La contaminación en la cuenca baja del río Salado representa una amenaza para la supervivencia de la fauna acuática. Así lo detectaron investigadores de distintas universidades y organismos públicos del país, que constataron la presencia de altos niveles de metales y agroquímicos en el agua y en los sedimentos.
En su recorrido de 650 kilómetros por Santa Fe, el río Salado Norte –diferente al río Salado Sur, que recorre la faja central y el noroeste de la provincia de Buenos Aires y el sur de Santa Fe– recibe aguas residuales de actividades agrícolas, industriales y domésticas que impactan en la biodiversidad. Un reciente estudio desarrollado por una decena de investigadores del CONICET en la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), en conjunto con especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Agraria (INTA) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), detectó altos niveles de contaminación por metales y agroquímicos en los sedimentos y aguas de la cuenca baja del Salado, lo que pone en riesgo la vida de anfibios y peces.
Para ello, se tomaron muestras de agua y sedimentos en tres localidades diferentes: en el arroyo Cululú, un afluente de la cuenca del río Salado, la costa del camping municipal de Ciudad Esperanza y la playa de la ciudad de Santo Tomé, las dos ciudades más importantes de la cuenca baja de este río. En todos los casos, analizaron distintos parámetros fisicoquímicos y de metales, y detectaron que la calidad del agua es “marginal”, es decir, mala. El análisis mostró bajos niveles de oxígeno disuelto y altos niveles de sólidos suspendidos totales, incluidos fosfato, nitrito, conductividad, plomo, cromo y cobre. Específicamente, las concentraciones de metales fueron entre 34.000 y 35.000 veces más altas en los sedimentos que en las muestras de agua.
“Me sorprendió la excesiva cantidad de cromo que encontramos. Hace años trabajamos en análisis de agua y, si bien es habitual encontrar excesos de cobre, no ocurría lo mismo con el cromo, que en las muestras que tomamos cerca de la ciudad de Esperanza, por ejemplo, excedieron el límite de protección de la vida acuática determinado por la legislación argentina”, advierte la investigadora Carolina Aronzon, del CONICET y el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la UNSAM(3iA/UNSAM).
La especialista aclara que, si bien todos los metales están naturalmente en el territorio, la actividad antrópica –recreativa e industrial– aumenta esos niveles. En el caso del arroyo Cululú, por ejemplo, las actividades vinculadas con las industrias del cuero, vidrio, metalurgia, galvanoplastia, agrícola y láctea afectan la calidad de los sedimentos del fondo de la cuenca de este curso de agua.
“Solo consideramos metales y otros parámetros fisicoquímicos en base a los limites establecidos por las reglamentaciones, pero si a eso le sumamos los plaguicidas, el escenario es aún peor”, agrega Aronzon, que es doctora en Ciencias Biológicas. A partir de este trabajo, se detectó la presencia de 30 plaguicidas diferentes en todas las muestras de agua y sedimentos. Por ejemplo, en todas las muestras, encontraron glifosato y su metabolito (ácido aminometilfosfónico o AMPA), N,N-Dietil-meta-toluamida (DEET, presente en la mayoría de los repelentes de insectos) y atrazina (que es un disruptor endócrino).
“Que los análisis químicos hayan sido realizados por expertos y expertas de tanta relevancia refuerza mucho los resultados”, dice Rafael Lajmanovich, del Laboratorio de Ecotoxicología de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral(FBCB-UNL), y destaca no solo el esfuerzo de Aronzon y su colega Julieta Peluzo, de la UNSAM, que viajaron a Santa Fe para poder llevar a cabo esta investigación, así como también el de Eduardo de Gerónimo y Virginia Aparicio, del INTA, y el de Lautaro Valenzuela, de la CNEA, para la realización de los análisis químicos de residuos de pesticidas y metales.
La alta contaminación debido a la presencia de metales y agroquímicos, sumado al bajo nivel de oxígeno disuelto y los aumentos abruptos de la temperatura, afectan directamente a fauna que habita en el río. Estudios previos daban cuenta de su impacto en las poblaciones de peces, que ha causado su mortalidad masiva en toda la cuenca del río, y que también afecta a los anfibios.
Al respecto, este trabajo también evalúa la toxicidad letal y subletal de las muestras de agua y sedimentos a través de biomarcadores en larvas de anfibios, como estrés oxidativo, neurotoxicidad y genotoxicidad. Para ello, adaptaron los protocolos que venían utilizando en otras investigaciones con muestras de agua contaminada, de manera tal que les permitiera incluir los sedimentos. Allí, en las muestras de agua con sedimentos, pusieron ejemplares de larvas de R. arenarumlarvas, una especie anfibia nativa que habita en esa zona.
“En una de las muestras, la que tomamos en el arroyo Cululú, que es un afluente del río Salado, detectamos mortalidad”, alerta Aronzon y detalla que esta llegó a un nivel de mortandad máximo del 50% de las larvas, luego de 408 horas. En el resto de las muestras, detectaron efectos subletales, como estrés oxidativo y genotoxicidad.
En su recorrido de 650 kilómetros por Santa Fe, el río Salado norte recibe aguas residuales de actividades agrícolas, industriales y domésticas que impactan en la biodiversidad.
Al respecto, en el artículo “Calidad ambiental y ecotoxicidad de sedimentos de la cuenca baja del río Salado (Santa Fe, Argentina) sobre larvas de anfibios”, que ha sido recientemente publicado en la revista científica Science Direct, este grupo de investigación interdisciplinario, en el que participaron expertos en Ecotoxicología, Ecología y Química Ambiental, se advierte que, según los datos fisicoquímicos y la evaluación de ecotoxicidad, “esta importante cuenca fluvial está significativamente degradada y puede representar un riesgo para la biota acuática”.
Por eso, advierten que es necesario un monitoreo espacio-temporal exhaustivo en cuanto a la presencia de contaminantes agrícolas e industriales, así como aumentar de manera “urgente” la distancia de los cultivos transgénicos dependientes de plaguicidas de los ecosistemas acuáticos. Si se considera solo el uso del glifosato, se estima que, en la Argentina, los agricultores aplican anualmente más de 12 litros por hectárea (el promedio en el mundo es de tres litros por hectárea), generalmente mezclados con otros herbicidas. “Es necesario tomar medidas para evitar que esta situación empeore porque ya tenemos un ecosistema degradado”, advierte Aronzon.
Por su parte, Lajmanovich destaca que la contaminación es una “amenaza silenciosa” que está poniendo en riesgo los humedales mientras se sigue postergando la sanción de una ley que regule su uso, que se está debatiendo desde hace diez años y ha sido consensuada por científicos, profesionales y representantes de la sociedad civil. “Los incendios son las amenazas para los humedales que más resuenan, pero no son las únicas”, afirma el especialista, que se dedica al estudio del impacto de contaminantes ambientales en anfibios desde hace más de dos décadas, y concluye: “Este trabajo debería ser tenido muy en cuenta, porque demuestra que toda una cuenca, que es parte de un gran humedal, está contaminada con plaguicidas y otros contaminantes de las industrias, a niveles que actualmente ya son alarmantes para la supervivencia de la fauna y la biodiversidad”.
*Por Vanina Lombardi para Agencia TSS/ Imagen de portada: Agencia TSS.
El agronegocio utiliza al menos 580 millones de litros de plaguicidas al año, según reconoce un trabajo del INTA. La aplicación de agrovenenos que se realiza en nuestros territorios supera ampliamente las estadísticas de otros sitios donde se hace culto a la fumigación como Estados Unidos, Brasil o China. El INTA reconoce el desastre sanitario, pero se pone del lado del modelo agroexportador y pide consultar al ingeniero agrónomo que receta estos venenos.
Por Patricio Eleisegui
Al menos 580 millones de litros de agrotóxicos se vierten cada año sobre territorios y poblaciones de la Argentina. De ese total, 230 millones corresponden a formulaciones de herbicidas como el cancerígeno glifosato y la porción restante comprende bombas químicas rotuladas por la industria de los agrovenenos cómo insecticidas, acaricidas y fungicidas, entre otras categorías.
Semejante volumen, dividido entre los 45 millones de personas que padecen este modelo en nuestro país, arroja que por cada habitante se aplican casi 13 litros de venenos siempre en términos anuales. Ajustado sólo a aquello le importa al agronegocio, esto es, la ecuación productiva en desmedro de la salud colectiva y la seguridad y la soberanía alimentaria, la cuenta da un uso superior a los 16 litros de agrotóxicos por hectárea –36 millones destinadas a la agricultura intensiva, según datos oficiales–. Estos y otros detalles del atentado permanente con plaguicidas que sufren los ecosistemas y las poblaciones de la Argentina integran un informe presentado a fines de octubre por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El trabajo, titulado “Los productos fitosanitarios en los sistemas productivos de la Argentina”, incluso aporta datos de los volúmenes de uso de agrotóxicos en los principales mercados de producción agrícola del mundo.
“La Argentina se caracteriza por tener un importante consumo anual de PFs (Productos Fitosanitarios), muchos de los cuales son de origen nacional por síntesis o formulación y muchos son importados. En los 36 millones de hectáreas cultivadas, se utilizan 230 millones de litros de herbicidas y 350 millones de litros de otros PFs. Los envases necesarios para su comercialización generan unas 17.000 toneladas de polietileno cada año…”, puede leerse en la página 10 del informe.
La comparación con otros países o bloques donde también se realizan prácticas agrícolas intensivas acerca el peor de los resultados: Argentina lidera los números globales de uso de agrovenenos tanto en la proporción por habitante como en la relación de litros aplicados por hectárea.
Así, precisa el INTA, Brasil promedia los 376 millones de litros anuales según los últimos datos oficiales de ese país. En tanto la nación vecina reconoce 86,7 millones de hectáreas productivas y una población total del orden de los 214 millones de habitantes, estamos hablando de 1,7 litros de agrotóxicos por brasileña o brasileño y 4,3 litros por hectárea.
Foto: INTA
En el caso de Estados Unidos, el informe señala un uso anual de 540 millones de litros de formulaciones de herbicidas, fungicidas e insecticidas, entre otros productos. El país norteamericano suma 913 millones de acres productivos –casi 370 millones de hectáreas– y 330 millones de habitantes. Esto equivale a 1,6 litros por habitante y 1,45 por hectárea.
El informe también menciona a la Unión Europea y la utilización de agrovenenos que ocurre en el bloque: 375 millones de litros anuales sobre alrededor de 175 millones de hectáreas productivas y una población total de 447 millones de personas. Aquí el promedio baja a 0,8 litros por habitante y 2,1 por hectárea.
Por último, el INTA aporta cifras correspondientes a China. Expone una aplicación anual de plaguicidas del orden de los 1.767 millones de litros para la producción de 117 millones de hectáreas ocupadas con granos. La potencia asiática suma 1.400 millones de habitantes. Esto equivale a 1,2 litros de venenos por persona y 15,1 litros por hectárea.
“Existen en el mercado argentino cerca de 5.387 productos formulados registrados en el SENASA. Los herbicidas son el grupo mayoritario con 43%, seguido por los insecticidas y fungicidas. El resto, léase acaricidas, nematicidas, molusquicidas, reguladores de crecimiento, etc., no superan el 14%”, detalla el organismo en uno de los apartados del trabajo.
En el aspecto sanitario, el informe señala que en Argentina se comercializan herbicidas y fungicidas identificados con bandas verde, azul y amarilla, e insecticidas con esos colores y también rotulados con etiquetas rojas.
Respecto de estas tonalidades, vale mencionar que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) utiliza esos colores para hablar de formulados “prácticamente no tóxicos”, “ligeramente tóxicos”, “moderadamente tóxicos” o “altamente tóxicos”. Por supuesto que esta clasificación cruje por todos lados y no hace más que operar a favor de los intereses de las corporaciones de los plaguicidas.
Una muestra de esto último es el glifosato, que en Argentina mantiene su status de banda verde –o sea, “prácticamente no tóxico”–, mientras que la evidencia científica y médica global ya lo considera un agente cancerígeno. Claro que la diferencia de coloración de los agrotóxicos no elimina la naturaleza letal que distingue a cada una de estas combinaciones de moléculas de síntesis química. En ese sentido, el trabajo del INTA apela a una clasificación toxicológica donde se expone que un litro de cualquier producto banda verde es suficiente para matar a una persona. Es decir, destierra cualquier idea de inocuidad o ausencia de riesgo fatal como en más de una oportunidad se intentó instalar, desde carteras oficiales como el Ministerio de Ciencia, durante las gestiones de gobiernos kirchneristas y el período macrista.
En el caso de los formulados clasificados como banda azul –“ligeramente tóxicos”–, el informe fija la dosis letal en 250 gramos, mientras que para los productos banda amarilla –“moderadamente tóxicos”– señala que bastan 30 gramos del compuesto para exterminar a cualquier individuo. En cuanto a los plaguicidas banda roja, cuya presencia en el segmento de los insecticidas es expuesta por el INTA, la dosis letal oscila entre 1 gota o grano y 1 cucharadita de agroveneno –4 mililitros–.
Pese a la toxicidad comprobada de estos productos, y a la tragedia socioambiental que transitan infinidad de poblaciones en el interior de la Argentina, el INTA no oculta su sintonía con el agronegocio al definir a los plaguicidas como “potenciales fuentes de contaminación ambiental” en uno de los tramos de su informe.
Aunque en el trabajo se hace enumera la cuantiosa evidencia científica generada en el país que demuestra el desastre sanitario que genera el modelo agrotóxico, el organismo no duda en posicionarse del lado de los patrones de la fumigación y remarca que desterrar el uso de los venenos para la generación de comestibles y forrajes redundaría en una afectación grave del sistema productivo dominante.
“Este documento se redactó a partir de la premisa de que los productos fitosanitarios constituyen una herramienta para el manejo de plagas de la cual, actualmente, la agricultura no puede prescindir completamente sin poner en riesgo el volumen y la calidad de la producción de alimentos…”, dice el INTA en las consideraciones finales del documento.
“Es indispensable que todas las acciones inherentes al manejo de los productos fitosanitarios se realicen bajo la dirección, planificación y/o supervisión de profesionales Ingenieros Agrónomos (IA)”, recomienda en el párrafo siguiente. En sintonía, otra vez, con los intereses de compañías y jerarcas de la producción intensiva que, apuntalados por organismos y actores de gobierno, siguen enriqueciéndose a partir de un sacrificio ecosistémico y poblacional permanente y desde el desprecio a la generación real de alimentos.
La agroecología es una realidad que crece en todo el país. La afirmación es un hecho para chacareros, trabajadores de la tierra, académicos que impulsan este paradigma frente a la hegemonía del modelo agroindustrial de monocultivo. También es una realidad para los técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que son parte de la Red de Agroecología (Redae) que publicó un mapeo de las 80 experiencias agroecológicas que acompañan en todo el país.
Por Nahuel Lag
“En los territorios, el proceso que se está dando hacia la agroecología es claro. En algunos casos emerge por problemáticas ambientales, en otros por merma productiva y en otros por dramas sociales como la deriva de agroquímicos”
Rodrigo Tizón, coordinador nacional de la Redae
Tizón, biólogo y coordinador de la Redae desde 2021, destaca que la red “recupera la mística del INTA”, la de relación del agente del instituto con el chacarero y sostiene que eso es intrínseco al paradigma de la agroecología, “que no es solo ciencia sino práctica y movimiento”. De la red participan 160 agentes del INTA, distribuidos en 105 unidades desde La Quiaca hasta Ushuaia, y las experiencias que acompañan son 26 módulos agroecológicos del instituto, cuatro parcelas demostrativas, tres módulos educativos, 22 experiencias compartidas con el programa Cambio Rural y 25 experiencias privadas.
Se trata de sistemas productivos mixtos, extensivos y hortícolas, agrícolas y ganaderos, y apícolas y forestales. La mayor parte de las producciones son mixtas (agrícola-ganaderas) en la agricultura extensiva y hortícolas en la intensiva. También hay una gran variedad de producciones: carnes ovina, caprina, vacuna; leche y huevos; frutos secos, cítricos, vid para vinificar y uva de mesa, olivos, aromáticas, algodón y caña de azúcar.
El coordinador sostiene que en el trabajo en el territorio se hace evidente que “el crecimiento de la agroecología es exponencial” y eso condice con la cantidad de actividades que surgen en el instituto, la mayoría contenidas dentro de la red. Sin embargo, la Redae busca, con la publicación de este mapeo de experiencias, volver a sentar sus bases. Desde su creación, en 2013 funcionó como programa nacional, con presupuesto propio dentro del INTA, pero durante la gestión macrista en el periodo programático 2018-2022 fue degradada y quedó dentro del Programa de Ecofisiología y Agroecosistemas.
La apuesta es volver a poner a la Redae dentro del mapa del INTA –que históricamente no cuenta con representación en su Consejo Directivo de los sectores campesinos y de pequeños productores protagonistas del avance de la agroecología– y conseguir que vuelva a ser programa nacional para el periodo programático 2023-2027. Esas expectativas reflejan también las tensiones que se viven en otros organismos del Estado y universidades frente al crecimiento del paradigma de la agroecología y el hegemónico paradigma agroindustrial. Mapeo de proyectos agroecologicos del INta- Entrevista a Rodrigo Tizón de la red de agroecología del INTA
Foto: Red de Agroecología INTA
Tizón confía en que la agroecología tiene un enorme potencial de crecimiento y con condiciones para la exportación, amén de resolver debates sobre el prioritario abastecimiento local, pero para ello son necesarias políticas públicas que promocionen el sector, que den acceso a la tierra y generen las condiciones para restablecer los entramados sociales y productivos rotos por el modelo de monocultivo de soja, en particular, en la zona núcleo pampeana.
En ese contexto, el coordinador de la red destaca el acompañamiento desde el INTA para “una investigación acción participativa (IAP), que transforme sistemas en el territorio”. “La agroecología es un sistema de resolución de problemas”, asegura Tizón y señala que ante las tensiones con el paradigma agroindustrial que comienza a hablar de “sustentabilidad”, la agroecología “tiene una mirada sistémica y holística, tiene método, tiene formas de evaluar”, cuando el resto de las supuestas soluciones presentan marcos difusos.
—Decís que en el trabajo de los agentes con los chacareros, con los pequeños productores, se observa un crecimiento exponencial de la agroecología, ¿por qué se está dando está transición de acuerdo a las experiencias de la red?
—No se puede trazar una línea precisa porque hay agentes trabajando en agroecología en La Quiaca y en Ushuaia, literalmente. Pasando por Misiones, La Pampa y Cuyo, hacer una sola definición del por qué es difícil, pero sí se puede sostener que el sistema agroindustrial no resuelve todos los problemas de la gente. Resuelve la rentabilidad de algunos, pero no todos los problemas que existen en el territorio. Cuando hacés un paneo por todo el territorio nacional aparecen distintos problemas: migración rural, contaminación, baja de rendimientos productivos por degradación de suelos.
En cada punto del país, en cada región, se pueden indicar un problema a destacar, pero son múltiples. Para todos esos problemas que se dan en el territorio, la agroecología tiene una respuesta.
Si hay una definición que se le puede dar es que la agroecología es un sistema de resolución de problemas.
No es una técnica o una práctica como la siembra directa sino que es un sistema de resolución de problemas a través de sus principios. La FAO tiene mala prensa, pero con los denominado “10 elementos de la Agroecología”, logró hacer una síntesis que convocando a todos los actores: desde La Vía Campesina –creadora de de la definición de soberanía alimentaria– hasta agroecólogos de todo el mundo.
—¿Cómo se plasman esos principios en el territorio?
—A partir de los 10 principios –en sus dimensiones productiva, social y ambiental– se puede ir definiendo cuáles se están cumpliendo y cuáles no. Entre ellos, diversidad, eficiencia, resiliencia, reciclaje, entre los productivos. Luego tenés otros principios de contexto como gobernanza responsable, un principio necesario para un nuevo paradigma que aún no cuenta con todas las normativas ni políticas públicas que necesita. Por otra parte, como principios centrales está el comercio y la economía circular.
Desde la perspectiva social, lo que se propone es que la construcción del conocimiento no se hace de manera lineal –como otros sistemas productivos que recuperan una ciencia monocultural– sino que el principio es construcción colectiva y dentro de ella la cultura, los valores y tradiciones de cada región.
No hay poemas que hablen de la soja y el glifosato, ese sistema no tiene personas, no tiene cultura, no tiene guitarreada.
—¿Trabajar con los principios de la agroecología permite marcar una diferencia frente a las posiciones de lo “sustentable”?
—Con estos principios, en cada territorio podés analizar con indicadores los distintos niveles de avance y realizar una escala de la transición agroecológica hacia la transformación territorial. Cuando se llega al final del proceso, una agroecología madura no es solo el cambio en un predio sino en todo el territorio. Por eso, en la Argentina y en todas las experiencias que trabajamos con el INTA hablamos de transición. Si te ponés muy fino, de agroecología madura no vas a encontrar una experiencia acabada.
Es muy importante trabajar con los principios porque te da una diferencia fundamental con cualquier otro sistema similar, aquellos denominados “producción sustentable”, “intensificación sustentable”, “producción regenerativa”, “ganadería regenerativa”, “producción orgánica”. Todas pueden estar cerca de la agroecología, todos pueden decir qué están trabajando en las dimensiones productiva, ambiental y social, pero no tiene indicadores ni grados de avance. Llaman a una producción “sustentable” en un marco difuso.
Mapeo de proyectos agroecologicos del INta- Entrevista a Rodrigo Tizón de la red de agroecología del INTA / Foto: Red de Agroecología INTA
—Mencionaste que desde el cumplimiento cabal de los principios de la agroecología las producciones en todo el país están en “transición”, sin embargo ya existen experiencias que van desde la producción hasta el consumidor, ¿cómo lo evalúas?
—Esos circuitos existen, descrito así, existen experiencias agroecológicas. Pero cuando hablamos del análisis desde los principios se observan cuestiones más en detalle. En las chacras, a veces, se puede ver la autoexplotación de los mismos campesinos. Se puede decir que llegó el producto a un circuito cercano, sin agroquímicos y muy nutritivos, pero qué pasa con esas familias productoras: ¿se autexplotan? ¿cuáles son los indicadores para decir que están viviendo bien? Los productos de la agricultura familiar desde la sanidad están en óptimas condiciones, sin agroquímicos, pero ves que las familias viven en casas precarias, ¿eso es agroecología? No, no llegó a ser agroecológico. No es una crítica a las familias productoras sino el análisis global del modo de producción. La responsabilidad no es de esas familias productoras sino del Estado que tiene que garantizarles condiciones de vida dignas.
—Los casos que mencionás tienen que ver con lo que ocurre en los cinturones hortícolas, donde hay un reclamo concreto de las familias productores que es el acceso a la tierra…
—Sí, exactamente. En ese punto llegamos al problema fundamental que es la tenencia y distribución de la tierra. Estos productores, cuando logran salir de la condición de autoexplotación, tampoco pueden invertir en las tierras que trabajan porque viven con la amenaza de ser echados. En Bahía Blanca, de donde soy, vemos este problema frecuentemente con los productores hortícolas, la problemática es más grande en periurbanos como el del Gran La Plata.
Todo lo que tiene que ver con la distribución de la tierra está presente en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, lo que falta es la implementación.
Las cuestiones de la distribución de la tierra podrían avanzar con un ordenamiento territorial desde el Estado nacional y permitiría que ocurra, incluso, sin tensiones. Las tierras fiscales están, pero falta que se ponga mano a la obra en territorios, en los periurbanos, para generar equipos que piensen cómo y qué producir en ellas.
—En el mapeo de experiencias agroecológicas del INTA no solo hay unidades del instituto sino también experiencias de productores privados en transición, ¿cómo es la situación de esos campos?
—Todos los módulos agroecológicos presentes en el mapeo –sean privados, educativos, de Cambio Rural, de las unidades experimentales– tienen una gran diferencia con la investigación clásica del INTA porque trabajan con conceptos de la Investigación Acción Participativa (IAP), en cada una de las experiencias la investigación está asociada con algún productor, consumidor o transformador de materias primas. Las parcelas agroecológicas presentes en el mapa son las más cercanas a la investigación clásica del instituto, el resto se trabajan con IAP. Se organiza la investigación junto a la sociedad, sea con el productor o con transformadores de materia prima como harineros de trigo agroecológico o con redes de consumidores.
Se trabaja con un enfoque holístico, con toda la red de relaciones hasta llegar a la góndola, al bolsón o la feria.
Por eso, por ejemplo, se promueven los Sistemas Participativos de Garantía (SPG), como esquemas de diferenciación agroecológica (certificación), pero también de organización comunitaria. Al ser tan complejo se necesitan más personas, de más disciplinas, desde la ecofisiología del cultivo a economistas que trabajen en la comercialización, ingenieros que piensan en maquinarias o sociólogos que analicen todo el sistema de relaciones Toda una complejidad que se investiga y sistematiza para que pueda ser replicada, es el objetivo final del INTA.
—Dentro de esta complejidad que implica la agroecología y de acuerdo a las experiencias de acompañamiento del INTA, ¿cómo ves la continuidad de este modo de producción y su crecimiento?
—Lo más difícil de escuchar para los agroecólogos es el escalamiento del sistema. La agroecología con su modo de acción estricto, de producción y venta local, puede desarrollarse en cierta cantidad de hectáreas de la Argentina. Si dijéramos, a partir de mañana, toda la producción pasara a ser agroecológica, nos sobrarían alimentos. Y se debería revisar de qué manera esos alimentos se pueden exportar. La certificación orgánica –a partir de la Ley 25.127 de producción orgánica– podría ser un aliado de la agroecología, ya que tiene armados los protocolos y homologadas las certificaciones que se aceptan en Europa o Estados Unidos.
En ese punto soy más flexible en lo que tiene que ver la venta local, no respecto del abastecimiento local que es una máxima y tiene que estar dada.
Pero respecto de sostener solo la venta local es interesante abrir el debate para pensar qué hacer con los excedentes de las producciones agroecológicas, una vez cumplido el abastecimiento local. Pensando en el sistema extensivo de La Pampa, con un caso emblemático de la agroecología como Guaminí, no es posible que la producción solo quede en la venta local.
En la actualidad, mucho del trigo agroecológico que se produce se va al sistema convencional. Si no se piensa en las maneras de exportar los productos de la agroecología le dejamos esa tarea al sistema agroindustrial.
Foto: Red de Agroecología INTA
—En el debate público aún se está en una instancia anterior. Aún no existen políticas públicas para ampliar la agroecología y se sigue sosteniendo que la agroecología no sirve para abastecer los sistemas alimentarios…
—Ese debate no está entre los productores y técnicos que son parte de la Red de Agroecología. Es un debate que está en las grandes corporaciones…
—Y también en el Estado todavía está instalado que la agroecología es un reclamo ambiental. El INTA impulsa programas de tecnificación, se aprueba un Plan Ganadero que impulsa más el feedlot que la ganadería regenerativa y, si hablamos de cultivos, tenemos la aprobación del trigo HB4…
—En cualquier institución del Estado o, a nivel internacional en la FAO, vamos a encontrar líneas de trabajo que persistan en el paradigma de la “revolución verde” y líneas de trabajo agroecológicas. En las facultades de Agronomía te encontrás con una materia de agroecología y una de biotecnología. El Conicet convive con el desarrollo del trigo HB4, pero también de variedades de adaptación local. Esas tensiones también están en el INTA que ha promovido el sistema de siembra directa con agroquímicos y luego un enfoque agroecológico. Estamos hablando de distintos paradigmas, no de distintos sistemas productivos o distintas técnicas. Son dos paradigmas diferentes.
—¿Pueden convivir?
—Creo que la respuesta para que la agroecología pueda desarrollarse ampliamente está en el ordenamiento territorial. La agroecología tiene un espacio enorme para crecer. Las tensiones están y, obviamente, el sistema agroindustrial tiene otras herramientas para pensar los problemas que generó –malezas resistentes, agotamiento de los suelos, expulsión de los campesinos– y están buscando cómo hacerlo, aunque siempre se queda atrás con lo social.
Más allá de las tensiones, la agroecología tiene una mirada sistémica y holística, tiene método, tiene formas de evaluar y propuestas. La agroecología tiene respuestas y desde el INTA proveemos información para su escalamiento.
—Volviendo a lo productivo y a partir de la experiencia de la red y las producciones con las que trabajan, ¿la agroecología está en condiciones de escalar con potencial exportador?
—Sí, se puede escalar con potencial exportador, sin dejar de lado el debate del abastecimiento local para no generar un nuevo sistema vicioso de exportación de commodities. Se pueden hacer acuerdos con la producción orgánica, se pueden hacer acuerdos directos con compradores en el exterior.
Ya hay ventas de carne de pastizal donde no es necesaria la certificación para exportar. Serían exportaciones que, además de generar divisas para el país, fortalecería la producción agroecológica de abastecimiento local. Que primero tenemos desafíos desde lo local, seguro.
—¿Cuáles son esos desafíos?
—Los desafíos locales tienen que ver primero con el armado de entramados sociales rotos, acompañado por políticas públicas. El entramado social es el productor en el campo, los canales de comunicación que necesita ese productor, la relación con su comunidad, la acumulación de conocimientos colectivos, la comercialización justa.
En las economías regionales el entramado productivo puede no estar tan afectado, el punto de partida puede estar mucho más cerca o aún prevalecer. Pero en la región pampeana se rompió absolutamente, cuando en los años ‘70 y ‘80 ese entramado existía. El productor, además de trigo, producía huevos, lechones, aves, mieles. Todo se distribuía en el ámbito local y otros exportaban.
Ese entramado se rompió por la expulsión del chacarero, del campesino, a la ciudad; por la transformación mecanizada del sistema de monocultivo. Sobre todo con la sojización, que rompió el entramado, quitó mano de obra y redujo la diversidad con un alimento que no se consume en el territorio.
—Hablaste de las políticas públicas que el Estado debe poner en marcha para reconstruir el entramado productivo en el campo, ¿cuáles serían?
—Se necesitan políticas públicas en diferentes niveles del Estado, con diferentes niveles de acción. A nivel nacional se precisan marcos generales porque la agroecología es situada, necesita del análisis del territorio para crear políticas, que podría ser una Ley de Agroecología general, luego leyes provinciales que ajusten su realidad social y ambiental a esta paradigma; y, por último, el nivel de acción en el que la agroecología se siente más cómoda es el municipal: con normas y ordenanzas específicas para las necesidades territoriales.
Las políticas deberían ser de promoción, por ejemplo, una norma a nivel nacional que indique que el Estado compre alimentos para escuelas, comedores y hospitales, primero a los productores agroecológicos. A nivel provincial existen tres provincias con leyes para el sector: Misiones, Chaco y La Pampa. A nivel más local deberían trabajarse los Sistemas Participativos de Garantía. En esta tarea está la responsabilidad la Dirección Nacional de Agroecología para que vaya prendiendo el escalamiento de las normativas para la promoción de la agroecología.
En Santiago del Estero, un estudio de laboratorio determinó que dentro del agua que la comunidad usa para beber, se encontraron productos herbicidas que fueron catalogados como «probablemente cancerígenos» por la OMS en 2015.
Casi un año tardó la justicia de Santiago del Estero en resolver una situación que afecta gravemente la salud de la comunidad Sanavirón, un pueblo indígena que desde el siglo XV habitó el centro del actual territorio argentino y que, con los años, se trasladó hacia el Norte del país. El Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, dictó una medida cautelar que suspende las fumigaciones por seis meses en las cercanías de las viviendas de esa comunidad originaria. La decisión llegó tras varios meses de lucha, luego de que integrantes de la agrupación indígena denunciaran diferentes descompensaciones y problemas físicos tanto en hombre, mujeres niños y animales.
El 20 de noviembre del año pasado, integrantes de la comunidad «Sentimiento de mi Tierra» del mencionado pueblo originario, radicaron una denuncia contra dos individuos que fumigaron durante varias horas en la cercanía de sus viviendas. En la denuncia, solicitaron que se investigue la posible comisión de un delito que viola la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. El documento presentado afirma que los dueños del campo realizaron el 16 de noviembre de 2021 una fumigación desde las 20 hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Resaltaron que muchas personas presentaron brotes de granos en todo el cuerpo, dolores de cabeza, vómitos, diarrea y manchas en la piel. Asimismo, detallaron que varios de sus animales de crianza murieron y que algunas de sus crías nacieron con deformaciones.
Según el sitio judicial fiscales.gob.ar, la restricción recae sobre dos personas denunciadas que explotan el campo situado en el Paraje El Chañaral, en la zona rural de Pinto de dicha provincia. El juez Sebastián Argibay estableció un límite de 500 metros para las fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las áreas, “a contar desde el lugar donde está situada la comunidad”. En el mismo sentido, el magistrado resolvió que se comunique lo dispuesto a la Dirección de Agricultura y Ganadería provincial y a la Administración Provincial de Recursos Hídricos para que efectúen el debido control.
Los denunciantes expusieron que estas situaciones no solo se ajustan al momento de la fumigación, sino que las sustancias arrojadas quedan en el agua que se almacena en los depósitos y aljibes. Al mismo tiempo, brindaron detalles que, a unos cien metros del campo fumigado, se encuentra un brazo de un canal que lleva agua del río Dulce y en ese lugar, «se habrían lavado las máquinas ‘mosquito’ utilizadas para fumigar y se habría realizado la preparación del veneno», puntualizaron: «se habrían dejado tirados los envases de los agroquímicos en las orillas», agregaron
Ante esta situación, la fiscala subrogante a cargo de la fiscalía, Indiana Garzón, solicitó una serie de medidas que incluían peritajes a muestras de agua y del suelo. Las evidencias fueron remitidas para su análisis al Laboratorio de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA, con el objetivo de que se determine la presencia de esos químicos y su cuantificación.
Resultado del laboratorio
Según el estudio realizado, tanto en las muestras de suelo tomadas en adyacencias al inmueble en cuestión, como en las de aguas tomadas del canal Niquilo, están presentes varias moléculas por encima del umbral que fija la Comisión Europea. El informe afirma que el estudio detectó dentro del agua productos herbicidas que fueron catalogados como «probablemente cancerígenos» por la OMS desde 2015, como el glifosato y la hidroxi-atrazina.
Como parte de las medidas solicitadas por la fiscalía, se llevó adelante en mayo un reconocimiento judicial de la zona, del que participaron el juez Argibay, representantes de los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, el Defensor del Pueblo y el director de Agricultura y Ganadería de la provincia, acompañados por personal de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional. Desde el Ministerio Público Fiscal manifestaron que la medida tuvo como objetivo, además de resguardar la salud de la comunidad, involucrar a todos los agentes del Estado para propiciar «un efectivo control y prevención de daños del uso de agroquímicos en las actividades agropecuarias».
«Se realiza en invernáculos de alta tecnología bajo los máximos estándares en materia de bioseguridad», aseguran desde Pampa Hemp, la empresa que escogió una especie con una variedad genética con alto contenido de CBD y que promete proyectarse al mundo.
Una pyme comenzó a cultivar legalmente en Buenos Aires cannabis medicinal junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Una pyme comenzó a cultivar legalmente en Buenos Aires cannabis medicinal junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), constituyéndose en una de las primeras experiencias de producción legal para fines farmacológicos del cáñamo.
Esta asociación se produce tras la nueva reglamentación de la ley 27.350 y convertirá a Pampa Hemp en eventual pionera dentro del universo de la pequeña y mediana empresa.
El proyecto se desarrolla en la Estación Experimental de Pergamino, en el marco de un acuerdo público-privado con fines productivos y de investigación científica rubricado en enero pasado.
«Es un gran desafío y una enorme oportunidad para la Estación Experimental de Pergamino (EEA), tanto para la institución como para los profesionales que participarán del proyecto», dijo en aquel momento Ignacio Terrile, director de la EEA.
«Es un gran desafío y una enorme oportunidad para la Estación Experimental de Pergamino (EEA), tanto para la institución como para los profesionales que participarán del proyecto»(A)Ignacio Terrile, director de la EEA
Terrile explicó que el objetivo principal es el de «iniciar un proceso de generación de conocimientos de alto valor científico-tecnológico, fundamental para el desarrollo de la industria relacionada a la producción de derivados del cannabis en Argentina».
«Estamos muy entusiasmados por este camino que empezamos a recorrer junto a proveedores locales, experimentando y adaptando los recursos propios en la búsqueda de generar una ecosistema de base nacional que nos potencie como industria y nos permita proyectarnos al mundo», explicó Sebastián Tedesco, cofundador de Pampa Hemp.
El prototipo de cultivo que comenzó la semana pasada en la Estación Experimental del INTA en Pergamino, «se realiza en invernáculos de alta tecnología bajo los máximos estándares en materia de bioseguridad», informaron de la empresa.
El proyecto se desarrolla en la Estación Experimental de Pergamino. La variedad genética escogida inicialmente es de alto contenido en CBD y se testearán diferentes técnicas de cultivos y de extracción vegetal, con miras a obtener las certificaciones necesarias para poder exportar a diversos mercados internacionales.
En ese sentido, el empresario destacó que «los encadenamientos productivos del cannabis son intensivos en servicios basados en conocimiento, en equipamiento de alta tecnología y otras dimensiones del modelo Agrotech».
«Estamos en una etapa de experimentación, bajo nuestras condiciones medioambientales, entendiendo cuáles son los procesos más eficientes para lograr los mejores resultados en términos de volumen y calidad»
Sebastián Tedesco, co fundador de Pampa Hemp
«Estamos en una etapa de experimentación, bajo nuestras condiciones medioambientales, entendiendo cuáles son los procesos más eficientes para lograr los mejores resultados en términos de volumen y calidad, para luego pasar a una fase de mayor escala de la mano del uso de genéticas nacionales propias con las que venimos trabajando hace años», agregó Tedesco.
Según informaron, «en esta primera etapa se buscará desarrollar protocolos y un modelo de producción local de cannabis de grado farmacéutico bajo un sistema competitivo», en el marco de un proceso que involucre a empresas nacionales en la generación de las «necesidades que plantea el cultivo» en lugar de recurrir a la importación de insumos y maquinaria.
«Apostamos a incorporar saberes y tecnologías con sustento científico para el desarrollo del cultivo de cannabis que permitan obtener materia vegetal de calidad, genéticamente estable y consistente en el tiempo», afirmó Natalia Prece, coordinadora del equipo de trabajo de INTA.
«Desde Pampa Hemp, buscamos contribuir a la producción de materia prima de grado farmacéutico que devenga en aplicaciones médicas y terapéuticas, facilitando el abastecimiento de la demanda local para la elaboración de productos nacionales de calidad, accesibles, trazables y de seguridad comprobada, cuidando a consumidores, pacientes y usuarios», concluye Pablo Fazio, socio de la compañía.
En las puertas del AMBA vecinas y vecinos de siete organizaciones se organizaron (incluso con un bingo) para pagar un estudio del INTA que reveló la presencia de 22 plaguicidas en altas concentraciones en las redes y pozos de agua domiciliaria, plazas, suelos, napas subterráneas y hasta en la lluvia. Lo que dicen los concejales que aún no firman una ordenanza para restringir fumigaciones y promover la agroecología. Hablan el presidente de la Sociedad Rural local, la directora de Medio Ambiente, la científica del INTA Virginia Aparicio. La historia de un ex aplicador, la asamblea ciudadana, y las familias afectadas que buscan que el paraíso no se convierta en una de terror.
Fotos: Nacho Yuchark.
En las calles de Lobos algo está cambiando. Mucha gente quiere hablar, abierta o anónimamente, porque “el campo y el miedo lo atraviesan todo”, dicen. Buscan denunciar lo que pasa por estas tierras hace décadas, algo que ningún informe certificaba. Hasta ahora.
Una alarma despertó a la comunidad el año pasado: el Círculo de Ingenieros Agrónomos de Lobos (CIAL) presentó al Concejo Deliberante municipal un proyecto de ordenanza para el “Manejo y aplicación de fitosanitarios” que instaba la habilitación a fumigar a solo 50 metros de las áreas pobladas. Para evitar esa única propuesta, desde las entidades Coplasa y Alianza Clima, Vida y Salud Lobos presentaron otras dos iniciativas, lo que derivó en una apertura de audiencias públicas que permitieron la discusión en el Concejo. “Pero con eso no alcanzaba. Pretendían sacar la ordenanza sin saber qué nivel de contaminación hay en Lobos. Decían que no estaban preparados para investigar el tema, así que lo hicimos junto a toda la comunidad”, cuenta Cielo Campos (25 años) de la organización Fuerza Ecológica.
Alianza Clima, Vida y Salud (ACVS), Casa de la Cultura, Coplasa (Colectivo por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria), Ecolobos, Frente de Izquierda, Fuerza Ecológica y Junta Vecinal Laguna de Lobos se unieron en marzo en APAL (Aporte Por el Ambiente de Lobos) para realizar un monitoreo en trece lugares, rurales y urbanos, y llevar las muestras al INTA para determinar la presencia de plaguicidas. Abrieron una cuenta bancaria para reunir donaciones y costear el estudio otoño-invierno (en unos meses harán el de primavera-verano). Para analizar dos moléculas debían llegar a 120 mil pesos y usaron la creatividad. Facundo Casela, Técnico Superior en Negociación de Bienes, productor agroecológico e integrante de la Junta Vecinal, explica: “Desde la Junta habíamos hecho bingos virtuales y lo propusimos como una posibilidad de acercarnos al monto necesario. Vendimos los 360 cartones. Nos quedaron 74 mil pesos limpios. El resto fueron donaciones de la comunidad”.
Marcelo Vassaro (58) es Técnico Superior en Gestión Ambiental y presidente de ACVS. “Lograr la unidad fue tan importante como comprobar que hay contaminación. Esta es una sociedad conservadora, solidaria mientras no comprometa ningún interés: pudimos quebrar eso trabajando entre distintos sectores, visiones y edades. Superamos las asperezas gracias a un objetivo común. Para Lobos esto es un hecho inédito, bisagra. Ahora debemos continuar juntos, porque esto recién es el inicio”.
Aguas contaminadas
Una ordenanza de 1995 declaró a Lobos “libre de plaguicidas”. Pero se sabe que una cosa es la teoría y otra, la práctica. Nicolás Olalla (44), integra Coplasa, es Licenciado en Biología y coordinó el el muestreo. Está sorprendido por los resultados: “Sobre todo por la cantidad y variedades de los plaguicidas”, afirma. Se encontraron 22 distintos.
“Se confirma lo que se sabía: lo aplicado en el campo no queda allí, sino sino que deriva a todos lados, viaja por el aire, con el polvo, se desplaza hasta la atmósfera y vuelve con el agua de lluvia”.
Sobre el informe: “Los plaguicidas fueron detectados en todos los sectores del ambiente. En el agua subterránea (napas de las que se provee un pozo particular y el agua de red de la ciudad); en las aguas superficiales (arroyos y canales que van a la laguna, así como en los sedimentos); en la lluvia. También en el centro de Lobos, tanto en suelos como en el material vegetal; en una escuela rural: una mezcla de plaguicidas que no se sabe de qué modo se potencian al estar juntos.
Lara Ramassotti (20), milita en el FIT: “Coordinando con todas las demás organizaciones nos dimos cuenta de todo lo que podemos hacer juntas”. Cielo asiente. Hace frío y comienza a lloviznar. Estamos en la Plaza 1810, frente a la Municipalidad, donde se tomaron dos muestras y se hallaron cuatro plaguicidas en el suelo y diez en el agua de lluvia. Cielo sentencia: “Impactan los resultados. No teníamos una identidad de pueblo fumigado y ahora sí; es frustrante. Los vecinos nos preguntan ¿le puedo hacer algo al agua? Y no, no podemos hacer nada”. Se seca las gotas que le caen en la cara, y dice: “Hay más concentración de plaguicidas en zonas urbanas que rurales; incluso en esta plaza”.
B, 50 años, es maestra rural en dos escuelas primarias. Duda en hablar, pero finalmente accede. “Hay que involucrarse, pero cuesta, sobre todo en los de mi edad, que no nos preparamos para esto. Sabíamos que el agua de la mayoría de las escuelas estaba contaminada; de hecho, consumimos agua mineral. Dos veces nos fumigaron: en 2018 y este año a 100 metros. Ni siquiera tuvieron el respeto de hacerlo fuera del horario de clase o un fin de semana. Nos quejamos a nuestros superiores, pero no pasó nada”.
La Laguna de Lobos es un humedal de 800 hectáreas emplazado en el pueblo turístico Villa Logüercio, que sufre la muerte de sus peces y la contaminación de sus aguas, flora, fauna y habitantes. Hugo Onetto preside la Junta de Fomento y habla rodeado de bolsas, latas, ramas y bidones, en el basural a cielo abierto donde los residuos no se reciclan sino que son tapados por una máquina municipal:
“Hace unos años había unos pájaros, los ‘siete colores’. No hay más. Lo mismo las garzas, los jilgueros, los cabecitas negras, las corbatitas; nada de esto va a volver”.
Culmina: “La laguna no estaría contaminada si hubiera controles. Tenemos los análisis gracias a los vecinos y a la generosidad del INTA-Balcarce. Ahora, que el municipio haga algo”.
Habla La Rural
«Ya arrancamos mal cuando dijiste agrotóxicos. Si lo vas a hacer con una mirada objetiva, como un periodista libre, no tengo problema”. Para Francisco Bordieu, presidente de la Sociedad Rural de Lobos, un periodista “libre” debe decir “fitosanitarios” discusión que puede zanjarse con la palabra técnica “plaguicidas”, que describe perfectamente a venenos con capacidad de daño a los organismos vivos.
El encuentro fue en la Plaza 1810: “Lo que se publicó tuvo trascendencia por la gravedad de lo que dicen que hay, que está lloviendo glifosato. Eso no es cierto; me parece un acto irresponsable de ciertos grupos ambientalistas generar un pánico en la sociedad”. En realidad el informe del INTA no detectó en esa muestra glifosato en la lluvia (y sí atrazina y 2-4D) encontrando al glifosato en sedimentos y aguas superficiales.
“Detectaron fitosanitarios, es obvio, porque en el campo estamos aplicando eso; el tema es en qué cantidad. Según el INTA los parámetros están bien. Hay dos puntos que salen mal e INTA recomienda volver a muestrear porque le parece raro”. Bordieu plantea que “las cosas no se están haciendo mal. Antes sí, se aplicaban productos realmente tóxicos, de banda colorada, ya prohibidos. Hoy usamos de banda verde” y esgrime un argumento no sanitario sino económico: “Al glifosato no nos lo regalan, nos lo cobran en dólares, mucha guita, no queremos comprar ni tirar de gusto”.
¿Qué piensa en relación a la distancia de aplicación?
Lo que proponen los ambientalistas (1.095 metros) es una locura, porque cuando trazás la cuadrícula de circunferencia, dejás a Lobos casi con el 50 por ciento de la tierra improductiva.
¿Cuántos metros proponen ustedes?
Nuestro proyecto de ordenanza propone no prohibir…
¿por qué voy a prohibir algo que no tengo demostrado que mata?
Francisco Bordieu, presidente de la Sociedad Rural de Lobos
Detalle: los 1.095 metros no son un propuesta “ambientalista”, sino el reclamo vecinal que surge del fallo del juez federal Carlos Villafuerte Ruzo para el caso de Pergamino, distancia fundamentada en informes científicos sobre la deriva de los pesticidas y los efectos de daño genético en los humanos.
“Este informe no es válido para que el Estado determine una ordenanza; lo serio sería que el Estado encare algo bien hecho” defiende Bordieu. “El municipio debería hacer análisis trimestrales. Y te repito que los resultados no son malos”.
El informe sin embargo determina que el 2-4D, por ejemplo, supera 45 veces los parámetros admitidos por la Unión Europea. “A mí el informe no me dice eso, de ninguna manera; es un solo muestreo de los 8 o 10 que hicieron los chicos, dice que se está por encima de los niveles. Acá se armó un relato como que estamos 45 veces arriba y tampoco es así; si hay un nivel alto, hay que bajarlo”.
Se encontraron 22 plaguicidas en las muestras. “Me parece mucho, porque en el campo nosotros no usamos más de dos o tres. No niego que estén, pero lo que figura son números irrisorios”.
¿No hay aguas contaminadas en Lobos?
“Contaminadas por fitosanitarios, me animo a decirte que no. Pero es algo que tiene que hacer el municipio”.
Francisco Bordieu, presidente de la Sociedad Rural de Lobos
¿No cree que hay riesgo para la salud? “Si las cosas estuvieran mal hechas, sí. Y nosotros seríamos los primeros en arriesgar la salud. Yo creo que hoy no hay riesgo sanitario, de ninguna forma. Yo miro el informe del INTA y nos da mucha tranquilidad”.
Hugo Onetto, de la Junta Vecinal, y el humedal-basural: “No hay más pájaros”. Facundo Casela es productor agroecológico y promovió el bingo para financiar el estudio que detectó 22 agrotóxicos en las aguas subterráneas, superficiales, los suelos y la atmósfera de Lobos. Fotos: Nacho Yuchark.
¿Qué dicen los concejales?
En marzo de 2018 la gestión comandada por el intendente radical Jorge Etcheverry (Cambiemos) eliminó la Secretaría de Medio Ambiente, que pasó a ser Dirección. La Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, está redactando las ordenanzas para el manejo y la aplicación de fitosanitarios, así como para el fomento de la agroecología: su presidenta María Inés Abib, (Unión Vecinal Conservadora-Cambiemos), Marco Valderrama (UCR-Juntos por el Cambio), Nancy Aragonés (JxC) y Carla Pirani, Frente de Todos recibieron a MU. Abib: “El informe sirve como puntapié porque hasta ahora Lobos nunca tuvo nada y hace al menos 30 años que se usan agroquímicos. Lo que más me llamó la atención es que los valores más altos no son exclusivos de Lobos, entonces veo el vaso medio lleno. Los más altos son en la laguna y en el arroyo Las Garzas. Allí no drenan sólo los campos de Lobos, pero igual es preocupante; los resultados están a la vista”.
Valderrama: “Obvio que son preocupantes los resultados. Pretendemos que los legisladores de la Cuenca tomen este ejemplo, porque no nos vamos a hacer cargo de la contaminación de toda la Cuenca desde Lobos y vamos a sacrificar… Con esto no defiendo a ninguna parte pero no podemos negar que somos un pueblo agrícola ganadero, no industrial. Toda la plata que entra al pueblo es por la producción agropecuaria. No le vamos a echar la culpa a los productores de Lobos por la cuenca de Navarro, Saladillo, Mercedes.
Pirani: “A mí sí me sorprendió que fueran tan grandes los resultados”.
Valderrama: “Estamos discutiendo un tema que no lo toca ni el Congreso. Yo sé que nos van a acusar, de acá o de allá, pero cinco ciudadanos que no sabemos del tema no podemos resolver un asunto nacional o mundial. Monsanto no sabe que nosotros estamos acá ni le interesa lo que hacemos, porque Monsanto la pone donde la tiene que poner. Entonces vos me decís, ¿te llaman la atención los resultados? Y sí, es una locura. Y sabemos en lo que nos estamos metiendo”.
Abib: “Agarramos una papa caliente y la sostenemos. Escucho hablar de enfermedades a los ambientalistas, pero no a médicos·. Pirani: “Hace cuatro años, un médico (Atilio Sgro, fallecido en 2020) presentó un proyecto por el arsénico en el agua, por la cuestión de la tiroides. No le dieron curso porque implicaba un estudio muy grande y no había recursos”.
¿Cuándo estarán las ordenanzas? Valderrama: “No tenemos plazos. Será antes de que termine nuestro mandato en diciembre. No tenemos otro apuro. Le dedicaremos el tiempo que sea necesario”. ¿No hay apuro por parte de la comunidad? Abib: “El resultado no va a cambiar por apurarnos, sino cuando la ordenanza se ponga en práctica y por lo menos pase un año”. Valderrama: “Esperaremos el examen de primavera-verano. Si sancionamos a los apurones nos exponemos a un veto. Tratamos de hacer legislativamente lo mejor para no seguir envenenándonos”.
Días después de esta entrevista, el intendente Jorge Etcheverry, ingeniero agrónomo y ex titular de la Sociedad Rural, escribió en sus redes sociales un texto que tituló “El ambiente lo cuidamos todos”, y en el cual no se refirió al estudio del INTA-Balcarce, pero consignó que “se harán los estudios correspondientes para contar con información confiable y difundirla de manera transparente”.
Fernando Cabaleiro, abogado que asesoró a la comunidad en el monitoreo, detalla: “Los estudios son absolutamente válidos por varias razones. Son una manifestación de la democracia comunitaria, están hechos por la propia sociedad civil, y son coincidentes con los datos que surgen de otros relevamientos ambientales en la llanura pampeana donde se encuentra Lobos. Las autoridades municipales deberían estar alertas a datos como los siguientes: de los 22 agrotóxicos que encontró el INTA-Balcarce, el 55% fueron cancelados en la Unión Europea por su peligrosidad para la salud humana y el ambiente. La mitad de ellos son considerados disruptores endócrinos y el 45% han sido catalogados como agentes cancerígenos”.
Nicolás Olalla, encargado del muestreo: “Seguimos todos los protocolos científicos y jurídicos, con varios testigos, sabiendo que existiría la estrategia de desviar la atención. De entrada nos contactamos con la doctora Virginia Aparicio. Hicimos todos los pasos y hasta los filmamos. Nadie del municipio se comunicó tras los resultados con el INTA-Balcarce, que es una institución nacional. Tampoco se convocó a las organizaciones para dialogar ni nos llamaron del INTA Lobos ni de la Sociedad Rural”.
¿Hay otro modelo?
Victoria Basualdo (28) es la Directora de Políticas Ambientales de Lobos, donde nació. “Me alarmaron los resultados; no solo la cantidad sino la variedad de plaguicidas, hasta en el agua que consumimos. Desconocemos lo que puede ocasionar a nuestra salud el consumo de un agua con este cóctel de plaguicidas a largo plazo. Cualquier persona con un poco sentido común se da cuenta de que puede ocasionarnos un montón de enfermedades”.
Cree que es hora de decisiones: “Sí o sí. Y lo digo como vecina, porque mi familia y mis amigos también viven acá. El informe del INTA es una foto de la realidad de Lobos. Es tristísimo, algo que hay que revertir para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad, mejorando el ambiente. Si queremos disminuir la cantidad de plaguicidas, hay que cerrar la canilla. Si no, vamos a seguir haciendo monitoreos sin cambiar las cosas. Y creo que es posible hacerlo”.
Cuenta Victoria que ha planteado la situación al intendente, y que se está analizando el informe. “No sabíamos dónde estábamos parados. Celebro la iniciativa de las organizaciones que impulsaron esto. No podemos negar esta realidad, que es producto de muchos años de un tipo de producción basada en fitosanitarios. No quiero señalar ni echar culpas. Pero asumo que tampoco se ha ofrecido a los productrores locales una alternativa como la agroecológica, para producir de otro modo”.
Considera que lo investigado por el INTA “son resultados científicos, fehacientes, que hay que profundizar. Esto nos da lugar para trabajar el tema de verdad. Hablar de metros de distancia es poco para una problemática de esta magnitud. Las decisiones no dependen de mí sino del intendente, pero a partir de esto hace fala ampliar los monitoreos, hacerlos trimestrales en lo posible, sabiendo que puede resultar hasta más grave la situación, pero hay que tener el panorama real para poder enfrentar el problema. Se encontraron incluso sustancias prohibidas, lo que muestra que tenemos que controlar y regular de modo mucho más fuerte en la zona urbana y periurbana. Tenemos lagunas, arroyos, humedales que albergan muchísima diversidad. Alterar los ecosistemas sabemos que es fatal. Y agreguemos el problema del agua: es urgente cambiar esto”.
¿De qué modo? “Tenemos que ofrecer alterntivas a los productores. Hay localidades que han pasado de una producción de fitosanitarios a una agroecológica y sabemos que eso es posible, como ocurre en Guaminí, por ejemplo. Y se ha sostenido en el tiempo. Si no se sabe producir de otra forma, como Estado debemos promover este tipo de cultivo y colaborar con la educación de los que productores. Ahora sabemos que podemos desarrollarnos con alternativas más sostenibles yendo hacia una producción que mejore la producción y revierta lo que nos está pasando”.
Mónica Ritter y Alejandro Guetti. A él le detectaron un linfoma, ella tiene tres nódulos por tiroides: viven a 100 metros de un campo fumigado. Arriba, Paula Rabinovich y Damián Lencina: agroecología y dulce espera, para buscar otro futuro. Fotos: Nacho Yuchark.
«Yo fui aplicador»
Sebastián Díaz tiene 34 años: “Soy un ex aplicador. Trabajé para ese sector, conozco todo”. Tras el abandono de su papá cuando tenía 6 años, se crio con sus tíos abuelos Miguel y Juana, ambos quinteros. “A los 11 años ya tenía la mochila de fumigar al hombro. Es común que los nenes se relacionen en los pueblos con los agroquímicos, les decíamos ‘remedios’. Algunos de esos venenos hoy están prohibidos. En 2002 mi tía muere por cáncer de colon. Cinco años después murió mi tío por la misma enfermedad. Nunca lo habíamos relacionado con los agroquímicos”.
Desde 2007 a 2012 Sebastián fumigó para dos empresas cuyos nombres prefiere no develar.
“No tenía conciencia, no había la información que hay ahora. En las capacitaciones nos decían que esto solucionaba el hambre del mundo, con imágenes de nenes de Sudáfrica con la panza hinchada… ‘el mundo nos reclamaba alimentos’”.
Hubo momentos de inflexión para Sebastián. “Cuando se sembraba soja, el pájaro chajá venía a picotear. Teníamos que fumigar con el insecticida metamidofos, prohibido, que tiene una hormona que atrae a comer. A la hora, el bicho ya estaba hecho pedazos. Empecé a entender que los productos no eran inocuos y a cuestionar lo que hacíamos.
Envenenamos un montón escudándonos en que era agua con sal. Si tenía las manos sucias con agroquímicos me decían ‘mojátelas con barro que se desactivan’; o bajaba de la máquina con dolor de cabeza y me sugerían ‘tomá yogurt bebible que saca las toxinas del organismo’ y yo les creía”.
Otro punto de quiebre fueron las palabras de un compañero maquinista: “Sos muy pibe, no te envenenes al pedo; te va a quedar en la sangre y cuando quieras tener un hijo va a traerte problemas”.
En 2014 nació Juana, su hija. “Cuando cumplió cuatro años entendí lo que significa el miedo”. Ese temor se refleja en sus lágrimas mientras habla: “Empezó a tener fiebre y no podían detectar la causa. Fue lo más horrible que viví como papá. Nos derivan a La Plata y nos dicen que podía ser oncológico. Le conté a la pediatra que yo había aplicado agroquímicos y su cara me lo dijo todo. Entendí que puedo irme al otro lado del mundo, pero cada vez que Juana tenga un problema voy a tener que decir ‘yo fui un aplicador’. Ese trabajo nunca te deja. Por suerte los estudios determinaron que era un virus en la sangre, pero me quedó esa marca: a partir de ahí nada iba a ser lo mismo”. Sebastián hoy integra la agrupación Fuerza Ecológica.
¿Qué dicen los médicos?
En Lobos abundan las denuncias de enfermedades por la utilización de pesticidas, pero no los datos epidemiológicos. Alejandro Guetti y Mónica Ritter viajaron en 2008 desde Buenos Aires a buscar una tranquilidad que se vio truncada en 2015. “Me detectaron un linfoma de Hodgkin, un cáncer linfático. En FUNDALEU (Fundación para combatir la leucemia) me aseguraron que había altísimas probabilidades que fuera por los agrotóxicos al vivir a 100 metros de un campo donde se fumiga, que cuando llegamos era de la familia Blaquier. Por suerte el nódulo era visible: lo detectamos a tiempo y zafé”. Mónica completa el diagnóstico popular: “Acá hay un tema llamativo con las tiroides; yo tengo tres nódulos y me aparecieron después de tomar cinco años agua de la canilla. Pero no soy yo, es muchísima gente. Siempre pensé que Lobos era una maravilla, un cuento de hadas, pero te podés cagar muriendo”. Algo de esa maravilla puede verse a pesar de todo en el fondo de su casa, en la huerta orgánica donde juntos siembran y cosechan plantas y alimentos.
Patricia también es vecina de Villa Logüercio: “Mi marido está tratándose para confirmar si tiene hipotiroidismo. Su ecógrafo le confirmó que el 70% de la población sufre de tiroides por los agrotóxicos, pero ningún médico lo quiere reconocer”. Daniel Olalle tiene 65 años y hace 11 vive a metros de la laguna. Fue operado de glaucoma y la vista le quedó muy sensible: “Es como si tuviera un detector de agroquímicos que me queman los ojos. El viento trae todo lo que tiran en los campos. Mi doctora dijo que me salió un hongo por lo que vuela, el polen y los agroquímicos. Los oftalmólogos saben el problema de la laguna, pero nunca te lo van a decir porque el campo atraviesa todo”.
Norma Guitta tiene 71 años, camina con andador y con una tristeza que le cambió la vida: “Antes de la muerte de mi marido era feliz”, explica mirando por la ventana de su casa que da a un largo jardín. Su marido Ricardo Tomás Gallo, “Pepe”, murió envenenado hace once años por transportar en camiones de cereales fumigados y fertilizantes. “Trabajó 18 años en una empresa de distribución de químicos. Un día me dijo: ‘Negra, me pica el brazo’. Habían estado fumigando. Le empezaron a salir ampollas enormes en todo el cuerpo, menos en los testículos y en la cara.
No quería ir a la clínica para no traerle problemas a su patrón, Carlos Lucesoli.
En vez de cuidarse él, cuidaba a los demás. Hasta que me enojé: ‘¿Vas al médico o te querés morir?’. Fuimos. “Esto no es para mí”, le dijo un médico de Lobos. Fuimos a clínicas de La Plata y Capital, y sólo le dieron una pomada y unas pastillas. Siempre venía con dolor de cabeza por los tóxicos, hasta que un día cayó tumbado. ‘Alergia’ determinaron como causa de muerte, pero no tengo dudas que fueron los agroquímicos”.
Un médico que sí acepta hablar es Maximiliano Mulassi, director del Hospital público de Lobos: “Sabía del arsénico en agua, pero estos niveles de agrotóxicos en las napas los conocí ahora. Estos productos a largo plazo generan cáncer así como diferentes enfermedades; algunas más leves, como diarrea y vómitos, y hasta intoxicaciones crónicas que terminan en caso oncológicos o respiratorios”. Jorge Chiabaut es el presidente del Colegio de Médicos de Lobos. “No leí el informe, ni es un tema que manejo porque soy cardiólogo. Pero todo uso de sustancias químicas tiene implicancia en la salud, el agua, la flora y la fauna autóctona”.
Natalia Domínguez es médica generalista y pediatra del hospital público. “Vivo en un área suburbana y he sentido ese olor horrible de la fumigación, sólo faltaba un estudio como el del INTA”. Sobre la falta de estadísticas:
“Tenemos atención básica, pero todo paciente complejo es derivado a CABA o a La Plata, sin registro. Acá no se diagnostica un linfoma, una leucemia o un cáncer de tiroides.»
«Está lleno de casos de hipotiroidismo, incluyéndome. La industria agropecuaria es un monstruo y hay relación entre el uso de agroquímicos y el hipotiroidismo. El problema es que tampoco quieren decirlo quienes saben, porque se ponen la soga al cuello. También hay hipotiroidismo en la infancia, que no tendría que existir. Todo esto es acumulativo, pero no se lo estudia para que no se conozca”.
Juan Ignacio Pereyra Queles es abogado por la Universidad de La Plata y especialista en derecho ambiental por la UBA:
“Hay mucha legislación de protección ambiental que es buena pero no se aplica y eso es responsabilidad del Poder Ejecutivo. Se defiende más la propiedad privada que la propiedad del cuerpo atacado por sustancias comprobadamente peligrosas”.
Juan Ignacio Pereyra Queles
Volver al futuro
En Lobos existen diversas experiencias que muestran que es posible otra manera de producir, sin venenos. Damián Lencina y Paula Rabinovich son biólogos, productores agrícolas y pareja. Debajo de la campera de Paula se nota que pronto serán tres. “Agroecología, permacultura y sobre todo ganadería regenerativa es lo que hacemos, buscando otras formas de habitar y producir, logrando un impacto positivo en el ambiente, introduciendo más carbono en el suelo”, explica Damián. “Hoy los alimentos cada vez tienen menos nutrientes por los suelos desgastados”, sigue Paula. “Es muy distinto fomentar la vida, la biodiversidad, al discurso de quemar y matar la naturaleza. La plaga es una respuesta de la naturaleza buscando un equilibrio; frente a un mal manejo”.
Ambos forman parte del colectivo por la agroecología y la soberanía alimentaria Coplasa, al igual que Nicolás Olalla, que hace viveros y jardines agroecológicos. Su diagnóstico: “Los campos están como drogados y tienen que empezar una rehabilitación hacia la agroecología. En un primer momento no va a tener alta rentabilidad porque los suelos están castigados y dependientes de los tóxicos, pero luego la vida se recupera y los suelos se curan y enriquecen”. Presagia el futuro de Lobos con una metáfora: “Nos veo reflejados en el yuyo del campo pelado, que resiste el veneno que le tiran. Se fortalece y vuelve a florecer, sigue vivo, igual que las comunidades”.
Como síntoma de lo que está brotando en Lobos, comenzaron a organizarse las asambleas vecinales informativas. En la primera reunión, con MU como testigo, una vecina levanta la mano: “Recuerdo que hace unos años había un médico que ya denunciaba todo esto y pedía estudios”.
Otra mujer, con su hijita en brazos, toma la palabra: A Marisol Sgro luego cuenta a MU, cerrando esta nota y abriendo caminos: “Siento lo mismo que hubiera sentido mi papá. El dolor y la bronca de corroborar que la impericia y negligencia de unas cuantas personas dejan secuelas tan terribles en las personas, en las comunidades. Hace mucho se venía pidiendo una comisión a nivel municipal. Indigna la hipocresía de leer que recién ahora van a empezar a ocuparse. Pero su vez, siento alegría porque hay lugar para la esperanza. Creo que mi papá se fue dejando un proyecto. Hoy otras personas lo retoman. Confío en toda esta gente que empuja por la vida. El dicho popular dice que yerba mala nunca muere. Yo creo que es al revés. Que una buena semilla crece contra todo pronóstico. Y esta verdad es esa semilla. Y va a ver la luz”.
El presidente Alberto Fernández adelantó que enviará un proyecto de ley para darle impulso. Generaría, además de acceso a productos nacionales, empleos. Santa Fe intentó 3 veces hacerlo durante el macrismo y en Jujuy ya hay una plantación. Uruguay y Canadá, dos modelos a mirar.
¿Se viene la industria nacional de cannabis medicinal?
A mitad de discurso en el Congreso Alberto Fernández elige adelantar 6 proyectos que enviará a debate en 2021. Habla de los pilares de un gran proyecto nacional de desarrollo e inclusión social.
El primero es incentivar la fabricación de autos eléctricos.
El segundo es meter mano a los impuestos para atraer inversiones a las automotrices.
El tercero viene con una estadística a rastrear.
“La industria mundial del cannabis medicinal triplicará su volumen de negocios en los próximos 5 años”
Alberto Fernández
dice el presidente y confirma que mandará un proyecto para cultivar cannabis a escala industrial en Argentina. La idea está en la ley, ya avanzó con una plantación grande en Jujuy y en Santa Fe tenían apuntado un predio para cosechar.
El anuncio de Fernández llega a una semana de que las organizaciones cannábicas del país reclamasen al gobierno nacional por la apertura del ReProCann, el Registro del Programa de Cannabis, donde deben inscribirse las personas que necesitan cultivar para estar protegidas de allanamientos violentos, causas judiciales absurdas y sobre todo, acceder a una forma de mejorar su calidad de vida negada por la floja reglamentación de la ley durante el macrismo.
Desde la ley aprobada en 2016 hacerse de los aceites de cannabis, unas de las formas más habituales del uso medicinal, es difícil. Hasta que ReProCann esté en marcha con las nuevas pautas de la reglamentación, solo pueden ser recetados en casos de epilepsia refractaria.
No hay un producto hecho en Argentina. Son importados a costo de dólar y quienes trabajan en la salud no terminan de amigarse con los preparados. Igual, la demanda de los frasquitos creció por los buenos resultados clínicos, el boca a boca y el espaldarazo de activistas y profesionales a la planta.
Solo como ejemplo, en 4 años se triplicó la cantidad de testeos de aceites en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Las personas querían y quieren saber qué hay en los preparados para mejorar tratamientos y no ser víctimas de oportunistas en un mercado no regulado.
Desde la ley de 2016 solo Jujuy, con el gobernador macrista Gerardo Morales a la cabeza, logró armar una empresa estatal para plantar y producir. El 14 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial de esa provincia confirmaban que era el primer distrito de la Argentina en crear una empresa del Estado para cultivar y producir aceite de cannabis medicinal.
La firma, Cannabis Avatara, dará los permisos para plantar y fabricar los productos por 99 años. Entre las primeras estuvo la prueba piloto en la finca de 15 hectáreas de El Pongo, a 25 kilómetros de San Salvador. Es el primer paso de un plan de cultivo industrial que, según declaró Gastón Morales, hijo del gobernador, se extenderá a 500 hectáreas en 5 años.
El gobierno de Santa Fe intentó tres veces y de tres formas distintas dar acceso al cannabis medicinal produciendo a gran escala. Todas fueron a través del LIF, uno de los laboratorios que, según la última reglamentación de la ley, tendrán prioridad para producir al estar dentro de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).
La primera propuesta fue trabada por el Ministerio de Seguridad de la Nación cuando negaron el ingreso de 50 kilos de flores desde Uruguay para hacer los aceites en la capital santafesina.
La segunda fue la de plantar en un predio del INTA cerca de la pequeña localidad de Ángel Gallardo.
La tercera, fue importarlo a granel y fraccionarlo. Ninguna consiguió el okey de Nación, aún cuando significaba gastar un tercio de lo que cuesta importar el producto.
Mirando el globo
Si bien desde hace años la industria del cannabis medicinal y no medicinal existe, el escenario productivo mundial dio un giro en diciembre cuando la ONU cambió la clasificación del cannabis en la lista donde se organizan las drogas según su peligrosidad.
Por 59 años estuvo etiquetada por la Convención de 1961 –el primer tratado internacional de drogas de la historia– junto a la cocaína, morfina, metadona, heroina y opio. Todas, siempre esa definición de 1961, tienen un potencial adictivo y deben tener un control estricto.
Era una invitación a prohibir tenencia, producción y cerrar casi la puerta a las investigaciones médicas por nuevos usos.
No todos los países escucharon. Además de la demanda de salud, los números estaban a favor de la investigación, patente y producción de la planta y sus derivados.
En el continente americano Uruguay y Canadá son ejemplos. En ambas el uso adulto, ya sea medicinal o no, está regulado.
Uruguay puso un límite a cantidad y controla a las empresas que producen y venden para garantizar calidad y cuidar a las más de 53 mil personas registradas que acceden al cannabis.
Desde 2017 hay 15 firmas dedicadas en su mayoría a salud humana y animal, más una que produce yerba mate. No es la única forma de llegar al cannabis. Pueden cultivar en sus casas o en los clubes de cultivo, siempre y cuando estén en el registro.
Canadá legalizó en 2015 y desde entonces intenta arrebatarle una tajada más grande al mercado negro. Según Imer Flores escribió en su libro 4 20 Momento de regular la cannabis y reveer la política de droga en México y en el Mundo, eso significó también crear nuevos empleos.
En 2020 hay más de 300 nuevas empresas con 900 personas produciendo en Canadá. En el estado de Alberta, uno de los que tienen más personas consumiendo, 2019 cerró con ventas cercanas a los 30 millones de dólares. Ahí controlan el proceso, la distribución y la venta, como cualquier otro producto. Entre las restricciones, no pueden llegar a menores de edad.
Con los impuestos de las ventas, el Estado canadiense elige qué hacer. Una buena parte, siempre según Flores señala en su libro, va a políticas de salud en general. Otra parte, y definido por ley, va a tareas de prevención y evitar consumo en menores de edad. Y también para tratar a quienes tienen consumos problemáticos, algo que las autoridades estudian para confirmar si aumentaron o no después de la regulación.
Un futuro donde el Estado plante y deje plantar
Mientras avanzan proyectos de cultivo comunitario, registros municipales y proyectos de ley de autoabastecimiento la decisión de producir cannabis, que también tiene sus variables en la industria textil y de la construcción, parece un paso fundamental para garantizar el derecho a la salud.
También, una forma de dinamizar una economía que ve venir el post covid-19. Y más si redireccionan los recursos económicos destinados a perseguir pequeños consumidores. En 2019 la organización Reset calculó que cada causa judicial contra una persona a la que le encontraron poca cantidad de marihuana, cocaína o pastillas costaba unos 2 mil dólares al Estado.
La ordenanza fue aprobada en la sesión que se realizó este martes en el Concejo Deliberante, y establece la incorporación del cannabis y sus derivados al sistema de salud pública del Municipio. Podrá ser utilizado con prescripción médica por pacientes para el tratamiento de diversos síndromes, trastornos y enfermedades.
Este martes, durante la sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, fue aprobada por unanimidad la ordenanza que regula el acceso informado y seguro del cannabis y sus derivados como recurso terapéutico, así como su investigación y producción pública. También se autoriza el cultivo personal.
De acuerdo al texto de la ordenanza, se incorpora el cannabis y sus derivados al sistema de salud pública del Municipio de Tigre para “el tratamiento de síndromes, trastornos, enfermedades y patologías tales como:
epilepsias, enfermedades degenerativas, cáncer, náuseas y vómitos derivados de quimioterapia, VIH – Sida, autismo, Síndrome de West, dolores crónicos, fibromialgia, glaucoma, esclerosis múltiple, Parkinson, Esquizofrenia, enfermedades poco frecuentes, tratamiento del dolor, estrés post-traumático”, entre otras.
Además, explica que “los responsables de prescribir su uso serán médicos profesionales” quienes además deberán hacer “la evaluación integral de los efectos positivos y negativos del suministro a los y las pacientes”.
Por su parte, el Municipio promoverá “estudios e investigaciones relacionadas con el uso del cannabis y estimulará la producción pública de medicamentos a base de sus derivados”.
La ordenanza, por otra parte, autoriza el cultivo personal del cannabis “a todos aquellos pacientes (o sus representantes legales, tutores/as o curadores/as) que cuenten con una orden médica para someterse a un tratamiento”.
Con ese objetivo, se creará el Registro de Cultivadores que otorgará las licencias para su producción.
También se creará un Consejo Cultivo de Cannabis Medicinal con representantes del Concejo Deliberante, Municipio de Tigre, Universidades Nacionales, organizaciones civiles, del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) y de ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
Por último, la normativa incluye “la realización de programas de capacitación, concientización y sensibilización dirigida al personal de la administración pública municipal y en especial a los trabajadores del Sistema de Salud Pública”.
Consultado sobre las significancias de la aprobación, Javier Parbst, uno de los concejales del Frente de Todos impulsores del proyecto, declaró: “La ordenanza permitirá generar un registro de vecinos y vecinas que requieren productos con principios cannabinoides, para poder producirlos y consumirlos en un marco legal y seguro, además de incentivar esta próspera industria en articulación con el sector privado, con la regulación correspondiente desde el Estado”.
“Se está avanzando a nivel país para terminar con la estigmatización y la persecución que sufrían quienes utilizan estos productos, y creemos que ese es uno de los mayores logros, la concientización social”
“Celebramos el acompañamiento que tuvimos desde un inicio del intendente Julio Zamora”, expresó Parbst, quien ponderó “la participación de asociaciones vinculadas a la temática, así como vecinos y vecinas que utilizan el cannabis medicinal”.
En una articulación conjunta entre La Dirección General del Plan de Manejo del Delta, el IMANS (Instituto Municipal de Alimentación y Nutrición Saludable) e INTA Tigre se entregaron más de 500 kit de semillas de la colección otoño invierno 2020 del programa PRO HUERTA a vecinos y vecinas de Tigre continente e islas para que puedan realizar sus huertas hogareñas.
En el horario de 9 hs. a 13 hs. de Lunes a Viernes, los vecinos y vecinas interesados podrán solicitar los kit de semillas en la oficina de la Dirección del Plan de manejo del Delta.
Fue desarrollado por investigadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y puede ser licenciado a empresas públicas o privadas.
La sustancia fue elaborada a partir de Bacillus thuringiensis israelensis (Bti) una bacteria que enferma mortalmente a las larvas y que, además, no es nociva para el personas y animales, confirmó en un informe el ente estatal.
«Se logró alcanzar el desarrollo de un producto que puede ser transferido al sector público y privado, y demuestra la importancia del organismo no sólo en el sector agroproductivo, sino en cuanto a plagas y vectores que afectan a la salud de la población”, dijo Roberto Lecuona, director del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA.
El bioinsecticida «es un producto biológico que destruye de forma eficiente a los mosquitos en sus etapas tempranas, y evita que se desarrollen y continúen el ciclo”, destacó el titular del IMyZA desde donde se logró el desarrollo.
La sustancia «no se aplica en pulverizaciones en espacios públicos, parques y paseos como otros métodos, porque sólo mata a las larvas y no a los mosquitos adultos, por lo que debe ser aplicado en agua donde puedan proliferar las larvas como charcos, estanques, baldes, posa macetas, floreros», describió.
Adolfo Cerioni, coordinador nacional de Vinculación Tecnológica del INTA, informó: “estamos en condiciones de transferir la cepa y asistir a los laboratorios provinciales que cuenten con la capacidad de generar bioproductos en todo lo que hace a la producción”.
El producto tiene la característica de “no presentar inconvenientes al usarlo de manera permanente, ya que la radiación solar lo elimina del medio y alcanza muy buenos resultados”, señaló Graciela Benintende, investigadora del IMyZA.
Los biolarvicidas, si están expuestos al sol, deben ser repuestos después de 10 o 15 días de aplicados «pero se ha demostrado una vigencia de hasta 30 días cuando los ambientes acuáticos son sombreados o semisombreados», los de preferencia del Aedes aegypti, vector del virus del dengue, la fiebre chikungunya y zika, indicó la experta.
En condiciones de laboratorio «se registró que el desarrollo, en 3 horas ya tenía efecto sobre las larvas del Aedes aegypti», aseguró el INTA.
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