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Alberto y el canal de nunca acabar

Si bien el discurso presidencial del 1º de marzo ha sido analizado con agudeza por colegas de este diario, esta columna considera que aún queda por tratar un tema fundamental: que no sólo no se afirmó la soberanía argentina sobre el Río Paraná y el Canal Magdalena, sino que la negación continúa y eso es gravísimo porque delata el inminente y definitivo retroceso argentino en los mares del mundo. Materia en la que ha sido pésimamente aconsejado, una vez más, el Presidente Fernández, cuyo discurso en este punto fue por lo menos incierto y confuso.

Por Mempo Giardinelli

Para que no se piense erróneamente, y en especial para ilustrar al Presidente acerca de lo que sus propios no le informan con veracidad, esta columna quiere explicar –como a toda la lectoría de este diario– la verdad sobre el Canal Magdalena, siguiendo el extraordinario trabajo que hace casi una década realizó un respetado marino, el Capitán de Navío (RE) Oscar M. Arce, quien además de ser veterano de Malvinas demostró algo que sólo los expertos conocen: que los monopolios enquistados en el puerto dizque federal de Buenos Aires (que de federal no tiene nada) necesitan que sea de sólo 34 pies de profundidad (unos 10 metros) para así garantizar que no compita con Montevideo, donde las grandes transnacionales y fondos buitres ya se aseguraron concesiones de 80 años.

Es por eso que aquí el cipayaje sabotea el Canal Magdalena y ni considera que la Argentina tenga un puerto verdaderamente federal y soberano con la misma profundidad de 14 metros que tiene el de Montevideo, y aún más, como es factible en nuestras costas.

Tres expertos consultados coincidieron en que es por eso, además, que las presiones extranjeras «defienden a muerte el Canal del Indio, que es el cordón umbilical de la dependencia colonial de la Argentina». Porque perfectamente y a conveniencia del pueblo de nuestras 23 provincias se podría con toda urgencia disponer de un puerto soberano y profundo de 14 metros o más, vinculado al Canal Magdalena». Y cuya conveniencia es obvia si se recuerda que el 85% de la carga saliente en el Río de la Plata es argentina.

«Esa es la razón por la cual se defiende al puerto de Buenos Aires –reflexiona el ingeniero Horacio Tettamanti–: porque geológicamente nunca podrá tener 14 metros de profundidad. Como en cambio sí pueden tenerlo, y aún más de 14, el Canal Magdalena y un puerto soberano argentino en el estuario del Plata».

Esta información se basa en el trabajo de la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) que fuera realizado en 2013/14 bajo la coordinación del entonces canciller Héctor Timerman y el propio Tettamanti, entonces Secretario de Puertos. Allí se acreditaba que todos los trabajos ya habían sido realizados. Por eso

hoy en todos los ámbitos soberanístas se observa y condena la insistencia de la AGP en disponer nuevos estudios y proyectos innecesarios, cada cierto tiempo y, «casualmente», cada vez que está todo dispuesto para iniciar las obras del Canal Magdalena.

En esos casos, una y otra vez, la AGP y otros organismos públicos y privados ponen obstáculos uno tras otro y/o impulsan «nuevos estudios».

Así consiguen demorar y poner en riesgo la obra. Y es en este sentido que deben entenderse las condenas al decreto 949/20, cuestionado desde todos los ámbitos soberanistas. En primer lugar porque «casualmente» fue firmado el día en que murió Diego Maradona y publicado en el Boletín Oficial el día de su sepelio. Casi ningún argentino lo advirtió.

Pero aparte de ser una de las claudicaciones geopolíticas más horribles de la historia argentina, su redacción y el oscuro castellano en que está escrito, más alguna confusión geográfica, permiten sospechar que ese decreto quizás ni fue redactado en la Argentina. Lo que no sería de extrañar porque de hecho delata la claudicación del gobierno de Macri al aceptar la profundización del canal de Montevideo y el descarte del Magdalena.

Si el Río de La Plata es, inconfundiblemente, una clave estratégica de la Soberanía Argentina, está claro que todo el país depende de sus aguas, e incluso las provincias patagónicas si no se hace el Magdalena.

Parece obvio que AF habría sido asesorado pésimamente, ya que en su discurso admitió, erróneamente, una supuesta y engañosa falta de estudios técnicos. Los que en realidad y desde hace mucho son innecesarios y extemporáneos ya que, por inoportunos y rebuscados, resultan vulgares artimañas para detener la obra, que ya tiene incluso presupuesto acordado. Pero así han logrado ya que la parte uruguaya empiece a decir que «quizás debería repetirse la aprobación». El típico cuento de la buena pipa.

Es importante apuntar también que los supuestos «nuevos estudios» carecen de seriedad, porque ya han sido reiteradamente sometidos a debate público. Y aún de repetirse, el desafío técnico a futuro bien podría incluir también a la mismísima Bolsa de Comercio de Rosario, que hoy es la dueña de hecho del Río Paraná. Todos los técnicos consultados aconsejan, incluso, ese debate público con la Bolsa, sus asesores y sus mentimedios. «No hay otra manera de desenmascararlos para siempre, y para que el Magdalena sea una realidad imperativa», se entusiasma Tettamanti en abierto desafío a la BCR vía Facebook.

El trabajo realizado en 2014 en la CARP por aquel equipo de técnicos nacionales coordinado por Timerman, ya acreditaba que todos los trabajos habían sido cumplidos. Pero ese documento empezó a ser sutilmente negado, en particular los últimos dos años, cuando se hizo sistemática la insistencia de la AGP para hacer nuevos estudios y proyectos, que pusieron en el actual riesgo a la obra y los cuales, innecesarios e inconvenientes, llevaron a que ahora la parte uruguaya pueda pedir que se repita la aprobación.

Todo esto condujo a los graves errores del Presidente en su intento de explicar el Magdalena. En primer lugar lo vinculó solamente a la Provincia de Buenos Aires, sin entender que es un canal vital para toda la Argentina y fundamental para la Patagonia, la Antártida, las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Por lo que cualquier achicamiento del Magdalena será nefasto si depende del Puerto de Montevideo que es el proyecto y objetivo de las multinacionales ya dueñas del río Paraná. Con sólo mirar un buen mapa AF lo hubiera advertido, pero ya se sabe que en esta materia suele recibir pésimas asesorías.

Cabe recordar también que el 949/20 determina la renuncia de la Argentina a tener salida propia al Océano, quedando en todo sometida al puerto de Montevideo y obligada a navegar hacia el Norte. Lo que es nefasto si se recuerda que tenemos más de 4.000 kilómetros de costa atlántica hacia el Sur. Es lamentable que el Presidente no haya reparado en que esto fue redactado y firmado una semana antes de que se aprobara la refinanciación macrista de la deuda impuesta por el FMI.

Si la batalla es para determinar quién controlará el Río de la Plata, es obvio que lo va a controlar el país que maneje el canal más estratégico. Y ése es el Magdalena. ¿Por qué tanto afán entonces para que no se haga?

Hace más de dos siglos, en los albores de la Patria, escribía Manuel Belgrano en el «Correo de Comercio» que dirigía Mariano Moreno: “El provecho de la navegación es tan claro como el de la agricultura y de las manufacturas. La navegación acrecienta las fuerzas reales y relativas de un cuerpo político. Toda nación que deja hacer por otras una navegación que podría emprender ella misma, disminuye sus fuerzas reales y relativas en favor de sus rivales”. Bueno es recordárselo al Presidente.

FUENTE: Página 12

Marcharán por la soberanía del río Paraná y en defensa del Canal Magdalena

Organizaciones gremiales, sociales y políticas volverán a movilizarse el miércoles próximo en una «marcha nacional en defensa del Río Paraná y el Canal Magdalena» como así también por la defensa de «la Soberanía Marítima, Fluvial y la Industria Naval y del trabajo argentino»

La protesta cuenta con el respaldo de escritores, periodistas y legisladores, entre otras personalidades, y se desarrollará a partir de las 11, frente a la sede del Ministerio de Transporte, avenida Paseo Colón 315, en el Bajo porteño.

«El 20 de abril vamos a hacer una gran marcha convocada por la mesa por la Soberanía del Río Paraná y la construcción del Canal Magdalena, que son los dos grandes ejes y que además son abarcativos de la defensa de los puertos y el trabajo de los argentinos», adelantó el gremialista Oscar Verón (CTA Autónoma), capitán fluvial que conoce la actividad del dragado.

El escritor Mempo Giardinelli la exdiputada fueguina Alejandra Portatadino y el periodista Luciano Orellando integran junto a otros la Multisectorial convocante
El escritor Mempo Giardinelli, la exdiputada fueguina Alejandra Portatadino y el periodista Luciano Orellando integran junto a otros la Multisectorial convocante. 

En la Multisectorial a cargo de la convocatoria participan el escritor Mempo Giardinelli, el extitular de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti, la exdiputada fueguina Alejandra Portatadino, el periodista Luciano Orellando -autor del libro «Argentina sangra por las barrancas del río Paraná»- y el dirigente Julio Urien, de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca).

También forman parte de la iniciativa ATE Nacional, Soberanos, el extitular de la Federación Agraria Pedro Peretti, el periodista Néstor Piccone, el diputado provincial de Santa Fe Carlos del Frade (Frente Social y Popular), la referente del Foro por la Recuperación del río Paraná Mónica Polidoro, la exlegisladora santafesina Mercedes Meir (Soberanía Popular) y el abogado Santiago Alí Brouchoud.

Sobre la gestación de la marcha, Verón contó que fue coordinada «con compañeros y compañeras» que se reúnen desde hace semanas con el objetivo de «confluir» en una marcha frente a la cartera de Transporte, que tiene bajo su órbita todo el proceso licitatorio para el dragado y balizamiento del Paraná.

La protesta del prximo mircoles ser de carcter nacional e incluir una marcha en CABA
La protesta del próximo miércoles será de carácter nacional e incluirá una marcha en CABA. 

Entre los argumentos de la protesta, el dirigente de la CTA Autónoma enumeró: «Es importante movilizarnos el 20 de abril porque el Gobierno no nos escucha. En vez de recuperar la soberanía de los ríos y puertos y construir el Canal Magdalena, que son nuestros grandes reclamos, han optado por profundizar y seguir entregando a las multinacionales el trabajo argentino, sin que el Estado haga el control necesario sobre las riquezas que se van del país y los impuestos que no se pagan».

Y a modo de ejemplo, planteó: «No es posible que las empresas que operan en los puertos de la mal llamada Hidrovía facturen más de 52.000 millones de dólares al año, por ejemplo en el año 2020. ¿Quiénes controlan las toneladas cargadas y el pago de impuestos? ¿Por qué esas ganancias no quedan en el Estado nacional?», reprochó.

Además, anunció que la protesta del próximo miércoles «será de carácter nacional» ya que en paralelo a la marcha en CABA «habrá movilizaciones a la Bolsa de Comercio de Rosario y en los puertos ubicados a lo largo del río Paraná», detalló.

En la Multisectorial a cargo de la convocatoria participan distintas personalidades del quehacer social cultrual y poltico
En la Multisectorial a cargo de la convocatoria participan distintas personalidades del quehacer social, cultrual y político. 

En los últimos días, la iniciativa de confluir en una marcha nacional sumó más adhesiones, como la de la Organización Social y Política «Los Pibes» que conduce el dirigente Ángel «Lito» Borello, quien remarcó que participarán de la movilización «en defensa de los intereses nacionales y del trabajo de los argentinos».

«Desde siempre estamos en todo lo que sea la lucha y defensa de nuestra soberanía, como la defensa del río Paraná y el Río de la Plata», agregó Borello.

En tanto, el diputado del Parlasur y secretario general del Movimiento Octubres, Gastón Harispe, anunció que desde su espacio se sumaron a la convocatoria ya que -advirtió- «mientras Argentina multiplica su producción y exportación de alimentos, tiene a una porción de la comunidad con hambre».

La protesta cuenta con el respaldo de escritores, periodistas y legisladores, entre otras personalidades, y se desarrollará a partir de las 11, frente a la sede del Ministerio de Transporte, avenida Paseo Colón 315, en el Bajo porteño

«Los precios de los alimentos y la inflación en general expresan, entre otras cosas, falta de soberanía sobre nuestras vías navegables y enormes costos de una logística o transporte al servicio de las multinacionales en vez de servir para producir más y mejor», argumentó en diálogo con Télam.

El legislador asoció la necesidad de profundizar los controles del transporte fluvial con el impacto de la guerra en Ucrania, sobre todo en materia de alimentos y energía, lo que obligará a la Argentina a administrar el comercio exterior para «proteger los precios y la producción nacionales», exhortó.

Para alcanzar esos objetivos, añadió Harispe, «el Estado y la comunidad deben asumir la conducción de los puertos, nacionalizar el dragado de nuestros ríos y concretar el Canal Magdalena, para conectar la Patagonia con las provincias del norte y recuperar la navegación a lo largo del país, recuperando la flota de barcos argentinos».

Impulsan también la la iniciativa ATE Nacional, Soberanos, el extitular de la Federación Agraria Pedro Peretti, el periodista Néstor Piccone, el diputado provincial de Santa Fe Carlos del Frade (Frente Social y Popular) 

Este tipo de propuestas constituyen el eje de la declaración que difundió hace un mes la Coordinadora por la Soberanía del Río Paraná y el Canal Magdalena, en la que llaman a «defender la soberanía de nuestros ríos y el trabajo de los argentinos».

«El río Paraná y el Río de la Plata representan nuestra principal vía navegable y nuestros dos ríos más importantes. Ambos están en peligro. A través del decreto 949, el Gobierno nacional ha decidido reprivatizar esta vía troncal de navegación por donde se llevan todos nuestros bienes comunes naturales y por donde se desangra la Argentina», señala el manifiesto, al que accedió Télam.

«Hacemos un llamado a toda la ciudadanía y a todas sus organizaciones políticas, territoriales, ambientales, feministas, sindicales, gremiales y de toda índole para que sean parte de este justo y soberano reclamo por todo lo que nos pertenece y nos fue arrebatado por políticas antipopulares en desmedro de nuestra madre naturaleza y nuestra soberanía», destacan los espacios y personalidades que forman parte de la campaña.

FUENTE: Télam

Las aguas del Paraná bajan turbias

Conmoción en el Frente de Todos por la licitación para renovar la concesión sobre la Hidrovía

Por el río Paraná circula el 75% de las exportaciones del país.

La discusión sobre la soberanía económica y geopolítica de la Argentina transcurre entre las líneas de un decreto que nació en la cuerda floja y movió los cimientos del Frente de Todos. En agosto del año pasado el Presidente Alberto Fernández anunció desde Santa Fe la creación del Consejo Federal de la Hidrovía pero también la posibilidad de avanzar en una empresa estatal, con participación de las provincias, para gestionar la red troncal fluvial por la que circulan anualmente casi 5.000 embarcaciones que transportan 125 millones de toneladas de producción agropecuaria e industrial, casi el 75% de las exportaciones del país.

El anuncio había sido interpretado por diferentes actores sociales y políticos como la oportunidad de ponerle fin a una de las privatizaciones del menemismo. Lo que actualmente se conoce como “la Hidrovía” es gestionada por la sociedad integrada por EMAPA (Gabriel Romero, otro de los encuadernados por Bonadío) y la belga Jan de Nul, concesión que vence en abril de este año.

El promisorio anuncio también ponía sobre la mesa, quizás de manera más solapada, una verdad de la que mucho se habla pero de manera informal: el contrabando a gran escala y la necesidad de

“optimizar los controles sobre el referido Corredor litoral y la Hidrovía, sus puertos y rutas terrestres, que desde hace décadas viene siendo utilizado para llevar adelante operaciones de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas alrededor de la zona de la triple frontera y contrabando de granos, aceites y harinas con países limítrofes”.

Carlos Cruz

La afirmación no proviene de ningún trasnochado comentador de café sino de Carlos Cruz, actual titular de la Unidad de Información Financiera, organismo que tiene a su cargo la investigación y la prevención de los delitos de lavado de activos. Desde la década del ’70, Cruz observa con preocupación lo que sucede a través del Paraná.

Cuando el mundo, los planetas y también sus barriletes lloraban la muerte de Diego Armando Maradona, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 949/20, que facultó al Ministerio de Transporte a llamar a licitación para la concesión del peaje fluvial “a riesgo empresario y sin aval del Estado” de la red troncal del corredor sobre el Paraná. Del texto quedaba claro que se había borrado el plan original de constituir una empresa estatal que controlaría esa autopista clave. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Quiénes se opusieron?

La respuesta no es difícil de discernir. El rechazo provino de las principales cerealeras del país, dueñas de los puertos sobre el litoral, que ejercen su poder de lobby desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una suerte de contrapata de la Mesa de Enlace pero que en el fondo defiende a los mismos sectores concentrados que la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. A través de diferentes canales de diálogo, el lobby patronal le hizo saber a las autoridades nacionales que lo mejor era que nada cambiase.

Tal fue el sismo interno dentro del Frente de Todos que el senador Jorge Taiana pidió informes al ministro de Transporte, Mario Meoni, dirigente que responde íntegramente a Sergio Massa, ¿acaso el representante de los intereses privados dentro de la frente gobernante?

“Si corregimos lo de Vicentin, ¿por qué no se va a modificar esto”, planteó a El Cohete un dirigente que participa de la mesa chica del Gobierno nacional. Para que no quedasen dudas, aclaró que esa supuesta corrección era pura ironía.

Además de querer interpelar a Meoni por la fallida empresa estatal, Taiana reclamó información sobre el dragado del Magdalena, un canal natural que le permitiría al país una salida directa al mar sin tener que pasar por Montevideo, una cesión de soberanía que se profundizó desde que Macri convalidó el fortalecimiento del puerto del país vecino al cajonear el proyecto Magdalena. La iniciativa para el nuevo dragado había sido analizada por Axel Kicillof en su último año como ministro de Economía.

Al cierre de esta edición no ocurrió ninguna modificación del decreto que nació flojo de papeles, al decir de un dirigente nacional. Sin embargo se anunció la creación de la unidad ejecutora que tendrá por objetivo construir el Canal Magdalena. El anticipo lo realizó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “En parte se calma el ruido que generó el 949 y en parte ratificamos que estamos avanzando sobre los grandes proyectos para mejorar las economías regionales”, indicaron desde la cartera de Interior.

Entre líneas

El Decreto 949/20 fue publicado en el Boletín Oficial el 26 de noviembre del año pasado con la firma de Meoni y Santiago Cafiero. A simple vista, solamente se facultaba a Transporte a llamar a licitación de la Hidrovía. Pero hubo dos puntos que le llamaron la atención a Horacio Tettamanti, un ingeniero naval que había sido subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner: la ausencia de la empresa estatal que había anunciado Alberto y la consolidación de un esquema de tránsito fluvial que viene favoreciendo al puerto de Montevideo.

¿Qué es lo que ocurre? En 2018 Macri convalidó en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata la autorización del dragado de un tramo clave para el país vecino. Con esa modificación terminó de consolidarse algo que venía sucediendo. Macri no presentó ninguna objeción a esa modificación que terminó de favorecer al Uruguay. En la práctica, la producción agroindustrial e industrial local sale al océano desde Punta Bravo hacia Puerto Palmira (Uruguay). A su vez, Macri congeló el proyecto del Magdalena en 2016.

Una de las principales objeciones al decreto 949 es que se decidió fortalecer el canal de Punta Bravo y por ende la salida por Uruguay. Este análisis de la letra chica explica que tanto Tettamanti como Taiana hayan levantado la voz por la persistente cesión de soberanía.

“Carece de sentido que la República Argentina acondicione el acceso por el Río Paraná Bravo al puerto uruguayo de Nueva Palmira si por allí no salen cargas argentinas, y se facilitan las condiciones para el contrabando y la evasión tributaria a través de ese puerto”, sostuvo Taiana en su pedido de informes al ministro Meoni.

“Hay intereses históricos enquistados en el manejo de los puertos privatizados, donde las empresas exportadoras se sienten muy cómodas saliendo por Uruguay”, insistió Tettamanti a El Cohete. En agosto del año pasado el ex funcionario le explicaba a este portal la necesidad de cuestionar “la legalidad por la cual las multinacionales se hicieron del control del Paraná”.

Taiana mantuvo diferentes encuentros con funcionarios nacionales luego de su pedido de informes. A su entender, había posibilidades de modificar la orientación del cuestionado decreto. El mensaje de Wado de Pedro con el anuncio sobre el Canal de Magdalena intenta ir en esa dirección. El propio Meoni accedió a un encuentro con el bloque oficialista, vía Zoom.

Que nada cambie

Las compañías que tienen su representación en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), pero sobre todo en la Cámara de Exportadores de Cereales y Aceiteras (Ciara-CEC), le hicieron saber al gobierno que lo mejor era dejar todo tal cual estaba, por más que en la licitación pudieran cambiar los jugadores. Se sabe que China quiere tener peso sobre la Hidrovía.

“De 4 puertos pasamos a 22 (privados), se viene ahora una inversión de 3.500 millones de dólares y el Estado debe fijar condiciones de control. El concesionario ha mostrado su éxito con este esquema de gestión solventado por la actividad privada, por eso objetamos la estatización y la creación de la Agencia. No creemos que deba haber una Agencia que tenga muchos empleados sino que el órgano de control debe ser efectivo, rápido, como una unidad tipo task force”, respondió Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC y también integrante del CAA.

El gobierno nacional optó por tejer una alianza con el CAA –donde se baraja un proyecto de ley para aumentar las exportaciones agroindustriales–, un poco para contrarrestar la representatividad de la Mesa de Enlace.

“Es una lectura política errada”, afirma el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Del Frade. “No quieren otro 2008 (conflicto por las retenciones móviles). Pero si les das un poco de poder a los exportadores, te extranjerizan aún más la economía”, agrega.

El investigador Luciano Orellano (integrante del Partido Comunista Revolucionario), autor del libro Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná, afirma que Montevideo sigue siendo el enclave logístico desde el cual las grandes cerealeras consolidan sus “mecanismos de evasión cuasi legales vía precios de transferencia, triangulaciones e incluso contrabando”.

Para este autor, quienes operaron directamente en contra de la empresa estatal fueron Luis Zubizarreta (Dreyfus), Alberto Padoan (Vicentin) y Sergio Gancberg (Glencore), entre otros. También habla de las presiones del Grupo Techint, con interés sobre el mineral de hierro que se extrae en Bolivia e ingresa al país por el Paraná.

“Macri les había dejado todo listo para que la actual concesión se renovase con los dragados actuales, donde se favorece a Montevideo. Ellos (Uruguay) tienen los mismos enemigos que nosotros. El puerto de Montevideo funciona como un órgano de blanqueo de lo que puede provenir del contrabando o la evasión”, ratifica el escritor, y concluye: “Si no tenemos control de la Hidrovía, además de los mecanismos legales de evasión vía triangulación o precios de transferencia, estas empresas autodeclaran lo que venden y por ahí se consolida el contrabando”.

Lo cierto es que la AFIP controla todas las existencias físicas de lo que sale por los puertos privados, dentro de lo que se llama zona primaria aduanera. En este mismo portal, el politólogo Fernando Basso planteó la necesidad de que exista una segunda área de control (zona secundaria aduanera) donde las exportadoras no tengan nada que ver.

Así como las brujas no existen pero las hay, algo similar ocurre con la evasión y el contrabando. Por eso la UIF investiga a Bunge en una causa que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría 10, por la posible existencia de conductas de fraude contra la administración pública, evasión agravada o posible lavado de activos. También tiene puesta la mira sobre el Corredor Litoral y la Hidrovía.

“Algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas. Hablamos de prácticas que se llevan adelante a través de artimañas como la retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando. De esta manera presionan sobre el ingreso de divisas, fomentan devaluaciones de la moneda, acarrean evasión tributaria. En definitiva, inciden sobre los precios de productos de la canasta básica de alimentos”, asevera el titular de la UIF.

Saber de qué se trata

La propuesta de los privados es que nada cambie. De quedar todo como hasta ahora (con dragados que consolidarían la salida por Uruguay), las exportadoras seguirán teniendo la manija de muchos de los resortes de la economía, dentro de un equilibrio fino donde el poder real cuenta con más peso que el propio Estado.

“No es sólo una cuestión comercial, donde los que manejan el comercio también controlan la banca y pueden incidir en el control de la moneda. Hablamos de un debate de geopolítica. La planificación del país que queremos no puede quedar en manos de las exportadoras”, sentencia Orellano.

El próximo 22 de febrero se realizará el primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía. Además de las provincias ribereñas y los ministerios de Interior, Desarrollo y Transporte, reclaman la participación otras organizaciones políticas y sociales.

“Queremos saber de qué se trata, que se analicen los pliegos en audiencias públicas. Debemos democratizar lo que sucede en el Paraná”, concluye el autor del libro editado el año pasado.

“También tenemos que plantear la recuperación de la marina mercante. Por año se van miles de millones de dólares al contratar buques extranjeros”, comenta Del Frade, quien a su vez pide conocer la letra chica de los pliegos de la licitación en el marco del decreto 949.

FUENTE: El Cohete a la Luna

Por los acuerdos de la Hidrovía la Argentina pierde más de u$s 10.000 millones anuales

El quebranto se compone por sobrecostos de flete, pago de servicios a Montevideo y falta de control pesquero. La navegación del Paraná, cuya infraestructura pagan los argentinos, se ofrece gratis a las multinacionales que manejan los puertos.

Por: Cristian Carrillo

La concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná le genera a la Argentina un perjuicio directo de 10.000 millones de dólares anuales, sin contar las pérdidas a las arcas públicas por la evasión y el contrabando no controlado por las empresas extranjeras que administran los puertos y barcos que navegan en aguas nacionales.

La Hidrovía, nombre ampuloso para definir la privatización del río Paraná, fue concesionada en 1995 y el Gobierno plantea llamar a un nueva licitación, sin que esté prevista una prórroga de la actual concesión, la cual vence el mes próximo. 

Mantener esta concesión implica la renuncia de hecho de la Argentina a la histórica soberanía sobre el río Paraná y el Mar Argentino, pero además mantendría un daño económico monumental, la pérdida de competitividad estratégica de los productores locales y un mayor costo logístico por tener que depender de la legislación extranjera en aguas nacionales para la navegación de embarcaciones, que también son de bandera internacional. El impacto indirecto es la pérdida de competitividad de los agro-productores argentinos antes sus pares de la región. 

El país tenía una navegabilidad de sus ríos interiores sometida a las leyes argentinas hasta los noventa.

Tras la privatización y las dos medidas de Mauricio Macri, que cedieron al puerto de Montevideo el punto de salida al mundo de todas las exportaciones que circulan por estos canales (Argentina, Brasil y Paraguay), el país dejo controlar lo que sucede, no sólo en los ríos argentinos sino en todo el Atlántico Sur.

Desde distintos sectores productivos reclaman que se reafirmen los derechos argentinos y se garantice que las exportaciones por el Paraná desemboquen en el canal Magdalena bajo control nacional, con salida directa al Atlántico, reduciendo peajes al no desviarse a Montevideo.

«Es mucho peor la legalidad que nos han impuesto en el río Paraná que la ilegalidad que están denunciando. Si todo el daño fuese la ilegalidad, con solo controlarlo se resolvería el problema», dispara el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti.

Un cuarto de siglo de pérdida

La historia empieza con la palabra Hidrovía, un sujeto económico inexistente. Ni siquiera es una palabra castellana, que borra las reales, como río Paraná, río Uruguay o río de La Plata; sujetos geográficos con valor simbólico real.

«Fue un paso inteligente para apropiarse de la situación». 

Tettamanti

Las denuncias sobre irregularidades en los embarques son solo la punta del iceberg. De tal manera, no solo se daña al país por la ilegalidad que pueda haber en la exportación irregular que se hace desde la Argentina y eventualmente pueda triangularse –el caso Vicentin es el ejemplo más claro–, con barcazas paraguayas. Pero eso seguiría siendo una faceta de la producción argentina. 

«Lo que no se ve es algo más importante y es que el Paraná fue entregado a la multinacionales». 

Y con la excusa de la integración, lo que se integró es la infraestructura al servicio de las trasnacionales y no al servicio de la industrialización y el empleo de los países miembro«, explica el ex funcionario.

El hecho de que las exportadoras trasnacionales hayan pasado a dominar el rio Paraná a través de Montevideo y Nueva Palmira les permite bajar producción por ríos internos argentinos desde Brasil y Paraguay sin pasar por puertos argentinos. Estas exportadoras no solo tienen puertos en Argentina y no solo portan soja argentina, tienen puertos en Brasil, en Paraguay y Uruguay y venden la oleaginosa de esos países sin pagar peajes ni servicios en el país. 

Los granos son ajenos

En Brasil, el Mato Grosso do Sul tiene una capacidad de unas 70 millones de toneladas de soja, casi como la Pampa Húmeda argentina. El rinde promedio es similar, de unas 4,5 toneladas por hectárea en un buen año. Sin embargo, por el hecho geográfico de estar en el lado este interno de las montañas, la competitividad de esa soja solo puede interesar al mercado externo si utiliza el Paraná. Sacarla por otro lado le inyectaría costos logísticos que la sacarían del mercado.

Esa soja brasileña sale libremente de los puertos de ese país, navegan gratis por el Paraná, en un río que mantienen los argentinos, y se dirige a Nueva Palmira. De esta manera, se le da a un competidor una infraestructura que la da ventajas que se transforman en un boomerang contra los propios productores argentinos. Si se analiza los envíos de la soja a China, se ve el retroceso de la participación argentina y cómo va creciendo la brasileña y la paraguaya. 

Según las estadísticas de la Administración Nacional de Aduanas de China, desde 2016 la participación del poroto de soja argentino en el mercado chino se contrajo en promedio más de 10 por ciento. El retroceso argentino contrastó con las cifras generales de las importaciones chinas de poroto de soja, que crecieron 15 por ciento. En contraposición, Brasil mejoró en un 60 por ciento sus exportaciones,  impulsadas especialmente por la gran demanda de China. 

En el caso de Paraguay, la Bolsa de Comercio de Rosario destacó que se observa un incremento en la importación de soja en lo que va del año, mientras que Uruguay duplicó sus envíos. Estos países países no aumentaron su productividad, sino que ganaron competitividad logística.  

La competitividad que pagamos

La competitividad de los países la pagan los productores argentinos. Los que pagan el dragado son los argentinos, a través de la recaudación del peaje del rio Paraná sobre los barcos que van a Rosario. Al exportarse un commodity, los que terminan pagando el costo son los productores argentinos con pérdida de los precios de venta que le pagan las multinacionales, como Cargill, A.D.M. Agro, Bunge y COFCO.

Estas multinacionales le quitan al precio internacional todos los costos logísticos de la producción en la que compra y le ofrece ese valor a los productores. En ese valor está el mantenimiento del rio Paraná que lo hacen los argentinos. Los productores brasileños y paraguayos reciben el precio completo, porque utilizan los ríos argentinos gratis y pueden bajar el precio la soja, además de no contar con retenciones. 

Esto implica una pérdida de entre 3000 y 4000 millones de dólares por la capacidad de precio de venta que se pierde el productor por estas cuestiones. La argumentación de que no paguen el dragado las embarcaciones extranjeras es que supuestamente la obra está hecha para barcos grandes y las barcazas no necesitan tanto calado. «Pero las boyas las paga el argentino. Además es nuestro río y no es negocio regalarlo al competidor para que lo use gratis«, agrega el ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables.

El manejo estratégico del Paraná, que es argentino, debiera ponerse a favor a de nuestros productores para que puedan defender mejor su propuesta de venta. 

Te mandan a la cola

Si Montevideo no autoriza a los barcos que no sean uruguayos se sigue favoreciendo a ese puerto y al de Nueva Palmira como enclaves de exportación de la región. Además se constituye en un punto estratégico para la pesca ilegal argentina.

La Bolsa de Cereales de Rosario sostiene no debiera intervenir el Estado nocional porque no sabe manejar los negocios y que se lo deje a los privados. Pero resulta contradictorio que reivindique un canal más largo, más caro y más peligroso que el de Magdalena, que es mucho más corto, seguro y económico. 

La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias también reclamó ser parte de la discusión para defender el principal canal de salida de las exportaciones de origen agropecuario de nuestro país en manos de las multinacionales. 

El Sur también existe

En la Patagonia los productores regionales ya pusieron el grito en el cielo. El  hecho de que el río no se pueda navegar con barcos argentinos y traer carga por agua y no quedar condenados a los camiones los saca del mapa exportable. Un buque que podría venir por agua, por ejemplo, desde Tierra del Fuego, y así reemplazar a los camiones que cuestan cien veces más que el ferrocarril, abarataría los costos enormemente y le daría competitividad a los productos regionales argentino en el mercado internacional. Como están las cosas hoy siguen condenados al uso de camión.

Un barco que viene de la Patagonia hoy no podría ir al puerto de Buenos Aires, porque se tiene que dirigir hasta Montevideo, hacer una espera de cuatro o cinco días hasta que ese canal tenga lugar para entrar (no pueden pasar ida y vuelta embarcaciones a la vez), embarcar prácticos con el uso de barcos uruguayos y recién ahí venir a Buenos Aires. Entonces un viaje de cuatro días se convierte en uno de quince. De esta manera, queda anulada la posibilidad de que la Argentina ponga sus aguas al servicio de los intereses nacionales. 

El canal Magdalena permitiría que se usaran barcos de bandera argentina, porque ahí sí se puede usar la ley de barcos de cabotaje, en vez de un buque de conveniencia. Actualmente no se puede hacer un viaje de Ushuaia a Buenos Aires, porque la ley actual de cabotaje y de reserva de carga se lo impediría.

Los números finales

En el país transitan 6000 barcos que ingresan a la cuenca del Plata en busca de la cosecha; el 80 por ciento corresponde a la economía argentina. Esas barcazas tienen que hacer una espera promedio de siete días en el puerto de Montevideo en el área de espera que administra el gobierno uruguayo. 

Esa espera hace que se gasten entre 150 y 200 millones de dólares en servicios, en «practicaje» (asesoramiento a capitanes de buques y artefactos flotantes), reparaciones, alimentos y logística, que se hacen a través de Montevideo y que se podrían hacer perfectamente desde la Argentina.

Otro tanto se pierde por el servicios a los buques pesqueros que hacen pesca ilegal y reciben servicios en Montevideo, lo cual, de haber un acuerdo regional, la Argentina tendría el control y podría dar servicio a los buques legales que pescan en sus costas. En este caso, la pérdida ronda entre 3000 y 4000 millones de dólares. 

Se suman 5000 millones dólares anuales en sobrecostos de fletes, que se hacen con buques de conveniencia (extranjeros), elevando la pérdida para la economía argentina a más de 10.000 millones de dólares. 

FUENTE: El Destape

Un hombre vinculado a las multinacionales controla la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

30 enero, 2021dn

En estos días se conoció un decreto firmado el día de la muerte de Diego Maradona y dado a conocer el 26 de noviembre de 2020, que generó polémica dado que llama a licitación la hidrovía del Río Paraná.

“Esta Hidrovía comienza en puerto de Cáceres, en Amazonia, Matogrosso, y llega a Palmira en Uruguay. Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge”. 

“Por allí sale el 50% de la proteína mundial. Y sale también el 75% de todo el comercio exterior argentino”.

“Entonces en toda esta ruta que viene por el río Paraguay, que después confluye con el río Paraná, allí, en el kilómetro 2538, donde se juntan, que se conoce cómo el punto de confluencia, hasta el río de La Plata, es territorio argentino, jurisdicción nacional”, explicó el teniente de fragata retirado Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua. 

La licitación, advierten sus críticos, está configurada a pedir de las grandes multinacionales que operan en la zona.

En la misma línea, algunos medios entrerrianos cuestionaron la designación de Leonardo Esteban Cabrera Domínguez como Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación. 

Estos cuestionamientos sitúan a Cabrera Domínguez como un uruguayo, nacionalizado argentino con domicilio en Concepción del Uruguay. 

En esta ciudad trabajó para la multinacional Dreyfus, la que, según la Bolsa de Comercio de Rosario para el periodo 2018-2019, ocupa el puesto séptimo de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales. 

Un par de datos más sobre esta compañía: tiene el segundo puerto más importante de Argentina (General Lagos, Santa Fe) donde embarca anualmente alrededor de 4 millones de toneladas de granos y subproductos además de la terminal portuaria de aguas profundas de Bahía Blanca (Buenos Aires) donde tiene una capacidad de almacenamiento instalada de hasta 12.000 toneladas. 

En noviembre de 2020 vendió el 45% de su paquete accionario al fondo de inversión ADQ, con sede en Abu Dabi de Emiratos Árabes.

En estos medios citados también se indica que “Cabrera Domínguez además cuenta con un incondicional apoyo de la empresa belga Jan de Nul Group (con fuertes intereses en la Hidrovía), la adhesión de la pastera UPM (ex Botnia) y el visto bueno del actual presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro”.

Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, según se reporta en la nota Polémica designación en la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, aseguró que el arribo de estas empresas extranjeras significa una amenaza de soberanía en el Atlántico Sur “vinculada a una visión geoestratégica de sometimiento que alcanza también al Río de la Plata, al río Paraná, a la comercialización del 50 % de la proteína vegetal que se consume en el mundo vía transporte marítimo y a la explotación pesquera y de hidrocarburos en el Atlántico Sur y en el frente marítimo del Río de la Plata”.

FUENTE: Agencia Paco Urondo

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Un hombre vinculado a las multinacionales controla la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables

En estos días se conoció un decreto firmado el día de la muerte de Diego Maradona y dado a conocer el 26 de noviembre de 2020, que generó polémica dado que llama a licitación la hidrovía del Río Paraná.

“Esta Hidrovía comienza en puerto de Cáceres, en Amazonia, Matogrosso, y llega a Palmira en Uruguay. Este es un proyecto que tienen las grandes multinacionales, Cargill, Dreyfus, Bunge».

«Por allí sale el 50% de la proteína mundial. Y sale también el 75% de todo el comercio exterior argentino».

«Entonces en toda esta ruta que viene por el río Paraguay, que después confluye con el río Paraná, allí, en el kilómetro 2538, donde se juntan, que se conoce cómo el punto de confluencia, hasta el río de La Plata, es territorio argentino, jurisdicción nacional”, explicó el teniente de fragata retirado Julio César Urien, presidente de la Fundación Interactiva para la Cultura del Agua.

La licitación, advierten sus críticos, está configurada a pedir de las grandes multinacionales que operan en la zona.

En la misma línea, algunos medios entrerrianos cuestionaron la designación de Leonardo Esteban Cabrera Domínguez como Subsecretario de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante de la Secretaría de Gestión de Transporte del Ministerio de Transporte de la Nación.

Estos cuestionamientos sitúan a Cabrera Domínguez como un uruguayo, nacionalizado argentino con domicilio en Concepción del Uruguay.

En esta ciudad trabajó para la multinacional Dreyfus, la que, según la Bolsa de Comercio de Rosario para el periodo 2018-2019, ocupa el puesto séptimo de las exportaciones de granos, legumbres, harinas y aceites vegetales.

Un par de datos más sobre esta compañía: tiene el segundo puerto más importante de Argentina (General Lagos, Santa Fe) donde embarca anualmente alrededor de 4 millones de toneladas de granos y subproductos además de la terminal portuaria de aguas profundas de Bahía Blanca (Buenos Aires) donde tiene una capacidad de almacenamiento instalada de hasta 12.000 toneladas.

En noviembre de 2020 vendió el 45% de su paquete accionario al fondo de inversión ADQ, con sede en Abu Dabi de Emiratos Árabes.

En estos medios citados también se indica que “Cabrera Domínguez además cuenta con un incondicional apoyo de la empresa belga Jan de Nul Group (con fuertes intereses en la Hidrovía), la adhesión de la pastera UPM (ex Botnia) y el visto bueno del actual presidente de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luis Almagro”.

Horacio Tettamanti, ex subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación, según se reporta en la nota Polémica designación en la subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, aseguró que el arribo de estas empresas extranjeras significa una amenaza de soberanía en el Atlántico Sur “vinculada a una visión geoestratégica de sometimiento que alcanza también al Río de la Plata, al río Paraná, a la comercialización del 50 % de la proteína vegetal que se consume en el mundo vía transporte marítimo y a la explotación pesquera y de hidrocarburos en el Atlántico Sur y en el frente marítimo del Río de la Plata”.

FUENTE: Agencia Paco Urondo