Sabina Frederic sobre la represión a la Lof: «lo peor que puede hacer el Estado nacional, es convertirlos en terroristas»

Hoy en el programa radial Pasaron Cosas conducido por Alejandro Bercovich entrevistaron a Sabina Frederic que fue ministra de Seguridad y actualmente preside la Agencia argentina de Cooperación Internacional Cascos Blancos, que son parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería. Durante la entrevista Frederick primero recordó los pasos que dio como ministra en Lago Mascardi. Luego opinó sobre la represión contra la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu concretada por el Comando Unificado resuelto por Aníbal Fernández, actual ministro de Seguridad nacional.

“Nosotros desde el inicio de la gestión por indicación de Alberto Fernández iniciamos una instancia que llamamos mesa alternativa de resolución de conflictos que se lanzó en febrero del 2020 y estaba integrada por varios ministerios: Justicia, ambiente además de seguridad, el INAI y la provincia de Río Negro que estuvo de acuerdo. Ese trabajo fue muy intenso y silencioso, porque hubo muchas acciones que se hicieron en colaboración con la justicia en articulación con ellos buscando sobre todo también referentes dentro de la comunidad mapuche y que los hay reconocidos institucionalmente por la propia provincia de Río Negro y la iglesia para poder llegar a brindar una contención al problema. Junto con la gobernadora que en ese momento tomó la decisión de cambiar a la Policía de Río Negro que estaba en esa zona, sumado a instalar cámaras de seguridad, etcétera, calmó la situación. No hubo ningún hecho de vandalismo durante mucho tiempo, por lo menos un año y medio el tiempo que nosotros estuvimos con lo cual ese mecanismo en algún sentido contuvo la situación. Por supuesto que no se resolvió, nosotros nos fuimos y luego esa mesa de diálogo no continuó.

Indicó: «Hay que decir una cosa que creo que es importante ya que no se está recordando: cuando nosotros llegamos a la gestión había 120 hechos de vandalismo y ninguna persona identificada. Los hechos de vandalismo que se fueron sucediendo en las últimas semanas que precipitaron esta decisión que tomó la jueza de ordenar el desalojo, tampoco tienen a nadie identificado con lo cual, esta relación de causalidad entre la toma de la comunidad en Mascardi y los hechos de vandalismo es totalmente alocada, manipulada por personas racistas que tienen detrás intereses rentistas, inmobiliarios muy fuertes» explicó.

Consultada sobre el cambio de estrategia del Gobierno Nacional sobre el abordaje del conflicto opinó: «Hay un cambio en la línea de intervención del gobierno que cambió no solo la ministra de seguridad sino también de justicia»

Explicó: «Evidentemente hay un entendimiento de que ese camino de diálogo no era el camino adecuado. Nosotros creemos que sí lo era, por supuesto requiere muchísimo trabajo y resistir todas las presiones de los medios hegemónicos que te acusan de todo: de terrorista»

«Por otro lado, hay una decisión de la Justicia Federal de la que el Ministerio de Seguridad tiene que finalmente responder, es decir, ahí hubo también una confluencia. Que nosotros no tuvimos durante nuestra gestión» señaló.

Agregó: «El Ministerio de Seguridad si tiene la orden de desalojo no puede desobedecer, o sea, tiene que generar instancias que evidentemente en este caso no han tenido efecto. Yo imagino que el ministro habrá tenido conversaciones con funcionarios operadores del Juzgado Federal. Nosotros tuvimos siempre la espada de Damocles sobre la cabeza.

Trabajamos permanentemente para que esa situación no ocurriera para que la justicia no ordenara el desalojo, hicimos millones de cosas que aburriría enumerándolas. También pensamos en que era posible que la justicia sin ningún aviso ordenara el desalojo porque había pedidos en ese momento que hizo la fiscal, que iban provocando ese avance. Nosotros planificamos un posible operativo pensando en el peor de los escenarios que es este, porque vos fíjate qué pasó.

Para mí el desalojo es un fracaso porque los supuestos autores de los hechos de vandalismo, salvo que la jueza piense que son las mujeres que están amamantando, porque no hay ninguna evidencia de que sean ellos, no los encontraron y ¿qué van a hacer las Fuerzas Federales se van a quedar ahí? ¿cuánto tiempo? hasta que el Estado tome posesión del lugar cosa que no venía haciendo, porque la ocupación se hace sobre terrenos que el Estado no estaba utilizando. Recordemos que gran parte de la ocupación es sobre un predio fiscal excepto una hectárea que pertenece a un privado y el resto del Obispado. El resto es todo terreno fiscal de Parques Nacionales».

Continuó «durante los dos años que yo estuve al frente del ministerio tuvimos esa posibilidad diálogo y evitamos esta situación. Yo no te puedo decir qué pasó desde que nosotros nos fuimos hasta ahora. Lo que se sabe públicamente hubo un homicidio de otro mapuche, ya hay tres en esa zona. Hay que recordar que los únicos que pagan con la vida son los mapuches porque hasta ahora solamente hay tres muertos mapuches, no perdón, Santiago Maldonado que no era mapuche, pero que estaba defendiendo la causa mapuche, Rafael Nahuel y Elías Garay que murió asesinado por un privado el 22 de noviembre del año pasado»

En ese sentido la ex ministra Sabina se diferenció de Aníbal Fernández y expuso: «Nosotros seguimos una vía, que le mostró a la justicia que había un camino, que de hecho había contenido el conflicto y esto no es solamente el problema de la Justicia Federal también de la Justicia provincial porque todos esos hechos de vandalismo, que no tienen las personas identificadas y esto hay que subrayarlo son responsabilidad de la provincia. La justicia ordinaria que no descubrió a nadie, o sea la policía no identificó a nadie».

«La movilización en la que estuvo Patricia Bullrich el domingo tuvo creo que 50 vehículos, o sea tampoco es que tiene este gran cantidad este de seguidores, lo que quiero decir es que hay una presión local muy fuerte, de alguna manera la Justicia se hace eco de esa presión y termina cediendo más a la presión que a los derechos que tiene esa población que tienen que ver con su con el hecho de que ellos se identifican como población mapuche y con eso, alcanza, para el derecho internacional con eso alcanza.

Nosotros en el acercamiento que tuvimos a través de los referentes de la comunidad hubo lazos tendidos, con intermediarios mapuches este inclusive funcionarios nuestros que estuvieron en la comunidad al principio de nuestra gestión Gabriel Fox fue uno de ellos. Con lo cual no hubieran podido estar en la comunidad si no hubieran sido reconocidos como interlocutores del Estado. Lo cual no quiere decir que no haya variaciones en la comunidad mapuche.

Es cierto que hay sectores que son más duro porque no se puede negar, que sí hubo situaciones en la ruta 40 a veces de conflicto agresivo de parte de estas comunidades. Ahora lo peor que puede hacer el Estado nacional, es convertirlos en terroristas, qué es lo que hizo Chile, que parte del problema que tienen por haber convertido a la población mapuche en población terrorista y nosotros estamos yendo hacia ahí y va a generar más violencia».

«El conflicto mapuche es solamente la punta del iceberg de un conflicto mucho más grande que reside en el hecho de que la provincia de Río Negro no está aplicando la Ley 26 160 que es la ley que promovió Néstor Kirchner, de emergencia de tierras para los pueblos originarios que fue prorrogada. Es la única provincia que no la aplica entonces la presión por la tierra es mucho más grande que la que tenés en otras provincias argentinas»

Sabina Frederic

Por eso señaló: «El Gobierno de la Provincia de Río Negro tiene que cumplir con esa ley esto va a ser mucho peor porque usted conoce la desigualdad en Bariloche que es atroz. Y la población del alto que es en su mayoría población Mapuche algunos reconocidos y otros por ahí no, pero muchos de ellos están en proceso de autodentificación, es gente que no tiene tierra. Los padres de Rafael Nahuel cuando los fuimos a visitar en diciembre el 2020 con Marcela Losardo el papá no tenía ya dónde llevar a pastar a su caballo porque está todo ocupado».

Al finalizar la entrevista le consultaron sobre la situación de las mujeres y niñeces que resultaron detenidas durante el operativo y de aquellas que fueron trasladadas a Buenos Aires. «Es un atropello llevarlas lejos de su gente, de su familia de sus otros hijos. Durante el desalojo inclusive los niños quedaron en el cerro. Tuvo que moverse una abogada para poder ayudar a bajarlos. Me parece que la jueza no tiene ninguna sensibilidad. No digo que reconozca a esta población como mapuche porque quizás es pedirle demasiado pero por lo menos una mínima empatía humana, tampoco digo de género que podría ser, ¿no?. Tiene que ocuparse de encontrar un lugar para alojarlas, ¿cómo las va a trasladar? No se ha hecho nunca.

Hoy lo recordaba Elizabet Gómez Alcorta, el Estado argentino tiene una sentencia en contra de la Corte Interamericana derechos humanos por hacer lo mismo con mapuches de Neuquén por lo cual, va a tener otro problema, además del problema que le está causando a esas mujeres que están incomunicadas hace 48 horas que no pueden hablar con nadie. Me parece que ya es de un nivel casi un régimen colonial el que estamos asistiendo por parte de la Justicia Federal.

FUENTE: ANRed

Berni echó al vice de Frederic de la conferencia por Maia: “Te voy a cagar a trompadas”

Las tensiones entre el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y su par nacional, Sabina Frederic, otra vez afloraron. En este caso, fue en medio del operativo de búsqueda de Maia Beloso, la niña de siete años que fue secuestrada el lunes pasado y que esta mañana fue recuperada por las autoridades policiales.

Así quedó evidenciado este mediodía, cuando Berni echó al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, de una conferencia de prensa realizada en Luján luego de la aparición de Maia. “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, disparó.

“Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de puta, te voy a cagar a trompadas”

continuó el funcionario bonaerense, apuntando ahora también a su par de la cartera nacional, Frederic. Según trascendió en las últimas horas, el funcionario provincial tomó del cuello a Villalba mientras lo increpaba. Sin embargo, fuentes cercanas a Berni advirtieron que hubo sólo un empujón.

“Berni hizo su show. Nada nuevo. ¿Por qué lo hizo? Porque está en su naturaleza”, afirmó una fuente.

El incidente, ocurrió en una dependencia de la policía bonaerense donde habían llevado a Maia después de un control médico que le hicieron en un hospital de Luján. Tras la conferencia, Berni reconoció el “cruce” con Villalba y habló de “hipocresía e inoperancia”.

En julio del año pasado ya había ocurrido al similar entre Berni y sus pares del Ministerio de Seguridad de la Nación. Una reunión de coordinación entre la Nación y el gobierno bonaerense para trabajar de manera conjunta contra la creciente inseguridad terminó en un nuevo enfrentamiento.

Según trascendió en ese momento, casi a los gritos, el Ministro de la provincia se arrancó el barbijo y apoyó sus manos sobre la mesa inclinando su cuerpo hacía adelante. Ese gesto, que Sabina Frederic consideró como amenazador, fue el detonante de un nuevo escándalo entre las carteras de Seguridad.

“¿Vas a desenfundar o me vas a atacar por ser mujer?”

le paró el carro en seco la funcionaria nacional esa vez, ante la mirada atónita del gobernador Axel Kicillof y un par de funcionarios que compartían la reunión.

Entregan seis lanchas a la Prefectura Naval para reforzar los controles en el Delta del Paraná

La entrega estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con el objetivo de reforzar los controles durante la temporada de verano.

Entregan seis lanchas a la Prefectura Naval para reforzar los controles en el Delta del Paraná

La ministra de Seguridad Sabina Frederic encabezó este miércoles la entrega de seis lanchas a la Prefectura Naval Argentina (PNA) con el objetivo de reforzar los controles durante la temporada de verano en la zona del Delta del río Paraná, en el marco del Operativo Verano Seguro, informó el Ministerio de Seguridad.

“Esta incorporación que estamos haciendo hoy va a permitir trabajar con los dispositivos necesarios, útiles y preparados para dar las indicaciones correspondientes a quienes deban saber qué se tiene que hacer y qué no se puede ni debe hacer para que no produzcan accidentes”

Sabina Fréderic

dijo al respecto Frederic, en el acto de entrega realizado en el predio de la PNA ubicado en la localidad bonaerense de San Fernando.

Se trata de seis lanchas de tipo Tracker, con capacidad para cuatro pasajeros, equipadas con instrumentos modernos de comunicaciones, búsqueda y dispositivo salvavidas, cuyo objetivo es el control de la navegación deportiva y de esparcimiento, como así también la asistencia a navegantes y embarcaciones.

“Lamentablemente, todos los fines de semana recibimos partes de la PNA que informan que deben intervenir ante distintos eventos, como kayaks que se dan vuelta o gente que sube a embarcaciones sin respetar los límites establecidos del distanciamiento social para prevenir el incremento del Covid-19. Estas seis lanchas van a contribuir a brindar más seguridad a las personas en el río”, concluyó la ministra Frederic.

FUENTE: Télam

Las Taser y el operativo clamor opositor: ¿respuesta a la inseguridad u oportunismo?

La agitada agenda de la semana que pasó dejó instalado, entre tantos, un debate que se etiqueta como de «seguridad”. El asesinato de un policía federal a manos de un paciente pisquiátrico en Palermo, en un episodio en el que intervino otro agente de esa fuerza y dos policías de la Ciudad, sugestivamente reintrodujo, como si se tratara de una consecuencia natural, la discusión por el uso de las Taser.

La agitada agenda de la semana que pasó dejó instalado, entre tantos, un debate que se etiqueta como de «seguridad”. Imagen: Télam

La oposición picó en punta para avivar las críticas, pero también se sumaron desde el oficialismo voces como las de Sergio Berni y Sergio Massa. La ministra Sabina Frederic habló de “falta de respeto y caranchismo”. Santiago Cafiero salió a aclarar que el Gobierno “no tiene en estudio” comprar estas armas. Desde el Ministerio de Seguridad reconfirmaron a PáginaI12 que no van a sumar más pistolas Taser a sus fuerzas, y que las cien que compró la gestión anterior y que llegaron este año serán usadas por fuerzas especiales, aunque aún no han sido entrenadas en su uso.

Algunas cuestiones que fueron dejadas de lado en medio del súbito operativo clamor por las Taser, o que se presentaron especialmente inconexas en la discusión mediática, fueron:

* Juan Pablo Roldán, el inspector asesinado, era un efectivo de Caballería. En el supuesto contrafáctico de que la Federal hubiese adoptado las Taser, la posibilidad de que él hubiese portado una, es igual a cero.

* Dado el alto costo de estas armas (tan sofisticadas que incluyen un sistema de grabación que deja registrado cómo se utilizan), tampoco podrían de momento ser de uso extensivo (Patricia Bullrich compró cien a la empresa Axon, a un valor de casi 900 dólares cada una, más mil cartuchos operativos y 600 de capacitación, más los elevados impuestos aduaneros).

* Si, por ejemplo, la Ciudad hubiese comprado las 400 Taser que anunció en enero de 2019, o las 60 que evaluó licitar en junio de ese año, también es muy poco probable que los dos policías que actuaron en Palermo (entre 31.000 que tiene la Ciudad) hubiesen podido tener una Taser.

* Alertado por los vecinos, Roldán corrió dos cuadras hacia una esquina que no era de su jurisdicción, donde ya estaban trabajando dos agentes de la Ciudad, a los que sí les correspondía intervenir. Sobre cómo actuaron ellos, los análisis no se detuvieron.

* Como se ve en los videos que circularon, las actuaciones de los cuatro policías incluyeron una serie de errores de procedimento, sin una acción coordinada. Sin embargo, entre todos los debates abiertos no estuvo el del entrenamiento y/o reentrenamiento que está recibiendo las fuerzas.

* El uso de las Taser está específicamente desaconsejado en casos de padecimientos psiquiátricos. También por eso, no podría haber sido usada en este caso.

* No hay ninguna prohibición vigente sobre el uso de las Taser, y cada jurisdicción puede decidir su uso. ¿Realmente había que esperar a este episodio desgraciado para proponerlo?

Sí, se puede

A fines de diciembre de 2019, Frederic derogó la resolución 395 de 2019 para las fuerzas federales de seguridad (Gendarmería, Prefectura, la Federal y la Aeroportuaria). Esto no implicó la prohibición de las cien Taser que llegaron al país entre febrero y mayo de 2020: fueron autorizadas para las fuerzas federales especiales. Desde el Ministerio de Seguridad admiten que en este tiempo, pandemia de por medio, aún no se ha iniciado el entrenamiento necesario para que su uso pueda ser operativo. De hecho aún no existe el protocolo que regule ese uso, paso previo al entrenamiento.

La Corte Suprema falló a favor de la autorización de uso en 2016, rechazando un recurso de queja que planteaba que era un instrumento de tortura. Es decir que desde entonces la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o cualquier provincia, podría haberlas adquirido e instrumentado.

Menor letalidad

El problema planteado no se limita a “Taser sí / Taser no”. Contra lo que se intenta instalar como sentido común, este tipo de armas se proponen en reemplazo, y no sumadas, al arma de fuego reglamentaria. Ésta es al menos la recomendación concreta de la ONU, ateniéndose a la idea de “arma menos letal” (y no, como se comprobó en numerosos casos de violencia institucional en el mundo, “no letal”). También la página de la empresa que las fabirca, Axon, las promociona de este modo en su página web. Entonces, ¿es preferible que un miembro de fuerzas de seguridad tenga un arma “menos letal”? Podría pensarse a priori que sí, en tanto sería un elemento de disminución de la letalidad, uno de los objetivos de toda política de seguridad (ante la necesidad de defensa, mejor que recurra a una descarga eléctrica y no a un arma de fuego, diría un bienpensante).

Sin embargo, su utilización abre variables complejísimas, que van desde la proporcionalidad del uso de la fuerza (al reemplazar el uso del arma de fuego, ¿puede un policía enfrentar a un agresor si éste porta un arma “más letal” que la suya?) a la necesidad de protocolos que sean efectivamente aplicados por los policías en las calles. Sumado al entrenamiento muy específico que se requiere para el uso de estas armas.

“Las Taser son presentadas como un ‘arma menos letal’, pero la experiencia internacional demuestra que justamente esa categorización conduce a usos indiscriminados porque los funcionarios suponen que pueden utilizarlas con menos restricciones que a las armas letales”, se posicionó el Cels cuando el Gobierno de Macri anunció que compraría la hasta ahora única partida de cien de estas armas. “Las Taser sólo reducen la letalidad policial si se las usa en los mismos casos en los que se utilizaría un arma letal, no si su supuesta “no letalidad” habilita que se amplíen las situaciones en las que los policías podrían disparar”, observan.

Entre los estudios citados, uno realizado por Amistía Internacional en Estados Unidos muestra que, de 334 personas muertas por el uso de las Taser entre 2000 y 2007, sólo 33 portaban armas y sólo 4 armas de fuego. Más del 90 por ciento de las víctimas fatales estaban desarmadas. “La American Civil Liberties Union también advirtió sobre los riesgos derivados de que las Taser ya no son utilizadas por las policías estadounidenses como un reemplazo del arma letal en situaciones de último recurso, sino como un instrumento de control. Este modo de usar las armas “menos letales” ha llevado a la multiplicación de muertes”, concluyen.

“Lo más inquietante sobre el uso por la policía de armas Taser es que la mayoría de las personas que posteriormente murieron no representaban una amenaza grave cuando la policía les sometió a las descargas”, declaró Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional, tras analizar los resultados en este país.

Punitivismos

“A priori, la de Palermo fue una situación de abordaje de salud mental, aunque haya involucrado policías. Que uno haya terminado muerto es una tragedia enorme, pero no es un episodio de inseguridad. No estamos hablando de una situación en comisión de delito, sino de una persona en brote psicótico que no fue abordada por los dispositivos correspondientes de salud mental”, describe Tomás Bover, doctor en antropología y becario de Conicet.

“Sin embargo, hubo una clara intencionalidad de cargar la responsabilidad sobre unos u otros. Los policías de la Ciudad son conducidos por una fuerza política que defiende el uso de las Taser, pero no tenían Taser en ese momento. ¿Por qué quedó invisibilizada la policía de la Ciudad en todo este relato? Porque resultó que quien puso el cuerpo y la vida dependía de Nación”, describe el miembro del grupo de estudio en policías y fuerzas de seguridad.

“En el caso del policía Roldán los punitivistas de arriba y abajo encontraron otra excusa perfecta para volver a la carga con su agenda, y de paso seguir avivando malentendidos”, advierte Esteban Rodríguez Alzueta, investigador del laboratorio de estudios sociales y culturales sobre violencias urbanas de la Universidad Nacional de Quilmes. 

“El problema no son las pistolas sino los policías que las empuñan o, mejor dicho, determinadas rutinas policiales que no se desandan de un día para el otro con protocolos y mejores entrenamientos. Estoy pensando en la brutalidad policial, en aquellas prácticas de hostigamiento que suelen ir acompañadas de ‘toques’ o ‘correctivos’ para imponer la autoridad. Esos toques pueden convertirse ahora en descargas eléctricas, en picanas portátiles. Entonces tenemos derecho a manifestar nuestra desconfianza, porque la historia de las policías en Argentina está asociada también a estas violencias eléctricas”, observa el autor de Temor y control. La gestión de la inseguridad como forma de gobierno.

“Se nos dice que los policías serán especialmente preparados, y que las pistolas vienen con manuales de instrucción. Pero ya sabemos que los impactos de las capacitaciones suelen llegar con mucho delay, porque nos estamos midiendo con prácticas de largo aliento, que forman parte de los repertorios de actuación para relacionarse con determinados actores (los jóvenes, morochos y pobres). Hay que pensar a las Taser al lado de la historia que nos tocó”, concluye.

Protocolos y entrenamiento

Con policías que sólo reciben entrenamiento durante su instrucción, o frente a alguna situación de ascenso, y que tienen por delante treinta años de una carrera que demanda despliegue físico, necesidad de reflejos, reflexión de sus prácticas, el del reentrenamiento es un tema pendiente que está, inclusive, entre los reclamos de las mismas fuerzas.

¿Existen protocolos para este tipo de casos, para tratar a alguien que no tiene conciencia de sus actos, ya sea por causas psiquiátricas o de consumo de sustancias? Desde el Ministerio de Seguridad aseguran que sí hay protocolos y capacitaciones para tratar enfermos mentales y personas con consumos, conductas impredecibles. Pero advierten que, por encima de cualquier capacitación específica, el marco es el del programa de uso racional de la fuerza, que existe desde 2012 y que, aunque durante la gestión de Bullrich fue abandonado, se sigue con esa línea de trabajo. «Pensar en términos de ‘proporcionalidad y racionalidad’ en el uso de las fuerzas también cuida la vida a los policías», dicen, y describen un abordaje que implica no apelar al arma de fuego en todas las situaciones, evaluar cuándo sí y cuándo no, si una situación amerita replegar o buscar apoyos, entre otras premisas. 

Tu nueva compañera

La página Tasers International (perteneciente a Axon) muestra las bondades de estas pistolas en su versión doméstica y alienta su uso por parte de civiles, para defensa personal. También ofrece una «linterna de 80 lúmenes con un aturdimiento de alto voltaje que asombra y repele». «Fácil de usar. Segura de poseer», es el lema con el que se venden estos productos por Internet, asegurando al ciudadano deseoso de autoproveerse seguridad que «las herramientas de autodefensa Taser están diseñadas para brindarle tranquilidad mientras se adaptan a todos los aspectos de su vida diaria».

«Conoce a tu nueva compañera», invitan, y prometen: «Nunca estás solo cuando llevas uno de los productos de autodefensa de Taser. Creemos en un mundo con menos preocupaciones. Uno que sea más seguro, donde cualquiera pueda vivir su vida sin miedo. Ya sea que esté en casa o mientras viaja, nuestras herramientas de autodefensa son pequeñas, livianas y efectivas, lo que garantiza una potencia de frenado de nivel profesional para mantenerlo a salvo. Porque tienes lugares a los que ir y cosas que hacer». En ningún momento se habla de «arma», «disparo», «ataque», «delincuencia». Tampoco intervienen límites legales o protocolos de procedimiento. Aquí hay «potencia de frenado» (al agresor) y hay que «manenerse a salvo».  

La pistola, que se conecta a una app del celular que informa cuándo y dónde es disparada, sale 450 dólares, luego están los accesorios: más cartuchos (viene con dos), fundas, baterías. La linterna aturdidora se propone como «el complemento perfecto para su guantera o una discreta herramienta de autoprotección en caminatas nocturnas y paseos con perros en el vecindario». Sale 130 dólares y sin costo se puede sumar el «paquete de mascotas», una suerte de pañuelo para el perro que advirte que su dueño lleva este instrumento, una disuación similar a los carteles de seguridad privada en las casas. 

Según las estadísticas que allí se publican con orgullo, «cada día se usa una Taser 904 veces, salvando una vida de una muerte potencial o una lesión severa cada 30 minutos». En la página de Axon hay un contador de «vidas salvadas», y otro de disparos («usos en el campo por oficiales en todo el mundo», que se va actualizando en tiempo real. Van casi cuatro millones y medio. 

FUENTE: Página 12

El Gobierno denunció a Pablo Noceti por su responsabilidad en la muerte de Santiago Maldonado

Pablo Noceti

Noceti dio las órdenes «ineficaces e ilegales» el día de la represión a la Pu Lof de Cushamen, cuando desapareció Maldonado, y luego los funcionarios armaron la «ingeniería jurídica de la impunidad», es la conclusión a la que llegó la investigación interna ordenada por la actual conducción del Ministerio de Seguridad.

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola.

«Antes de entregarlo lo rompo acá mismo en mil pedazos»

Dicen que dijo Pablo Noceti cuando la Justicia le pidió su teléfono celular en el marco de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Quien fuera la mano ultraderecha de la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich nunca estuvo imputado pero ahora es posible que eso cambie, porque acaba de ser denunciado por quienes lo sucedieron en esa cartera.

Tras una investigación iniciada el 22 enero de 2020, el Ministerio de Seguridad de la Nación se presentó ante los tribunales federales de la ciudad de Buenos Aires para denunciar al exjefe de gabinete del ministerio de Seguridad de la gestión 2015-2019, por su responsabilidad penal en el operativo realizado por la Gendarmería Nacional el 1 de agosto de 2017, que derivó en la muerte de Santiago Maldonado, cuyo cuerpo fue hallado 78 días después de aquel procedimiento represivo.

El equipo de la ministra de Seguridad Sabina Frederic llegó a la conclusión de que Noceti dio las órdenes para el ingreso de cuatro escuadrones de Gendarmería a la comunidad en Resistencia de Cushamen, donde los mapuche realizaban un corte de la ruta 40 por la liberación de su lonko Facundo Jones Huala.

Las órdenes de Noceti, avaladas por las autoridades de la gendarmería de 2017, y los procedimientos internos de la fuerza realizados en aquel momento, constituyeron una «ingeniería jurídica de la impunidad» destinada a ocultar las irregularidades e ilegalidades cometidas en el operativo del 1° de agosto de 2017 en la Ruta 40, según indica la investigación ordenada por Frederic al inicio de su gestión.

«El minucioso informe de más de 600 fojas presentado por el Ministerio de Seguridad de la Nación configura un hecho reparatorio de parte del Estado respecto del daño producido por el mismo Estado nacional», indicaron desde la cartera.

El ministerio aclaró que «la investigación que se hizo en 2018 dentro de la Gendarmería impidió que se conocieran los detalles de su actuación en el operativo generando, al menos por ahora, la situación de cosa juzgada».

Al mismo tiempo destacó que «es diferente la situación de la entonces conducción del Ministerio, es esta dimensión del operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado la que ahora es objeto de denuncia ante los juzgados Federales, que deberán deslindar o establecer las responsabilidades penales del caso.

Órdenes ineficaces e ilegales

La pesquisa realizada por la actual conducción de la GNA de Andrés Severino, cuyo informe lleva la firma de Severino y Javier Lapalma, muestra que, «atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, doctor Pablo Noceti, y del ex director Nacional de la Gendarmería, el comandante (Gerardo) Otero”.

Según consta en la investigación, “El doctor Nocetti estuvo el día previo y el mismo día del operativo en la zona, dando instrucciones a la Gendarmería para actuar bajo la figura de la flagrancia para conjurar el accionar de la agrupación RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), considerada terrorista para la gestión anterior”.

La investigación del Ministerio afirma que “en coincidencia con las instrucciones en el lugar de Noceti, su protocolo ordenaba a las fuerzas perseguir y detener a los manifestantes, aun cuando lograra efectivizarse el despeje, por considerarlos delincuentes en situación de flagrancia.

Se soslayó así, deliberadamente, a la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza”.

Es decir, no sólo se realizó un operativo desmedido e inoportuno, sino que se indicaron procedimientos falsamente protocolares y declaradamente ilegales. Según advierte el informe, se aplicó

«un protocolo de actuación inexistente, nunca aprobado, aunque sí anunciado por la ex Ministra Bullrich el 17 de febrero de 2016».

Desde el ministerio manifestaron que «tal como planteó Frederic al inicio de su gestión y que ahora se ve respaldada por la investigación interna de la Gendarmería, las acciones ilegales que derivaron en la muerte de Santiago Maldonado deben servir, en adelante, para reformular protocolos y modos de actuación que impidan que se repitan este tipo de hechos».

¿Libres de culpa?

En su denuncia, los actuales funcionarios de Seguridad explicaron que «la anterior conducción de la Gendarmería, con las autoridades del Ministerio de Seguridad 2015-2019, arbitraron los medios necesarios para que la fuerza no tuviera ningún tipo de reproche sobre el accionar en el desalojo del corte de la ruta 40 el 1 de agosto de 2017».

Esto fue posible porque ante la aparición del cuerpo de Santiago Maldonado, y el pedido de cambio de carátula en la causa judicial hecho por los abogados de la ministra Bullrich, la investigación interna

«liberó de culpa y cargo a todos los efectivos que participaron de forma directa e indirecta en el operativo que derivó en la muerte de Santiago Maldonado».

La auditoría que realizó este año la nueva conducción de la fuerza desmontó esa «ingeniería de impunidad que habían organizado durante la gestión pasada». Y en tal sentido concluyó que:

• No fue prudente ni razonable realizar el operativo de despeje de la Ruta Nacional 40 en las condiciones que se daban el 1° de agosto de 2017.
• Además de poner en riesgo a los manifestantes, se expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de actuación necesarios.
• Ya se encontraba en camino un destacamento móvil especialmente entrenado y capacitado para situaciones de protesta social.
• Se ordenó el retiro de la zona a más de la mitad del personal con que se contaba al inicio o primeras horas del día 1 de agosto, dejando en el lugar a sólo diez efectivos del escuadrón 36 Esquel y otros 20 del escuadrón 35 El Bolsón, «además de inexpertos, desposeídos de elementos adecuados».
• Si bien había cortes intermitentes de la ruta 40, no había urgencia para realizar el operativo en esas condiciones, ya que existían vías alternativas de circulación y no había riesgo de desabastecimiento en las localidades cercanas.
• «Se soslayó así, deliberadamente, la aplicación del protocolo normativamente vigente, del año 2011, que establecía principios de actuación en base a un modelo de seguridad democrática y de uso racional de la fuerza».

Además de Noceti, la investigación cuestiona también al ex director nacional de la Fuerza, Gerardo Otero, y reconoce faltas graves cometidas por los jefes a cargo de los operativos de ese día 1° de agosto de 2017, Diego Balari, Fabián Méndez y Juan Pablo Escola.

A los dos primeros le adjudican haberse ausentado durante los operativos, y al último «por haber ordenado en forma intempestiva y apresurada que el escaso y mal equipado personal que había quedado a su cargo interviniera en el despeje de la calzada, poniendo en peligro la seguridad de los mismos y de los manifestantes, con el uso de una camioneta Ford Ranger, de escopetas con munición antitumulto, como así también el ingreso al campo contiguo al corte para detener a los manifestantes».

FUENTE: Página 12
Por Adriana Meyer

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