La jueza federal de Nueva York Loretta Preska resolvió este viernes que el Estado argentino deberá indemnizar a dos fondos buitre de Estados Unidos que reclaman por el 51% de las acciones de YPF en 2012, cuando la petrolera fue reestatizada durante el gobierno de Cristina Kirchner. El resarcimiento podría rondar los US$ 20.000 millones.
Preska estableció en su fallo que «los demandantes eran tenedores de valores de YPF en los momentos necesarios y, por lo tanto, tienen derechos contractuales exigibles frente a la República», informó el sitio Ámbito Financiero en referencia a los planteos de los fondos buitre Burford Capital y Eton Park, que compraron el derecho a litigar contra la petrolera y el país cuando adquirieron las acciones fueron expropiadas. a cuanto esta el dolar blue hoy sabado 1 de abril
El planteo de los demandantes es que el Estado argentino no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones a los socios minoritarios, mientras que en 2014 se le pagó a la española Repsol unos u$s5.000 millones en concepto de resarcimiento por la «renacionalización» de la petrolera.
Tal diferencia en el trato económico a los accionistas de YPF prendió las alarmas de los propietarios extranjeros del 51%, pero Preska no hizo lugar a todos los reclamos de los demandantes.
«El Tribunal está de acuerdo en que el precio de la oferta pública de adquisición que la República habría estado obligada a ofrecer si la República cumpliera con los Estatutos es la medida apropiada de los daños compensatorios de los demandantes», sentenció Preska, no obstante lo cual «debido a que no se puede identificar la fecha en la que Republica activó su obligación de oferta pública de adquisición, no puede determinar la fecha de notificación contrafactual y, por lo tanto, no puede cuantificar los daños compensatorios de los demandantes».
Esto significa que no es claro para la justicia de Nueva York cuándo el Estado argentino debería haber lanzado la oferta pública para los accionistas de YPF, si en 2012 o en 2014, cuando fue el pago a Repsol. Hoy en día YPF cotiza a u$s8.576 millones en la Bolsa de Nueva York.
A pesar de que tendrá que desembolsar una cifra millonaria en concepto de garantía por haber perdido el litigio en primera instancia, Argentina aún tiene la posibilidad de apelar el fallo de Preska en un nivel superador del Poder Judicial de los Estados Unidos: primero ante la Cámara de Nueva York y luego frente a la Corte Suprema.
Hasta la fecha no se fijó el monto de la indemnización final ni del pago de la garantía, pero el precio final que Argentina podría tener que pagarle a los fondos Burford Capital y Eton Park oscila entre los u$s 8.500 millones y los u$s19.8000 millones.
En su cuenta oficial de Twitter, la vicepresidenta de la Nación, demostró lo que implica que un legislador de EEUU en ocasión de la visita presidencial de Alberto Fernández a su par norteamericano Joe Biden, exigiera que se investigue y sancione por corrupción a Cristinas Fernández de Kirchner.
Ted Cruz: El Senador de Estados Unidos que más dinero recibió de las empresas de petróleo y gas en el año 2018… Y acá tenemos Vaca muerta, segunda reserva de gas shale y cuarta de petróleo shale a nivel mundial.
Tal cual lo dije: Proscripción!
Y para que nadie tenga dudas, del norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py.
» Yacimiento Vaca Muerta, que recuperamos junto a YPF en mi segundo mandato durante el año 2012. ¿Te das cuenta por qué nos dejaron afuera de la cancha? Se nota mucho» dijo la ex presidenta Cristina, a la vez que en el hilo de sus publicaciones, agregó
«Por si todo esto fuera poco, 5 días antes de que intenten asesinarme, el Senador Ted Cruz había pedido sanciones en mi contra por las acusaciones del Fiscal Luciani. Como verás, todo hace juego con todo.»
Los ríos Paraná y de La Plata, con afluentes, son la 5ª fuente de agua natural potable del mundo. Todo lo que cambie su régimen producirá consecuencias. Así, inundaciones y sequías se agravarán, y la estafa al Estado también, sobre todo si el Estado no actúa o actúa poco y errático, como tantas veces por atender más a intereses colonialistas que a lo que importa a la población.
Por Mempo Giardinelli
Lo cierto es que por nuestro sistema fluvial en la actualidad circulan unas 3.000 barcazas –casi todas paraguayas– y alrededor de 5.000 buques de grandes portes, ninguno de bandera argentina y cargados todos con inexplicables contenidos que prácticamente ni se pesan ni controlan. De hecho sobran denuncias, incluso internacionales, sobre cargas simuladas, truchas e incluso de estupefacientes.
Esa navegación por nuestros ríos no paga los impuestos que corresponden, y ni siquiera se reconocen pesajes válidos pues todo circula en base a «declaraciones juradas».
Como se sabe, el dragado del Paraná y del Plata está a cargo, desde la concesión original en 1995, de la empresa Hidrovía S.A. que es propiedad de la naviera belga Jan de Null y de la argentina EMEPA. Son los verdaderos dueños del Paraná, y a la vez seguros promotores del cambio de nombre al río, presumiblemente para que los 10 o 12 millones de personas moradoras a ambos lados del Padre Río no advirtieran el cambio. Y simulación absurda que sin dudas facilitó la instalación de decenas de puertos extranjeros sobre la costa santafesina, todos con banderas de otros países y con policías propias.
En este contexto de innumerables idas y vueltas, y variadas confusiones, han demorado la concreción del factor fundamental para que la República Argentina empiece a torcer el rumbo errático de su política hídrica, fluvial y marítima: la desembocadura fluvial en el Canal Magdalena, que une ambos ríos con el Océano Atlántico y garantiza así la absoluta independencia de circulación. Y política que está ahora mismo, en el Congreso de la Nación, adquiriendo un relieve es de esperar irreversible.
Expertos en la materia consultados especialmente al cierre de esta nota advirtieron, sin embargo, que «podemos estar en presencia de una confusión o una avivada». Y ello porque como base de todo está el compromiso asumido por el presidente Alberto Fernández de cumplir con una decisión que ya había tomado Cristina Fernández de Kirchner en 2013 y que el mismo AF anunció que presentaría al Congreso. Lo que en efecto hizo y esta columna celebró hace un mes y medio. Y compromiso que, junto con el gobernador Axel Kicillof, no fue un asunto menor: el Presidente se comprometió a firmar un decreto delegando a la PBA la ejecución del Canal Magdalena.
Pasado poco tiempo, la semana pasada esto fue tema cuando se debatió el presupuesto nacional en el Congreso. Allí, como es habitual que el gobierno nacional delegue en provincias la ejecución de grandes obras –por ejemplo las hidroeléctricas– después de un cierto lapso aún no se había ratificado aquella decisión, que por cierto esta columna venía reclamando.
Como fuere en todos los ámbitos –afines a la soberanía o contrarios a ella– se esperaba el decreto delegatorio de la obra, aunque todavía no hubiese sido aprobada por el Congreso. Lo cual acaba de suceder. Pero en cuyo texto –ahora analizado por expertos que consulta esta columna– la verdad es que parece ignorarse que el Magdalena en realidad es parte, o sea la cola final del codillo del Canal Punta Indio. Así lo declaraba ya originalmente la Resolución 584/2013 por la que se creó legalmente el Canal Magdalena, por orden de la entonces presidenta.
Por fortuna parece obvio que ahora sí se utilizó –en el Congreso–– la copia de aquel original que creó el Canal Magdalena.
Quizás la confusión en el texto presupuestario (o «trampita», según se mire) está en una palabra que advirtió un técnico cuya identidad aquí se reserva: «Ahora se dice «definición» en lugar de «apertura» o «profundización» y eso en una interpetación forzada podría habilitar una posible confusión. Pero no hay dudas de que Canal Magdalena es el vocablo correcto, como seguramente recordó el Presidente en cumplimiento de su palabra, seguido de la inmediata aprobación del Presupuesto y de la inminente delegación de la obra a la Provincia de Buenos Aires, ante cuyo gobernador el Presidente hace poco se comprometió. Se espera ahora el decreto para que la Provincia proceda.
De todos modos, y más allá de que la palabra «definición» es incorrecta, hay quienes la atribuyen a mera ignorancia de quienes manejan esto en el Ministerio de Transporte, donde –dicen marinos veteranos– «algunos funcionarios, de navegación conocen poco y nada», mientras otros sospechan que pudo ser una picardía para poner palos en la rueda.
Lo cierto es que hay coincidencia absoluta en que la cuestión está correctamente conceptualizada, porque «nosotros ahora vamos a poder navegar por un canal mucho más corto, más barato, más seguro, más ancho, que bajará costos a nuestros productores y que nos va a permitir unir los puertos del Paraná con los del Atlántico sur». Virtudes incuestionables frente al canal actual, que es mucho más largo y más angosto, más caro y más peligroso. Y además y por sobre todo eso –completa otro veterano ingeniero naval– «el Magdalena va a ser soberano, lo que dará por terminada toda una absurda subordinación como si fuésemos un país mediterráneo. Piense nomás que el Canal del Indio puede haber sido una de las razones de la miseria económica que caracterizó a la Argentina en los últimos 30 años».
Claro que cierta estupidez constitucional argentina siempre puede manchar los grandes anuncios. Ahí está, por caso, otra consecuencia de la Reforma de 1994: gracias a ella se anuncia ahora, desde la provincia de La Rioja, que también allí sembrarán soja. Completo absurdo ambiental que, encima, aparejará el uso y abuso de glifosato, veneno que en Europa está prohibido y no se tolera ni para macetas en balcones.
Como fuere, lo que importa es que la palabra soberanía día a día va dejando de ser un misterio oculto. Y aunque todavía no se generaliza su valor y trascendencia en toda la república, el sentido mismo del vocablo –como sentimiento, quehacer y orgullo patriótico– ya no es, como en las últimas décadas, una rareza en un horizonte difuso y lejano. Es obvio que hoy hay más conciencia de que se trata del deber y el orgullo de un pueblo libre y con conciencia patriótica. Enhorabuena si un río y un canal contribuyen a fortalecerla.
El kirchnerismo sigue respaldando al ministro de Economía, pero gobernadores e intendentes reclaman mayor control de precios y recomposición salarial.
Esperando un milagro. El Frente de Todos atraviesa un momento de dispersión y reagrupamiento, en medio de la tormentosa situación económica. Este sábado, el encargado de sintetizar la posición del kirchernismo fue Andrés Larroque: “Hay un sinsabor sobre la gestión del Gobierno. La gente pide más kirchnerismo, no pide más moderación”.
Gobernadores e intendentes peronistas muestran su preocupación y piden volver al territorio para pelear por los votos. Juan Zabaleta ya lo hizo y Juan Manzur ya avisó que lo va a hacer más temprano que tarde. Jorge Ferraresi también está pensando en volver a Avellaneda.
La reunión del peronismo bonaerense este miércoles, en la residencia del gobernador, Axel Kicillof, esta en líne con objetivo de “blindar la Provincia” ante un eventual escenario adverso en Nación. Los intendentes le pidieron a Kicillof ayuda para poder aumentar los salarios municipales a la par de los provinciales. Es que la respuesta de los peronistas con responsabilidad de gestión es plata en los bolsillos, para que la inflación no pegue tanto. Por lo pronto, la intendenta de Quilmes y dirigenta camporista, Mayra Mendoza, anunció el viernes una recomposición del 25% para llegar a un anual de 82,2%. Además adelantó que habrá un bono en diciembre, una forma de comunicar en los hechos lo que viene reclamando el kirchnerismo desde hace varios meses.
Kirchneristas y dirigentes que estuvieron cerca de Alberto Fernández, pero que han tomado distancia, coinciden en pronósticos oscuros para el año próximo. Todos analizan que con este nivel de inflación es imposible que el oficialismo retenga la conducción del país. Y también ven que las herramientas que usa Sergio Massa para reducir el índice de precios es el acuerdo con los sectores empresarios, que hasta el momento no respeta lo que se le pidió desde el Estado. Si bien el IPC bajó del 7% al 6,1%, la desaceleración es lenta y sigue carcomiendo lo salarios.
El anuncio del refuerzo alimentario a las personas por debajo de la línea de indigencia tuvo sabor a poco cuando se conoció el universo destinatario: lo recibirán aquellos que no tengan ningún tipo de ingreso estatal pero que tampoco hayan pagado con tarjeta de débito o billetera virtual durante los últimos dos meses. O sea que también excluye a los trabajadores informales que podrían haber visto una mejora.
Por lo pronto, el kirchnerismo aprueba la gestión de Massa pero insiste con el control de precios. Larroque volvió a pedir “un plan de control más riguroso en el tema precios” y sostuvo que el bono “debe ser la primera parte de un plan”.
“Massa agarró un fierro caliente. Con su llegada a Economía ganamos políticamente. Tiene una mirada responsable, algo que no sucedía en la etapa anterior. Massa es una persona con inteligencia. Hay que ser justos: a (Martín) Guzmán le perdonaron todo y con Sergio se pusieron exigentes”, criticó.
También aprovechó para cuestionar a sus eternos rivales. En declaraciones a la AM750, criticó duro a los dirigentes de la CGT y el Movimiento Evita, que están armando sellos electorales. “Aquellos sectores que le quemaron la cabeza con armar el albertismo ahora ya están armando el ‘post-albertismo. Me apena la foto de la CGT, parte de la UTEP y el Movimiento Evita”, dijo el dirigente que suele ser uno de los voceros públicos del kirchnerismo.
Los reagrupamientos electorales se desataron en el peronismo luego de que se perdiera una conducción clara. Algunos consideran que la campaña 2023 había empezado con ímpetu. Pero apenas duró 15 días, hasta que un intento de magnicidio metió para adentro a la protagonista más importante del FdT. El involucramiento que hizo el fiscal Diego Luciani del diputado Máximo Kirchner en la causa vialidad también juega en contra de la decisión personal de Cristina para postularse. Ahora no hay una definición clara sobre cuál será su rol el año próximo. En ese marco fue que la vicepresidenta vio por televisión como el mismo día que detenían a los referentes de Revolución Federal, surgía la polémica por los dichos de uno de los integrantes de Gran Hermano«.
El Presidente pidió «aislar» las expresiones extremas de violencia y lo relacionó con el discurso político. El feriado fue dictado para permitir movilizaciones en repudio al ataque.
El presidente Alberto Fernández declaró un feriado nacional para este viernes con el objetivo de que “en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”, dijo este jueves por la noche en un mensaje grabado desde la residencia de Olivos.
La CGT llamó a una movilización masiva cuyos detalles se terminarán de acordar este viernes por la mañana en su sede. Los diputados sindicalistas Hugo Yasky y Sergio Palazzo también llamaron a movilizarse desde la improvisada conferencia que hicieron con los diputados y senadores este jueves por la noche desde el Congreso.
Según pudo saber Tiempo, el presidente estuvo acompañado por la secretaria Legal y Técnica Vilma Ibarra, el canciller Santiago Cafiero, el jefe de asesores Juan Manuel Olmos y la portavoz Gabriela Cerruti. Apenas supo de la noticia, el presidente comenzó a armar su mensaje que finalmente se emitió a la medianoche. Vilma Ibarra, persona de mayor confianza del presidente, colaboró con la redacción del mensaje y fue la encargada de redactar el DNU de declaración del feriado nacional.
En tanto, los ministros y ministras del gabinete nacional también expresaron su repudio: “Es urgente que la justicia esclarezca los hechos y que la sociedad toda, en especial la oposición y los medios de comunicación, reflexionen acerca de las nefastas consecuencias de la propagación de los discursos de odio y cesen de inmediato la producción y reproducción de esos mensajes contra la vicepresidenta”, pidieron.
Texto completo del mensaje presidencial
“Querido pueblo argentino: En el día de hoy, poco después de las 21 horas, un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación y dos veces presidenta constitucional, Cristina Fernández de Kirchner. Este hecho es de una enorme gravedad, es el más grave que ha sucedido desde que hemos recuperado nuestra democracia. En el marco de una presencia masiva de personas frente al domicilio de la vicepresidenta, un hombre apuntó con un arma de fuego a su cabeza y gatilló. Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada.
Semejante realidad conmueve a todo el pueblo argentino y en particular a quienes somos sus compañeros que la abrazamos solidariamente con todo nuestro cariño. Este atentado merece el más enérgico repudio de toda la sociedad argentina, de todos los sectores políticos y todos los hombres y las mujeres de la república, porque estos hechos afectan nuestra democracia. Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos de la sociedad argentina.
Podemos disentir, podemos tener profundos desacuerdos, pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada.
La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Convoco a todos y a cada uno de los argentinos y argentinas, a toda la dirigencia política y social, a los medios de comunicación y a la sociedad en general, a rechazar cualquier forma de violencia. Necesitamos aislar, no convalidar y repudiar las palabras descalificadoras, estigmatizantes y ofensivas que solo nos dividen y enfrentan. Me he comunicado con la jueza que está investigando lo ocurrido. Le he solicitado que esclarezca rápidamente las responsabilidades y los hechos.
También le he solicitado que asegure la vida del acusado directo que se encuentra detenido. Que la conmoción, el horror y el repudio que este hecho nos genera se convierta en un compromiso permanente para erradicar el odio y la violencia de la vida en democracia. Por ese motivo, he dispuesto declarar en el día de mañana feriado nacional para que, en paz y armonía, el pueblo argentino pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta. El pueblo argentino quiere vivir en democracia y en paz y nuestro gobierno tiene el firme compromiso de trabajar cada día para que lo logremos”.
El pedido de prisión para la expresidenta y actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), reaviva el debate sobre las transformaciones estructurales que intentan los gobiernos que se definen como populares en América Latina.
Por Pedro Brieger
Una de las características del llamado lawfare-con la activa participación de los principales medios de comunicación masivos- es que la población crea que los juicios contra dirigentes populares están desprovistos de intencionalidad política y que solo tendrían como objetivo enjuiciar a alguien que ha violado las leyes. Con ese fin, insisten en señalar que las personas enjuiciadas tienen todas las garantías legales para su defensa. Hay algo de verdad, pero una verdad a medias que es una trampa. El juicio político en 2013 contra Dilma Rousseff duró meses y pudo presentar su defensa ante el Congreso, así como lo pudo hacer Fernando Lugo en Paraguay en 2012, aunque luego lo destituyeron en apenas 48 horas. Y también es el caso de Cristina Fernández de Kirchner, aunque la sentencia parece escrita de antemano.
La fachada democrática es la que marca la gran diferencia con los sangrientos golpes de Estado del siglo veinte como los que derrocaron a Juan Domingo Perón en la Argentina en 1955 o a Salvador Allende en Chile en 1973, solo para nombrar algunos de los más emblemáticos.
En ambos casos se acusó a los gobernantes de violar las leyes porque se atrevieron a modificar las estructuras económicas, sociales y jurídicas creadas por los fundadores de la patria. Es verdad, es lo que intentaban hacer, y por eso los derrocaron.
Para muestra basta un simple botón: en 1954 el peronismo modificó las tradicionales estructuras jurídicas para habilitar el divorcio vincular. Quienes siempre habían gobernado no lo pudieron tolerar. Luego del golpe cívico-militar de 1955 se lo anuló y hubo que esperar hasta que el gobierno electo de Raúl Alfonsín lo rehabilitara en 1987.
El mayor de los pecados de todos los gobiernos que intentan incluir a las grandes mayorías es modificar las reglas de juego económicas, jurídicas y sociales que históricamente fueron diseñadas y manejadas por una minoría en su beneficio.
Siempre hay que recordar que los Estados nacionales en América Latina se estructuraron desde su nacimiento alrededor de las clases sociales que los crearon, conjugando el poder político con el económico, diplomático, jurídico, militar y mediático, indispensables todos para legislar a favor de quienes, justamente, habían creado dichos Estados.
Va de suyo que cualquier poder político-económico necesita de los medios masivos de difusión, adecuados a cada momento histórico, para generar los consensos necesarios que les permita mantener a la mayoría de la población convencida de que dicho poder es el natural. Y que no se lo puede tocar.
El problema que tienen hoy quienes ejercieron el poder durante décadas es la imposibilidad de derrocar gobiernos populares por la vía “tradicional” de los golpes de Estado como en el siglo veinte, cuando cerraban los parlamentos, postergaban de manera indefinida las elecciones, prohibían los partidos políticos y sindicatos, había una férrea censura, represión, muertes y desapariciones.
La imposibilidad, por ahora, de los poderes civiles de recurrir a las Fuerzas Armadas para destituir de manera directa y violenta gobiernos progresistas electos ha llevado a que los sectores sociales que históricamente controlaron al Poder Judicial utilicen nuevos métodos para debilitar y derrocar a estos gobiernos. Y de esto se trata el “lawfare”: minar el poder de los gobiernos populares para que se desmoronen en nombre de las instituciones y la defensa de “la república” utilizando una fachada democrática.
Por eso, cuando destituyeron a Manuel Zelaya en Honduras en 2009, a Fernando Lugo en Paraguay en 2012, a Dilma Rousseff en Brasil en 2016 e incluso a Evo Morales en Bolivia en 2019, se intentó mantener un relativo grado de “institucionalidad” respetando los cronogramas electorales establecidos en los tres primeros y convocando a un nuevo proceso electoral en Bolivia. Sin embargo, oh casualidad, quienes más insisten en respetar la institucionalidad niegan que hubo en un golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.
En el caso argentino, históricamente fue el peronismo -con todas sus contradicciones- el que intentó modificar las estructuras. La maraña jurídica, que solo pueden comprender especialistas, está diseñada para que no se vea que lo esencial es invisible a los ojos. Pero esta a la vista: la persecución a Cristina Fernández de Kirchner no es jurídica, es política.
El ministro de Economía se expresó mediante sus redes sociales.
Sergio Massa, ministro de Economía de la Nación, consideró «absurdo» que los fiscales de la causa Vialidad hayan planteado «que el jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes», al criticar el pedido de 12 años de prisión y la inhabilitación contra la Vicepresidenta, y señaló que eso supone un «peligroso antecedente» que implica modificar el «Derecho Penal y el encuadre del principio de responsabilidad».
«Estamos ante un peligroso antecedente para la política, empresarios y aquellos que tienen dependientes»
Sergio Massa
Aseguró este lunes desde las redes sociales.
Además, el titular del Palacio de Hacienda compartió desde su cuenta de Twitter el documento oficial del Gobierno sobre el cierre del alegato de los fiscales en el juicio oral por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, con el que el Ejecutivo condenó «la persecución judicial y mediática contra la Vicepresidenta».
«Tal como expresó el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones la persecución judicial avalada y promovida por distintos medios de comunicación, la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita, la imposición de la prisión preventiva como pena anticipada, la acusación fundada en responsabilidades objetivas y la aplicación del derecho penal de autor, son todos aspectos que contradicen la dogmática del derecho penal aplicable en una República fundada en el Estado de Derecho», señala ese texto.
Hacia el final, el pronunciamiento del Gobierno califica la acción de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola como una «persecución y búsqueda de proscripción» que se enmarca «en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos».
Ayer por la noche quedo varios videos registraron como la policía de la Ciudad de Buenos Aires, redujo en plena calle al diputado bonaerense del Frente de Todos, Adrián Grana, lo esposó y lo subió a un camión para trasladarlo a dependencias de la fuerza, en medio de las manifestaciones a favor y en contra de Cristina Kirchner en la puerta del domicilio de la vicepresidenta.
“Sabían que detenían a un legislador, lo hicieron porque molestábamos en la foto y tenían orden de garantizar la proptesta opositora”, dijo Grana en diálogo con Diputados Bonaerenses y recordó: “Los diputados tenemos fueros y si no nos encuentran cometiendo un delito ‘infraganti’ no no pueden detener, pero lo hicieron igual”.
El histórico dirigente del distrito bonaerense Morón y militante del partido Nuevo Encuentro, de Martín Sabbatella, reveló a este medio que previamente a su detención había mantenido contacto durante dos horas con los efectivos de la Policía porteña, incluso que se había presentado con su credencial de diputado bonaerense, por los que los uniformados “sabían muy bien que estaban deteniendo a un legisaldor, pero lo hicieron igual”.
“Por suerte fue solo el mal trago de la detención que terminó cuando me liberaron antes de ingresar a la comisaría. Tuvieron que desistir porque era un escándalo y una barrabasada detener a un diputado, había cámaras de todos los medios que mostraban que no habíamos hecho absolutamente nada”, setenció el exdiputado nacional entre 2015 y 2019.Uno de los videos que muestra la detención de Adrián Grana.
“Nos quisieron detener porque molestábamos en la foto, la policía de la Ciudad de Buenos Aires tenía la orden de garantizar la protesta opositora. No nos molesta que la gente se movilice porque es parte fundamental de la democracia, pero hay mucha gente movilizada por el odio que generan los medios concentrados de comunicación”, agregó Grana.
En ese contexto, el diputado bonaerense del Frente de Todos negó haber golpeado a uno de los agentes porteños, como se dijo en un primer momento. “Esta detención es parte del odio de este linchamiento judicial, mediático y político que están sosteniendo contra Cristina Kirchner”, senteció Grana a Diputados Bonaerenses.
El legisaldor apuntó que estas actitudes “ya no sorprenden” porque son “parte del paisaje habitual de la política argentina”. “Hay claramente un linchamiento, están interesando hacer desaparecer al peronismo por otros medios, no me queda duda que quieren meter presa a Cristina Kirchner”, dijo.
Grana reparó en las inconsistencias de la causa Vialidad. “En este juicio no hay pruebas, no pueden confirmar ni un solo hecho, no pueden decir tal persona estuvo en tal lugar haciendo tal cosa. No tienen ni una sola prueba. El tema no es saber la verdad, sino usar esta causa para proscribir, quieren sacar al peronismo del medio”, señaló.
El repudio de Cristina Kirchner
La Vicepresidente rápidamente repudió la represión y detenciones efectuadas por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y apuntó directamente al jefe de Gobierno porteño, Rodríguez Larreta.
“Lo único que le faltaba para ser Macri: la policía de la ciudad reprimió con palos, gas pimienta y gases lacrimógenos a ciudadanos y ciudadanas que se acercaron a Juncal y Uruguay como muestra de apoyo frente a los insultos de un grupo de energúmenos macristas”, sostuvo la exmandataria en Twitter.
Cristina Kirchner recordó que “jamás, ningún militante ni simpatizante de nuestro espacio político ha ido al domicilio de ningún dirigente macrista a insultarlos: ni a la casa de Macri, ni a la de Rodríguez Larreta, ni a la de Bullrich o Vidal“.
Así detenían al diputado bonaerense Adrián Grana.
“Son muy, pero muy violentos… y cuando son menos, la policía de Rodríguez Larreta se suma a la agresión contra mi persona. Nunca fueron ni serán democráticos“, agregó para cuestionar al jefe de Gobierno porteño, quien horas más tarde respondió por Twitter en un mensaje en el que le reclamó “no engendrar violencia” y “cuidar la paz social”.
Otro de los que se manifestó fue ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y líder de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, quien a su vez acusó a la policía de Rodríguez Larreta de “proteger a los violentos, gasear y atacar a los manifestantes que fueron a expresarse en defensa de Cristina Fernández de Kirchner”.
“Tu policía protegió a los violentos, gaseó y atacó a los manifistantes que fueron a expresarse en defensa de Cristina Kirchner y de yapa metiste preso al diputado Adrián Grana”, se quejó Larroque.
Se fue uno de los funcionarios más criticados por Cristina. Su movida, la reacción del presidente. El reencuentro en Tecnópolis. Los dos discursos. Las palabras, los gestos de Cristina, la lapicera en primer plano. Guzmán sin un aliado en la gestión.
El presidente Alberto Fernández vivió una larga jornada este sábado en Olivos, atareado en varias reuniones. Una de las primeras, un palique con el canciller Santiago Cafiero preparando el viaje hacia Los Ángeles a la Cumbre de las Américas. El ministro le acercó material escrito para el discurso en el cónclave. Faltarán presidentes de la región, sobrarán sillas vacías: el presidente estadounidense Joe Biden inventó un “derecho de admisión” ilegal, a pura prepotencia.
AF comenzaba a trazar el borrador de su intervención pidiendo “un proceso de integración sin exclusiones”, insertando planteos sobre la seguridad alimentaria. Se propone subrayar la falta de solidaridad de los poderosos del planeta para ayudar al resto del mundo frente a la pandemia. Y propugnar que sea distinto el modo de afrontar las tremendas secuelas de la guerra en Ucrania.
Los ejes de la jornada viraron pronto; desembocaron en el pedido de renuncia al ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas. Los detalles se despliegan en otras notas de este diario. Para ésta, es crucial señalar que AF reaccionó con reflejos veloces, de volea. Salvando distancias como cuando le pidió la dimisión al ex ministro de Salud, Ginés González García. En esta contingencia tuiteando “comparto el malestar expresado por Cristina”.
El detonante parece asombroso: nadie aconsejaría a un ministro instalar un conflicto dentro del Gobierno después del reencuentro de la fórmula presidencial en Tecnópolis. Pero los seres humanos fallan, más en situaciones de presión. En el plazo corto, AF y Cristina armonizaron. El equipo económico sufrió una baja importante.
En la caldera de Twitter detonó un debate sobre el uso o abuso del off the record, aludido por Cristina. Desde el entorno presidencial marcaron una diferencia: subrayaron que la inconducta sancionada fue la falsa denuncia de un acto de corrupción oficial; no el modo de difundirla.
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Funcionarios en jaque: La primera pregunta del millón es si recrudecerá la ofensiva contra el ministro de Economía Martín Guzmán, el de Trabajo Claudio Moroni y el presidente del Banco Central Miguel Pesce. Los principales “funcionarios que no funcionan” según la lectura kirchnerista.
En el Gobierno replican que ese efecto cascada no sucederá, que Kulfas cometió una torpeza imperdonable, individual. Que las aguas deben calmarse. Al fin y al cabo, la continuidad (en un contexto más espinoso) de la táctica elegida por AF tras el enfriamiento en las relaciones con Cristina. Concentrarse en la gestión, minimizar referencias o repercusiones sobre las recriminaciones internas. Objetivo declamado que no siempre se cumple, pongalé. Pero que está fijado como meta.
El clima venía caldeado desde anteayer pero, a la vez, dejaba la impresión de estar bajo control. Las lecturas del sector albertista oscilaban. Un ala optimista destacaba la confluencia, los intercambios, las señales de unidad. La consigna era “seguimos unidos, hay un solo proyecto del Frente de Todos para la Argentina más allá de las divergencias. YPF, Tecnópolis, el desarrollo, la industrialización”. Una mirada voluntarista, tal vez. Un mensaje tranquilizador, en cualquier caso.
Un ala menos conforme rumiaba malhumor en silencio. Dentro del equipo económico se percibían broncas pero ningún protagonista las verbalizaba. La intención era dejar transcurrir el fin de semana, seguir laburando en tareas para la próxima. Guzmán dejo trascender que estaba consagrado a full a esos menesteres, cuando ardía la tarde del fresco sábado otoñal.
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El modelo en debate: Hasta ayer, Kulfas era uno de los funcionarios predilectos del presidente. Lo acompañaba desde el Grupo Callao. Los resultados económicos “macro” ensalzados por el presidente y su entorno se reconocían, en alta dosis, como consecuencia del desempeño del ahora exministro.
Quizá, estilizando o simplificando un poco, puede decirse que el Gobierno ha concretado, hasta ahora, un proyecto desarrollista exportador con bajos salarios. Lo antedicho no es un juicio de valor definitivo sino la descripción de su estadio actual.
La divergencia con otros sectores del peronismo es que el presidente Alberto y sus allegados piensan que ese “modelo” (resaltamos las comillas) evolucionará. Confían en que se sostendrán crecimiento y creación de empleo, sobrevendrán mejores niveles salariales. Para los críticos internos, se trata de un progreso (o “derrame” para los más sarcásticos) dudoso o imposible. Hacen falta medidas distintas, novedosas, tensando la relación con las grandes patronales. Este cronista opina parecido: el gobierno necesita relanzarse, promover políticas audaces, crear derechos, pegar un salto cualitativo.
Guzmán pierde un compañero de gestión con el que sintonizaba muy bien, un aliado permanente. Dato no menudo. Un funcionario albertista dotado de memoria y de sentido del humor recuerda una anécdota del cuadrazo brasileño Celso Amorim quien fuera ministro de los expresidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. En sus albores, Amorim no provenía del PT, la fuerza política de Lula. Tenía contradictores que le refregaban su falta de pertenencia y que nadie lo había votado. Amorim, con amable sorna, reconocía y retrucaba: “tengo un solo voto, el de Lula”. El caso de Guzmán podría ser similar. AF lo viene bancando ostensiblemente, le da espacio. La designación de Guillermo Hang en reemplazo de Roberto Feletti como Secretario de Comercio Interior constituye el ejemplo más reciente de una larga saga.
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El día antes: Es frecuente que los abogados reciban lapiceras de regalo, tradición que se remonta a cuando escribían mucho a mano. Alberto Fernández habrá acumulado muchas, ninguna tan dotada de sentido y de mandatos como las que le entrega (o le impone) la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “La lapicera” equivale al poder, a la decisión política, a la resolución de conflictos, a tomar partido. Ningún presidente tendría que “firmar al pie”, proclama con otras palabras Cristina ante escenarios que ella misma configura.
El peculiar formato del viernes llegó cargado de simbolismos: Tecnópolis, el centenario de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y el aniversario de su expropiación. Exaltación de lo estatal y de lo público, de la larga tradición nacional-popular iniciada por el presidente Hipólito Yrigoyen. Y de los gobiernos kirchneristas.
La coreo fue iniciativa de Cristina. Mediaron sonrisas, usos abundantes del vocativo (“vos, Alberto”, “vos Cristina”) algunas bromas sobre una letra de Luis Alberto Spinetta u otra menos acre sobre un libro de la académica Chantal Mouffe. Pero el mensaje fue claro: sin estridencias ni eufemismos, Cristina plantea a viva voz que “Alberto” debe asumir los conflictos, no gobernar como si la Argentina fuera Suiza.
Entre otras demandas exigirle al Grupo Techint que produjera “acá las chapas laminadas” que usará para construir un gasoducto, que no se valga de su condición de multinacional para fabricarlos en Brasil
Se sabe: ese reclamo dista de ser el único o el principal. Fue preciso, minucioso… encaja dentro de planteos más vastos. Entre otros, el combo referido al desacople de los precios de los alimentos. La necesidad de aumentar retenciones que el presidente rehúsa alegando que no sería posible conseguir las mayorías necesarias en el Congreso. En las semanas recientes se añade la urgencia de medidas complementarias. Reforzar cupos a exportaciones, aumentar controles de precios.
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El contorno y “la política”: A AF le cayeron en (mala) suerte dos catástrofes planetarias: la pandemia y la guerra europea. Como pocas veces, acaso como ninguna, todos los países atravesaron simultáneamente desafíos, dolores, pérdidas o tragedias similares. No idénticas porque todo crece desde el pie, desde las condiciones originales. Peor aún, las hecatombes acentuaron las concentraciones de poder y las desigualdades preexistentes.
La guerra en Ucrania cumplió cien días, todo indica que se prolongará mucho. Rusia fue el invasor. La Organización del Atlántico Norte (OTAN) provocó las condiciones previas. Y escaló la contienda con Estados Unidos a la cabeza. Tallan vendedores de armas, mercenarios. No lo diga en voz alta, que queda “cipayísticamente incorrecto”, pero a Joe Biden lo favorece el conflicto porque lo inviste de un liderazgo inesperado. Hay demasiados interesados en que la guerra no cese abruptamente… ni siquiera pronto. En este mundo cruel hay poco espacio para milagros.
Las elecciones presidenciales ulteriores a la pandemia fueron tendencialmente aciagas para los oficialismos. Con matices locales, con diferencias que están en el inventario, a los gobernantes les fue mal. El expresidente estadounidense Donald Trump encabeza la lista de derrotados porque el tamaño importa. El presidente francés Emmanuel Macron hizo excepción a la regla pero sin cambiar la tendencia. Las poblaciones que padecieron muertes y privaciones de libertades se inclinan (de nuevo, en general aunque no unánimemente) por cambiar de gobierno. La reciente primera vuelta en Colombia ofrece un ejemplo matizado, muy de época. El uribismo, que dominó la escena durante largo rato, no llegó al ballotage en el que contienden dos candidatos “críticos” de dispar ideología. Pero, en una de esas, el sesgo pro derecha de la coyuntura mundial sea confirmado en la segunda vuelta. Nunca se sabe hasta que se cuenta el último voto.
El Frente de Todos perdió las elecciones de medio término. Precisa mejorar “la vida de la gente” para conservar posibilidades para las presidenciales de 2023. La derechización es un fenómeno mundial que se condimenta con el desencanto ciudadano, la apatía, el repliegue al individualismo. La ya mencionada Chantal Mouffe escribió en Europa muchos años atrás que “la principal experiencia de los individuos en la actualidad es la propia destrucción de las condiciones de solidaridad colectiva” (“En torno de lo político”). El texto podría haberse redactado ayer en la Argentina.
Deprime la productividad del sistema político institucional y de la mayoría de los medios. Discusiones banales, griteríos o hasta agresiones.
El Gobierno propone una reforma de la Corte Suprema impracticable, de dudosa constitucionalidad, ajena a las vivencias o percepciones de la gente común. Incomprensible para la mayoría, para colmo.
El nombramiento del exgobernador, exembajador, exvicepresidente, Daniel Scioli privilegia el perfil político sobre la formación económica.
Para la interna del Frente de Todos: se fue un aliado «de la primera hora» del presidente e ingresó un arquetípico centrista. Scioli es un componedor nato, un protagonista que sabe convivir y sobrevivir sin generar reyertas. Amén de un funcionario con largo rodaje como comprueba la incompleta lista de “ex” reseñada renglones arriba. Scioli pidió unos días para organizar el regreso desde Brasilia. Jurará cuando el presidente retorne desde Los Angeles. Fernández tomó la decisión mientras concretaba con una seguidilla de reuniones pre programadas.
La renuncia de Kulfas sucede a una seguidilla de enfrentamientos, errores e irresponsabilidades. La magnitud de la crisis, el impacto sobre la continuidad del equipo económico se irán dilucidando día tras día. El lunes se empezará a medir si la interna frentetodista se encauzó o se aceleró. Todas estas historias continuarán.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) cumple el 3 de junio 100 años de su fundación, cuando el Estado nacional creó la Dirección General de la compañía, hito fundamental en la historia de la industria petrolera local, que marcó no sólo buena parte del desarrollo productivo del país sino que acompañó los vaivenes políticos y sociales de la Argentina.
Los antecedentes de YPF pueden encontrarse en el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en 1907, por parte de un grupo de operarios que cavaba pozos en busca de agua y se encontraron con el «oro negro».
Ilustración Pablo Blasberg
En 1910, bajo la presidencia de José Figueroa Alcorta, se creó la Dirección General de Explotación del Petróleo, con el objetivo de regular la actividad de las compañías extranjeras que comenzaban a establecerse en el país.
Los cambios más significativos comenzaron a producirse a partir del 3 de junio de 1922, cuando el Estado nacional, durante el mandato de Hipólito Yrigoyen, creó por Decreto la Dirección General de YPF, convirtiéndola en la primera petrolera estatal integrada verticalmente en todo el mundo.
En octubre de ese mismo año asumió la presidencia Marcelo Torcuato de Alvear, quien nombró al general Enrique Mosconi como director general de YPF, cargo que ocuparía durante ocho años y que significó un impulso decisivo a la actividad y a la expansión del nacionalismo petrolero.
Debido su carrera militar, Mosconi consideraba a YPF como un instrumento de patriotismo argentino a tal punto que la defensa de la empresa se transformaba en la defensa de la soberanía nacional, al tiempo que valoraba las intervenciones empresariales en relación a la vivienda obrera, a la asistencia educativa y sanitaria.
En 1930, Mosconi renuncia forzosamente y se exilia tras el golpe de Estado que encabezó el general José Félix Uriburu, lo que dio lugar a la llamada Década Infame, el puntapié inicial del avance del capital extranjero en la actividad petrolera.
Durante las primeras dos presidencias del general Juan Domingo Perón, YPF fue una de las empresas estatales que contribuyeron al nacimiento de muchas localidades, colaborando en la construcción de infraestructura, asignando viviendas, promoviendo la creación de escuelas y hospitales para sus empleados, sus familias y la comunidad.
La producción de petróleo pasó de 2.300.000 toneladas en 1946 a 7.500.000 en 1955. YPF creció de modo significativo con el peronismo, siguiendo el horizonte de nacionalización de los recursos naturales que se plasmó en la Constitución Nacional de 1949.
Ese mismo año se inauguró Gas del Estado y se tendió el gasoducto más largo del mundo financiado con capitales nacionales; en ese entonces, el 54% del petróleo consumido era nacional, un ritmo de desarrollo estuvo nuevamente demorado con la irrupción de un nuevo golpe militar en 1955.
El autoabastecimiento se obtuvo por primera vez durante la presidencia de Arturo Frondizi, en el marco de su «batalla» del petróleo (15.600.000 toneladas), por la cual, además, Argentina estuvo en condiciones de exportar petróleo por primera vez en su historia.
Tras el Golpe militar de 1962, asumió en 1963 Arturo Illia, quien ordenó anular los contratos petroleros con compañías extranjeras firmados por Frondizi; lo cual llevó a YPF a una pérdida del autoabastecimiento, de la producción petrolera y de la perforación de nuevos pozos.
Con la llegada del presidente de facto Juan Carlos Onganía, YPF perdió el monopolio ya que esa administración abrió las puertas a nuevas concesiones.
En 1976, llegó una nueva dictadura cívico militar –la autodenominada Proceso de Reorganización Nacional- y en este contexto se designó como interventor de YPF al General de Brigada Juan Carlos Reyes.
Durante ese ciclo, la política petrolera consistió en la intervención ascendente de las empresas privadas en detrimento de la firma estatal: se desfinanció la compañía ya que el Ministerio de Economía retenía una parte del precio de la nafta en el surtidor; se alcanzó una deuda de 1.613% hasta llegar a los US$ 6.000 millones y se despidieron a 13.000 empleados; mientras que hasta el momento se tiene conocimiento sobre otros 30 detenidos desaparecidos.
Con la llegada a la presidencia de Carlos Saúl Menem, YPF comenzó su proceso de privatización: entre 1991 y 1992 dejó de ser una Sociedad del Estado y se convirtió en una Sociedad Anónima.
En 1999 fue vendida a la firma española Repsol, que adquirió el 14,99% de las acciones en aproximadamente 13.500 millones de euros, pero la experiencia privada rápidamente reflejó una caída de inversión, la consecuente merma de producción y a la falta de proyectos de exploración el agotamiento de los yacimientos maduros.
El 16 de abril de 2012, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, motivada por la disminución de las reservas de petróleo y la voluntad de retomar el control estatal de la petrolera, presentó el proyecto «Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina» para que el Estado Nacional recupere la propiedad de YPF y asegurar el autoabastecimiento energético del país.
En su discurso, Cristina Fernández remarcó que el modelo elegido no era de estatización sino de «recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental», lo cual alejaba a YPF del modelo del nacionalismo petrolero del siglo pasado.
Así, el Estado nacional declaró el 51% del patrimonio de YPF de utilidad pública y sujeto a expropiación; de ese 51% expropiado a Repsol y a la familia Ezkenazi, un 49% iría a las provincias y el 51% restante al propio Estado.
Con lo cual, además de su centenario, YPF también celebra los 10 años de su expropiación, con grandes desafíos a mediano plazo para incrementar su producción con el incremento de infraestructura de transporte, como la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta, anunciado en abril último por el presidente Alberto Fernández.
El nuevo gasoducto conectará el parque industrial Tratayen (Neuquén) con la ciudad bonaerense de Salliqueló (558 kilómetros) y se estima que esté finalizado para el invierno de 2024, lo que promete abrir una nueva etapa para Vaca Muerta y para la petrolera nacional, en particular.
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