Los caminantes se proponen llegar a orillas del Lago para denunciar que en esa zona, donde el magnate británico tiene su famosa estancia, existe un «enclave británico» que funciona como «la cueva de un poder mafioso que busca condicionar la democracia».
Los referentes sociales, gremiales y políticos que integran la séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, iniciaron la tarde la movilización desde el paraje Foyel, sobre la Ruta 40, Hasta llegar a la tranquera que habilita el acceso al espejo de agua. La expedición transita el llamado Camino de Tacuifí, que se supone debe estar habilitado por orden judicial, pero que en un tramo de su recorrido está bloqueado por la tranquera instalada por la empresa Hidden Lake, de propiedad del millonario británico Joe Lewis.
Otro grupo de los participantes continuaba su marcha hacia Lago Escondido, pero por el Camino de Montaña, más largo y de dificultad media, en una columna de la que forman parte el sacerdote Francisco «Paco» Olveira, del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, y el médico sanitarista Jorge Rachid. Ese grupo de organizaciones -encabezado por las CTA, la CCC, ATE- que también llaman a movilizarse, se concentrará este martes en Bariloche para iniciar su propia marcha hacia el espejo de agua de más de 7 kilómetros cuadrados de superficie, ubicado entre la Ruta 40 y el límite con Chile.
Para preparar el inicio de la marcha por el Camino de Tacuifí, la multisectorial que organiza todos los años la Marcha por la Soberanía, mantuvo un «encuentro preparatorio y organizativo» en la localidad de El Bolsón, con la coordinación del dirigente peronista Julio Urien, exteniente de fragata de la Armada al que Néstor Kirchner le restituyó su grado militar tras haber sido echado de la fuerza por sublevarse en apoyo al regreso de Perón, en 1972.
Involucra a los jueces Mahiques, Ercolini y Yadarola, Marcelo D’Alessandro de Seguridad de CABA y Jorge Rendo, segundo de Magnetto. Las artimañas para esconder una visita a Joe Lewis.
El grupo de Telegram fue creado –vaya paradoja– el 17 de octubre pasado como una suerte de comité de crisis después que trascendiera que un grupo de funcionarios judiciales viajó por invitación de directivos del Grupo Clarín a la zona del Lago Escondido, encerrada en el latifundio del magnate británico Joe Lewis, amigo personal del expresidente Mauricio Macri.
El grupo fue creado por Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino de Héctor Magnetto. Y lo integran el CEO de ese grupo empresario Jorge Rendo; los jueces Pablo Yadarola, Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Carlos «Coco» Mahiques; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE y dueño de una consultora de medios Tomás Reinke y Leo Bergot, quien en realidad es el exhombre de la SIDE Leonardo Bergroth. Todos formaron parte del misterioso viaje en un chárter al sur que trascendió por la denuncia de dos dirigentes del Frente de Todos de Bariloche.
El grupo se llama «Operación de Página/12» porque fue ese diario el que contó sobre esa relación con apariencia indubitable de promiscuidad. Las conversaciones parciales de ese grupo trascendieron en las últimas horas y son un escándalo. Todos aseguran no haber hecho «nada malo», pero se empecinan en prefabricar y adulterar pruebas, inventar coartadas, incluso fabricar facturas truchas para demostrar que todo fue legal. Y prometen cobrarse venganza con quien suponen que fue el responsable de filtrar esa «reunión de amigos»: el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski.
Del intercambio surge clara la presencia del Grupo Clarín en el viaje. Mientras todos discutían cómo hacer figurar que habían pagado cada uno su viaje y alojamiento, el directivo Pablo Casey les transmitió un mensaje: «Muchachos, más allá de todo lo que paguen, quiero decirles que yo me encargo de todo porque es mi responsabilidad», a lo que Yadarola, magistrado, le responde: «Pablo, ni lo digas. Somos un grupo y fuiste más que generoso en la invitación».
Jorge Rendo fue quien recibió a los viajeros en el Aeropuerto de Bariloche el 13 de octubre pasado. Se mostró preocupado por eso, ante la posible difusión de imágenes. «El tema de las cámaras es que en el aeropuerto de Bariloche estábamos Pablo (supuestamente Yadarola, aunque también podría ser Casey) y yo esperándolos y nos subimos juntos a las camionetas». El juez Pablo Yadarola le responde: «Cierto, Jorge. Ahí podemos estar juntos en imágenes».
Rendo fue también el garante de que nada apareciera en los medios del Grupo. Y quien operó para diluir la trascendencia en el suyo y en otros medios, a punto tal que el 20 de octubre abrió la ronda de chat con una evaluación: «Yo no vi nada hoy. Creo que, si no hay ningún ‘hecho nuevo’ el tema está terminado mediáticamente».
Los jueces Ercolini y especialmente Yadarola son los más activos en buscar cómo afrontar la situación dando apariencia de normalidad y legalidad. «Difícil de explicar que todos juntos fuimos a otro lado sin dejar cabos sueltos», reconoció Ercolini. Su colega Cayssials directamente propone mentir sobre el lugar en el que estuvieron: «Puedo conseguir una casa a la que fuimos a Bariloche. Es de un amigo que puede decir que nos la prestó». Y propone fabricar otra realidad: «De paso si quieren el mes que viene vamos de verdad ahí y nos sacamos las fotos con él ahí y cerramos todo». Ercolini parece entusiasmado: «Si se consiguiera eso, sólo queda la idea de confabulación, que es la nada misma. Salvo que tengan más».
Todos aseguran que el expresidente Macri no tuvo nada que ver con el viaje. Se burlan de las especulaciones en ese sentido y Casey incluso dice que «Macri no debe entender nada!!!! Jajaja». Pero hablan de otros viajes anteriores, con los mismos y otros personajes. Siempre invitados por el poder real, siempre en secreto. Hasta que trascendió.
El juez Yadarola le apuntó directamente al jefe de la PSA. «Eso no lo hacen sin una orden de la conducción política, José Glinski. Para anotarlo porque es el responsable». A Glinski le prometen de todo, menos justicia. El ministro porteño D’Alessandro le anunció al grupo: Si en algún momento me tocara ser ministro de Nación, lo primero que hago es disolver la PSA». Yadarola anuncia: «Estoy seguro que nos volvemos a cruzar en cualquier momento», ante lo que D’Alessandro le formula un pedido por anticipado: «Dame el gusto de ir a buscarlo con un patrullero nuestro que lo hago cagar».
«Estoy caliente y motivado para hacer la denuncia penal al puto de la PSA. Conténganme porque se me acaba la paciencia!», anuncia el juez de la Cámara de Casación, Carlos Mahiques. Bergroth cumple: «Coco, cuando tengamos cerrado todo pasamos a la ofensiva. Todavía me parece que hay fuego de todos lados y de toda clase. Nos tenemos que juntar para la estrategia». Pero Mahiques está desatado: «Estaría bueno instalar la idea de un espionaje con intervención de un organismo estatal de seguridad (la PSA) en los medios. Y enfatizar el fake de la noticia. Nos cargamos a la PSA. (…) Habría que hacerle llegar al PSA que le vamos a tirar con munición gruesa y que mejor no entregue nada más».
Tarde. El directivo de Clarín Pablo Casey anuncia al grupo: «Ya se lo hice llegar». Y D’Alessandro saca pecho: «A mí me mandó a preguntar si quería hablar con él… Le dije q no hacía falta q en algún momento la vida nos iba a cruzar. Tengo la mejor alcaidía para que le den una linda bienvenida».
El juez Yadarola se ufana de ser quién más conoce a Glinski por razones de su trabajo como juez en lo Penal Económico. «No debe estar tampoco nada tranquilo. Según dicen este Glinski es de la Cámpora y de Cristina. Habla con ella directo, y más aún desde la causa de los copitos, cuando se desplazó a la PFA y entró la PSA en escena». Más aun; ante señales que indican que Glinski no tuvo nada que ver con la filtración, el juez Yadarola especula levantando la apuesta: «si no fueron, se debe querer matar porque sabe efectivamente que nosotros pensamos que es él. Para un jefe de una fuerza es más o menos verse preso».
En los diálogos, el juez Mahiques reconoce tácitamente la existencia de sellos de goma y denunciadores seriales que llevan a tribunales denuncias por encargo. «Hay que denunciar el espionaje ilegal y la violación de los deberes de funcionario al jefe de la PSA. (…) El tema es si lo hacemos nosotros o una ONG o tercero». Ercolini se sincericida en la respuesta: «Eso después sí. (…) Después vemos el tercero».
El grupo también muestra su desprecio por periodistas identificados con nombre y apellido y desnuda cómo negocia y presiona a dueños de medios para frenar la publicación de la información.
El desprecio es extensivo al gobierno. El juez Yadarola reaccionó a los tuits de funcionarios y dirigentes oficialistas sobre el viaje inexplicable: «que se dediquen a twittear todo lo que quieran. Tienen fecha de vencimiento, se van a ir». Al ministro de Justicia, Martín Soria, lo llaman «payaso»; a Rodolfo Tailhade, «burro» o «idiota»; a Cristina Kirchner, «la mina».
El chat es un intento permanente de ocultar qué fueron a hacer todos juntos a Lago Escondido. Tan patético es todo que incluso se les ocurrió justificar que se trató de «dos días intensivos de clases de pesca con mosca». «
“Debemos festejar y defender este fallo que le pone freno a la conquista de la colonia británica en nuestra cordillera”, señaló Rodolfo Aguiar sobre esta sentencia que obliga al Estado rionegrino a acondicionar todos los accesos al espejo de agua cercado por el magnate inglés Joe Lewis.
La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma destaca el fallo firmado hoy por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche, por el cual se ratifica la orden que obliga al magnate inglés Joe Lewis a abrir el camino Tacuifí, a la vera de la ruta 40, para acceder al lago Escondido.
Cabe destacar que la causa lleva 17 años de tramitacióncon una sentencia favorable desde hace más de 13 años. Finalmente, la resolución firmada hoy por los jueces Marcela Pájaro y Jorge Serra con el voto en disidencia del juez Federico Corsiglia confirman la sentencia emitida por el juez Civil Marcelo Cuellar en 2013, es decir hace casi ya diez años, a través de la cual se ordenó al Estado provincial a que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito.
“A lo largo de todo este tiempo, la lucha incansable del pueblo en las calles es la que finalmente ha logrado que se haga justicia por el libre acceso a un bien público que nunca debió ser arrebatado”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma Río Negro y secretario Adjunto de ATE Nacional quien ha encabezado numerosas movilizaciones en demanda de la apertura del camino al Lago Escondido, denunciando la extranjerización de la tierra.
«La historia muestra que magnates como estos siempre quisieron apoderarse de nuestras tierras y de recursos tan valiosos como el agua. Lo repudiable son los políticos y una justicia servil a intereses extraños a nuestra patria, que intentaron siempre garantizar impunidad frente a semejante saqueo. Debemos festejar y defender este fallo que le pone freno a la conquista de la colonia británica en nuestra cordillera», completó el dirigente.
Según se supo en estas horas, la provincia de Rio Negro, como principal condenada en esta causa, tiene ahora tres meses para abrir el camino de Tacuifí, un mes para otorgar transitabilidad y señalización el camino de montaña y dos meses para llevar adelante todas las actuaciones administrativas, como restricciones al dominio, para que no haya ninguna situación de inseguridad para los ciudadanos que quieran ingresar a este bien de dominio público como es el Lago Escondido.
Cabe recordar que el empresario inglés adquirió a mediados de los 90 en la zona 11.285 hectáreas de manera irregular por tratarse de un lugar de frontera y por obstaculizar el acceso público a Lago Escondido.
Por ello fueron procesados varios funcionarios. A pesar de un fallo del Supremo Tribunal de Justicia de Río Negro y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el tránsito hacia el espejo de agua continúa franqueado. Hasta ahora, solo se puede acceder a él luego de una travesía de más de dos días por un sendero de montaña.
La lucha de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado lleva más de una década. Se oponen a un mega proyecto sobre una zona de humedales, clave para la provisión de agua en la región.
Tras más de una década de reclamos, la Justicia comenzó a darles la razón a quienes militan en defensa del agua en la zona de la Comarca Andina del Paralelo 42 y en contra del llamado «Nordelta Patagónico». Por segunda vez en menos de un mes, un fallo consideró inválidas las aprobaciones para el avance de un mega proyecto inmobiliario sobre una región de humedales en El Bolsón. Una obra vinculada al magnate Joe Lewis, aunque los papeles digan otra cosa.
Mediante un fallo emitido este lunes, la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativa resolvió dejar sin efecto las actuaciones de la Municipalidad de El Bolsón del año 2016 en relación al loteo en Pampa de Ludden. Se trata de la Resolución 295/16 del Poder Ejecutivo y las Ordenanzas 165/16 y 194/16 del Concejo Deliberante.
Antes, a mediados de mayo, la Cámara en lo Civil y Comercial de Bariloche también se había pronunciado a favor de la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra de Mallín Ahogado, en Río Negro, declarando la nulidad de las decisiones gubernamentales provinciales y municipales que desde 2011 avalaban el avance de la obra Laderas de Perito Moreno S.A., empresa propietaria del complejo de esquí del cerro Perito Moreno, con claros lazos con el magnate inglés Joe Lewis.
“Hicimos juicio en 2011 por resoluciones y ordenanzas que daban vía libre al loteo del cerro, que de seguir adelante nos va a dejar sin agua. Todo estaba trabado en la justicia y finalmente se anularon esas resoluciones. Ellos siempre infringieron los diferentes logros judiciales que íbamos teniendo, pero este sería el parate más fuerte desde que empezó todo”, resaltó Guillermo Colares, miembro de la Asamblea, en diálogo con Tiempo.
Detalló que se trata de dos juicios: el primero por un amparo colectivo contra las resoluciones que daban vía libre a la obra, y el segundo por un acta-acuerdo del gobierno municipal en 2016 que vulneró la orden de no innovar vigente y dio impulso al cuestionado proyecto. Ese año se dio la movilización popular más masiva en defensa del agua. “Fue cuando se copó una plaza, con acampe. Fueron las marchas más grandes. Hubo cerca de 15 mil personas marchando, el turismo a full apoyando. Fue el momento más álgido de la lucha”, recordó Colares. Tras los fallos, consideró que “esto no es un logro de cuatro o cinco personas. Es una lucha de más de 10 años que sin el apoyo y la continuidad del pueblo de El Bolsón no se podría llevar a cabo”.
El proyecto llegó a ser calificado como un “Nordelta Patagónico” por sus dimensiones: 1072 parcelas con canchas de golf, rugby, polo, y una laguna artificial para pesca con mosca. Luego de los dos últimos fallos, todo eso quedó “sin anclaje administrativo alguno, no puede llevarse a cabo”, celebró Colares, aunque resta saber si se presentará alguna apelación.
Joe Lewis y el lago
Aunque Lewis no figura como titular del emprendimiento Laderas, desde la comunidad señalan que las vinculaciones con quien está acusado de apropiarse el acceso al Lago Escondido están a la vista. “No hay una conexión donde haya un papel, pero hay cuestiones de vínculos familiares, la zona es la misma que la de Lago Escondido y en 2005 Lewis quiso quedarse con este lugar. Hay un montón de vínculos, pagan las multas en conjunto, se manejan así”, relató Colares.
Con o sin Lewis, el rechazo a emprendimientos como el de Laderas tiene un motivo claro: el agua. “El eje es la cuestión ambiental. El loteo está en las nacientes del arroyo Pedregoso, que suma agua a la Cuenca del Azul, que termina en Lago Puelo. Involucra a toda la comarca. En Mallín se desprenden 9 canales, afectaría directamente la posibilidad del agua potable y de riego para la zona”, alertó el asambleísta.
En la región no se hablaba de humedales sino de mallines: zonas “esponjosas” que retienen agua en la tierra. “La palabra humedal para nosotros es nueva en la Patagonia. Pero empezamos a plantearlo como un humedal de alta montaña, es como una suerte de esponja en un valle de altura. Si eso se pierde, si esa esponja no hace de esponja, deja de haber posibilidad de que el agua se pueda encausar en los arroyos y el canal”, explicó tiempo atrás a este medio otra integrante de la Asamblea, Silvia Rojas.
En el fallo de esta semana, al que tuvo acceso Tiempo, hizo lugar en ese sentido al informe pericial ordenado en la causa y elaborado por profesionales de la Universidad Nacional del Comahue (UNCO). Los jueces consideraron que “es sumamente ilustrativo y controvierte las conclusiones tanto del Certificado como de la Declaración de Impacto Ambiental aludidas por el Municipio traído a proceso”.
Entre una larga serie de puntos señalados por el informe académico, el fallo plantea que “entre las conclusiones a resaltar encontramos que el emprendimiento se proyecta sobre una corredor biológico regional habitado por una especie protegida y declarada Monumento Nacional, el huemul. Que no se ha considerado la afectación de la biodiversidad. Que el incremento de población y de actividad humana que se producirá a partir de la implementación de los proyectos no ha sido analizada en profundidad. Que el manejo de los recursos hídricos tampoco fue analizado en toda su dimensión, soslayando además que en el Cerro Perito Moreno se ubican dos glaciares de montaña que alimentan cursos de agua”.
Se apunta también que se trata de una zona periglaciar y que no se tenido en consideración la Ley de Glaciares 26.639 (art 2°). Por otro lado, observan “la concentración de poder en las empresas en cuanto al manejo de caminos y sectores públicos” y “exponen preocupación por el incremento de riesgo de incendios y su manejo”. Sobre este informe de la UNCO, los jueces María Marcela Pájaro, Emilio Riat y Federico Emiliano Corsiglia sostienen que sus conclusiones “ponen en evidencia que los informes de impacto ambiental aprobados por el estado municipal han realizado una evaluación superficial y meramente formal de las implicancias en la zona”.
“Somos de una generación que pensamos que los dirigentes tienen que ir a la cabeza”. (Julio Cesar Urien.)
Por Javier Parbst*.
Concluye la 6ta Marcha al Lago Escondido, militancia, compromiso, mucho patriotismo y la discusión sobre la mesa: La Patagonia esta extranjerizada. En el Lago Escondido hay un enclave colonial británico. Nuestros dirigentes mayores parecen mudos o secuestrados, nuestro diputados y senadores, ministros, ¿donde están? Gran silencio.
Pero también hay dirigentes mayores como Urien bancando y organizando a la militancia popular y ejerciendo nuestra soberanía. Parece que para el gobierno nacional era un tema de la provincia de Río Negro. Fuerzas civiles armadas en defensa de un súbdito británico en zona de fronteras y dejamos la resolución en manos de una provincia sojuzgada por Joe Lewis. Y se llego a hablar de “negociaciones” cuando una fuerza armada ilegal retenía a la columna. Mucho para discutir.
Pero el Pueblo está ahí, movilizado, luchando y reclamando lo que nos corresponde año tras año. Y les molesta y mucho, porque año tras año el tema toma más trascendencia, se visibiliza más.
Y como la soberbia de los ricos no tiene límites juegan en el límite –en 2019 arrojaron a dos participantes al lago y los amedrentaron, en 2020 una compañera terminó hospitalizada por un piedrazo en la cabeza después que los matones de Lewis nos destrozaran unos 10 autos, esta vez retienen la columna en lo que debería ser un escándalo internacional y terminamos en “negociaciones” para que dejen rescatar al sanitarista y gran patriota Rachid- El coraje de quienes marchan es para destacar, un gracias patriótico para esa columna de montaña, el valor de que un compañero con notoriedad pública como Jorge Rachid esté bancando ahí. Es el Pueblo organizado, el movimiento nacional empujando desde las bases, la organización popular, somos en definitiva los que desde «hace 70 años” dirían los gorilas, no los dejamos dormir tranquilos.
La ilegalidad está por donde se la mire, se roban un lago, un espejo de agua gigante, en zona de fronteras donde ni podría comprar un extranjero, y menos un inglés. Una patota armada a sueldo amedrenta impunemente todos los años, la policía comprada asquerosamente y la justicia estatal, trabajan para Lewis y sus empresas. Finalmente la gobernadora declara desde el exterior (fue parte de la comitiva presidencial que viaja con Alberto) que: «los pobladores ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica», osea cuando dice “los pobladores” habla de Lewis y la cuestión “muy ideológica” es nuestra Soberanía Nacional.
Entonces, en épocas de amagues más que de avances, tiene que salir la militancia popular organizada a defender los intereses del Pueblo todo y eso se está haciendo, años tras año, junto a Fipca en el Lago Escondido.
El gobierno popular debería intervenir la provincia, garantizar el acceso a todos los lagos con presencia del Estado Argentino ejerciendo su soberanía. Mientras los mentirosos de siempre estigmatizan a nuestros hermanos Mapuches, gringos de potencias extranjeras se adueñaron de nuestra Patagonia y de tierras y riquezas naturales que debería ser de todos y todas las Argentinas. Y los medios de “comunicación” como siempre demostrando su servilismo con las elites privilegiadas y su defensa acérrima del sistema que los sustenta.
Seguiremos bregando por defender nuestra soberanía y sobre todo que nuestro Pueblo, que las mayorías populares argentinas a quienes nos debemos sepan y conozcan el estado de indefensión en que se encuentra nuestro territorio. Urien hace años nos dice: “No se puede amar lo que no se conoce” y así emprendimos campañas de visibilización en ríos y mares con “La SanMartiniana” y hace 6 años marchamos al Lago Escondido reclamando lo que nos pertenece a todos y todas. Bueno el Pueblo esta sabiendo de que se trata. Seguiremos movilizándonos y organizándonos, y si nuestros dirigentes no están a la altura acá hay un Pueblo digno dispuesto a dar pelea y que demuestra con organización y disciplina que ACA NO SE RINDE NADIE.
*Peronismo Revolucionario en Tigre. Participe en la marcha al Lago Escondido en 2020, en 2013-2014 en la travesía de La SanMartiniana y en la marcha por la soberanía a la triple frontera, todas impulsadas por FIPCA.
La violencia verbal que desató el incendio esta semana del Club Andino Piltriquitrón (CAP), de El Bolsón, puso de manifiesto los alcances de la disputa por la tierra que atraviesa la provincia de Río Negro, y hasta dónde el bloque dominante local está dispuesto a llegar para garantizar los negocios inmobiliarios y forestales en la Cordillera.
Cuando literalmente aún humeaban las llamas que en la madrugada del miércoles 20 acabaron con la sede del CAP, el intendente local, Bruno Pogliano, y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, marcaron la línea que reprodujo el conglomerado oficialista: “Ataque terrorista mapuche”.
Como toda prueba, mostraron un panfleto A4 a color con consignas y nombres de empresarios y políticos. Lo mismo, pero con menos pruebas, habían concluido en la madrugada del 4 de octubre tras el fuego que afectó una parte de un Centro de Información Turística. Con más elementos, sumaron el incendio de una base de Vialidad Provincial en Bariloche.
Pese a esa endeblez, los denunciaron como atentados terroristas en la Justicia Federal y exigieron al gobierno nacional el envío de fuerzas federales que llegaron el viernes mientras la prensa describía a la Comarca Andina como zona de guerra, avalaba cada exabrupto del intendente y la gobernadora, y encomiaba la fortaleza local por imponer sus exigencias a la Casa Rosada.
A tres semanas de las elecciones, el oficialismo provincial quedó en el centro de la escena dueño de la iniciativa y obligando a alinearse a todo el espectro político.
“Conflicto mapuche: nuevo incendio intencional en El Bolsón”, “Terrorismo mapuche en El Bolsón”, fue el tenor de los títulos. La Nación e Infobae, por ejemplo, publicaron 36 notas cada uno entre miércoles y viernes, mientras que un móvil TN, del Grupo Clarín, estacionó frente al CAP en la misma mañana del fuego.
Los acusadores vinculan los incendios con dos procesos de recuperación territorial por comunidades mapuches en un campo fiscal en la Cuesta del Ternero, al norte de El Bolsón, y en Villa Mascardi, al sur de Bariloche.
Carreras rechaza conversar con esas comunidades y se aferra a la política de represión sin diálogo nacida el 31 de julio de 2017 en Bariloche, por acuerdo entre los gobiernos de Río y Negro y Chubut con el exjefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo Nocetti. Al día siguiente ya había provocado la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado, y más tarde el fusilamiento por la espalda de Rafael Nahuel.
Lo que resiste el gobierno provincial es la aplicación de la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006 por iniciativa del expresidente Néstor Kirchner, que frena los desalojos y dispone una mesa tripartita entre comunidades y los gobiernos nacional y provincial para el relevamiento y regularización de la situación territorial. En casi todo el país la ley avanza, salvo en Río Negro.
“Río Negro no quiere firmar el Convenio de Relevamiento”, develó ayer la presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Magdalena Odarda. “Río Negro es una de las pocas provincias que no tiene una sola comunidad con título (de tierras) comunitario”, precisó el director de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Julián Fernández.
La provincia está conducida desde enero de 2012 por un partido conservador edificado en torno de la figura del senador nacional Alberto Weretilnek, quien heredó la gobernación tras la muerte del peronista Carlos Soria. Llamado Juntos Somos Río Negro, su partido abreva de sectores del peronismo, el radicalismo y otras fuerzas menores, y expresa intereses de los sectores económicos concentrados de la provincia, como los grandes operadores inmobiliarios y forestales.
Desde que asumió la gobernación hasta que la dejó en 2019, Weretilnek ignoró fallos de la Corte de la provincia y de la Nación que le ordenaban abrir el paso hacia el Lago Escondido, clausurado por el británico Joe Lewis. No los acató, y además envió policía para reprimir los intentos de acceso por parte de organizaciones sociales.
Entre 2012 y 2015 funcionó en Río Negro una comisión investigadora parlamentaria que descubrió 141 casos de ventas fraudulentas de 464.848 hectáreas de tierras fiscales que el exgobernador se negó a revertir. Ninguno de esos casos fue protagonizado por comunidades mapuches.
En forma paralela, en los últimos años se viene produciendo un singular fenómeno de creciente “mapuchización” entre sectores juveniles mayormente habitantes de las periferias de ciudades patagónicas. Históricamente sumergidos en la pobreza, el desempleo y la humillación, los jóvenes (y no tanto) van asumiendo su pertenencia a una cultura ancestral que los provee de una identidad y una pertenencia de la que carecían. Cambia su mundo.
Esos jóvenes están más dispuestos a poner el cuerpo en la recuperación de tierras, lo que en parte explica la revitalización de reclamos por territorios ancestrales que, a su vez, pone en cuestión la continuidad impune de los negocios inmobiliarios y forestales que el gobierno de Río Negro pretende garantizar a sangre y fuego en zonas que deben retornar a pueblos originarios.
El tándem Weretilnek/Carreras/Pogliano apela a la deshumanización del otro para convertirlo en enemigo interno asociado a los viejos conceptos de la Campaña del Desierto: indio malo, delincuente, salvaje. Pero ahora con el añadido de terrorista incendiario. Es endeble, pero suficiente para construir un sentido común contra un enemigo deshumanizado y criminalizado, además de extranjero, de manera de poder reprimirlo con cierto aval social y sin demasiado costo político y judicial.
Pero no son estos los únicos fuegos de la Cordillera. En los últimos años fueron reducidas a cenizas dos radios (Activa y Comarca Andina), claramente opositoras a los negociados inmobiliarios con tierras fiscales.
La misma suerte corrieron una salita de salud y dos veces un Centro Comunitario del paraje Mallín Ahogado donde se reunía la Asamblea por el Agua y la Tierra, que desde hace una década confronta contra un intento de loteo para construir una lujosa Aldea de Montaña en un Área Natural Protegida declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
La empresa que lo intenta, Laderas, estrechamente vinculada a Lago Escondido, tenía de contador al intendente Bruno Pogliano, y a la vez es la concesionaria del Centro de Esquí del cerro Perito Moreno, en cuyo proceso de licitación el Club Andino Piltriquitrón quedó involucrado en confusos manejos de tierras.
“Nos ponen ante la sospecha de terrorismo”
El coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, alerta sobre el peligro que implica el uso liviano del término terrorista, a la vez que reclama enfáticamente el pronto esclarecimiento de los incendios en El Bolsón y Bariloche.
“Nos pone ante la sospecha de terrorismo, con lo que significa hablar de ello en la Argentina, con las épocas oscuras que ha vivido nuestro país”, sostiene ante Tiempo Argentino.
“Esto hace que el Estado asuma posiciones coercitivas, de persecución, y que lo que ocultan es la negación del pueblo mapuche-tehuelche y sus reivindicaciones territoriales”, deconstruye.
Para Carriqueo, se trata de la continuidad institucional del comando unificado (acuerdo represivo antimapuche de 2017) que, en el mejor de los casos, hoy se plantea en un grado mayor de violencia institucional. “En el peor de los casos, es terrorismo de Estado”, alerta el referente provincial.
La causa por la supuesta “compra fraudulenta de dos estancias en zonas de frontera de la provincia de Río Negro, por parte de la Sociedad Hidden Lake, controlada por capitales británicos, y que desde 1996 usurpa una propiedad pública como es el Lago Escondido” se cerró sin condenas, por prescripción por el paso del tiempo.
Charles Lewis – Gentileza Diario Río Negro
El principal beneficiado por el cierre de ese expediente ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal es Joe Lewis, un británico de larga amistad con el expresidente Mauricio Macri. Su hijo, Charles Barrington Lewis, era uno de los imputados en el expediente. Ya no lo está.
La causa es una patética muestra del funcionamiento del Poder Judicial cuando se subordina al poder a secas. La venta de los terrenos que comprenden la zona del Lago Escondido se produjo en 1996, durante el gobierno de Carlos Menem; la investigación sobre las evidentes irregularidades se inició en 2010 en la Defensoría del Pueblo y la causa judicial comenzó en 2012.
Vegetó hasta que durante el gobierno de Mauricio Macri su primer procurador del Tesoro, Carlos Balbín, intentó impulsar la invalidación de la venta de esos terrenos. ¿Cómo terminó la historia? Balbín cesó como procurador y fue reemplazado por Bernardo Saravia Frías, sospechado de integrar la “Mesa Judicial” de Cambiemos. El historiador y denunciante de la venta de los terrenos Alejandro Olmos Gaona aseguró que la llegada de Saravia Frías a la Procuración “paralizó cualquier decisión” que apuntara a anular la venta.
No obstante, quedaba abierta una instancia judicial para desandar el camino iniciado a mediados de los 90, en pleno apogeo de la pizza y el champagne.
Quedaba. Porque el 15 de septiembre pasado, en el mayor de los sigilos, la Cámara Federal de Casación, con las firmas de los jueces Guillermo Yacobucci, Carlos Alberto Mahiques y Liliana Catucci, confirmó que la causa prescribió. Carlos Mahiques, ex ministro bonaerense durante la gobernación de María Eugenia Vidal, es el padre de Juan Bautista Mahiques, hoy fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y también señalado como uno de los integrantes de la “mesa judicial”. En cuanto a Catucci, el fallo sobre las tierras que rodean al Lago Escondido fue su despedida: el 16 de septiembre cumplió 75 años y se jubiló.
La prescripción benefició también a otros exfuncionarios nacionales y provinciales: Néstor Daniel Kuper, Susana Beatriz Sarto, Ricardo José Juan Mayer, María Luisa Cristina Szama y Lisandro Alfredo Allende.
En 2016, el juez Rodolfo Canicoba Corral rechazó un planteo de prescripción porque el imputado Mayer continuó “ejerciendo la función pública en la misma provincia en que lo hacía cuando se produjo el hecho ventilado en la causa”. Incluso ocupó “un cargo perteneciente al Poder Judicial de Río Negro”, por lo que “podía valerse de la influencia de su cargo para entorpecer el ejercicio de la acción penal”.
Esa decisión de Canicoba cayó en la telaraña judicial de las apelaciones hasta que llegó a la Sala de la Cámara Federal que integra el juez Martín Irurzun.
Entonces, Irurzun contradijo a Irurzun.
Sostuvo que Mayer había ejercido la actividad docente, por lo que “difícil es imaginar que, desde los empleos referidos, contara con la posibilidad real de entorpecer o neutralizar la investigación penal o que él mismo, o terceros, hayan podido verse beneficiados de las influencias o prerrogativas exclusivamente derivadas de esos empleos”.
El juez que parió la doctrina que lleva su nombre, según la cual los exfuncionarios pueden conservar poder residual aún en gobiernos de signo opuesto y ello representaría el riesgo procesal de entorpecer la investigación que justificaría la prisión preventiva (por eso fue preso el exministro Julio De Vido), en el caso del Lago Escondido y Lewis se pronunció exactamente al revés.
El ahora eximputado Mayer fue síndico titular y suplente en la empresa estatal INVAP, trabajó para el Ministerio de Educación rionegrino y actualmente es titular de la Defensoría Oficial de Menores e Incapaces número dos, en Bariloche, a poco más de cien kilómetros de Lago Escondido.
Los terrenos vendidos en 1996 estaban comprendidos en una “Zona de Seguridad de Fronteras” y sometidos, por ello, a un régimen jurídico especial que les impedía ser adquiridos por personas de nacionalidad extranjera. Es, básicamente, una cuestión de soberanía.
El 19 junio de 1996, H.R. Properties Buenos Aires S.A., constituida dos años antes, pidió autorización para comprar tierras a la Comisión Nacional de Zonas de Seguridad. El 22 de agosto, cuando obtuvo la autorización para adquirir 8063 hectáreas, Properties Buenos Aires S.A. se había convertido en HIDDEN LAKE S.A., controlada por una sociedad británica denominada Lago Corp, cuyos dueños eran Alfredo Rovira y Charles Barrington Lewis, hijo del magnate inglés amigo de Macri. El denunciante Gaona Olmos explicó: “Se autorizó a una sociedad y se inscribió a nombre de otra. Ninguno de los integrantes de la sociedad extranjera estaba casado con mujeres argentinas, ni tenían hijos argentinos, ni tampoco se establecían con una empresa o industria de importancia para la economía del país. Era solamente una sociedad británica que compraba tierras en zonas vedadas a los nativos de esa nacionalidad, como a otros de nacionalidad extranjera”.
Ayer se registraron incidentes entre lugareños de la zona del Lago Escondido, a 40 kilómetros de Bolsón, y los manifestantes que tratan de llegar al lago, que mantiene cercado el empresario ingles Joe Lewis.
La columna más grande de la Vª Marcha por la Soberanía del Lago Escondido, que consta unas 200 personas, intentó ingresar al camino del Tacuifí, para llegar al lago cuando fue abordada por las personas que portaban piedras y palos, lo que derivó en incidentes, informaron fuentes presentes en el lugar.
Se conoció que se registraron agresiones con piedras, golpes, forcejeos y amenazas durante el cruce, que fue disuadido por un operativo de la Policía de Río Negro, en el acceso al camino vecinal a la altura del paraje Tacuifí, del que también participó personal de Gendarmería.
De la marcha que comenzó el 4 de febrero participan ambientalistas, dirigentes gremiales y referentes de organizaciones sociales y políticas.
Sergio Maldonado, que marcha en la columna central, aseguró a través de un video que “gente que dice ser de la zona, pero que claramente responde a los intereses de Lewis, intenta impedir el acceso”. “De un lado hay personas armadas con palos, y por otro estamos nosotros de forma pacífica tratando de hacer uso de lo que nos corresponde, de poder pasar y llegar a un lago que nos pertenece a todos”, afirmó.
Rodolfo Aguiar, secretario Adjunto de ATE Nación, indicó que «si quienes gobiernan siguen rifando nuestro país al mejor postor, es muy probable que en pocas décadas ya no nos reconozcan ni como argentinos». Y agregó: «Además de defender nuestros salarios y condiciones de empleo, tenemos que luchar contra la extranjerización de nuestras tierras y el saqueo de nuestros recursos naturales. Porque si seguimos perdiendo soberanía, llegará el día en el que ni siquiera vamos a tener empleo».
Tras los incidentes, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro repudió los hechos de violencia y señaló que “manifestantes provocaron destrozos y lesionaron a efectivos de la Policía y a pobladores del lugar”.
«Los protestantes provocaron destrozos, hirieron a efectivos policiales que se encontraban en el lugar realizando tareas de control y prevención, e incluso hirieron a pobladores rurales de la zona”, indicó el texto oficial.
«El Ministerio de Seguridad ratificó el respeto del derecho a reclamar, pero rechazó totalmente al accionar de este grupo de manifestantes, condenando cualquier hecho de violencia”, señaló.
En tanto, la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca), que organiza la movilización, afirmó que “a pesar de los golpes, los piedrazos y los insultos de los pobladores aliados a Lewis, la columna que marcha por el Camino de Tacuifí cruzó la tranquera, comenzando la caminata hacia el Lago Escondido por el camino corto y público como lo dictamina la justicia”.
Desde el martes pasado, cerca de 300 personas comenzaron la travesía a través de dos caminos distintos, el Camino de Montaña (Cajón del Azul) y el de Tacuifí, para acceder al espejo de agua que desde hace más de 20 años Lewis tiene cercado, pese a que hay sentencias judiciales que determinaron que el acceso y navegación debe ser de acceso público.
Fuente Agencia Digital de Noticias adnrionegro.com.ar
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