La precandidata a presidenta por el MST en el Frente de Izquierda Unida se refirió a los cortes de luz que hay en CABA y el AMBA:
“Hace 15 días que hay conflicto, pero hay gente que hace más de un mes que no tiene luz. La pérdida de comida, medicamentos es enorme; personas electrodependientes que sin suministro están en riesgo.
A uno de los vecinos la empresa le respondió que se muden de casa, es indignante. Las privatizadas responsabilizan el nefasto servicio al hecho de la quita de subsidios, pero meten tarifazos y el gobierno les perdonó deudas millonarias.»
«Ellos nos deben hace 30 años un servicio de calidad”.
Cele Fierro agregó: “Ya no hay excusas para no reestatizar EDENOR y EDESUR, rescindir contrato sin ninguna indemnización. Hace 30 años estas privatizadas lucran con un servicio público y esencial, si dicen lo contrario ¡que abran los libros contables! Lucran con la complicidad de todos los gobiernos en estas décadas. Por eso, se tiene que estatizar y quedar bajo control de usuarios y trabajadores, para que los funcionarios corruptos junto a estas empresas no nos vuelvan a dejar sin luz”.
Por el acuerdo con el gobierno, Edenor y Edesur solo pagarán el 36% de lo que deben
Sus pasivos por compra de electricidad a Cammesa sumaban $ 219.615 millones, entre capital e intereses y punitorios. Pero solo cancelarán $80.210 millones, en ocho años y con tasa de interés subsidiada.
Al mismo tiempo que el gobierno recorta los subsidios al consumo de electricidad y prepara una audiencia pública, que se realizará el próximo 23 de enero, para aumentar las tarifas de ese servicio en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, resolvió una gigantesca condonación de deuda que mantienen las concesionarias Edenor y Edesur por la compra de electricidad.
La decisión es contraria, además, a la política más general del gobierno de ajuste del gasto público en función de los acuerdos con el Fondo Monetario.
Los beneficiarios de esta decisión son 16 distribuidoras de electricidad de todo el país, de las que 11 son sociedades anónimas, entre las cuales están Edenor y Edesur, y cinco son cooperativas. Estas distribuidoras compran la electricidad a la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), una firma mixta -pública y privada- gestionada por la Secretaría de Energía.
Cammesa no produce electricidad sino que la adquiere a los generadores, como las centrales nucleares, térmicas, hidroeléctricas y de energías renovables.
Según datos oficiales de Cammesa al 30 de septiembre pasado, las empresas distribuidoras le debían $ 486.419 millones. Edenor y Edesur acumulaban los mayores pasivos: la distribuidora de la zona Norte, $ 105.777 millones; la del Sur, $ 113.838 millones. Entre las dos sumaban casi la mitad del total: $ 219.615 millones.
Ahora, por el acuerdo anunciado días atrás, ambas empresas redujeron sustancialmente sus deudas. Edenor pagará sólo $ 32.985 millones y Edesur, $ 47.225 millones.
Para que esto suceda, la Secretaría de Energía (que fue la que negoció esto en nombre del gobierno nacional), a cargo de Flavia Royon, realizó dos grandes descuentos. El primero fue quitar los intereses y punitorios sobre el capital que las distribuidoras adeudaban. Al hacerlo, las deudas quedaron en $ 57.159 millones para Edenor y $ 66.366 millones para Edesur.
El segundo descuento fue en forma de un crédito para que Edenor y Edesur bonifiquen la deuda que los usuarios residenciales y comerciales acumularon con ambas firmas durante la pandemia.
Así las cosas, en total, Edenor y Edesur pagarán a Cammesa $ 80.210 millones de los $ 219.615 millones que debían, apenas el 36%. Es decir, $ 139.405 millones menos entre las dos. Además, las distribuidoras podrán pagar esta deuda en 96 cuotas (8 años) y la tasa de interés que recaerá sobre los saldos será subsidiada. No se informó el nivel de ese subsidio.
Energía informó que también concretó acuerdos similares (quita de intereses y punitorios, crédito para “bonificar” a usuarios con deudas, pago en 8 años y con tasas subsidiadas) con distribuidoras de La Rioja, Córdoba, Chaco, Mendoza, Misiones, Chubut y Buenos Aires y que el capital regularizado ascendió a $ 210.946 millones, lo que equivale al 93% del acumulado desde 2019. Y que todavía falta normalizar capital adeudado por un total de $ 14.843 millones.
Rechazo
El titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), Carlos Minucci, rechazó estos acuerdos. En diálogo con Radio Gráfica sostuvo que
“lo que llama la atención es que tenemos el proceso de la empresa Edesur saliendo del país, y nos preguntamos cómo es que todos los días nos suben las tarifas, empeora el servicio, y el gobierno en vez de atacar el problema, se dedica a beneficiar a estas empresas”.
Carlos Minucci
Minucci remarcó que, si el argumento de las empresas es que por no haber podido aumentar tarifas, acumularon menos ganancias, “entonces hagamos una auditoría para ver la plata que han ganado en 30 años y conocer qué han hecho con esos recursos, porque compraron empresas en el extranjero, invirtieron en inmobiliarias, han hecho todos los negocios habidos y por haber, menor en el sector eléctrico”.
En tanto, el titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, observó en una entrevista con la AM 750 que “esta deuda que tienen con Cammesa es la deuda que tiene con las empresas generadoras. Es decir que se deben plata a sí mismos. El dinero que le debe Edesur o Edenor a Central Puerto Nuevo es como si usted le debiera a su pareja”.
Bassano agregó que “es una mentira la deuda. Son autopréstamos. Como no aclaremos esto y sigamos con la deficiencia en el problema energético, no vamos a solucionar nada. Hace 30 años venimos con estas empresas que nos están cobrando más de la mitad de lo que deberían”.
Justificaciones
Según Energía, la eliminación de los intereses y punitorios a la deuda de las distribuidoras con Cammesa surge de lo resuelto en las leyes de Presupuesto de 2021 (prorrogada en 2022) y Presupuesto 2023, aprobada en noviembre último.
Pero los artículos de ambas leyes que hacen referencia a este tema no dicen nada sobre esa eliminación.
En el caso del Presupuesto de 2021, el artículo 87 establece un “régimen especial” que deberá tener “criterios diferenciados para lo cual deberá considerar origen y trayectoria de la deuda de cada una de las distribuidoras, la situación social media de sus usuarias y usuarios y priorizar la obtención de un grado equivalente de desarrollo entre regiones, provincias y municipios y el mejor impacto en el servicio público”.
Incluso se dice: “Los criterios podrán contemplar diferentes alternativas, considerando las pautas mencionadas anteriormente”, otorgando amplia flexibilidad a la Secretaría de Energía para actuar y decidir.
En el Presupuesto 2023, el artículo 89, se lee: “La Secretaría de Energía establecerá una unidad de medida de valor homogénea vinculada a las transacciones por consumos que asegure el valor del crédito e implementará un plan de regularización de deuda de hasta noventa y seis (96) cuotas mensuales”. Esa unidad de medida no significa de ningún modo una eliminación de los intereses y punitorios.
Pesadilla a 30 kilómetros de Casa Rosada: cortes de energía, pésimo transporte y monopolios sin control
Corte del Río Tigre en protesta contra EDENOR. Un clásico isleño, hasta la pandemia.
Por Horacio A. Feinstein
Reclamos a Edenor, el año pasado. Foto Control Ciudadano Delta. Hace ya muchos años se ha ido instalando en la opinión pública el discurso según el cual el turismo es la industria del futuro, una industria sin chimeneas, adecuada a la actual época de cambio climático.
El Delta del Paraná, a sólo 30 kilómetros de la Casa de Gobierno Nacional, es un área natural inmejorable para el turismo, que atrae público nacional y extranjero (ya que por ser el único delta en el mundo que desemboca en un estuario de agua dulce, presenta características especiales). Y se presta muy especialmente para un turismo intensivo en recursos humanos y culturales (existentes entre la población isleña) que no requiere de costosas inversiones fijas. Si se implementaran políticas públicas consistentes, rápidamente podría haber en el Delta un interesante flujo turístico todo el año, que al mismo tiempo aporte sinergia al turismo recreativo de educación ambiental, fundamental para hacer conocer el humedal en escuelas y colegios señalando su relevancia (para uso recreativo, por el contacto de las personas con la naturaleza, por ser regenerativo del aire y agua, para la biodiversidad, etc.) para los 15 millones de habitantes de la región metropolitana bonaerense.
Mientras tanto, la población isleña vive cotidianamente de drama en drama por el abandono del Estado. La especificidad del humedal para la vida isleña nunca fue comprendida por las autoridades públicas (tal vez el peor disparate haya sido el tendido de líneas eléctricas como si el delta fuese una extensión del continente) probablemente porque la escasa población (unas 20.000 almas) poco importa cuando hay elección de autoridades.
Es así que, después de la “plaga” que azotó al país entre 2015 y 2019, hacia finales de ese año la población isleña recibió a las nuevas autoridades con entusiasmo ya que imaginaba que ¡por fin! –frente a tantos problemas para la vida isleña– iba a empezar a ser escuchada. De hecho, sucedió de inmediato. Sin embargo, a los pocos meses la comunicación desde el sector público empezó a ralear, las promesas no se concretaron y el servicio eléctrico sigue siendo pésimo (cortes reiterados y prolongados) mientras la empresa Edenor responde con ineptitud y displicentemente a los cortes de energía por problemas con las líneas aéreas, continuamente castigadas por la caída de árboles.
Análogamente, cuando a comienzos de 2022 asumió con rango elevado el ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, formuló declaraciones altisonantes acerca de cambios de fondo en el servicio de transporte fluvial de pasajeros.
Sin embargo, cuatro meses después, la crisis del transporte se ha agudizado y los paros de lanchas son sorpresivos y por tiempo indefinido, por lo cual la población isleña está en el peor de los mundos dado que no hay transporte público alternativo.
Otro inmenso revés ha significado la pérdida de estado parlamentario de la Ley de Humedales. Luego de varios años de tratamiento por el Congreso de la Nación, a finales de 2021, cuando parecía que finalmente esa ley tan importante para el Delta iba a ser realidad, todo pasó a fojas cero, con el agravante de que la promesa de esa norma fue utilizada en la campaña electoral por el actual gobierno.
Es así que la desazón no sólo es creciente entre la población isleña sino que la vida cotidiana se le ha vuelto una pesadilla. Para tener una impresión de primera mano entrevistamos a Martín Nunziata, quien vive en el Delta hace 44 años, es miembro fundador de diversas organizaciones sociales isleñas y uno de los grandes luchadores por los derechos ciudadanos isleños.
“¿Qué hacer? Ahora, ante un paro indefinido de lanchas colectivas; poco antes fueron masivos cortes de energía, la educación (intentaron cerrar escuelas), la salud (hay una deuda estatal tremenda). Otras crisis ocurrieron por fenómenos críticos de contaminación (peces muertos, basura, cianobacterias) a las que se agrega el escollo creciente por la inexistencia de surtidores de combustible en islas y así sucesivamente a lo largo de los meses y años. Todo ello evidencia que estamos poco menos que desheredados de los Estados (Municipio, Provincia, Nación) y surge nuevamente la pregunta: ¿Qué hacer?”, reflexiona Nunziata.
“Tenemos que salirnos del mundo del WhatsApp, no nos queda otro remedio ya que del WhatsApp no van a surgir las soluciones a situaciones críticas”, se responde.
“En momentos en que se reivindica la soberanía de las Islas Malvinas –con lo que estamos totalmente de acuerdo–, en un territorio insular soberano como es el Delta, por el cual no hay que luchar con potencias extranjeras, la situación es tan crítica para los isleños que los grupos de WhatsApp específicos se ven todo el tiempo desbordados por el tema más urgente y ello pasa una y otra vez frente a la gravedad del problema y la desolación ante un Estado que no gestiona, no controla ni regula a los monopolios (Edenor, Interisleña). Ello a pesar de que diversas organizaciones isleñas se han trasladado a La Plata para realizar gestiones ante las distintas autoridades y en numerosas ocasiones hemos llevado propuestas elaboradas y concretas, algo poco común en la sociedad contemporánea. En este sentido, el CAPI (Consejo Asesor Permanente Isleño) y la Dirección de Plan de Manejo Delta de Tigre, no tienen la suficiente entidad para atender todo lo que está pasando”, advierte.
Nunziata plantea la necesidad de superar esta etapa de anomia del Estado y también de la propia población isleña, escasamente movilizada.
Frente al discurso reiterado sobre la falta de recursos para enfrentar los problemas, destaca que “en el caso del Delta hay muchos tributos potenciales que podrían implementarse debido a los diversos recursos que del Delta se extraen, y sólo falta decisión política de ponerlos a disposición del territorio donde se generan: la tasa de embarque pagada por los pasajeros de lanchas colectivas que vienen al Delta a recrearse, el canon arenero por la extracción del lecho del río, guarderías con miles de lanchas que navegan por el Delta (erosionando las costas) y que deberían pagar una tasa que solventara la protección de esas costas así como la rotura de muelles y amarras.
Las empresas de turismo deberían pagar una tasa por la actividad que aprovecha el paisaje y la naturaleza sin dejar un peso en el Delta; el agua que se extrae y luego se potabiliza (plantas de Aysa en Palermo y Escobar) para ser provista a la población del área metropolitana; el río Paraná usado como si fuera una hidrovía, por donde circulan buques que transportan millones de toneladas al año sin dejar un centavo a pesar de contaminar con hidrocarburos y erosionar las costas (ver Paren de secar al Río Paraná)”.
“La gesta de Malvinas y el reclamo por nuestra soberanía en esas islas es legítima y nos dignifica; en cambio, en las islas del Delta –donde no hay potencia extranjera acosando– la población está abandonada a su merced frente a condiciones monopólicas en los servicios básicos que atentan seriamente contra la vida isleña. Por ello –y ante la crónica falencia de la Dirección Provincial de Islas– se requiere la presencia personal del gobernador para que conozca directamente la realidad isleña y a la comunidad organizada con propuestas, y se comprometa inmediatamente a empezar a dar soluciones concretas”, reclama.
Las autoridades provinciales deberían prestar atención al Delta y a su población, ya que es la principal zona de esparcimiento y de regeneración ambiental en la región metropolitana bonaerense. Se trata además de una zona que, en la actual época de cambio climático, tenderá a valorizarse sólo si se mantiene como humedal, con su población isleña, para deleite de las 15 millones de habitantes de la región.
Mientras tanto, ante el agravamiento de las condiciones básicas de vida –difícilmente sostenibles para la población isleña– la conclusión frente a la desidia gubernamental (nacional, provincial y municipal) es que todo tiende a favorecer el despoblamiento de las islas (ver Agonía y resurrección del Delta) para que sean adquiridas a precio vil por los “desarrolladores inmobiliarios”, que procuran por todos los medios aprovechar tierras baratas para construir barrios cerrados o countries rodeados de naturaleza, vender luego los lotes y obtener fabulosas ganancias en detrimento del ambiente del humedal y del remanente de pobladores isleños, quienes sufren mayores y más frecuentes inundaciones debido a los alteos (polders) que hacen los especuladores para que esos terrenos queden por encima del nivel de las mareas altas.
El Delta cuenta con una población de personas inquietas capaces de aportar muy positivamente al desarrollo sostenible e inclusivo del humedal, de manera que prosiga brindando a la región metropolitana bonaerense servicios ecosistémicos fundamentales para la vida humana: provisión de agua y oxígeno, captura de carbono, amortiguación de inundaciones y esparcimiento en contacto con la naturaleza. Todo ello, en lugar de ser transformado en una extensión del continente por las presiones de la actividad especulativa inmobiliaria que lo quiere destinar exclusivamente a unos pocos.
En la Argentina, hay alrededor de 15 mil personas electrodependientes, aunque, aseguran, de cumplirse la Ley se registrarían más del doble. La campaña mediática de Edesur y Edenor para que no se hable del tema.
“Para esta ola de calor extremo, te recomendamos mantener los espacios frescos, siempre que puedas cerrá las ventanas y cortinas para que no entre más calor. Usar siempre el aire en 24”, comienza una voz agradable que resuena en todos lados. “El ventilador también es un aliado para ayudar a la circulación de aire. No te olvides de cuidar tu salud, mantenete siempre hidratado. Cuidemos la energía”, remata el spot radial que, en principio, parecería ser propaganda del ministerio de Salud o de la Secretaría de Energía, si no fuera porque más tarde se identifica invitando a entrar a la web de Edesur.
A los pocos días, Edenor hizo lo propio con una campaña similar. Ambas empresas iniciaron esta movida en medio del flagelo de los cortes. Sendas empresas aseguraron a Tiempo que el objetivo de la campaña fue concientizar a la sociedad, pero lo curioso, es que rápidamente se dejó de hablar de los cortes y las consecuencias de los mismos. Paso la ola de calor, pero las secuelas siguen vigentes y con temas de fondo sin resolver.
Al parecer, atrás quedó la situación de millones de personas del AMBA que no tuvieron luz desde antes de las fiestas de fin de año, la gran mayoría con pérdidas de mercadería y electrodomésticos quemados como heladeras, aires acondicionados, computadoras y lavarropas. Si bien muchas de estas situaciones salieron a la luz, otras fueron totalmente silenciadas, como es el caso de las personas electrodependientes. En la Argentina existen alrededor de 15 mil personas que dependen del servicio de energía eléctrica para poder vivir, de ese total, aproximadamente 6 mil viven en el AMBA.
La lucha de miles de personas que tienen familiares en esta situación logró que el Congreso sancione la Ley 27.351 de Electrodependientes, que establece la gratuidad del servicio eléctrico para todas las personas en esta situación; una fuente alternativa de energía; un 0800 para que las personas electrodependientes puedan comunicarse las 24 horas y ser atendidas por una persona física; y una campaña de difusión de esta Ley; entre otros puntos.
“En la actualidad la parte de la gratuidad del servicio se cumple en casi todos los casos, pero hay muchísimas deficiencias en la parte de entrega de fuentes alternativas de energía. En algunos casos se utilizan grupos electrógenos y en otros baterías UPS que tiene un sistema de alimentación ininterrumpida al cortarse la luz”, cuenta a Tiempo Mayra Helman, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Electrodependientes. Mayra es mamá de Joaquín Stefanizzi, un niño que nació prematuro a las 27 semanas de gestación, situación que lo dejó con secuelas neuronales y pulmonares y lo llevó a tener que estar conectado a diferentes dispositivos para poder vivir.
Lamentablemente, Joaquín, falleció el 15 de marzo de 2020 a los seis años de edad. “La Ley es clara: quienes deben entregar las fuentes alternativas de energía son las empresas Edesur, Edenor y el resto de las privadas, pero después de cinco años de sancionada la Ley, solamente el 10% de las personas electrodependientes de todo el país cuentan con esta fuente, y en el AMBA calculamos que las empresas entregaron a 200 personas las baterías, es decir, al 3% de los electordependientes de CABA y Gran Bs As”, agrega Mayra.
Durante el macrismo, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), puso muchas trabas para que las personas electrodependientes reciban las fuentes alternativas. Al reglamentarse la Ley, exigió que cada familia presente un Certificado de Declaración de Conformidad de Instalación eléctrica (DCI), que obligaba a las familias a modificar todo el tendido eléctrico de su domicilio, trabajo que tenía un costo aproximado de 300 mil pesos. Una vez terminado el “trámite”, las empresas privadas entregarían la fuente alternativa como estipula la norma. El costo de este exigencia del ENRE, provocó que más del 85% de las personas electrodependientes no pudieran acceder a este derecho. Una vez llegado Alberto Fernández a la presidencia, ordenó que el ENRE se haga cargo de todas las modificaciones eléctricas sin costo alguno.
“Si bien esta situación permitió la entrega de baterías, las empresas de energía se demoran mucho en distribuirlas sin explicar el motivo, y cuando se corta la luz, luego de varios llamados, te dejan en la puerta de tu casa generadores de energía que muchas veces no funcionan”, dijo a Tiempo Pablo Rúo, papá de Ramiro de 13 años que está conectado a un concentrador de oxígeno, bomba de alimentación y saturómetro para poder vivir. Ambos viven en Lomas de Zamora, y son una de las pocas familias que cuentan con una batería alternativa. “Sin dudas la Ley es un alivio por más que no se cumpla como nosotros quisiéramos. Si bien Edesur está bastante desorganizado hoy tenemos un canal de dialogo gracias a la Ley”.
Otros aspectos que no cumplen de la Ley
Uno de los puntos fuertes de la 27.351 se encuentra en el artículo 10, y establece que el Poder Ejecutivo debe desarrollar campañas de difusión, educación y concientización para promover los derechos de las personas electrodependientes; situación que hasta la fecha no se consumó. Las familias de electrodependientes coinciden que este punto es esencial por dos razones: La primera es que las empresas privadas de energía eléctrica estarían condicionadas a cumplir a rajatabla con la norma, si la campaña de concientización tuviera amplia difusión; y por el otro, sumaría a miles de personas al registro nacional. “Conocemos que hay alrededor de 15 mil personas electrodependientes en el país que están registradas, pero nosotros sabemos que hay muchísimas más, casi el doble, pero que no acceden al registro por falta de información”, aduce Marcela Gómez, mamá de Lautaro de 11 años que está conectado a un respirador y a otros seis dispositivos desde su nacimiento.
Por otro lado, el artículo 7 de la Ley, establece que la empresa distribuidora deberá habilitar una línea telefónica especial y gratuita de atención personalizada destinada exclusivamente a los usuarios electrodependientes, y que debe estar disponible las 24 horas; “lamentablemente varias veces llamamos al 0800 y nos atiende una máquina y nos dan un número de trámite, como si fuéramos un cliente normal que está reclamando por un corte de 1 hora, nosotros cuando llamamos es por la vida de nuestros hijos”, termina
Inscripción al registro de personas electrodependientes
Para poder obtener la provisión gratuita del servicio eléctrico en el domicilio, y el equipamiento que asegure una provisión de energía continua y estable ante el corte del servicio; las personas electrodependientes deben inscribirse en el registro nacional que fundó la Ley 27.351. Es un documento que reviste carácter de declaración jurada y se puede hacer bajo dos modalidades: Digital, o envío por correo postal. Quienes quieran inscribirse deben ingresar al siguiente LINK
Es por los reiterados cortes masivos del servicio eléctrico de la última semana, que se sumaron a los de las Fiestas. Por ahora, sin respuesta del ENRE. Sube el debate por la quita de las concesiones. Siguen los apagones para miles de usuarios de Capital y Gran Buenos Aires.
Foto: Raul Ferrari/Télam
Esta semana, Argentina fue el país más caluroso del planeta y a cientos de miles de usuarios de los servicios eléctricos de todo el país les tocó transitar la penuria sin luz, incluyendo -claro está- a los de Edenor y Edesur, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Los números sobre usuarios de ambas empresas sin servicio variaron constantemente. Al cierre de esta edición eran XX, mientras que el día había arrancado con casi 78 mil sin luz. El piso fue al mediodía, con 20 mil.
Pero si Edesur fue la gran acusada por los cortes de fin de año, que dejaron a decenas de miles sin poder celebrar las Fiestas, esta semana fue Edenor la que estuvo en la mira. El martes protagonizó un incidente que dejó sin luz a 700 mil usuarios. La explicación de la empresa -un incendio en una casilla de un asentamiento quemó un cable de media tensión- fue refutada al día siguiente: no había tal casilla -es un barrio con casas de material- y, en realidad, por efecto del calor y el peso, el cable se estiró y cayó hasta una altura en la que chocó con una antena que salía de una casa. De hecho, el parte que redactaron los Bomberos de San Martín tras los incendios y firmado por el comandante Carlos Camiolo, habla de «sobrecargas» como causas de dos pequeños incendios sin trascendencia en dos casas vecinas.
Y para cerrar la semana, el viernes por la mañana dejó de funcionar la subestación Edison, en Martínez, partido de San Isidro, lo que dejó a medio millón de personas sin luz, aunque la mayoría recuperó el servicio antes de una hora.
Ante esta realidad, que se sospecha es provocada por la falta de mantenimiento e inversiones, las entidades de defensa del consumidor redoblaron el pedido al ENRE para que sancione a las compañías distribuidoras.
Consumidores al frente
El titular de Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Bussetti, planteó a Tiempo que el evento del viernes dejó a la compañía sin excusas. Bussetti lamentó la «profunda inseguridad del sistema» y los intentos de sectores determinados que tienden a despegar a las compañías de la responsabilidad por los cortes, a los que asocian a la ola de calor y al aumento del consumo aparejado.
Esos posicionamientos sintonizaron con los de las empresas, que en medio de los cortes utilizaron sus redes sociales para dar consejos sobre consumo energético eficiente, poniendo el acento en los hábitos de las familias y escamoteando la calidad del servicio.
Bussetti remarcó que la Comisión de Usuarios del ENRE, que integran 21 entidades de defensa del consumidor, sigue esperando una respuesta al pedido que le realizó el 2 de diciembre a la interventora del organismo, Soledad Manin, para que aplique «las máximas sanciones» previstas por los cortes de luz de diciembre de 2021. La Comisión considera que los cortes de enero agravan la situación y le dan sustento a ese pedido.
«Edesur tuvo nada menos que un millón de usuarios sin servicio y Edenor, 700 mil. Para los que tuvieron cortes de hasta 8 horas, pedimos resarcimientos de 2.000 kwh que son equivalentes a $ 10 mil. Y para los que tuvieron cortes más largos, un resarcimiento mayor», expresó Bussetti.
Las entidades también piden una investigación y un informe al ente regulador que determine las verdaderas razones del corte del martes.
El ENRE no respondió sobre el pedido de la Comisión de Usuarios y no hizo comentarios cuando Tiempo preguntó si la propuesta de sanciones está en consideración.
Sobre el rol del ente, Bussetti opinó que «hasta esta semana, el rol nos pareció mucho mejor que el que se desempeñó durante la gestión anterior. Valoramos la gestión de la interventora el año pasado, que después de diferentes hechos aplicó multas y aseguró resarcimientos para más de cien mil usuarios. Pero los cortes actuales ameritan sanciones y todavía no las vimos. Las resoluciones 1 y 2 de este año (que anunciaron multas a las dos distribuidoras) nada tienen que ver con los cortes de diciembre», señaló.
Además del pedido, las entidades solicitaron un encuentro presencial con Manin, el secretario de Energía, Darío Martínez, y con la veedora designada en la empresa Edesur.
La concesión en debate
En el concierto de opiniones que se abrió por el malestar que generaron los cortes de luz, las organizaciones de defensa se manifestaron partidarias de finalizar las concesiones de Edenor y Edesur y avanzar con la constitución de una nueva empresa energética estatal.
El titular de Deuco aseveró, en diálogo con este medio, que «si el Estado quisiera retomar la gestión estaríamos de acuerdo».
Su par de Consumidores Libre, Héctor Polino, propuso una empresa pública con un directorio con representantes del Estado, de los trabajadores y de los usuarios.
También se manifestó en esa línea el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien declaró que los reclamos contra la administración de los servicios públicos fueron 198.054 en 2021, lo que indica que crecieron 25% en un año.
Sin embargo, más allá de las declaraciones en ese sentido, la impresión es que el gobierno no abordará ese objetivo por razones varias. Entre ellas, por el antecedente del retiro de la concesión del servicio de aguas a la empresa Suez, por la que la Argentina debió pagar US$ 380 millones tras un juicio en el tribunal internacional del CIADI.
Edenor fue recientemente adquirida por los accionistas del Grupo América Daniel Vila y José Luis Manzano, asociados a Mauricio Filiberti, en una operación de U$S 100 millones que aprobó el ENRE.
Edesur es propiedad de ENEL, un grupo estatal italiano que, además, conduce las generadoras Dock Sud, Costanera y El Chocón y 500 kilómetros de transporte de alta tensión mediante las empresas Yacilec, CTM y TESA.
Intervenir a Edesur ahora implicaría malquistarse la relación con el gobierno italiano en momentos en que se precisa su respaldo en las negociaciones con el Fondo Monetario.
ENEL acusa planes de invertir globalmente unos 210.000 millones de euros entre 2021 y 2030 en el sector energético. En noviembre último, el titular, Francesco Starace, ratificó sus planes de permanecer en el negocio en Argentina.
Con la agenda financiera del país y la necesidad de apoyos internacionales cuesta pensar que se dificulte la relación con un jugador tan relevante.
En el contacto diario, las empresas siguen defendiendo sus inversiones en el país. Edesur señaló a Tiempo que en los últimos cinco años desembolsó en el país U$S 860 millones y que con esas inversiones logró mejorar 50% la calidad de su servicio. La empresa pidió disculpas a los afectados por los cortes y remarcó que «hay que seguir con este ritmo de inversiones».
En su último balance, relativo al tercer trimestre de 2021, Edenor comunicó que entre enero y septiembre invirtió $ 10.347 millones (U$S 99,3 millones), un 3% menos que en igual período de 2020. De ese total, unos $ 3599 millones (U$S 34,7 millones) se desembolsaron entre julio y septiembre.
En los resultados indica que $ 1235 millones se invirtieron en nuevas conexiones; $ 3799 millones en mejoras en la estructura de la red; $ 2816 millones en mantenimiento; $ 109 millones en requisitos legales; $ 797 millones en comunicaciones y telecontrol; y $ 1038 millones en otros proyectos de inversión.
Medidas
Mientras tanto, el gobierno nacional adjudicó los cortes al aumento de la demanda que se produjo por la reactivación económica y por las altas temperaturas, variables que definió como «buenas razones» y «malas razones», respectivamente.
En conferencia de prensa, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, argumentó que el sistema «está recibiendo picos de demanda que tienen que ver con la reactivación industrial», un fenómeno que se complementó, desde esa mirada, con las temperaturas que superaron varias veces la barrera de los 40 grados.
Las medidas resultaron ser, por un lado, negociaciones con las cámaras industriales para que reduzcan el consumo el jueves y viernes entre las 13 y las 16. Y, en simultáneo, un asueto para administración pública, también destinado a bajar los niveles de demanda en las oficinas del Estado.
Por el lado de las empresas, entidades como la textil Fundación Pro Tejer, e Industriales Pymes Argentinos (IPA) acompañaron públicamente la iniciativa del gobierno. Pro Tejer consideró que se trata de un «contexto atípico» de calor y de un contexto sanitario con muchas personas aisladas, una combinación que amerita «hacer todo lo posible para aportar» al objetivo de bajar el consumo. IPA dio aviso a sus empresas asociadas y aclaró que estaban exceptuada las empresas con producción continua.
Con este caluroso y oscuro debate de fondo, la administración nacional deberá desandar el camino hacia la audiencia pública (que aún no convocó, a diferencia del gas: ver página 5) en la que prevé tratar el aumento de las tarifas de luz que adelantó a fin de año el secretario de Energía, Darío Martínez. El funcionario habló entonces de una «corrección tarifaria» y anticipó que el gobierno consideraba aumentar el 20 por ciento.
En las entidades de defensa del consumidor señalaron que para el gobierno plantear un aumento de la luz después de lo que pasó esta semana, «sería lo mismo que pegarse un tiro en el pie».
Resta también una definición sobre la segmentación, con la que Balcarce 50 aspira a redireccionar los subsidios tarifarios a los sectores sociales más vulnerables. Este proceso está abierto desde principios de 2020 pero sigue sin novedades.
La generación y el récord de demanda
Además de constituir un récord, los 28.136 megavatios demandados por los argentinos a las 14.05 del viernes abrieron un interrogante sobre la capacidad de la Argentina de generar energía.
La electricidad que alimenta los hogares, los comercios y la actividad productiva sale de las generadoras, de las que hay más de 300 entre empresas privadas y estatales que utilizan alguno de los métodos para lograr crear electricidad.
La totalidad de esas empresas tiene la capacidad de entregar en un momento dado 42.883 megavatios, según el informe anual de Cammesa de 2021. Cammesa es la empresa estatal que compra la energía generada y la vende a las distribuidoras de todo el país, un formato que le permite administrar el flujo de electrones.
El 55% de la capacidad de generación depende del gas. El 25% de los ríos. El 4% del combustible nuclear y la novedad es el 11% que responde a las fuentes renovables. Y luego hay un 5% que emplea diesel y otras formas.
El Estado es propietario de Yacyretá y Salto Grande (compartida con Uruguay), las dos hidráulicas más grandes del país. Buena parte del resto era estatal hasta su privatización en los años 90.
Frente a las irregularidades en las instalaciones, se decidió la aplicación de una multa correspondiente a $6.694.650.
Como consecuencia de la inspección realizada en distintos canales y arroyos del Delta del Tigre, donde se verificó la existencia de anomalías en las instalaciones eléctricas de la empresa Edenor S.A., se aplicó una multa equivalente a $6.694.650, según informaron en un comunicado desde el ente regulador.
En este sentido, informaron que durante el mes de diciembre de 2020 autoridades del ENRE realizaron recorridas e inspecciones en el lugar, con el fin de interiorizarse sobre la situación del servicio de energía eléctrica.
A partir de allí, se conformó una mesa de trabajo con vecinos y vecinas y la Dirección de Islas que permitió canalizar los reclamos respecto de los cortes de luz constantes, con tiempos de respuesta prolongados por parte de la Distribuidora.
Sobre la base del diagnóstico de la situación elaborado en consecuencia de dichas acciones, el Departamento de Seguridad Pública del ente regulador llevó adelante un relevamiento, en el que verificaron la existencia de nueve irregularidades: Cód.: PR 5 de riesgo 2; una anomalía Cód.: PR 6 de riesgo 2; una anomalía Cód.: LABTCA 3 de riesgo 3; nueve anomalías Cód.: LAMT de riesgo 5 1 y siete anomalías Cód.: VA 1 asimilable a Cód. LAMT-6 de riesgo 2, localizadas en distintos canales y arroyos del Delta del Tigre.
En este marco, explicaron que, si bien la Distribuidora acreditó la normalización definitiva de las anomalías, todas las presentaciones realizadas superaron los plazos establecidos en las reglamentaciones, lo que configura es un incumplimiento en las obligaciones en materia de Seguridad Pública, emergentes del artículo 16 de la Ley 24.065 y el artículo 25 inciso m) del Contrato de Concesión.
Reemplazan los medidores nuevos por sus versiones más modernas. Luego notifican a los clientes acerca de fallas en los viejos aparatos, instándolos a pagar grandes cifras en concepto de recupero de energía.
Advierten sobre una maniobra de Edenor que complica a muchos usuarios
La empresa acusa fallas en los viejos medidores y les reclama a los usuarios abultadas cifras en concepto de recupero de energía.
En los último meses, las quejas en torno a la llegada de facturas de Edenor con cifras exorbitantes se multiplicaron entre los usuarios de Pilar.
En buena parte de los casos, las abultadas cifras responden a lo que desde la empresa denominan como “recupero de energía”, luego del reemplazo de los medidores antiguos por los digitales.
La maniobra se repite casi siempre con la misma modalidad, por propia voluntad y sin ser solicitada por el usuario, Edenor determina que en la propiedad es necesario realizar un reemplazo del medidor por su versión más moderna y digital.
La acción se lleva a cabo y días después, el cliente recibe una notificación en la que se lo insta a pagar una suma siempre alta y a veces irrisoria calculada en base al consumo de energía que el viejo medidor, afirman, no registró o bien por supuestas alteraciones al mismo o por mal funcionamiento.
Así, el “recupero de energía” se traduce en montos que, según los reclamos registrados en la Defensoría del Pueblo, en más de una decena de casos superaban los 200.000 pesos.
“Afirman que hubo fallas en el medidor e invierten la carga de la prueba, el usuario tiene que demostrar que estuvo pagando lo correcto cuando ellos se llevaron el viejo medidor quizás hace un año”, afirmó el defensor del pueblo, Juan Manuel Quintana a El Diario.
“Edenor debería cambiar todos los medidores viejos por nuevos sin costo para el usuario”, continuó el ombudsman para agregar que “cuando haya diferencia de consumo por un medidor viejo es un problema de la empresa y no del usuario. Edenor es la parte fuerte en esa relación de consumo y está obligando al usuario a demostrar que no cometió alguna irregularidad, tornándolo imposible”.
Al mismo tiempo, es habitual que una vez que Edenor toma conocimiento de que el usuario inició un reclamo en la Defensoría del Pueblo, se comunican con el cliente para instarlo a aceptar un plan de financiación bajo amenaza de corte.
Precisamente, si bien durante la pandemia la empresa ofreció planes de cuotas sin interés para liquidar las deudas por “recupero de energía”, la recomendación es acudir a la Defensoría del Pueblo antes de aceptar la facilidad, dado que esto implica un reconocimiento de la deuda.
Y, como obstáculo agregado, el recupero es facturado en la misma boleta en la que se cobra el consumo regular, por lo tanto quienes no lo abonan acumulan una deuda.
“El recupero debería enviarse en una factura complementaria para que la gente pueda pagar el consumo del mes y reclamar tranquila”, expresó Quintana.
Dado este panorama, el ombudsman elevó una resolución al Ente Regulador de la Energía para que intime a Edenor a regularizar este tipo de situaciones, y también para que tanto la empresa que provee la energía eléctrica como la proveedora de gas y de agua corriente reabran sus oficinas comerciales de atención al público.
Reemplazan los medidores nuevos por sus versiones más modernas. Luego notifican a los clientes acerca de fallas en los viejos aparatos, instándolos a pagar grandes cifras en concepto de recupero de energía.
Advierten sobre una maniobra de Edenor que complica a muchos usuarios
La empresa acusa fallas en los viejos medidores y les reclama a los usuarios abultadas cifras en concepto de recupero de energía.
En los último meses, las quejas en torno a la llegada de facturas de Edenor con cifras exorbitantes se multiplicaron entre los usuarios de Pilar.
En buena parte de los casos, las abultadas cifras responden a lo que desde la empresa denominan como «recupero de energía», luego del reemplazo de los medidores antiguos por los digitales.
La maniobra se repite casi siempre con la misma modalidad, por propia voluntad y sin ser solicitada por el usuario, Edenor determina que en la propiedad es necesario realizar un reemplazo del medidor por su versión más moderna y digital.
La acción se lleva a cabo y días después, el cliente recibe una notificación en la que se lo insta a pagar una suma siempre alta y a veces irrisoria calculada en base al consumo de energía que el viejo medidor, afirman, no registró o bien por supuestas alteraciones al mismo o por mal funcionamiento.
Así, el «recupero de energía» se traduce en montos que, según los reclamos registrados en la Defensoría del Pueblo, en más de una decena de casos superaban los 200.000 pesos.
«Afirman que hubo fallas en el medidor e invierten la carga de la prueba, el usuario tiene que demostrar que estuvo pagando lo correcto cuando ellos se llevaron el viejo medidor quizás hace un año», afirmó el defensor del pueblo, Juan Manuel Quintana a El Diario.
«Edenor debería cambiar todos los medidores viejos por nuevos sin costo para el usuario», continuó el ombudsman para agregar que «cuando haya diferencia de consumo por un medidor viejo es un problema de la empresa y no del usuario. Edenor es la parte fuerte en esa relación de consumo y está obligando al usuario a demostrar que no cometió alguna irregularidad, tornándolo imposible».
Al mismo tiempo, es habitual que una vez que Edenor toma conocimiento de que el usuario inició un reclamo en la Defensoría del Pueblo, se comunican con el cliente para instarlo a aceptar un plan de financiación bajo amenaza de corte.
Precisamente, si bien durante la pandemia la empresa ofreció planes de cuotas sin interés para liquidar las deudas por «recupero de energía», la recomendación es acudir a la Defensoría del Pueblo antes de aceptar la facilidad, dado que esto implica un reconocimiento de la deuda.
Y, como obstáculo agregado, el recupero es facturado en la misma boleta en la que se cobra el consumo regular, por lo tanto quienes no lo abonan acumulan una deuda.
«El recupero debería enviarse en una factura complementaria para que la gente pueda pagar el consumo del mes y reclamar tranquila», expresó Quintana.
Dado este panorama, el ombudsman elevó una resolución al Ente Regulador de la Energía para que intime a Edenor a regularizar este tipo de situaciones, y también para que tanto la empresa que provee la energía eléctrica como la proveedora de gas y de agua corriente reabran sus oficinas comerciales de atención al público.
Vecinos y vecinas de la categoría T1 (pequeñas demandas) que hayan abonado tarifas estimadas del servicio eléctrico desde el comienzo de la pandemia y tengan saldo adeudado luego de que las empresas distribuidoras realizaran mediciones reales del consumo, podrán pagar la diferencia desde noviembre en 6(seis) cuotas iguales.
La medida fue determinada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que instruyó a la empresa EDENOR S.A.
Cabe recordar que en el comienzo de la pandemia de coronavirus y del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, el Gobierno Nacional, las empresas distribuidoras y el ENRE establecieron que todos los consumos de los servicios públicos serían estimados (no medidos) de acuerdo al menor consumo de los últimos tres años.
Posteriormente, se estableció la refacturación de los períodos comprendidos dentro de la pandemia a través de medición real de los consumos eléctricos.
En caso de dudas o de verificarse que la facturación es incorrecta, comunicarse con la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de lunes a viernes de 08 a 17 horas al 4512-4573, o por correo electrónico a omic@tigre.gov.ar
El intendente dialogó en “Aires de Noticias”, por Radio Mitre AM 790, y se manifestó en contra del incremento en el servicio eléctrico, en el marco de pandemia que atraviesa el país. Además, habló de la reapertura de deportes individuales en el distrito, la situación del Puerto de Frutos y la disminución en la contaminación del Arroyo El Claro de Benavídez.
“Vamos a reclamar ante Edenor por el aumento de tarifas a familias de barrios populares de Tigre.»
Julio Zamora
En la localidad de Benavídez recibimos inquietudes de vecinos y vecinas que sufrieron incrementos en montos de hasta 15 mil pesos en la tarifa del servicio de luz.
Estamos atravesando un momento sanitario y económico sensible; por ello queremos que se analice la situación y determinar si es por la falta de control en medidores o un ajuste indiscriminado para tener la posibilidad de impugnar esas tarifas”, explicó Zamora.
Respecto a la apertura de deportes individuales, dijo: “Solicitamos la reapertura de algunas actividades y afortunadamente 17 deportes fueron habilitados; entre ellos el remo, que era una disciplina muy requerida por nuestra comunidad”.
Por otra parte, se refirió al estado actual del El Puerto de Frutos: “Está catalogado como un centro comercial a cielo abierto y por eso aún no se permite su habilitación”, y siguió:
“En el caso de los restaurantes, recomendamos a los dueños que en caso de que los vecinos quieran consumir en el lugar, guarden la distancia correspondiente.»
«Hay que tener paciencia porque la situación epidemiológica en el AMBA todavía es delicada”.
Por último, el intendente se refirió a la disminución en la contaminación del Arroyo El Claro de Benavídez: “Es un arroyo que atraviesa diferentes distritos y desde el Municipio de Tigre hemos logrado controlar a las fábricas e industrias que volcaban afluentes tóxicos en las aguas. Afortunadamente, para el bien de los vecinos y vecinas, la situación está cambiando.
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