hacia la derecha y llegaron al pozo infernal. Era una cava de 14 metros de largo, 7 metros de ancho y 2 de profundidad, que había quedado allí después de que el Municipio de General Madariaga extrajese tierra para nivelar ese camino rural.
Del Fiat Uno, bajó Prellezo con decisión, hizo correr a los que estaban en el Ford Fiesta —estacionado frente a la cava—, y lo introdujo en la cava, con su frente dirigido hacia el paredón del fondo e hizo bajar a José Luis a los empujones. Le puso un par de esposas en las muñecas, asegurándolas a sus espaldas y lo hizo arrodillar con esa misma dirección del auto, al costado del lado del copiloto.
Y allí se sintió el ruido seco y metálico del primer disparo. Y después, el segundo.
Desde fuera de la cava miraban los cuatro «Horneros». Ellos dirán que fueron sorprendidos por la actitud asesina de Prellezo. Las dudas quedarán para siempre, embargadas en ese agujero sepulcral que se vistió de crimen y mentiras.
Ya había claridad porque el sol comenzaba a asomar. Eran entre las 5:30 y las 5:50 de la mañana de ese desgarrador 25 de enero. Prellezo fue hasta su auto y bajó unos bidones con combustible. Le ordenó a Braga que lo acompañara y que rociara el cuerpo y el auto. Antes el policía acomodó el cadáver de José Luis, cruzándolo en el asiento del acompañante, con sus piernas fuera del vehículo. Braga se resistió a cumplir con la orden, pero Prellezo era quien tenía el arma. Entonces, el «Hornero» empezó a derramar el combustible por todo el escenario macabro.
“Ahora, prendelo”, fue la siguiente requisitoria. “Prendelo vos”, le respondió Braga. Y Prellezo volvió a exhibirle el arma asesina. Braga tomó el encendedor de su bolsillo y encendió una llama que se propagó por su mano, ya que le había caído algo de ese líquido inflamable en esa zona de su cuerpo. Puteó un poco y después intentó de nuevo. Y allí sí, todo se encendió.
-Hablando con sobrevivientes de Cromañón me contaron que durante un largo tiempo no pudieron dormir de noche, que sólo lo hacían al amanecer, y la explicación de los psicoanalistas fue que al intentar salir del boliche, oscuro y lleno de humo, la luz del exterior significaba la vida. ¿En tu caso, Gabriel, cuándo volviste a ver la luz?
-A mí me pasó algo parecido, muy símbolo. El día que comenzó el juicio a los asesinos de José Luis, el 14 de diciembre del 1999, nacieron mis hijos mayores, Tomás y Rocío. Recuerdo que seguí la transmisión en vivo desde el sanatorio… Fue como que después de tanta muerte, tanto dolor y tanta oscuridad, alumbraba la justicia.
Durante muchas noches las pesadillas no me dejaban dormir, se me aparecía esa última imagen de José Luis, un tema que obviamente hablé mucho en terapia. Además, sufrí muchas amenazas telefónicas, balas que dejaban en la puerta de mi casa, presiones que me llevaron a irme del país, a un lugar medio perdido de Brasil. Pero al quinto día empecé a vomitar, de la nada, y le dije a quien era mi pareja entonces: “Yo no tengo nada que hacer acá, debo estar en Argentina, dando pelea. Y volví para estar al frente de las marchas, investigando, colaborando con la justicia.
Como fue un juicio relativamente rápido, con condenas ejemplares -por desgracia después llegarían las vergonzosas reducciones de las penas- en ese momento sentí que al menos los culpables pagarían por lo que hicieron.
Michi y Norma Cabezas, la madre del fotógrafo asesinado. (Foto: Argra)
-Condenas ejemplares pero lamentablemente desde hace unos años, ninguno está en prisión pese a que recibieron prisión y reclusión perpetua.
-Todos los civiles (Gregorio Ríos y los 4 “horneros”, González, Retana, Auge y Braga) recibieron prisión perpetua; Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Camaratta -estos últimos participaron haciendo “inteligencia- , reclusión perpetua por el agravante de ser policías, lo mismo que el comisario Gómez, quien “liberó” la zona. Por distintas apelaciones a Casación y la aplicación del 2 x 1, uno a uno fueron saliendo en libertad.
-¿Y qué pasó con cada uno de los involucrados en la muerte de Cabezas?
–Alfredo Yabrán, el autor intelectual del crimen, se suicidó el 20 de mayo de 1998 escapando de la justicia. No tengo dudas del suicidio; casi 70 personas vieron el cuerpo, yo tuve en mis manos las fotos del expediente y los estudios de ADN. El sintió que le habían soltado la mano, que iba a ir preso a una cárcel común y que tal como escribió en la carta que dejó, “no me van a llevar esposado delante de los ojos de mis hijos”.
Gregorio Ríos, el jefe de seguridad de Yabrán, administra unos campos cerca de Curuzú Cuatiá, Corrientes. Terminó peleado con la familia Yabrán porque se sintió abandonado al salir de prisión, argumentando que le habían prometido trabajo y no cumplieron.
Gustavo Prellezo, el autor material de la muerte de José Luis está viviendo en Los Hornos. En prisión estudió Derecho y se recibió de abogado y escribano. El Colegio Público de Abogados de la provincia de Buenos Aires le negó la matrícula y no puede ejercer hasta que tenga la sentencia cumplida -había salido por “buena conducta”- que se cumple a fines del 2022. Se separó de la ex oficial Silvia Belawsky, quiene en el juicio admitió que fue Yabrán el que dio la orden del asesinato. Se volvió a casar, tuve otra hija y trabaja en el estudio de uno de sus abogados defensores, en La Plata.
Aníbal Luna vive en General Madariaga Tuvo un régimen de libertad condicional muy laxo, tres días en la cárcel y tres en su casa. Al salir se dedicó a la albañilería y quiso ser entrenador de un equipo de fútbol infantil; al conocerse quién era, en el club lo declararon persona no grata y lo expulsaron.
Sergio Camaratta también gozó de un régimen de salidas. Hace cuatro años murió por un cáncer.
En cuanto a los “Horneros”, Héctor Retana murió de sida en una cárcel platense.
José Luis Auge, que era el vínculo entre Prellezo y los “horneros”, está en libertad y lo último que supe es que changueaba en un lavadero de autos.
Horacio Braga también estudió en la cárcel y se recibió de abogado. Está trabajando en un estudio de La Plata junto a uno de los abogados que lo representó en el juicio.
Sergio González salió en libertad pero fue detenido de nuevo primero por violar las condiciones de la libertad condicional y después por formar parte de una organización que tenía un laboratorio clandestino de metanfetaminas.
Finalmente, el comisario Alberto “la Liebre” Gómez está viviendo en Valeria del Mar y trata de pasar inadvertido.
Uno de los actos recordatorio en Pinamar. Fue en el 2013, y quien habla es Agustina, la hija mayor de Cabezas. (Foto: Alejandro Belvedere)
-Vos investigaste como pocos a Alfredo Yabrán. ¿Era una persona muy obsesionada con la seguridad?
-Sí, en el verano que mataron a Jose Luis se comprobó que al menos había 10 custodios en Pinamar. Durante el año, el equipo a cargo de Gregorio Ríos estaba compuesto por 35 tipos que tenían como misión custodiar a toda la familia y sus propiedades.
-¿A qué le tenía tanto miedo un tipo tan poderoso como él?
-Por un lado tenía enemigos tanto o más poderosos que él. Pero hubo un hecho que lo marcó, el secuestro de Guillermo, el hijo de su gran amigo, el sindicalista Diego Ibáñez. Fue en Mar del Plata, en 1991. Ibáñez fue quien le abrió a Yabrán las puertas del poder político y eclesiástico.
Los captores pidieron dos millones de dólares de rescate, cifra que Yabrán puso a disposición de su amigo. Por desgracia, las negociaciones trascendieron a la prensa y los secuestradores, asustados, mataron a Guillermo. Diego Ibáñez culpó a la prensa y eso marcó mucho a Yabrán. Uno de los hombres de mayor confianza de Ibáñez, Coco Mouriño, fue contratado para ser pieza clave en la seguridad de Yabrán.
Para sus empresas, se había formado una organización integrada por ex miembros de las Fuerzas Armadas -muchos de ellos expulsados de la fuerza por problemas psiquiátricos. Una estructura de más de 600 efectivos al mando de exrepresores de la dictadura, como Víctor Hugo Dante Dinamarca, siniestro que fue Jefe de Servicio Penitenciario. En la cúpula también estaban Adolfo Donda Tigel y Jorge el Tigre Acosta, todos mano de obra desocupada con pasado en la Esma. La empresa madre se llamaba Bridees y se decía que era por Brigada de la Esma, una fuerza armada paralela.
José Luis con sus tres hijos: Agustina, Juan y la beba Candela.
-Ya dijimos qué sucedió con los asesinos. ¿Y qué pasó con las víctimas, es decir, la familia de Cabezas?
-Como siempre dice Gladys, la hermana de José Luis que siempre estuvo al frente de los pedidos de justicia, sus padres murieron de tristeza. En el 2010, José, y en el 2017, Norma, la mamá.
Cristina. su mujer, y Candela, que hoy tiene 25 años, se fueron a vivir a España, al igual que los otros dos hijos del primer matrimonio de José Luis, Juan (29) y Agustina (32). Justamente, cuatro días antes de que Cabezas hubiera cumplido sesenta años (el 28 de noviembre), nació Riu, el primer nieto e hijo de Agustina. Yo sigo cercano a la familia, y una de las cosas que más me duele es ver el crecimiento de sus hijos -y ahora de su nieto- sin José Luis.
Gabriel Michi sigue teniendo un fluido contacto con los hijos de Cabezas, que están viviendo en España. (Foto: Alfredo Luna)
Yo banqué mucho la decisión de Cristina de ir a vivir a España, fue una decisión sabia. Ella tenía que criar una nena que tenía 5 meses cuando murió su papá. Lo conoció por las revistas, por la televisión. Recuerdo que tendría dos o tres años y cuando le preguntaban cómo se llamaba, respondía: Candela Cabezas Presente, como si tuviera dos apellidos.
No hay capital sin crimen. El capitalismo necesita de la expansión de los mercados informales e ilegales para optimizar sus costos financieros y sobrevalorizarse. Invertimos mucho tiempo en el estudio y narración de los delitos de los pobres, pero cuando le llega el turno a los “ladrones de guante blanco” solemos quedarnos no sólo sin recursos y ganas, sino sin audiencia. El delito de los poderosos no suele tener mucha prensa. Encima, cuando escala a la tapa de los diarios, no terminamos de entenderlo. Son delitos complejos, que necesitan no sólo mucho tiempo para su investigación, sino una serie de rodeos para su comprensión. Una de las tareas pendientes de la Justicia argentina con la democracia sigue siendo la persecución de los delitos de los poderosos. Se nos dirá que entre bomberos no se pisan la manguera, que la Justicia sigue trabajando con patrones clasistas y racializados. Por eso la prisión se la llevan siempre los pobres. Necesitamos otra Justicia para comenzar a desarmar los complejos artilugios elaborados por los prestigiosos bufetes de abogados, contadores y asesores financieros que ponen a las grandes empresas al margen del Estado de Derecho.
“…estancieros satisfechos de la seguridad de sus ganados,
extranjeros indiferentes a todo lo que no sea estrujar al país.”
Domingo Faustino Sarmiento, en Epistolario entre Sarmiento y Posse, Museo Histórico Sarmiento, Bs. As., 1946, p. 283.
“Sí, aristocracia con olor a bosta de vacas.”
Domingo Faustino Sarmiento, en Sarmiento Anecdótico, p. 310.
“En el país de las vacas es preciso echarle agua a la leche para proveer de la necesaria a una ciudad de 200 mil habitantes.”
Domingo Faustino Sarmiento, en “Carnes frías y estancieros calientes”, Obras completas, XL, Luz del Día, Bs. As., 1948., p. 275.
El patrón de estancia se las sabe todas, por eso es patrón. Tiene razón porque es patrón, y es patrón porque tiene razón. Así de circulares son sus argumentos. Por eso, cuando se enreda en el surco, empieza a gritar y maltratar.
La ética del patrón de estancia es una moral hecha a la medida del campo argentino, la escarapela, la expoliación y el despojo. La moral de un sector de la sociedad que se pone más allá del Estado, resabios de la oligarquía vacuna que se ponía más allá del resto de la sociedad. Cuando no había un Estado que amparase al “resto de la sociedad”, el chacarero era el patrón, dueño y señor de su tierra y de todo aquello que se posase sobre la estancia, sean las vacas o el pasto que comen las vacas, el trigo o el girasol, los peones y todo el tiempo de la familia de esos peones. Amo y señor de la tierra que ahora desprecia hasta su agotamiento. Porque después de tanto Monsanto, tanto silo bolsa, tanta cosecha no declarada, dólares enterrados en el campo que luego se volverán ladrillo, rascacielos, un auto que nunca sacarán de la concesionaria para que no se devalúe, se sentirán más dueños que nunca y más cerca de Dios.
La ética del patrón de estancia tiene un costado ostensible y malhablado, campechano incluso, que se averigua en la Toyota Hilux última generación y en las vacaciones bullangueras en Cariló, Punta del Este o Miami; pero también tiene un costado opaco aconsejado por sus asesores financieros, no declarado, que los contadores sabrán esconder, que sus abogados eventualmente deberán defender, que aprendieron a disimular blandiendo banderas celeste y blanca en cada protesta y corte de ruta. Hablamos de suculentas sumas de dinero que se disponen para ser fugados a partir de los servicios financieros que ofrece la banca privada y los brokers amigos. Detrás de estos buenos padres de familia, rodeados de tanta gente como uno, próspera y sonriente, muy católica por cierto, se esconde un ladrón serial. No son ladrones de guante blanco, sino de alpargata de carpincho. El perfume que usan puede tapar –como decía Sarmiento- el olor a bosta, pero lo que hiede se sentirá igualmente cuando abran la boca y empiezan a despotricar su habitual insulto destituyente. Eso va para los chacareros, pero también para los molineros y, sobre todo, para los dueños de las aceiteras, los pools de siembra y las cinco empresas exportadoras de cereales que operan en la Argentina.
El patrón de estancia esconde su pillaje victimizándose y apuntando con el dedo al Estado que lo fiscaliza y le recuerda que, en una democracia, no se trata de salvarse quién pueda, sino de discutir y decidir entre todos y todas cómo queremos vivir todos. Un Estado que le recuerda que el tributo que debe pagar no es solamente por la propiedad que tiene, el chacarero puede ser dueño de la superficie de la tierra pero nunca del subsuelo, de las aguas que surcan sus terrenos, de los minerales que contiene la tierra, de las lluvias que caen sobre su campo. El chacarero puede ser el dueño del terreno pero no es el soberano del resto de esas cosas que sabe usufructuar.
Cuando trabajaba como asesor del Ministerio de Seguridad en la gestión de Nilda Garré recuerdo que una vez nos vinieron a visitar chacareros de la Provincia de Santa Fe que habían sido objeto de robos millonarios en sus campos. La entonces secretaria de Políticas de Prevención y Relaciones con la Comunidad, Ileana Arduino, los dejó hablar y escuchó atentamente. Los chacareros le iban contando como se les metían al campo y les robaban miles de dólares que tenían allí guardados. A su turno, Arduino los miró a los ojos y les dijo: “Ah, pero eso se arregla muy fácil: bancarícense”. Fue el final de la reunión, al parecer los chacareros no se fueron muy contentos. ¿Qué hacían con miles de dólares escondidos en el campo? Toda esa plata estaba en negro, sucia, nunca la habían declarado, no pasaba por el fisco, no tributaba. Si los molineros compran la cosecha o gran parte de la cosecha en negro, luego los molinos se encargan de venderla a los acopiadores y exportadoras también en negro. Es una cadena ilegal muy larga. El tráfico ilegal de granos no empieza en los puertos sino en cada pueblo, en cada ciudad del interior.
Pero la ética del patrón de estancia les hace creer que él es dueño y se terminó. Para el chacarero solo hay patrones de estancia y montones de vagos que chupan la teta de su vaca, es decir, que viven a costa de los subsidios que ellos sostienen cuando pagan sus impuestos. Para ellos China es una elección individual que cayó del cielo, como la lluvia que llega puntual en cada siembra. No hay gobierno generando condiciones para el comercio. El gobierno solo debería aparecer cuando haya que rescatarlos de una mala temporada producto de las heladas, el granizo, la sequía, el fuego o las inundaciones. Después, no existirá o no tendría que existir. Se sabe, el mercado se autoequilibra, hay que dejar a las fuerzas del mercado que operen sin restricciones. Primero hay que crecer y después la riqueza se derramará hacia abajo.
Y si ese crecimiento es objeto de retenciones se sacará la cosecha por Paraguay que, dicho sea de paso, se ha convertido en uno de los grandes exportadores del mundo sin tener la superficie para sembrar lo que exporta, o se la sacará en barcos que declaran la mitad de lo que se llevan. Hace unos años, cuando el ex Presidente Macri visitó China, se quejó por una diferencia de 6 mil millones de dólares en el intercambio comercial entre ambos países.
El presidente chino lo dejó hablar. A su turno le dijo que la diferencia que mencionaba no era tal, que según sus registros la cuenta daba otra cosa muy distinta, y le sugirió entre líneas que optimizara los controles internos, porque según parecía gran parte de las cosechas que ellos compraban estaba evadiendo al fisco argentino, de la misma manera muchos productos que ellos vendían al país, al parecer no pasaban por la ventanilla de la aduana local. Macri se quedó sin palabras y con la boca abierta, fue otro papelón internacional.
(Clarín, 13/05/2017)
Hace un tiempo dije para un medio periodístico de mi ciudad natal, Balcarce, ex ciudad de la papa, que “la sociedad es muy dura con el chico que se apropia de un celular ajeno, pero muy generosa con el empresario que se apropia de los dineros de todos traficando ilegalmente con los granos”. Más aún, dije, para indignación de muchos chacareros locales, que “en Argentina el tráfico ilegal de granos es más grave que el narcotráfico”. No sólo la renta que evaden compite con el dinero que generan aquellos otros mercados ilegales, sino que en Argentina no hay tráfico ilegal de drogas sin tráfico ilegal de granos.
El tráfico ilegal de granos crea condiciones de posibilidad no sólo para el comercio exterior de drogas ilegalizadas sino para el blanqueo de drogas que se comercializan en el mercado local. Las prácticas que durante más de dos décadas fueron componiendo en conjunto los chacareros, con los molinos y las aceiteras, fueron esmerilando a funcionarios de carrera y empleados de los puertos “de controles rápidos” que surcan los río Paraná y de la Plata. Pero también corrompiendo a distintas fuerzas de seguridad.
Esa misma gimnasia fue la que llevó a los empresarios del narcotráfico internacional a referenciar a la Argentina como un lugar “seguro” para sacar drogas hacia otras latitudes. Se sabe, a los funcionarios y empleados de esos puertos, pero también a las empresas de transporte fluvial, no les importa si lo que sale en un barco es grano o aceite no declarado, electrodomésticos o droga. En cualquier caso se trata de mercadería ilegal, no declarada, que no paga al fisco. El narcotráfico se ha apropiado de las prácticas que otros actores que integran el campo argentino desarrollaron para evitar pagar retenciones, evadir impuestos y fugar divisas.
En segundo lugar, el campo crea condiciones para el blanqueo de distintos actores que integran la cadena local dedicada al tráfico de drogas cuando utiliza los fideicomisos para blanquear el dinero no declarado. Detrás del boom inmobiliario de la ciudad de Rosario, por ejemplo, está el tráfico ilegal de granos. Esos instrumentos jurídico-contables, armados financieros elaborados por prestigiosos estudios de abogados, contadores y asesores financieros, fueron los que utilizaron muchos chacareros y empresarios del agro para blanquear dinero a través de la inversión inmobiliaria. Detrás de los modernos y suntuosos edificios, los centros comerciales y la obra pública incluso, hay dinero en negro.
A los armadores de estos fideicomisos les importa un bledo si la plata que le arriman para que éstos la administren procede de la comercialización ilegal de granos, o la venta de drogas ilegalizadas. En cualquiera de los dos casos se trata de plata en negro, dinero procedente de mercados ilegales y la finalidad es la misma: lavar la plata. Entre paréntesis, les recomiendo el documental que hizo la Revista Crisis “Ciudad del Boom, ciudad del bang” que pueden ver gratuitamente por la plataforma de YouTube, realizado por Martín Céspedes en base a una investigación de Mario Santucho y el Club de Investigaciones Urbanas que dirigía Juan Pablo Hudson. También les recomiendo los trabajos de la investigadora Antonella Comba publicados en el Revista Delito y Sociedad que dirige Máximo Sozzo en la UNL.
En definitiva, si la Argentina se ha convertido en un lugar de paso, si muchas organizaciones narcotraficantes de otros países de la región referenciaron a la Argentina como un país de salida, será porque es un país de controles livianos. Esa levedad es producto de la intervención exitosa del agro argentino que fue esmerilando los controles en los puertos y ríos por donde sale la cosecha cada año.
Sin dudas el Estado nacional tiene acá muchas tareas pendientes sobre los operadores fiscales portuarios pero también sobre la prefectura encargada de vigilar los ríos. Hay que optimizar y reforzar los controles internos. Lo que no queda dudas es que por esos puertos privados a la vera del Paraná sale cualquier cosa sin tributar.
Con todo, el chacarerismo argentino, que se viste de celeste y blanco en cada fecha patria y se engalana con sus donaciones clericales, no sólo comete delitos cuando comercializa gran parte de la cosecha en negro, sino que crea condiciones para que otros actores que operan en otros mercados ilegales puedan desarrollar sus exitosos emprendimientos en el país y fuera del país. El tráfico de drogas y el tráfico ilegal de granos, organizados por importantes empresas que operan también en los mercados legales, no son mundos compartimentados, sino yuxtapuestos. No hay narcotráfico sin tráfico ilegal de granos, sin evasión impositiva, sin fuga de divisas, sin campo argentino.
*Docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor entre otros libros de Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil y Prudencialismo: el gobierno de la prevención.
La médica que realizó una ILE a solicitud del fiscal de Tartagal fue detenida esta mañana por orden del juez de Garantías Fernando Mariscal Astigueta, a pedido del fiscal penal Gonzalo Vega.
Hasta donde se pudo conocer, el fiscal acusó a la profesional de haber “obligado” a una joven de 21 años a abortar.
El fiscal hizo el pedido de detención en una causa iniciada por denuncias de familiares de la joven.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de Salta, el fiscal Vega sostuvo en su pedido de detención que no se habrían cumplido las causales para realizar la ILE a las 22 semanas de embarazo.
Frente a la detención de la profesional, única médica del Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, que no adhiere a la objeción de conciencia, sectores en defensa de los derechos de las mujeres convocaron a un pañuelazo en Salta Capital en el Ministerio Público Fiscal a las 11 y en el Hospital Materno Infantil a las 12.
Por cada hijo, las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación. Se consideran también años para las adoptantes y para las madres de niños con discapacidad.
El decreto reconoce un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad. Foto: Nacho Corbalán
El Gobierno nacional estableció este lunes, a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que las mujeres podrán sumar de uno a tres años de servicios computables para su jubilación por cada hijo, tal como lo había anunciado la semana pasada el presidente, Alberto Fernández.
A través del Decreto 475/21 publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispone que “al único fin de acreditar el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), las mujeres y/o personas gestantes podrán computar un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida”.
Asimismo, la norma aclara también que “en caso de adopción de personas menores de edad, la mujer adoptante computará dos años de servicios por cada hijo y/o hija adoptado y/o adoptada”.
El decreto establece asimismo que “se reconocerá un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”.
«Se reconocerá un año de servicio adicional por cada hijo y/o hija con discapacidad, que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad”
Decreto 475/21
La norma extiende el beneficio a “aquellas personas que hayan accedido a la Asignación Universal por Hijo para Protección Social por el período de, al menos, doce meses continuos o discontinuos”, quienes “podrán computar, además, otros dos años adicionales de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida o haya sido adoptado y/o adoptada que sea menor de edad, en la medida en que por este se haya computado el tiempo previsto en el presente apartado”.
En otro articulo que se suma a la ley de jubilaciones, se incluye el período de licencia por maternidad para el cómputo de “las prestaciones de retiro transitorio por invalidez o de la pensión por fallecimiento del afiliado o de la afiliada en actividad».
El decreto se aclara que los beneficios regirán “sólo para las prestaciones que se soliciten a partir de la vigencia del mismo”.
La normativa entra en vigencia desde este lunes y cuenta con la firma del presidente Alberto Fernández y todos los ministros del gabinete nacional.
Una ex empleada de la AFIP en Reconquista, Provincia de Santa Fe, declaró ante la Justicia que fue removida de su cargo cuando comenzó a investigar irregularidades tributarias por parte de la empresa Vicentín.
La decisión de trasladarla desde Reconquista hasta una sucursal de la Capital Federal y restringirle el acceso a los expedientes que había trabajado sobre la multinacional cerealera fue tomada por sus superiores, entre ellos una pariente de los dueños de Vicentín.
La mujer, cuya identidad permanecerá en reserva, ya fue increpada vía Whatsapp por su ex jefa, quien le reprochó “esa sarta de mentiras” y le preguntó: “¿Cuánto te pagaron para salir de testigo en una causa de Vicentín?, ¿Qué te está pasando?”.
“Fui ‘trasladada’ en 2016 por marcar las irregularidades de la empresa Vicentín SAIC. (…) Elda Manuela Vicentín, le firma el pase a Buenos Aires. La obligan a entregar todo el material colectado, hasta los sellos de nombre, recepción de trámite, cargo y legajo”, explicó mediante un documento en el que pidió ser oída como testigo.
Con el patrocinio de la abogada Valeria Carreras, la ex agente de la AFIP Reconquista describió a qué información accedió y qué consecuencias le acarreó.
En ese sentido, explicó que “tomó contacto con agropecuarios que le referían su situación frente a Vicentín SAIC. Tomó estas denuncias en los formularios F288, provistos por la AFIP. Pronto, sus jefas Roxana Marchetti, y la jefa de esta, Manuela Vicentín, le prohibieron tomar ese tipo de denuncias”.
Según el relato, “en septiembre de 2016 detecta en el sistema que hay 20 empresas ‘usinas’, cuyos presidentes eran personas físicas domiciliadas en los barrios más humildes de Santiago del Estero”.
En la constitución de esas sociedades que denominó “usinas” intervenían “siempre las mismas escribanías”, que confeccionaban los contratos sociales y los certificados de domicilio fiscales.
“El modus operandi era reiterado. Todo esto lo informa a su jefa y esta le dice que coloque las denuncias en sobre cerrado que lo van a enviar a Buenos Aires”, pero el trámite quedó frenado en Reconquista.
La testigo fue separada de su cargo y enviada a Buenos Aires, donde quedó “sola y aislada en un hotel; le asignan tareas de calle y no pudo ingresar con su clave a los trabajos realizados en su agencia de Reconquista”.
“No es un dato menor el parentesco de Manuela Vicentín con los principales involucrados en la causa que aquí se investiga”, resumió la presentación.
El pedido para declarar como testigo fue presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.
Se trata de la denuncia que promovió el titular del Banco Nación, Claudio Lozano, a principios de 2020.
La testigo adjuntó a su presentación la designación de Elda Manuela Vicentín como alta ejecutiva de la AFIP en Reconquista, mediante una resolución adoptada el 16 de agosto de 2018, en fechas concomitantes con el otorgamiento de los créditos que la cerealera no restituyó a la banca oficial.
Además, describió que a raíz de confusas situaciones personales y gremiales decidió cambiar su afiliación sindical y actualmente encontró cobijo en la Unión del Personal Superior de AFIP (UPSAFIP).
Conmoción en el Frente de Todos por la licitación para renovar la concesión sobre la Hidrovía
Por el río Paraná circula el 75% de las exportaciones del país.
La discusión sobre la soberanía económica y geopolítica de la Argentina transcurre entre las líneas de un decreto que nació en la cuerda floja y movió los cimientos del Frente de Todos. En agosto del año pasado el Presidente Alberto Fernández anunció desde Santa Fe la creación del Consejo Federal de la Hidrovía pero también la posibilidad de avanzar en una empresa estatal, con participación de las provincias, para gestionar la red troncal fluvial por la que circulan anualmente casi 5.000 embarcaciones que transportan 125 millones de toneladas de producción agropecuaria e industrial, casi el 75% de las exportaciones del país.
El anuncio había sido interpretado por diferentes actores sociales y políticos como la oportunidad de ponerle fin a una de las privatizaciones del menemismo. Lo que actualmente se conoce como “la Hidrovía” es gestionada por la sociedad integrada por EMAPA (Gabriel Romero, otro de los encuadernados por Bonadío) y la belga Jan de Nul, concesión que vence en abril de este año.
El promisorio anuncio también ponía sobre la mesa, quizás de manera más solapada, una verdad de la que mucho se habla pero de manera informal: el contrabando a gran escala y la necesidad de
“optimizar los controles sobre el referido Corredor litoral y la Hidrovía, sus puertos y rutas terrestres, que desde hace décadas viene siendo utilizado para llevar adelante operaciones de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas alrededor de la zona de la triple frontera y contrabando de granos, aceites y harinas con países limítrofes”.
Carlos Cruz
La afirmación no proviene de ningún trasnochado comentador de café sino de Carlos Cruz, actual titular de la Unidad de Información Financiera, organismo que tiene a su cargo la investigación y la prevención de los delitos de lavado de activos. Desde la década del ’70, Cruz observa con preocupación lo que sucede a través del Paraná.
Cuando el mundo, los planetas y también sus barriletes lloraban la muerte de Diego Armando Maradona, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 949/20, que facultó al Ministerio de Transporte a llamar a licitación para la concesión del peaje fluvial “a riesgo empresario y sin aval del Estado” de la red troncal del corredor sobre el Paraná. Del texto quedaba claro que se había borrado el plan original de constituir una empresa estatal que controlaría esa autopista clave. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Quiénes se opusieron?
La respuesta no es difícil de discernir. El rechazo provino de las principales cerealeras del país, dueñas de los puertos sobre el litoral, que ejercen su poder de lobby desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una suerte de contrapata de la Mesa de Enlace pero que en el fondo defiende a los mismos sectores concentrados que la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. A través de diferentes canales de diálogo, el lobby patronal le hizo saber a las autoridades nacionales que lo mejor era que nada cambiase.
Tal fue el sismo interno dentro del Frente de Todos que el senador Jorge Taiana pidió informes al ministro de Transporte, Mario Meoni, dirigente que responde íntegramente a Sergio Massa, ¿acaso el representante de los intereses privados dentro de la frente gobernante?
“Si corregimos lo de Vicentin, ¿por qué no se va a modificar esto”, planteó a El Cohete un dirigente que participa de la mesa chica del Gobierno nacional. Para que no quedasen dudas, aclaró que esa supuesta corrección era pura ironía.
Además de querer interpelar a Meoni por la fallida empresa estatal, Taiana reclamó información sobre el dragado del Magdalena, un canal natural que le permitiría al país una salida directa al mar sin tener que pasar por Montevideo, una cesión de soberanía que se profundizó desde que Macri convalidó el fortalecimiento del puerto del país vecino al cajonear el proyecto Magdalena. La iniciativa para el nuevo dragado había sido analizada por Axel Kicillof en su último año como ministro de Economía.
Al cierre de esta edición no ocurrió ninguna modificación del decreto que nació flojo de papeles, al decir de un dirigente nacional. Sin embargo se anunció la creación de la unidad ejecutora que tendrá por objetivo construir el Canal Magdalena. El anticipo lo realizó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “En parte se calma el ruido que generó el 949 y en parte ratificamos que estamos avanzando sobre los grandes proyectos para mejorar las economías regionales”, indicaron desde la cartera de Interior.
Entre líneas
El Decreto 949/20 fue publicado en el Boletín Oficial el 26 de noviembre del año pasado con la firma de Meoni y Santiago Cafiero. A simple vista, solamente se facultaba a Transporte a llamar a licitación de la Hidrovía. Pero hubo dos puntos que le llamaron la atención a Horacio Tettamanti, un ingeniero naval que había sido subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner: la ausencia de la empresa estatal que había anunciado Alberto y la consolidación de un esquema de tránsito fluvial que viene favoreciendo al puerto de Montevideo.
¿Qué es lo que ocurre? En 2018 Macri convalidó en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata la autorización del dragado de un tramo clave para el país vecino. Con esa modificación terminó de consolidarse algo que venía sucediendo. Macri no presentó ninguna objeción a esa modificación que terminó de favorecer al Uruguay. En la práctica, la producción agroindustrial e industrial local sale al océano desde Punta Bravo hacia Puerto Palmira (Uruguay). A su vez, Macri congeló el proyecto del Magdalena en 2016.
Una de las principales objeciones al decreto 949 es que se decidió fortalecer el canal de Punta Bravo y por ende la salida por Uruguay. Este análisis de la letra chica explica que tanto Tettamanti como Taiana hayan levantado la voz por la persistente cesión de soberanía.
“Carece de sentido que la República Argentina acondicione el acceso por el Río Paraná Bravo al puerto uruguayo de Nueva Palmira si por allí no salen cargas argentinas, y se facilitan las condiciones para el contrabando y la evasión tributaria a través de ese puerto”, sostuvo Taiana en su pedido de informes al ministro Meoni.
Taiana mantuvo diferentes encuentros con funcionarios nacionales luego de su pedido de informes. A su entender, había posibilidades de modificar la orientación del cuestionado decreto. El mensaje de Wado de Pedro con el anuncio sobre el Canal de Magdalena intenta ir en esa dirección. El propio Meoni accedió a un encuentro con el bloque oficialista, vía Zoom.
Que nada cambie
Las compañías que tienen su representación en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), pero sobre todo en la Cámara de Exportadores de Cereales y Aceiteras (Ciara-CEC), le hicieron saber al gobierno que lo mejor era dejar todo tal cual estaba, por más que en la licitación pudieran cambiar los jugadores. Se sabe que China quiere tener peso sobre la Hidrovía.
“De 4 puertos pasamos a 22 (privados), se viene ahora una inversión de 3.500 millones de dólares y el Estado debe fijar condiciones de control. El concesionario ha mostrado su éxito con este esquema de gestión solventado por la actividad privada, por eso objetamos la estatización y la creación de la Agencia. No creemos que deba haber una Agencia que tenga muchos empleados sino que el órgano de control debe ser efectivo, rápido, como una unidad tipo task force”, respondió Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC y también integrante del CAA.
El gobierno nacional optó por tejer una alianza con el CAA –donde se baraja un proyecto de ley para aumentar las exportaciones agroindustriales–, un poco para contrarrestar la representatividad de la Mesa de Enlace.
“Es una lectura política errada”, afirma el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Del Frade. “No quieren otro 2008 (conflicto por las retenciones móviles). Pero si les das un poco de poder a los exportadores, te extranjerizan aún más la economía”, agrega.
El investigador Luciano Orellano (integrante del Partido Comunista Revolucionario), autor del libro Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná, afirma que Montevideo sigue siendo el enclave logístico desde el cual las grandes cerealeras consolidan sus “mecanismos de evasión cuasi legales vía precios de transferencia, triangulaciones e incluso contrabando”.
Para este autor, quienes operaron directamente en contra de la empresa estatal fueron Luis Zubizarreta (Dreyfus), Alberto Padoan (Vicentin) y Sergio Gancberg (Glencore), entre otros. También habla de las presiones del Grupo Techint, con interés sobre el mineral de hierro que se extrae en Bolivia e ingresa al país por el Paraná.
“Macri les había dejado todo listo para que la actual concesión se renovase con los dragados actuales, donde se favorece a Montevideo. Ellos (Uruguay) tienen los mismos enemigos que nosotros. El puerto de Montevideo funciona como un órgano de blanqueo de lo que puede provenir del contrabando o la evasión”, ratifica el escritor, y concluye: “Si no tenemos control de la Hidrovía, además de los mecanismos legales de evasión vía triangulación o precios de transferencia, estas empresas autodeclaran lo que venden y por ahí se consolida el contrabando”.
Lo cierto es que la AFIP controla todas las existencias físicas de lo que sale por los puertos privados, dentro de lo que se llama zona primaria aduanera. En este mismo portal, el politólogo Fernando Basso planteó la necesidad de que exista una segunda área de control (zona secundaria aduanera) donde las exportadoras no tengan nada que ver.
Así como las brujas no existen pero las hay, algo similar ocurre con la evasión y el contrabando. Por eso la UIF investiga a Bunge en una causa que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría 10, por la posible existencia de conductas de fraude contra la administración pública, evasión agravada o posible lavado de activos. También tiene puesta la mira sobre el Corredor Litoral y la Hidrovía.
“Algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas. Hablamos de prácticas que se llevan adelante a través de artimañas como la retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando. De esta manera presionan sobre el ingreso de divisas, fomentan devaluaciones de la moneda, acarrean evasión tributaria. En definitiva, inciden sobre los precios de productos de la canasta básica de alimentos”, asevera el titular de la UIF.
Saber de qué se trata
La propuesta de los privados es que nada cambie. De quedar todo como hasta ahora (con dragados que consolidarían la salida por Uruguay), las exportadoras seguirán teniendo la manija de muchos de los resortes de la economía, dentro de un equilibrio fino donde el poder real cuenta con más peso que el propio Estado.
“No es sólo una cuestión comercial, donde los que manejan el comercio también controlan la banca y pueden incidir en el control de la moneda. Hablamos de un debate de geopolítica. La planificación del país que queremos no puede quedar en manos de las exportadoras”, sentencia Orellano.
El próximo 22 de febrero se realizará el primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía. Además de las provincias ribereñas y los ministerios de Interior, Desarrollo y Transporte, reclaman la participación otras organizaciones políticas y sociales.
“Queremos saber de qué se trata, que se analicen los pliegos en audiencias públicas. Debemos democratizar lo que sucede en el Paraná”, concluye el autor del libro editado el año pasado.
“También tenemos que plantear la recuperación de la marina mercante. Por año se van miles de millones de dólares al contratar buques extranjeros”, comenta Del Frade, quien a su vez pide conocer la letra chica de los pliegos de la licitación en el marco del decreto 949.
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