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El negocio detrás de los incendios: humedales quemados que luego salen a la venta

Una agrupación de vecinos autoconvocados de Villa Constitución detectó un “patrón de incendios” que vincula los sitios arrasados por las llamas en la zona de islas de Entre Ríos con la comercialización de tierras para fines agroganaderos.

“Ideal para engorde o recría de novillos”, dice la descripción inmobiliaria de un terreno que acaba de ponerse a la venta en Isla La Brava, en Victoria (Entre Ríos), frente a Rosario (Santa Fe). Lo que no dice el texto promocional es que es uno de los terrenos quemados por los fuegos que arrasaron con esa zona en los últimos días del año que pasó. Desde la agrupación Salvemos Los Humedales Villa Constitución vienen haciendo un seguimiento del tema y advierten sobre “un patrón de incendios” que vincula los lugares donde se inician los fuegos con los terrenos que se ponen a la venta.

Fernanda Del Carlo y Daniel Agnese, de esa agrupación, vienen siguiendo de cerca el tema. “Veíamos que siempre se incendiaban los mismos lugares y hay como un patrón de incendio. La semana antes de Navidad se empezó a incendiar un lugar que se llama La Brava, frente a Rosario. Fue un incendio re groso y terminó con la lluvia después de Año Nuevo. Un desastre, se incendió todo. Ayer (por el martes) Daniel estaba buscando y me avisa que se vende justo donde se había iniciado el fuego. Lo que decimos es que hay una tendencia, que estamos encontrando un patrón demostrable de fuegos en terrenos que están para la venta, con fines agrícola-ganaderos. Esa es la conclusión”.

Como explicó el naturalista César Massi a través de su cuenta de Twitter, un terreno recién quemado es más valioso porque “está ‘limpio’ y después de una lluvia, listo para pastorear”. Para Del Carlo, “hay un patrón, parecería ser bastante claro. Y todo aparece en páginas de inmobiliarias que tienen que ver con el agro. Se ponen a la venta estos terrenos con fines nocivos para el humedal.

La zona es una reserva de usos múltiples, donde sólo se aclara que no se puede practicar la agricultura intensiva. Hay un gris y no se aclara qué se habilita de ganadería”.

Para aclarar ese “gris”, este jueves llevarán su informe a la Delegación de Islas. Junto con otro, elaborado por la Multisectorial de Humedales de Rosario, sobre la realización de fiestas en zonas de islas.

La agrupación de Villa Constitución comenzó su investigación a partir del caso de la empresa holandesa Bema Agri. Un mes atrás, desde ese espacio denunciaron que la compañía estaba poniendo a la venta 10 mil hectáreas de islas frente a Rosario, parte de una extensión de 376 mil hectáreas considerada «Reserva de Usos Múltiples» y área natural protegida por Entre Ríos. La firma fue denunciada en varias ocasiones por la construcción de terraplenes en zona de humedales, hasta que en 2018 por decisión de la Justicia entrerriana abandonó sus actividades.

“Empezamos a averiguar y en una página de una inmobiliaria porteña ese lugar, que había sido causa de un fallo histórico, lo tenían a la venta. Bema Agri había hecho un desastre levantando terraplenes, hasta un helipuerto. Y fumigaban, porque también tenían agricultura y ganadería. Fueron a juicio, perdieron y se fueron. Nunca hubo reparación histórica, lo dejaron desastroso.

Pasamos siempre por ahí, no tiene cartel de venta pero está a la venta. Y se ofrece en las páginas de agro, como ‘excelente para explotación ganadera’. Siguen haciendo un negocio con eso, creemos que nadie va a invertir ahí si no tiene el respaldo del gobierno entrerriano. Hicimos una denuncia junto con la Multisectorial de Rosario. Empezamos a investigar y empezaron a aparecer avisos como estos por todos lados, con otros lugares del humedal”, alertó Del Carlo.

Somos las personas que vivimos en las costas que nos tenemos que fumar el humo de estos negocios.

La ambientalista agregó que “si bien casi todos los terrenos son de Entre Ríos, la responsabilidad también es del intendente de Rosario, porque el humo se lo fuma la gente de ahí. Somos las personas que vivimos en las costas que nos tenemos que fumar el humo de estos negocios. Estas cosas que parecían una teoría ahora son más comprobables. No hay una voluntad política de querer resolverlo. Porque el acceso a los datos está.

El punto que tenemos en discusión es que nadie puede decir que no vendas tu campo, el tema es con qué fines se vende”. La preocupación de las agrupaciones de Villa Constitución y Rosario crece mientras sigue postergada la Ley de Humedales, que daría más herramientas para el resguardo de estas zonas de vital importancia para el ambiente, en una época en la que proliferan los incendios en distintos puntos del país.

“Después de Año Nuevo llovió dos o tres días y está apagado el fuego, pero la última semana de diciembre fue terrible. Se quemaron viviendas de gente de las islas. Hubo audios desgarradores desde el lugar.

El jueves 30 se quemaron islas frente a Rosario. Por un lado uno lee informes oficiales que hablan de un operativo enorme, pero la gente de la isla dice que se organizaron en brigada ellos mismos y estaban solos combatiendo el fuego”, relató Julieta Bernabé de la Multisectorial de Rosario. “El fuego estaba alcanzando las casas, estaban solos, querían evacuar a los chicos al menos por el humo y no tenían ayuda de nadie. Desde Rosario empezamos a llamar a Defensa Civil, a Secretaría de Protección Civil, a Bomberos, y rebotábamos en todos los teléfonos.

Al día de hoy no sabemos a quién llamar llegado el momento del fuego. Queremos que haya un combate serio, porque tardan 2-3 días en mandar gente y después dicen que el foco es enorme y difícil de apagar. Es desgastante”.

FUENTE: Tiempo Argentino

Por: Luciana Rosende

Acusaciones entre ambientalistas de Santa Fe y la justicia de Entre Ríos por los incendios en el Delta del Paraná

Los focos de incendio que afectan a las islas del Delta del Paraná dañan la salud y el bienestar de todas las poblaciones de la región, sin importar límites provinciales. Pero dado que la gran mayoría de las islas donde se producen corresponden a la jurisdicción de Entre Ríos, organizaciones ambientalistas de Santa Fe pidieron a su gobierno que denuncie a la gestión vecina por falta de control. Desde allí, un fiscal respondió devolviéndoles la acusación y culpando a personas de Rosario por generar el fuego. La Multisectorial Humedales, desde esa ciudad, le respondió con dureza.

“El fiscal entrerriano Julio Rodríguez Signes no dudó un segundo en declarar a la prensa que Entre Ríos no tiene ninguna responsabilidad jurídica sobre los incendios. ¿En serio Sr. Signes piensa que la ciudadanía va a creer que Entre Ríos no tiene responsabilidad? El 83% del Delta del Paraná son humedales entrerrianos. ¿No es motivo suficiente para hacerse cargo? ¿En serio Sr. Signes se cree a usted mismo cuando dice que no tienen responsabilidad sobre el tremendo ecocidio que estamos viviendo, mayormente en tierras que son de su jurisdicción?”, se preguntaron quienes integran la Multisectorial, a través de un comunicado difundido este viernes. Agregaron que “el fiscal también declaró que es gente de Rosario la que hace un uso inadecuado del humedal y provoca incendios. Llevamos más de 50 mil focos de incendio y más de un millón de hectáreas quemadas. ¿En serio cree que vamos a creer que esto es causado por kayakistas que se olvidan un fogón prendido?”

Desde ese espacio, junto con la asamblea por los humedales de Villa Constitución, habían presentado el martes último pedidos a los gobiernos locales para que denuncien a Entre Ríos por “dejar hacer” ante prácticas que “devastan” los humedales, tanto las quemas como la construcción de terraplenes para avances inmobiliarios o ganaderos. La respuesta no tardó en llegar. Signes aseguró que su provincia –Entre Ríos- “no tiene ninguna responsabilidad jurídica” sobre los siniestros y afirmó que es “gente de Rosario la que hacen un uso inadecuado” de las islas.

A través de un comunicado, el funcionario judicial sostuvo que “adjudicarle responsabilidad” a esa jurisdicción por los hechos que se vienen produciendo “es un contrasentido”, teniendo en cuenta que “la mayoría de los imputados” en la causa penal federal que se inició por esta situación son oriundos de la mencionada ciudad santafesina.

Lo cierto es que, más allá del origen de los particulares denunciados, el planteo de las organizaciones ambientalistas apuntaba al rol del Estado como garante del bienestar y la salud de la población, y como responsable de la protección del ambiente a partir de sus herramientas de control y sanción.

“Por supuesto que algunos de los imputados en las causas son rosarinos. Dueños legítimos o usurpadores de terrenos en islas, grandes empresarios inmobiliarios y ganaderos que prenden fuego la vida para llenar sus cuentas bancarias. Sí, algunos de ellos son rosarinos. Y otros son entrerrianos, y otros bonaerenses.

¿En serio usted cree que la localidad del imputado le quita a ustedes responsabilidad cuando son ustedes los que no controlan, no multan, no ven, no encuentran, no apagan y encima habilitan actividades productivas sobre la tierra arrasada?”, respondieron desde la Multisectorial.

Así como el fiscal aseguró que Entre Ríos mantiene buen vínculo con Santa Fe y trabajo conjunto en relación a esta problemática, la respuesta de ambientalistas advirtió que “claramente el gobierno de Santa Fe es igual de cómplice. Ni siquiera pasa al Ministerio de Ambiente Nacional datos certeros sobre la cantidad de hectáreas quemadas en la provincia. Eso no les quita responsabilidad a ustedes. Eso solamente demuestra la corrupción del entramado del vínculo político que existe entre ambas provincias”.

El drama de los incendios en el Delta del Paraná se agravó el año pasado, cuando causaron serios daños en la región, afecciones respiratorias por la cantidad de humo y cenizas que cubrieron a varias ciudades. Este año, la bajante del Río Paraná complicó el cuadro, dificultando la tarea de apagar el fuego y permitiendo una rápida expansión de las llamas. Pese a estas condiciones, el reclamo de organizaciones ambientalistas apunta a la necesidad de más controles, más recursos destinados al tema y más compromiso político. Sobre esa base vienen reclamando intensamente por el avance de la Ley de Humedales en el Congreso, estancada en comisiones y a riesgo de perder estado parlamentario.

FUENTE: Tiempo Argentino

Trata en el campo: le pagaban 1.000 por semana y le descontaban el gas

En un campo ganadero de la localidad de Las Bandurrias, en la provincia de Santa Fe, una familia vivía hace 7 años en condiciones de esclavitud. Sin francos, sin descansos, sin agua potable y con la prohibición de salir del lugar. Dos nenes de 10 y 11 años también trabajaban. Esta semana fueron rescatadxs por una orden judicial.

*La foto de la portada es ilustrativa.

Una casa sin agua potable y con peligro de derrumbe en un campo de la localidad rural de Las Bandurrias, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe. Un trabajo de lunes a lunes, sin francos ni descansos. Un sueldo de mil pesos por semana, con el descuento del consumo de gas, como pago por las tareas de cuidar el campo, arriar y marcar animales.

En estas condiciones y desde hace siete años vivieron hasta el martes Alejandro, de 36 años, su madre y su padre jubiladxs, y sus hijxs de 10 y 11 años. La familia fue rescatada en un operativo ordenado por el Juzgado Federal de Rafaela y ejecutado por la Policía Federal que significó la coordinación entre oficinas de todos los niveles del Estado.

Es que para desarmar delitos de trata en zonas rurales se pone en juego desde el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a Personas damnificadas por el Delito de Trata, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Delegación Santa Fe Sur del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE).

La denuncia penal que hicieron los distintos organismos y que tomó el Juzgado Federal es contra el dueño del campo, de iniciales J.P.H. Se trata de un médico veterinario de 51 años que también sería propietario de otro campo agrícola ganadero en la localidad santafesina de Pavón Arriba. Tiene un posgrado en Administración de Empresas Agropecuarias de la Universidad Nacional de Rosario y a comienzos de los noventa formó parte del Consejo Directivo de la Facultad de Veterinaria.

Las primeras señales de la situación de esclavitud a las que sometía a esta familia las detectó en octubre del año pasado la Delegación Santa Fue Sur del RENATRE. Este organismo se encarga, entre otras funciones, de controlar que lxs empleadorxs tengan registrados correctamente a sus empleadxs.

“Normalmente lo que se encuentra es trabajo no registrado o mal categorizado”, contó a Cosecha Roja Andrés Alasia, delegado Santa Fe Sur. Pero esta vez fue distinto: “Conversando con el trabajador, encontramos indicios de presunta trata de personas con fines de explotación laboral”. El delito al que hace referencia Alasia tiene una pena máxima de hasta 12 años de cárcel y 15 si las víctimas son menores de edad.

El trabajador es Alejandro y si bien sus tareas son las de un encargado de campo, las condiciones en las que trabajaba estaban fuera de la ley: los mil pesos semanales a veces eran dos mil y a veces directamente eran nada. Al no estar registrado, no tenía obra social ni aportes jubilatorios, y tampoco francos. Ni hablar de aguinaldos.

Después de entrar en contacto con él, el RENATRE hizo la denuncia en el 145, la línea gratuita de denuncia para casos de trata de personas, que coadministra PROTEX con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

En marzo de este año el RENATRE volvió a Las Bandurrias y se encontró con que la situación no sólo seguía igual sino que había empeorado. A las condiciones de explotación laboral, se habían sumado amenazas. Alejandro contó que el patrón les tenía prohibido salir del lugar.

El encargado del campo también declaró que sus hijos “ayudaban” en el trabajo. Lxs chicxs contaron que les pagaban 200 pesos para darles de comer al ganado.

Una nueva denuncia por explotación laboral y otra por explotación laboral infantil hizo que el Juzgado Federal de Rafaela ordenara el allanamiento del lugar y la liberación de toda la familia.

El operativo fue este sábado. Desde la Dirección de Protección de los Derechos Civiles y Políticos de Santa Fe confirmaron a Cosecha Roja que trasladaron a la familia a una vivienda en la localidad de Casas, donde los gastos y el alquiler corren por cuenta de la Secretaría de Derechos Humanos, por lo menos por dos meses y hasta que Alejandro pueda conseguir un trabajo formal.

“Nos ocupamos de hacer el cambio de escuela de lxs chicxs, les conseguimos asistencia de salud integral para toda la familia”, detalló Santiago Bereciartua, a cargo de la Dirección. “Nuestra función en estos casos es restituir todos los derechos vulnerados: laborales, educativos y sanitarios”, dijo.

Los números de la explotación laboral en el campo

En 2019, el RENATRE constató la situación laboral de 15.684 trabajadorxs rurales de todo el país. El 83 por ciento (12.994) no estaban registradxs.

Hasta ese año, el sector contaba con cerca de 330 mil trabajadores rurales declaradxs mensualmente. Según el INDEC la tasa de informalidad en el sector agropecuario fue del 63 por ciento en el tercer trimestre de 2019.

En relación al trabajo infantil, los datos muestran que es un problema naturalizado que afecta al 10% de niños y ñinas de 5 a 15 años. Hasta 2017, en Argentina alcanzaba a más de 763.000 niños y niñas, según la última Encuesta de actividades de niñas, niños y adolescentes (EANNA).

En el total del país, ese 10% de niños y niñas realizaban al menos una actividad productiva, con mayor incidencia en las áreas rurales (19,8%), y en las regiones del NOA y el NEA (13,6% y 13,1%, respectivamente).

Los resultados de esta encuesta también muestran que las distintas formas del trabajo infantil y adolescente están más extendidas en las zonas rurales, donde más de la mitad de los niños y niñas que trabajan se dedican al cultivo o cosecha de productos para vender (14,2%), el cuidado u ordeñe de animales (14,4%), la ayuda en la construcción o reparación de otras viviendas (11,9%) y la ayuda en negocios u oficinas (11,9%).

Todavía no hay disponibles datos actualizados a 2021 tanto de la explotación laboral infantil como del trabajo rural no registrado. Pero no es difícil suponer que la situación se recrudeció con la pandemia.

FUENTE: Cosecha Roja

Por Natalia Arenas

Vicentín: una ex empleada de la AFIP declaró que fue removida de su cargo cuando empezó a investigar irregularidades de la empresa

Una ex empleada de la AFIP en Reconquista, Provincia de Santa Fe, declaró ante la Justicia que fue removida de su cargo cuando comenzó a investigar irregularidades tributarias por parte de la empresa Vicentín.

La decisión de trasladarla desde Reconquista hasta una sucursal de la Capital Federal y restringirle el acceso a los expedientes que había trabajado sobre la multinacional cerealera fue tomada por sus superiores, entre ellos una pariente de los dueños de Vicentín. 

La mujer, cuya identidad permanecerá en reserva, ya fue increpada vía Whatsapp por su ex jefa, quien le reprochó “esa sarta de mentiras” y le preguntó: “¿Cuánto te pagaron para salir de testigo en una causa de Vicentín?, ¿Qué te está pasando?”.

“Fui ‘trasladada’ en 2016 por marcar las irregularidades de la empresa Vicentín SAIC. (…) Elda Manuela Vicentín, le firma el pase a Buenos Aires. La obligan a entregar todo el material colectado, hasta los sellos de nombre, recepción de trámite, cargo y legajo”, explicó mediante un documento en el que pidió ser oída como testigo.

Con el patrocinio de la abogada Valeria Carreras, la ex agente de la AFIP Reconquista describió a qué información accedió y qué consecuencias le acarreó.

En ese sentido, explicó que “tomó contacto con agropecuarios que le referían su situación frente a Vicentín SAIC. Tomó estas denuncias en los formularios F288, provistos por la AFIP. Pronto, sus jefas Roxana Marchetti, y la jefa de esta, Manuela Vicentín, le prohibieron tomar ese tipo de denuncias”.

Según el relato, “en septiembre de 2016 detecta en el sistema que hay 20 empresas ‘usinas’, cuyos presidentes eran personas físicas domiciliadas en los barrios más humildes de Santiago del Estero”.

En la constitución de esas sociedades que denominó “usinas” intervenían “siempre las mismas escribanías”, que confeccionaban los contratos sociales y los certificados de domicilio fiscales.

“El modus operandi era reiterado. Todo esto lo informa a su jefa y esta le dice que coloque las denuncias en sobre cerrado que lo van a enviar a Buenos Aires”, pero el trámite quedó frenado en Reconquista.

La testigo fue separada de su cargo y enviada a Buenos Aires, donde quedó “sola y aislada en un hotel; le asignan tareas de calle y no pudo ingresar con su clave a los trabajos realizados en su agencia de Reconquista”. 

“No es un dato menor el parentesco de Manuela Vicentín con los principales involucrados en la causa que aquí se investiga”, resumió la presentación.

El pedido para declarar como testigo fue presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la causa que recayó en el juzgado de Julián Ercolini.

Se trata de la denuncia que promovió el titular del Banco Nación, Claudio Lozano, a principios de 2020. 

La testigo adjuntó a su presentación la designación de Elda Manuela Vicentín como alta ejecutiva de la AFIP en Reconquista, mediante una resolución adoptada el 16 de agosto de 2018, en fechas concomitantes con el otorgamiento de los créditos que la cerealera no restituyó a la banca oficial. 

Además, describió que a raíz de confusas situaciones personales y gremiales decidió cambiar su afiliación sindical y actualmente encontró cobijo en la Unión del Personal Superior de AFIP (UPSAFIP). 

FUENTE: Tiempo Argentino

Coronavirus: murió Miguel Lifschitz

Hacía más de dos semanas que estaba internado. Fue intendente de Rosario en dos oportunidades y gobernador de la provincia. Un político que dejó huella.

Casi un mes después de haber contraído coronavirus, Miguel Lifschitz murió ayer en Rosario a los 65 años, luego de pelearle a la enfermedad por varios días. Actual presidente de la Cámara de Diputados, y gobernador de Santa Fe entre 2015 y 2019, falleció en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Parque, adonde había ingresado el 21 de abril pasado, luego de experimentar complicaciones de salud por el cuadro de covid-19 que le habían diagnosticado diez días antes.

Desde el primer día de internación, el cantero del bulevar Oroño al 800 frente al sanatorio lució pasacalles con mensajes de apoyo al socialista que gobernó Rosario en dos períodos consecutivos. El mismo reconocimiento que recorrió las redes sociales desde entonces y que llevó al hashtag #fuerzaMiguel a convertirse en tendencia en Argentina.

Su pérdida fue lamentada tanto por el presidente Alberto Fernández desde Portugal como por la vicepresidenta y Presidenta en ejercicio Cristina Kirchner.

Lifschitz no tenía comorbilidades. Falleció al caer la noche. Estaba en pareja con la diputada provincial socialista Clara García, con quien se casó pocos días antes de asumir como gobernador, en 2015.

Ingeniero civil de profesión, político de vocación, había nacido el 13 de setiembre de 1955 en Rosario, en los bordes del barrio Martin. Y fue uno de los jóvenes hacedores del Partido Socialista Popular que rodearon a su fundador, Guillermo Estévez Boero, en los tempranos años 70.

Cursó estudios secundarios en el Instituto Politécnico Superior, y continuó como estudiante de Ingeniería en la Facultad de Ciencias Exactas y Agrimensura de la UNR donde se graduó en 1979. Pero antes, en el 73, el golpe de Estado al Chile de Salvador Allende lo persuadió de involucrarse en la práctica política, y el camino elegido fue sumarse a las filas del Movimiento Nacional Reformista, brazo universitario del socialismo.

Ejerció en el ámbito privado entre el 1979 y 1989, cuando ya como militante experimentado en el PSP, el entonces intendente electo Héctor Cavallero lo designó al frente del Servicio Público de la Vivienda. Dentro del Ejecutivo municipal creció como un funcionario clave del socialismo. Cuando Cavallero rompió filas con el PSP, Lifschitz se alineó con una de las corrientes que continuaría con las riendas del partido, liderada entonces por Hermes Binner. Y desde la primera intendencia de éste, Lifschitz colaboró como secretario general, como secretario de Servicios Públicos y como coordinador general de gabinete.

Como buen ingeniero, Lifschitz no era extrovertido, más bien hermético en sus pareceres, sin que en su entorno más estrecho supieran de antemano qué decisión tomaría. Cultivaba como máxima aquello de que el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Con ese estilo supo construir un espacio propio, al margen de los nombres más notorios por entonces del socialismo en Rosario, como el propio Binner y Antonio Bonfatti. Y fue merecedor del designio del rafaelino para ponerlo en la candidatura de sucesor en el Palacio de los Leones. Así se consagró intendente en las elecciones de 2003.

Su primera gestión estuvo bendecida por el viento de cola de la recuperación económica del país en ese lustro post 2001, y tuvo margen suficiente para impulsar la marca Rosario en el concierto nacional como una urbe bien administrada y de avanzada. Surfeó los días dorados del III Congreso de la Lengua Española, de la exagerada comparación «Rosario, la Barcelona argentina», y los cimientos del programa metropolitano que intensificó la apertura de la ciudad hacia el río y, sobre todo, la génesis del fabuloso negocio inmobiliario de Puerto Norte y aledaños. Le alcanzó para consolidar la hegemonía socialista en el Frente Progresista y, con el 57% de los votos, para ser reelecto en el comicio de 2007, donde derrotó al propio Cavallero, que había ido por el Frente para la Victoria. Y así Lifschitz siguió gobernando la ciudad hasta 2011, cuando –-a pesar de muchos en su partido– impuso como su sucesora a Mónica Fein.

Al mismo tiempo, Lifschitz introdujo cambios en la política de promoción social que había organizado Hermes Binner y con la que Rosario había amortiguado la crisis nacional de 2001. Esos cambios, en el llano, significaron el final del programa Crecer, una política reconocida a nivel internacional por su concepción del desarrollo social. Los más críticos de esta gestión señalan allí un hito importante en el deterioro socioeconómico que prologó la marginalidad y la violencia urbana que se disparó en la década siguiente.

Después de ser intendente, Lifschitz resignó su expectativa de postularse a gobernador y aceptó el mandato de Binner, de que fuera Bonfatti la carta socialista. El rosarino, en cambio, postuló y ganó la senaduría departamental de Rosario, y desde ese lugar siguió construyendo espesor propio dentro del Frente Progresista hasta ser el candidato indiscutido del oficialismo para el comicio del 14 de junio de 2015.

Si bien ensayó en algún momento un experimento de proyección nacional con la intrascendente postulación presidencial de Margarita Stolbizer, Lifschitz siempre se preservó de esa vidriera y se ocupó de cimentar su peso dentro de Santa Fe.En aquella elección de 2015, una semana de recuento de votos después, este rosarino hincha de Central ganó la Gobernación de Santa Fe al humorista Miguel Torres del Sel, que por entonces había presentado el macrismo, por apenas 1.600 sufragios.

De su paso por la Casa Gris habrá de quedar como mejores logros la inauguración de dos hospitales de alta complejidad, en Venado Tuerto, y el nuevo Iturraspe en Santa Fe, y el Cemafé. Intentó mantener algún grado de relación con el gobierno de Mauricio Macri en Casa Rosada, pero no sirvió para conseguir cobrarle a Nación la plata mal detraída de coparticipaciones, a pesar del fallo de la Corte Suprema, ni equiparar políticas de subsidios al transporte o inversiones federales en obra pública, ni conseguir la creación de más estructura local de la Justicia Federal.

Creó la Junta Provincial de Seguridad, una mesa con los tres poderes del Estado para consensuar la forma de prevenir el delito urbano y atenuar la violencia callejera. De todos modos, este tema fue siempre el talón de Aquiles de su gobierno, como lo fue para sus antecesores, y la narcocriminalidad no dejó de aumentar su influencia en el cotidiano de Rosario y alrededores.

Dentro de la provincia, sí supo construir buenos puentes con la oposición parlamentaria. Lifschitz le entregó la banda y el bastón del Brigadier López a Omar Perotti, quien en 2019 venció a Bonfatti, y marcó el regreso del peronismo a la Casa Gris. Asumió como diputado provincial y accedió a la presidencia de esa cámara y, en la práctica, al liderazgo de la mayoría de la oposición, esto es el Frente Progresista Cívico y Social. En esto estaba cuando la pandemia lo atrapó y, al cabo de unas semanas, lo sumó como otra de sus víctimas.

FUENTE: Noticias Argentinas

Incendios: persisten focos «fuera de control» en Tucumán y Catamarca

El Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) informó esta mañana que en Tucumán y Catamarca persisten focos «fuera de control» de incendios forestales y otras seis provincias mantienen «focos activos» que afectan al país.

Los focos que se encuentran en el Delta del Paraná, que comparte con Entre Ríos; continúan activos

Según un informe del organismo detalló, en la zona de Tafí Viejo y en Sierra del Campo (Burruyacú), en Tucumán, las llamas están «fuera de control» al igual que en departamento catamarqueño de Ancasti.

En tanto, las llamas de Capayán, en Catamarca, pudieron ser contenidas al igual que en la localidad tucumana de Burruyacú (Cruz de Arriba) y en el departamento Leales, de la misma provincia, detalló el SNMF.

Por otra parte, el organismo explicó que los focos que se encuentran en el Delta del Paraná, que comparte con Entre Ríos; continúan activos, al igual que en Villa Carlos Paz, Unquillo, Paraje Cuchi y en La Cumbre, departamento de Punilla; en la provincia de Córdoba, donde se logró extinguir el fuego en Quebrada del Condorito.

En córdoba continúan activos en Villa Carlos Paz, Unquillo, Paraje Cuchi y en La Cumbre

Además, en las localidades santafesinas de San Bernardo, Los Amores y en Cañada Ombú, por el momento las llamas están contenidas, mientras que en Intiyaco, el fuego está circunscrito.

El organismo informó en su reporte de esta mañana que en la provincia de Jujuy las llamas están contenidas en Ledesma, Seca RN34-La Unión, y el sobre gasoducto Ledesma, en Santa Bárbara, en la zona de Finca Gurrieri, en la Ruta Provincial Nº1, en la Ruta Provincial N° 37, en San Antonio y en departamento Del Carmen.

También, se informó que la localidad balnearia de Claromecó, del partido de Tres Arroyos en Buenos Aires, se encuentra en «guardia de cenizas»; mientras que Salta tiene un foco activo en la zona de Finca Apolinario y tres contenidos en Colonia Santa Rosa, Colonia Ikira Aguaray y Embarcación San Martín.

Asimismo, se aclaró que la provincia norteña logró extinguir el fuego en la localidad El Jardín, en el Departamento La Candelaria.

El reporte, que se emite a diario, indicó que en las localidades correntinas de Villa Olivari y Loma Alta -Mburucuyá- el fuego está extinguido, y en Empedrado está «circunscrito».

Tucumán, Catamarca y otras seis provincias mantienen «focos activos» 

En el departamento pampeano de Utracán-General Acha, los incendios están «controlados con guardia de cenizas» y en el departamento Rancual, las llamas están contenidas, agregaron.

Por otra parte, se confirmó que en Santiago del Estero hay focos activos en el Parque Nacional Copo y en Ojo de Agua (La Isla), mientras que en el departamento de Figueroa el fuego está contenido.

En Donovan, provincia de San Luis, los bomberos mantienen el fuego «controlado en guardia de cenizas», sostuvo el organismo, al igual que en el Parque Nacional Chaco.

Por último, el SNMF indicó que en la provincia de Mendoza hay cuatro focos activos en San Rafael, Campo del Padre -Ruta 143 vieja- y Colonia López, en la localidad El Carrizal y en el departamento La Valle.

FUENTE: Télam

Incendios: persisten focos “fuera de control” en Tucumán y Catamarca

El Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) informó esta mañana que en Tucumán y Catamarca persisten focos “fuera de control” de incendios forestales y otras seis provincias mantienen “focos activos” que afectan al país.

Los focos que se encuentran en el Delta del Paraná, que comparte con Entre Ríos; continúan activos

Según un informe del organismo detalló, en la zona de Tafí Viejo y en Sierra del Campo (Burruyacú), en Tucumán, las llamas están “fuera de control” al igual que en departamento catamarqueño de Ancasti.

En tanto, las llamas de Capayán, en Catamarca, pudieron ser contenidas al igual que en la localidad tucumana de Burruyacú (Cruz de Arriba) y en el departamento Leales, de la misma provincia, detalló el SNMF.

Por otra parte, el organismo explicó que los focos que se encuentran en el Delta del Paraná, que comparte con Entre Ríos; continúan activos, al igual que en Villa Carlos Paz, Unquillo, Paraje Cuchi y en La Cumbre, departamento de Punilla; en la provincia de Córdoba, donde se logró extinguir el fuego en Quebrada del Condorito.

En córdoba continúan activos en Villa Carlos Paz, Unquillo, Paraje Cuchi y en La Cumbre

Además, en las localidades santafesinas de San Bernardo, Los Amores y en Cañada Ombú, por el momento las llamas están contenidas, mientras que en Intiyaco, el fuego está circunscrito.

El organismo informó en su reporte de esta mañana que en la provincia de Jujuy las llamas están contenidas en Ledesma, Seca RN34-La Unión, y el sobre gasoducto Ledesma, en Santa Bárbara, en la zona de Finca Gurrieri, en la Ruta Provincial Nº1, en la Ruta Provincial N° 37, en San Antonio y en departamento Del Carmen.

También, se informó que la localidad balnearia de Claromecó, del partido de Tres Arroyos en Buenos Aires, se encuentra en “guardia de cenizas”; mientras que Salta tiene un foco activo en la zona de Finca Apolinario y tres contenidos en Colonia Santa Rosa, Colonia Ikira Aguaray y Embarcación San Martín.

Asimismo, se aclaró que la provincia norteña logró extinguir el fuego en la localidad El Jardín, en el Departamento La Candelaria.

El reporte, que se emite a diario, indicó que en las localidades correntinas de Villa Olivari y Loma Alta -Mburucuyá- el fuego está extinguido, y en Empedrado está “circunscrito”.

Tucumán, Catamarca y otras seis provincias mantienen “focos activos” 

En el departamento pampeano de Utracán-General Acha, los incendios están “controlados con guardia de cenizas” y en el departamento Rancual, las llamas están contenidas, agregaron.

Por otra parte, se confirmó que en Santiago del Estero hay focos activos en el Parque Nacional Copo y en Ojo de Agua (La Isla), mientras que en el departamento de Figueroa el fuego está contenido.

En Donovan, provincia de San Luis, los bomberos mantienen el fuego “controlado en guardia de cenizas”, sostuvo el organismo, al igual que en el Parque Nacional Chaco.

Por último, el SNMF indicó que en la provincia de Mendoza hay cuatro focos activos en San Rafael, Campo del Padre -Ruta 143 vieja- y Colonia López, en la localidad El Carrizal y en el departamento La Valle.

FUENTE: Télam

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Evalúan declarar el Delta como reserva nacional

El gobernador Gustavo Bordet mantuvo una videoconferencia con su par de Santa Fe, Omar Perotti y el ministro de Ambiente de la Nación, Juan Cabandié, en la que plantearon un temario vinculado a impulsar el amparo de sectores para la producción y el ambiente. En este orden, se planteó la posibilidad que el sector hoy afectado por incendios intencionales sea declarada área protegida federal.

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Agua potable, libre y gratuita: un derecho que se convirtió en ley

El Derecho de Jarras entró en vigencia en la provincia de Santa Fe. Los consumidores pueden acceder al agua los consumidores al agua potable en todas las casas de comidas

Agua potable, libre y gratuita: un derecho que se convirtió en ley
El acceso al agua potable es un derecho humano esencial, pero desde el 24 de enero pasado también es ley en la provincia de Santa Fe. La ley 13.935 publicada en el Boletín Oficial de dicho día por el gobierno de la provincia de Santa Fe dispone que todos los asistentes a los bares y restaurantes de la provincia tienen derecho a recibir agua potable, libre y gratuita si así se desea.

La ley también determina que en todas las oficinas públicas dependientes del Estado provincial deberá tener bebederos u otro dispositivo de acceso gratuito al agua de red, tanto para los trabajadores, como para quienes asistan a esos lugares. La autoridad de aplicación es el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

La iniciativa de la Cátedra del Agua de la UNR es inédita para la Argentina y para América Latina y causó gran inquietud a nivel internacional. El director de la Cátedra del Agua, Aníbal Faccendini, dialogó con CLG y explicó de qué se trata esta nueva ley que ya se puso en vigencia.

“Si bien todavía hay que reglamentarla, en toda la provincia donde haya agua potable el comensal puede exigir en todos los bares y restaurantes que le den agua potable, ya sea en jarra, botellón o vaso”, señaló Faccendini.

“Como cátedra queremos que la gente tenga posibilidad de elegir desmercantilizadamente la jarra de agua, la libertad de tomar agua libre y gratuita cuando se está consumiendo algo en un bar o restaurante porque aparte influye en el derecho humano de la salud porque, por ejemplo, alguien que tiene hipertensión, no puede tomar el agua que tiene sodio, como las aguas minerales o gaseosas”, agregó.

El inicio

Esta ley se empezó a gestar cuando Aníbal Faccendini y Leonardo Boff publicaron en el año 2010 una investigación sociológica, jurídica y ambiental, conocida como el Manifiesto de Rosario del agua. Tras esta publicación, en 2011 diferentes organizaciones realizaron el Pacto Público del agua en América Latina. “Esta construcción que termina en el Derecho de Jarras de Agua, agua potable, libre y gratuita en la situación de las personas en la urbanidad, fue un proceso colectivo”, explicó Faccendini.

“Nace como una cuestión de tres facetas. Primero, con una faceta pública, urbana, de cómo lográbamos que la gente accediera a agua potable, libre y gratuita en situaciones de urbanidad cuando se está en un parque con y necesitábamos que se garantice el derecho de jarra para que la gente pueda tomarla sin tener que mercantilizarla”, añadió el director de la Cátedra del Agua. En ese sentido, la Cátedra logró que la ciudad de Rosario coloque cerca de 100 bebedores de agua potable en diferentes lugares.

Rosario, el puntapié

El Derecho de Jarras rige en Rosario desde el año 2015. La ordenanza 9.465 establece la obligatoriedad de poner agua potable a disposición de los consumidores en locales gastronómicos, bares y restaurantes habilitados.

“Veíamos que la gente en situación de consumo en varios restaurantes no podía acceder al derecho humano al agua sin tener que abonar nada, entonces teníamos que pensar cómo hacíamos para evitar la mercantilización de este derecho humano”, manifestó Faccendini.

Con este antecedente, se logró que se implemente el Derecho de Jarras en lugares en lugares bailables o lugares comerciales con una superficie mayor a 1.200 metros cuadrados.

Estas novedosas ordenanzas causaron impacto a nivel nacional e internacional. “Generó inquietud en actores que están participando en Francia, Italia, en San Pablo, en Río de Janeiro, en Chile, Concepción Bariloche, Rawson, Esquel, Venado Tuerto, Buenos Aires, y otras tantas localidades que con distintas modalidades están replicando este derecho al agua”.

Un vaso de agua no se le niega a nadie

A priori, pareciera imposible que lugares comerciales se adapten a esta nueva ley. Sin embargo, las estadísticas en Rosario muestran lo contrario, pues el 70% de los bares de la ciudad se adaptaron a la ordenanza.

Faccendini está convencido que además de un derecho, la nueva legislación es favorable para los comercios y bares. “Esto se hace conviviendo con las otras aguas. Lo que queremos que la gente tenga la posibilidad, la libertad, de tomar agua libre y gratuita cuando está consumiendo”, sostuvo, y agregó: “El derecho de jarra de agua es la libertad sin comercializar. Lo que buscamos es que haya procesos desmercantilización, respetando la necesidad del comercio, el mercado pero que hay espacios, cuestiones de la humanidad que están fuera del comercio como es el aire, el conocimiento, el agua, el agua es insustituible, el agua potable es un derecho humano y como tal se tiene que respetar”.

El Derecho a Jarras cambia, sin dudas, el paradigma en los comercios. “Se pueden construir otras realidades, se pueden generar nuevos hábitos de sanidad, de convivencia con la comida. La cuestión cultural, ambiental, muestra que se puede cambiar hábitos con mucho esfuerzo”, sostuvo.

“Lo que le pedimos a la gente es que se empodere, el derecho que no es ejercido, es derecho perdido. Lo mejor que puede hacer la ciudadanía es pedir su Derecho de Jarras. Si alguien le quiere cobrar algo que exija que el ticket diga que se le está cobrando una jarra de agua, con el cual va a ser objeto de sanción”, añadió Faccendini.

Los pasos a seguir

En la última semana, la Cátedra del agua presentó en el Concejo municipal un proyecto de ordenanza para la aplicación del Derecho de Jarras en los centros de salud y hospitales de la ciudad, tanto públicos como privados.

“Necesitamos que los hospitales haya una facilidad al acceso al agua potable y cubrir este vacío legal, que se convierta en derecho para que sea una obligación, para que la gente pueda acceder amablemente a un derecho humano del agua y al derecho humano de la salud”, comentó.

Además, se está gestionando una audiencia con la ministra de Educación, Adriana Cantero, para que exista el Derecho de Jarras en escuelas públicas y privadas. “Solo el 5% de la Argentina tiene bebedores para niños y niñas en situación de escolaridad sobre 60 mil establecimientos. Tenemos el relevamiento que hay 25 escuelas que no tienen bebedores en situación de integralidad donde los chicos y chicas puedan acceder al agua potable por fuera del baño. Los bebederos tienen que estar fuera del baño por una cuestión de salubridad. El acceso al agua potable tiene que ser un acceso amable, cortés, integral, saludable”, dijo Faccendini.

Una lucha colectiva

En tiempos de crisis ambiental, una nueva cultura es posible, donde se mejore la calidad de vida de la sociedad. “Lo que necesitamos es que cada uno reclame este derecho, no podemos dejar todo en manos del otro y la otra sino que tenemos que entre todos y todas reclamarlo, es la forma de consolidarlo. Los derechos se consiguen con lucha, perseverancia, insistencia. Todo derecho es una historia de lucha, no hay derecho si no hay lucha, participación y perseverancia”, indicó el profesor.

“Lo que se ha logrado todavía no podemos mensurarlo, o calibrar la positiva consecuencia que esto trae. Estamos muy contentos por todo y el gran esfuerzo que hemos hecho muchísimas personas en este camino para lograr vivir mejor”, concluyó.

Fuente: conlagentenoticias.com