Las aguas del Paraná bajan turbias

Conmoción en el Frente de Todos por la licitación para renovar la concesión sobre la Hidrovía

Por el río Paraná circula el 75% de las exportaciones del país.

La discusión sobre la soberanía económica y geopolítica de la Argentina transcurre entre las líneas de un decreto que nació en la cuerda floja y movió los cimientos del Frente de Todos. En agosto del año pasado el Presidente Alberto Fernández anunció desde Santa Fe la creación del Consejo Federal de la Hidrovía pero también la posibilidad de avanzar en una empresa estatal, con participación de las provincias, para gestionar la red troncal fluvial por la que circulan anualmente casi 5.000 embarcaciones que transportan 125 millones de toneladas de producción agropecuaria e industrial, casi el 75% de las exportaciones del país.

El anuncio había sido interpretado por diferentes actores sociales y políticos como la oportunidad de ponerle fin a una de las privatizaciones del menemismo. Lo que actualmente se conoce como “la Hidrovía” es gestionada por la sociedad integrada por EMAPA (Gabriel Romero, otro de los encuadernados por Bonadío) y la belga Jan de Nul, concesión que vence en abril de este año.

El promisorio anuncio también ponía sobre la mesa, quizás de manera más solapada, una verdad de la que mucho se habla pero de manera informal: el contrabando a gran escala y la necesidad de

“optimizar los controles sobre el referido Corredor litoral y la Hidrovía, sus puertos y rutas terrestres, que desde hace décadas viene siendo utilizado para llevar adelante operaciones de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas alrededor de la zona de la triple frontera y contrabando de granos, aceites y harinas con países limítrofes”.

Carlos Cruz

La afirmación no proviene de ningún trasnochado comentador de café sino de Carlos Cruz, actual titular de la Unidad de Información Financiera, organismo que tiene a su cargo la investigación y la prevención de los delitos de lavado de activos. Desde la década del ’70, Cruz observa con preocupación lo que sucede a través del Paraná.

Cuando el mundo, los planetas y también sus barriletes lloraban la muerte de Diego Armando Maradona, el gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial el Decreto 949/20, que facultó al Ministerio de Transporte a llamar a licitación para la concesión del peaje fluvial “a riesgo empresario y sin aval del Estado” de la red troncal del corredor sobre el Paraná. Del texto quedaba claro que se había borrado el plan original de constituir una empresa estatal que controlaría esa autopista clave. ¿Qué ocurrió en el medio? ¿Quiénes se opusieron?

La respuesta no es difícil de discernir. El rechazo provino de las principales cerealeras del país, dueñas de los puertos sobre el litoral, que ejercen su poder de lobby desde el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), una suerte de contrapata de la Mesa de Enlace pero que en el fondo defiende a los mismos sectores concentrados que la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales. A través de diferentes canales de diálogo, el lobby patronal le hizo saber a las autoridades nacionales que lo mejor era que nada cambiase.

Tal fue el sismo interno dentro del Frente de Todos que el senador Jorge Taiana pidió informes al ministro de Transporte, Mario Meoni, dirigente que responde íntegramente a Sergio Massa, ¿acaso el representante de los intereses privados dentro de la frente gobernante?

“Si corregimos lo de Vicentin, ¿por qué no se va a modificar esto”, planteó a El Cohete un dirigente que participa de la mesa chica del Gobierno nacional. Para que no quedasen dudas, aclaró que esa supuesta corrección era pura ironía.

Además de querer interpelar a Meoni por la fallida empresa estatal, Taiana reclamó información sobre el dragado del Magdalena, un canal natural que le permitiría al país una salida directa al mar sin tener que pasar por Montevideo, una cesión de soberanía que se profundizó desde que Macri convalidó el fortalecimiento del puerto del país vecino al cajonear el proyecto Magdalena. La iniciativa para el nuevo dragado había sido analizada por Axel Kicillof en su último año como ministro de Economía.

Al cierre de esta edición no ocurrió ninguna modificación del decreto que nació flojo de papeles, al decir de un dirigente nacional. Sin embargo se anunció la creación de la unidad ejecutora que tendrá por objetivo construir el Canal Magdalena. El anticipo lo realizó el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. “En parte se calma el ruido que generó el 949 y en parte ratificamos que estamos avanzando sobre los grandes proyectos para mejorar las economías regionales”, indicaron desde la cartera de Interior.

Entre líneas

El Decreto 949/20 fue publicado en el Boletín Oficial el 26 de noviembre del año pasado con la firma de Meoni y Santiago Cafiero. A simple vista, solamente se facultaba a Transporte a llamar a licitación de la Hidrovía. Pero hubo dos puntos que le llamaron la atención a Horacio Tettamanti, un ingeniero naval que había sido subsecretario de Puertos y Vías Navegables de la Nación durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner: la ausencia de la empresa estatal que había anunciado Alberto y la consolidación de un esquema de tránsito fluvial que viene favoreciendo al puerto de Montevideo.

¿Qué es lo que ocurre? En 2018 Macri convalidó en el seno de la Comisión Administradora del Río de la Plata la autorización del dragado de un tramo clave para el país vecino. Con esa modificación terminó de consolidarse algo que venía sucediendo. Macri no presentó ninguna objeción a esa modificación que terminó de favorecer al Uruguay. En la práctica, la producción agroindustrial e industrial local sale al océano desde Punta Bravo hacia Puerto Palmira (Uruguay). A su vez, Macri congeló el proyecto del Magdalena en 2016.

Una de las principales objeciones al decreto 949 es que se decidió fortalecer el canal de Punta Bravo y por ende la salida por Uruguay. Este análisis de la letra chica explica que tanto Tettamanti como Taiana hayan levantado la voz por la persistente cesión de soberanía.

“Carece de sentido que la República Argentina acondicione el acceso por el Río Paraná Bravo al puerto uruguayo de Nueva Palmira si por allí no salen cargas argentinas, y se facilitan las condiciones para el contrabando y la evasión tributaria a través de ese puerto”, sostuvo Taiana en su pedido de informes al ministro Meoni.

“Hay intereses históricos enquistados en el manejo de los puertos privatizados, donde las empresas exportadoras se sienten muy cómodas saliendo por Uruguay”, insistió Tettamanti a El Cohete. En agosto del año pasado el ex funcionario le explicaba a este portal la necesidad de cuestionar “la legalidad por la cual las multinacionales se hicieron del control del Paraná”.

Taiana mantuvo diferentes encuentros con funcionarios nacionales luego de su pedido de informes. A su entender, había posibilidades de modificar la orientación del cuestionado decreto. El mensaje de Wado de Pedro con el anuncio sobre el Canal de Magdalena intenta ir en esa dirección. El propio Meoni accedió a un encuentro con el bloque oficialista, vía Zoom.

Que nada cambie

Las compañías que tienen su representación en el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), pero sobre todo en la Cámara de Exportadores de Cereales y Aceiteras (Ciara-CEC), le hicieron saber al gobierno que lo mejor era dejar todo tal cual estaba, por más que en la licitación pudieran cambiar los jugadores. Se sabe que China quiere tener peso sobre la Hidrovía.

“De 4 puertos pasamos a 22 (privados), se viene ahora una inversión de 3.500 millones de dólares y el Estado debe fijar condiciones de control. El concesionario ha mostrado su éxito con este esquema de gestión solventado por la actividad privada, por eso objetamos la estatización y la creación de la Agencia. No creemos que deba haber una Agencia que tenga muchos empleados sino que el órgano de control debe ser efectivo, rápido, como una unidad tipo task force”, respondió Gustavo Idígoras, presidente de Ciara-CEC y también integrante del CAA.

El gobierno nacional optó por tejer una alianza con el CAA –donde se baraja un proyecto de ley para aumentar las exportaciones agroindustriales–, un poco para contrarrestar la representatividad de la Mesa de Enlace.

“Es una lectura política errada”, afirma el diputado provincial del Frente Social y Popular de Santa Fe, Carlos Del Frade. “No quieren otro 2008 (conflicto por las retenciones móviles). Pero si les das un poco de poder a los exportadores, te extranjerizan aún más la economía”, agrega.

El investigador Luciano Orellano (integrante del Partido Comunista Revolucionario), autor del libro Argentina sangra por las barrancas del Río Paraná, afirma que Montevideo sigue siendo el enclave logístico desde el cual las grandes cerealeras consolidan sus “mecanismos de evasión cuasi legales vía precios de transferencia, triangulaciones e incluso contrabando”.

Para este autor, quienes operaron directamente en contra de la empresa estatal fueron Luis Zubizarreta (Dreyfus), Alberto Padoan (Vicentin) y Sergio Gancberg (Glencore), entre otros. También habla de las presiones del Grupo Techint, con interés sobre el mineral de hierro que se extrae en Bolivia e ingresa al país por el Paraná.

“Macri les había dejado todo listo para que la actual concesión se renovase con los dragados actuales, donde se favorece a Montevideo. Ellos (Uruguay) tienen los mismos enemigos que nosotros. El puerto de Montevideo funciona como un órgano de blanqueo de lo que puede provenir del contrabando o la evasión”, ratifica el escritor, y concluye: “Si no tenemos control de la Hidrovía, además de los mecanismos legales de evasión vía triangulación o precios de transferencia, estas empresas autodeclaran lo que venden y por ahí se consolida el contrabando”.

Lo cierto es que la AFIP controla todas las existencias físicas de lo que sale por los puertos privados, dentro de lo que se llama zona primaria aduanera. En este mismo portal, el politólogo Fernando Basso planteó la necesidad de que exista una segunda área de control (zona secundaria aduanera) donde las exportadoras no tengan nada que ver.

Así como las brujas no existen pero las hay, algo similar ocurre con la evasión y el contrabando. Por eso la UIF investiga a Bunge en una causa que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 5, Secretaría 10, por la posible existencia de conductas de fraude contra la administración pública, evasión agravada o posible lavado de activos. También tiene puesta la mira sobre el Corredor Litoral y la Hidrovía.

“Algunos sectores voraces vienen desarrollando e impulsado históricamente distintas prácticas para manipular las ventas de productos y la oportuna liquidación de divisas. Hablamos de prácticas que se llevan adelante a través de artimañas como la retención injustificada de granos en silo, sobrefacturaciones, subfacturaciones o el contrabando. De esta manera presionan sobre el ingreso de divisas, fomentan devaluaciones de la moneda, acarrean evasión tributaria. En definitiva, inciden sobre los precios de productos de la canasta básica de alimentos”, asevera el titular de la UIF.

Saber de qué se trata

La propuesta de los privados es que nada cambie. De quedar todo como hasta ahora (con dragados que consolidarían la salida por Uruguay), las exportadoras seguirán teniendo la manija de muchos de los resortes de la economía, dentro de un equilibrio fino donde el poder real cuenta con más peso que el propio Estado.

“No es sólo una cuestión comercial, donde los que manejan el comercio también controlan la banca y pueden incidir en el control de la moneda. Hablamos de un debate de geopolítica. La planificación del país que queremos no puede quedar en manos de las exportadoras”, sentencia Orellano.

El próximo 22 de febrero se realizará el primer encuentro del Consejo Federal de la Hidrovía. Además de las provincias ribereñas y los ministerios de Interior, Desarrollo y Transporte, reclaman la participación otras organizaciones políticas y sociales.

“Queremos saber de qué se trata, que se analicen los pliegos en audiencias públicas. Debemos democratizar lo que sucede en el Paraná”, concluye el autor del libro editado el año pasado.

“También tenemos que plantear la recuperación de la marina mercante. Por año se van miles de millones de dólares al contratar buques extranjeros”, comenta Del Frade, quien a su vez pide conocer la letra chica de los pliegos de la licitación en el marco del decreto 949.

FUENTE: El Cohete a la Luna

The Lancet y Gamaleya dejaron en ridículo a la oposición macrista

Con tantas vidas en juego, es un misterio la forma en que el macrismo armó la trampa y cayó en ella. Sorprende la base de ignorancia e ideologismo con que la principal oposición y los medios que la alimentan tiñeron hasta ahora su actitud frente a la epidemia.

Por: Luis Bruschtein

La publicación del informe de fase 3 de la vacuna Sputnik V en la revista científica The Lancet dejó la sensación de que la gestión macrista de la epidemia hubiera sido una tragedia. El anuncio de Wado de Pedro de que se formará el ente público que se encargará de licitar las obras del canal Magdalena, en el Río de la Plata, dejó la sensación de que el Estado comprendió que, si quiere desarrollar las exportaciones, tiene que ampliar y controlar las puertas de entrada y de salida.

Son sensaciones. Alguna más fuerte que la otra. Pero The Lancet y Gamaleya dejaron en ridículo a la oposición macrista. La publicación no fue sorpresiva, más bien lo contrario: era esperada y se procesó al ritmo de la epidemia. Es un misterio la forma en que el macrismo armó la trampa y cayó en ella.

No se trata de festejar porque alguien tuvo la razón. Es mucho más que eso. 

Hay muchas vidas en juego.

La base de ignorancia e ideologicismo con que el macrismo tiñó hasta ahora su actitud frente a la epidemia demuestra que, si hubiera dependido de ellos, el país ahora estaría al final de la fila de los que esperan alguna vacuna. Y eso hubiera costado miles y miles de vidas.

Cuando se declaró la epidemia era claro que los laboratorios con mayor experiencia en estos temas se iban a lanzar de lleno a diseñar vacunas propias. Y entre esos laboratorios estaba Gamaleya, de Rusia, que se dedica exactamente a eso, y es uno de los que tiene mayor experiencia. 

Con esos antecedentes, la vacuna que iba a producir sería una vacuna buena. Si el laboratorio es ruso, soviético o budista de la segunda ascensión, no tiene ninguna importancia. Solamente un bruto puede objetar los antecedentes científicos con esos argumentos, como hicieron los dirigentes macristas acompañados por el coro ramplón de periodistas y medios hegemónicos.

Es claro que el elemento de fondo era la guerra comercial desatada por los laboratorios trasnacionales, pero los argumentos bizarros que usaron fueron de ese calibre. Es difícil de asumir que los amplificadores del sentido común hegemónico, poseedores excluyentes de la inteligencia y la verdad, sean tan brutos.

Hubo que digerir la denuncia al Estado por envenenamiento que hizo Elisa Carrió, los comentarios desdeñosos de los cortesanos mediáticos y la cara de reflexivos cuando decían que no había información. “No me vas a decir que no lo hizo por ideología cuando eligió a la vacuna rusa, che”, se escuchó decir en Corea de lo incierto.

La información de la fase tres de la Sputnik le llegó al Gobierno al mismo tiempo que a The Lancet. La publicación se toma su tiempo, estudia los resultados, repregunta, vuelve a estudiar y después tiene una agenda de publicación.

Los técnicos de la Anmat hicieron ese proceso, pero se fueron a Rusia. No esperaron las respuestas sino que las fueron a buscar.

Finalmente esa astucia de guiñar el ojo canchero y hablar de afinidad ideológica se demostró una gran estupidez sostenida por prejuicios berretas, anticomunistas de la Guerra Fría o etnicistas.

Porque The Lancet, demostró que de todas las vacunas que hay en el planeta, la mejor elección era la de Gamaleya.

Es una de las tres que mostraron eficiencia por encima del 90 por ciento, junto con la de Moderna y la de Pfizer. Pero las otras dos cuestan el triple o el doble, respectivamente, y además requieren una lógística muy cara para mantener a la vacuna por debajo de los 80 grados bajo cero.

En este momento, Europa se disputa la vacuna rusa, México y Panamá seguirán los pasos del gobierno argentino y Paraguay y Brasil dieron el visto bueno a la vacuna porque se lo dio la Anmat de Argentina. Perú le pidió al presidente Alberto Fernández que le gestione vacunas con el gobierno ruso. Y el gobierno ruso ofreció transferir tecnología para que la vacuna se fabrique en Argentina.

El gobierno de CABA quedó inmerso en esa estrategia barbárica del macrismo. Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, y uno de los aspirantes a reemplazar a Horacio Rodríguez Larreta, dio a entender más de una vez sus recelos con la Sputnik y dijo que no había información cuando el gobierno nacional le había dado toda la que necesitaba.

Resulta insólito que en la provincia de Buenos Aires la gente está recibiendo mensajes con la fecha en que deberá presentarse para ser vacunada, y en CABA no haya ninguna información. Porque ahora la excusa es el retraso de una o dos semanas en la provisión de la vacuna.

El macrismo y los periodistas y medios que lo respaldan basaron un discurso opositor a la política sanitaria del Gobierno en una serie de prejuicios, lugares comunes burdos y afirmaciones anticientíficas.

Hay una diputada macrista que sigue impulsando el consumo de dióxido de cloro y varios de ellos insisten en que no se vacunarán.

Si hubieran estado en el gobierno y hubieran montado la estrategia sanitaria sobre esa montaña de basura, Argentina ahora estaría viviendo una tragedia mucho peor de la que atraviesa.

The Lancet reafirmó la estrategia impulsada por el gobierno de Alberto Fernández frente a la epidemia, un tema tan estratégico, si se quiere, como ha sido la negociación de la deuda externa. Hay otro tema vertebral que tiene connotaciones con los precios, con la recaudación y en general con el diseño de un proyecto de país.

Porque resulta contradictorio que Argentina sea uno de los principales exportadores de alimentos y que la principal vía de salida de esas exportaciones sea una hidrovía abandonada a concesiones a empresas privadas que no tienen fiscalización real del Estado.

Paraguay tiene la tercera flota fluvial del planeta. Y el puerto de mayor actividad de esa flota es el uruguayo de Palmira. Las investigaciones sobre Vicentin demuestran que 

Argentina pierde 1900 millones de dólares al año por el contrabando de soja argentina a Paraguay.

Y esa cifra puede ser todavía mayor. Resulta evidente que cualquier proyecto que pretenda incrementar la capacidad exportadora y racionalizarla para que sus beneficios se extiendan a todo el país, necesita un rediseño de la situación anárquica que tiene hoy la principal vía de salida de las exportaciones.

La vieja licitación es de la época del menemismo, al igual que era la de los ferrocarriles, por la que el gobierno de Cristina Kirchner debió pagar un altísimo costo al postergar su revisión.

Como la vieja concesión está a punto de vencer, el Gobierno llamó a una nueva licitación. El senador Jorge Taiana propuso la creación de una Administradora Federal con representantes del gobierno nacional y de las provincias involucradas en la hidrovía para administrarla.

El anuncio de Wado de Pedro se refiere a un tema puntual en ese cuadro más amplio, que es la creación de una Unidad Ejecutora, un ente público que deberá controlar la licitación y el dragado del canal Magdalena en el Río de la Plata, cuyo objetivo es abrir otra puerta de entrada y facilitar la circulación fluvial entre las regiones del país y hacia el exterior. El costo de la obra será de 350 millones de dólares y su finalización está prevista para 2023.

La quiebra de Vicentin expuso el cruce de poderosos intereses que confluyen en la hidrovía así como su carácter estratégico. Ningún gobierno puede hacerse ilusiones con la exportación como uno de los pilares principales de la economía si no tiene control sobre la principal vía de salida de esas exportaciones. 

Hasta ahora la hidrovía funcionaba como si fuera otro país.

Así funcionaban los trenes con las concesiones viejas, hasta que estallaron y el Estado tuvo que hacerse cargo con un costo enorme material y político.

FUENTE: Página 12

Promulgaron las leyes de Espacio Marítimo y de creación del Consejo Nacional de Malvinas

El Consejo Nacional deberá generar los consensos necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía de esas áreas. La otra ley establece los límites exteriores definitivos de la plataforma continental, más allá de las 200 millas.

El Gobierno promulgó hoy las leyes que crean el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y la relacionada con los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, que define las coordenadas del límite exterior de la plataforma continental Argentina e insular.

Por medio del Decreto 694/ 2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y del canciller, Felipe Solá, se promulgó la ley 27.558, sancionada el pasado 4 de agosto, que crea el consejo nacional, en ámbito de la Presidencia de la Nación.

En tanto a través del Decreto 693/2020 se promulgó la ley de 27.557, de Espacios Marítimos, sancionada también el 4 de agosto pasado, con la firma de los mismos funcionarios.

El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, se reunió ayer con el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería, Daniel Filmus, y aseguró que desde el Gobierno van a «apoyar todas las acciones para implementar la ley que determina el nuevo mapa biocontinental de la Argentina y trabajar junto a las provincias para su difusión en todo el país».

Las Islas Malvinas y la Plataforma Continental son argentinas y el reclamo de su soberanía es una política de Estado.

Nos reunimos con @FilmusDaniel para trabajar en iniciativas conjuntas. pic.twitter.com/vUyt4BtHWl

— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) August 25, 2020

«Las Islas Malvinas y la Plataforma Continental son argentinas y el reclamo de su soberanía es una política de Estado»

eduardo de pedro

Por su parte, Filmus señaló en declaraciones a Télam que se trabaja para «institucionalizar el Mapa Bicontinental en todos los documentos y en oficinas públicas nacionales y provinciales de todo el país».

«El Ministerio del Interior y la Cancillería vamos a hacer un esfuerzo conjunto para que las leyes de creación del Consejo Nacional de Malvinas y de demarcación del límite exterior de la Plataforma Continental, que fueron promulgadas hoy, puedan fortalecer nuestro reclamo de soberanía», sostuvo Filmus.

El Consejo Nacional que se crea deberá contribuir a generar los consensos necesarios para «diseñar e implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la soberanía de esas áreas y colaborar en la elaboración del sustento de la posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales, históricos, jurídicos y políticos», según indica la norma.

Además, propondrá y desarrollará actividades de docencia e investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del ejercicio pleno de soberanía.

Asimismo, colaborará en la difusión y promoción de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Correspondientes, en el ámbito regional y global; y propondrá estrategias que aporten al reconocimiento permanente de los excombatientes de Malvinas y caídos en combate y de sus familiares.

El Consejo Nacional estará integrado por el Presidente o la Presidenta de la Nación, quien lo presidirá; el Ministro o la Ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; y el Secretario o la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

También por un diputado/a designada por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria, un senador/a designado por cada uno de los tres bloques con mayor representación parlamentaria, el gobernador/a de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; dos especialistas en Derecho Internacional; tres representantes del sector académico y científico; y un representante de los Ex Combatientes de Malvinas.

La otra ley establece los límites exteriores definitivos de la plataforma continental, más allá de las 200 millas.

FUENTE: Télam

El Presidente analizó con su gabinete asuntos vinculados con la extensión del aislamiento

El presidente Alberto Fernández avanzó hoy junto a sus ministros en el análisis de la profundidad que tendrá la extensión del aislamiento social derivado de la pandemia de coronavirus, en la antesala del anuncio oficial que se haría en los próximos días, después de un nuevo intercambio de ideas y opiniones con gobernadores y sanitaristas.

Fernández se reunió en la Residencia de Olivos con los ministros de Salud, Ginés González García; de Producción, Matías Kulfas; de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo «Wado» De Pedro, además de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para analizar la continuidad del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Del encuentro participó también el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien estuvo desde el mediodía junto al jefe de Estado para comenzar a definir la extensión de la emergencia sanitaria.

El primer mandatario y Cafiero analizaron informes técnicos del Ministerio de Salud y otras carteras sobre los resultados de la medida dispuesta el 20 de marzo y prorrogada luego hasta el domingo 12 de abril.

El Presidente tiene previsto llevar a cabo mañana un nuevo intercambio con gobernadores y consultar a sanitaristas, antes de concretar el anuncio formal sobre la extensión, que está previsto para el sábado, apuntaron a esta agencia fuentes oficiales.

Cafiero concurrió a Olivos con las definiciones del reciente encuentro con la UIA, la Cámara de Comercio (CAC) y la CGT, que llevaron distintas propuestas de reactivación de la actividad económica.

Según indicaron las fuentes, los industriales habrían pedido que se autoricen algunas actividades como las de las industrias metalúrgicas y del plástico, y además los comerciantes quieren una apertura paulatina de algunos negocios.

Por otro lado, Fernández participará mañana de un encuentro virtual del Grupo de Puebla para abordar la crisis por el coronavirus.

Como uno de los fundadores de la agrupación internacional de líderes progresistas, el mandatario estará desde las 10 en la apertura del foro, confirmó Télam de fuentes oficiales.

El grupo se dará cita de manera virtual después de la suspensión de su tercer encuentro, que estaba programado para mayo en la isla colombiana de Santa Marta.

Participarán también el ex candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami y la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, entre otros dirigentes, con un cierre a cargo del ex presidente de Brasil Luiz Inácio «Lula» da Silva.

El Presidente mantuvo en las últimas horas teleconferencias con gobernadores y se reunió ayer con intendentes en la Residencia de Olivos, donde recibió varias propuestas para encarar el próximo tramo del aislamiento social.

Fernández ya adelantó la continuidad de la cuarentena y advirtió que habrá controles más estrictos en los grandes centros urbanos.

«En la Capital y Gran Buenos Aires hay que prepararse para seguir. Estamos muy lejos de la meta», dijo el mandatario en varias entrevistas.

En tanto, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, indicó hoy que se mantendrá «la rigidez y la inflexibilidad de los controles» que realizan las fuerzas de seguridad federales en el inicio de Semana Santa, y remarcó que los resultados del acatamiento a la cuarentena «son muy alentadores» porque descendió en un 95% la circulación de vehículos respecto al año pasado.

Por su parte, el canciller Felipe Solá aseguró hoy en la Cámara de Diputados que en las últimas tres semanas se logró el regreso a la Argentina de entre «60 y 70 mil ciudadanos en los llamados vuelos humanitarios», ya que se habían cancelado sus pasajes por la pandemia de coronavirus.

Solá señaló además que, ante la emergencia, el Gobierno «tomó medidas importantes, que puede revisarlas y modificarlas» según la necesidad frente al objetivo de mitigar la propagación del coronavirus en Argentina, «tal como ocurrió en muchos lugares del mundo».

FUENTE: Telam