El Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Cladem) que es una red de ONG internacional de organizaciones y activistas de mujeres, junto con el Observatorio Feminista de Tucumán, lanzaron la campaña “Listas sin violentos ni abusadores” en el marco de las próximas elecciones.
El objetivo es lograr empezar a discutir a nivel nacional a quiénes nos están proponiendo como candidatos para las próximas elecciones provinciales y nacionales en todos los partidos políticos.
Hace algunos días desde la red de concejalas peronistas de Entre Ríos se dio a conocer el pedido de desafiliación del partido al intendente de la localidad de Gilbert, Fabián Constantino, por estar condenado a 14 años y 6 meses de prisión efectiva por abuso sexual a tres trabajadoras.
Esta semana el Concejo Deliberante de Gualeguaychú aprobó de forma unánime un proyecto que permite que Constantino continúe en su cargo, de licencia, pero sin cobrar el sueldo. Además, hasta que no tenga sentencia firme cumplirá con prisión preventiva y seguirá siendo intendente. El argumento que sostienen para tomar esta medida se basa en que la Ley de Municipios establece que se requiere una condena firme para poder excluirlo del cargo.
En diálogo con Radio Gráfica, Adriana Guerrero, coordinadora nacional de Cladem, contó que se dan situaciones similares en Tucumán y a esta altura de los acontecimientos podemos imaginar que en el resto del país deben suceder situaciones parecidas, solo que no se visibilizan.
Allí el caso más resonante es el de Ricardo Bussi, hijo del genocida, que es candidato desde hace muchos años y ahora está en alianza con Javier Milei y cuenta con una denuncia por abuso sexual contra una persona que integraba su partido político. Otro de los casos resonantes es el de José Orellana, actual intendente de Famaillá, que siendo diputado fue condenado por abuso sexual contra una de las empleadas de la cámara, pero está sin sentencia firme. “Al estar apelada la condena, como no hay sentencia firme no se puede impugnar la candidatura”, añadió Guerrero.
Las denuncias en el sistema judicial no avanzan, los abusadores o violadores continúan gozando de todos los derechos aún con condenas que son apeladas, con la posibilidad de continuar cometiendo delitos y presentándose como candidatos. Todavía pasa que cuando las mujeres denuncian abuso sexual la responsabilidad recae sobre nosotras, no sé investiga o se descree de la víctima. “Y fíjate cómo iba vestida”, “Está buscando plata o un puesto”, “Imposible, él es un gran padre de familia”, son algunas de las frases trilladas que se escuchan cuando se conocen las denuncias, si es que logran tomar trascendencia pública.
“En Tucumán hay casos públicos y conocidos de violentos y abusadores que son candidatos, nos parece importante visibilizar esto y empezar a accionar para que quienes nos proponen los partidos políticos como candidatos no sean personas que incumplen la ley y violentan nuestros derechos”, dijo Guerrero.
Desde la campaña invitan a firmar un compromiso de tolerancia cero a la violencia en todas sus formas, piden a los partidos políticos que no lleven esos candidatos en las listas y también a las personas integrantes de aquellos espacios se les pide que exijan que esas personas no puedan presentarse. Se requiere también a las compañeras y compañeros aliados e integrantes de cada espacio tener listas sin abusadores ni violadores. Es un compromiso ético de cada partido rever a quiénes llevan en sus listas, la violencia por motivos de género no reconoce banderas partidarias.
Como trabajadoras de prensa de Tiempo Argentino estamos viviendo una nueva jornada de lucha en otro Paro Internacional Feminista.
Cada año decimos que estamos cansadas del conteo de mujeres, lesbianas y trans asesinadas por la violencia machista y patriarcal. Estamos cansadas de recibir llamados que cuentan abusos sexuales en las infancias mientras criminalizan a sus mamás; no queremos contar más casos de discriminación de todo tipo. No soportamos más un patriarcado que sigue sosteniendo privilegios y reproduciendo las desigualdades. A pesar de las demandas, la Justicia no ha modificado en profundidad su funcionamiento. Exigimos la incorporación de una perspectiva de género y Derechos Humanos en todos los procesos judiciales.
Reclamamos más Educación Sexual Integral en las escuelas para prevenir los abusos, las violencias y romper los estereotipos que limitan la igualdad de oportunidades.
Le decimos no a la criminalización de mujeres trabajadoras, referentas políticas y gremiales que representan al sector popular más castigado.
Reclamamos más representación en los medios de comunicación, más igualdad de oportunidades en el acceso a los puestos de trabajo de prensa.
En este séptimo paro, salimos a las calles como trabajadoras de prensa junto a nuestro sindicato, Sipreba, al que construimos en forma colectiva. Participamos desde nuestra cooperativa, que, con siete años de existencia, por primera vez tiene una presidenta mujer.
Nuestro rol como comunicadoras es fundamental para combatir los discursos de odio y la violencia simbólica contra los feminismos y para informar ante las fake news que atacan los derechos de las mujeres y diversidades, y que se perpetúan desde distintas esferas.
Por esto, pedimos por la implementación de la ley de equidad de género en los medios, es urgente incorporar la perspectiva de género en los medios de comunicación.
No podemos quedarnos calladas. Hoy nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel?
Por eso este 2023 nuestro paro será activo y las compañeras de Tiempo estaremos garantizando la cobertura de uno de los hechos políticos más importantes del año.
Así se expresó la escritora y antropóloga argentina al cerrar el Encuentro Internacional Feminista (EIF 2023) en Madrid, junto a la ministra española de Igualdad, Irene Montero, y a la activista feminista y esposa del presidente de Chile, Irina Karamanos
Segato expuso en el cierre del encuentro.
La escritora y antropóloga argentina, Rita Segato, aseguró este domingo que «si ninguna revolución hasta hoy llegó a destino» es porque ninguna derribó al patriarcado y «sin tocar en esa baldosa, no se llega a destino jamás», al cerrar el Encuentro Internacional Feminista (EIF 2023) en Madrid junto a la ministra española de Igualdad, Irene Montero, y a la activista feminista y esposa del presidente de Chile, Irina Karamanos.
«Ninguna revolución hasta hoy llegó a destino jamás porque le falta una baldosa que va abajo, que subyace a su proyecto y que sin tocar en esa baldosa, que es el patriarcado, no se llega a destino de una revolución jamás, jamás, jamás», dijo Segato durante su participación en la mesa «Feminismo y mujeres en la disputa por el poder» realizada este mediodía en la Universidad Complutense de Madrid, como corolario del encuentro organizado por la cartera liderada por Montero e iniciado el pasado viernes.
La escritora comenzó diciendo que «más importante que el poder, es la influencia» si lo que se quiere es «cambiar el mundo», que siempre se buscó a partir de la adquisición de «parcelas de poder, como por ejemplo, el Estado».
"Hablar de desigualdad es insuficiente porque hoy no hay un problema de desigualdad, hay un problema de adueñamiento. Esa gran concentración de riqueza es una gran concentración de poder sobre la vida y sobre la muerte".
— Encuentro Internacional Feminista 2023 (@EIF2023) February 26, 2023
«Yo tengo un texto que se llama ‘Ningún patriarcón hará la revolución’. ¿Y por qué podemos afirmarlo sin ninguna duda? Porque nunca pudieron hacerlo, porque hasta ahora no lo hicieron», aseguró.
Por otro lado, al hacer referencia a la desigualdad social más en general, Segato afirmó que «hablar de desigualdad ya es insuficiente, porque hoy no hay un problema de desigualdad sino de ‘dueñidad’, de ‘lordship’, de adueñamiento, como si fuera una gran refeudalización» del mundo.
«El grado de concentración de la riqueza es tan grande que en realidad lo que tenemos es una ‘paraeconomia’, una ‘paralegalidad’, una ‘parapolicia’, y una ‘paracomunicación'», subrayó.
«Ninguna revolución hasta hoy llegó a destino jamás porque le falta una baldosa que va abajo, que subyace a su proyecto y que sin tocar en esa baldosa, que es el patriarcado, no se llega a destino de una revolución jamás, jamás, jamás».
Rita Segato
Agregó que «en total eso suma un ‘paraestado’ que gobierna la vida y no vemos la ficcionalidad del derecho, de la justicia porque en el fondo esa gran concentración de riqueza esa una gran concentración de poder sobre la vida y la muerte que muchas personas se niegan a ver».
"Ninguna revolución hasta hoy llegó a destino jamás porque le falta una baldosa que subyace a su proyecto y que sin tocar en esa baldosa, que es el patriarcado, no se llega a destino de una revolución jamás".
— Encuentro Internacional Feminista 2023 (@EIF2023) February 26, 2023
Por otro lado, la antropóloga advirtió sobre la «expansión» de este paraestado, «es una consecuencia natural e inevitable de la gran concentración no solo de los dineros financieros, volátiles, sino también de grandes superficies terrestres» como «lo vivimos nosotros, por ejemplo, en la Patagonia» argentina.
Por su parte, la ministra de Igualdad, Irene Montero, lamentó que a las mujeres «siempre» se les haya negado el ejercicio del poder «por el hecho de ser mujeres», pero ensalzó que el movimiento feminista «está siendo el principal impulso democrático del mundo entero».
Gabriela Cerruti consideró que “el grito de paz tiene que ser alzado también por el movimiento feminista”, al participar de un encuentro de miles de mujeres de todo el mundo que se lleva a cabo en Madrid, Españahttps://t.co/4cD3Rb4C7p
«Este Encuentro contribuyó a vernos afectadas por pensamientos que no son cómodos o no habíamos escuchado antes. La apuesta de los feminismos tiene una aspiración de transformación civilizatoria, de sentirnos afectadas por lo que le pasa al resto», afirmó a su turno Karamanos.
— Encuentro Internacional Feminista 2023 (@EIF2023) February 26, 2023
Además de Segato, Argentina estuvo representada por otras destacadas personalidades como la portavoz presidencial Gabriela Cerruti y la exministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Tras el encuentro feminista en Madrid, Cerruti llamó a crear «el mundo que soñamos»
La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, llamó este domingo a seguir «tejiendo redes» y crear «el mundo que soñamos», luego de participar del Encuentro Internacional Feminista (EIF) 2023 que se llevó a cabo durante tres días en Madrid, junto a funcionarias del gobierno español y miles de mujeres de todo el mundo.
«Hoy terminó el EIF 2023. Tres días de intercambio, de reflexión, de acción. Un encuentro de esos donde la potencia está en la construcción colectiva para alzar nuestra voz en el mundo», escribió la Portavoz en su cuenta de Twitter.
La funcionaria argentina aseguró: «Hace tiempo que sabemos que nuestra fuerza radica en nuestra sororidad. Esa que hace que cuando una se cae aparezca la mano de otra para levantarla. Y cuando se consigue un derecho en algún lugar, haya otra compañera levantando esa misma bandera en otra latitud».
En ese sentido, agregó: «Por eso, a pesar del odio con el que intentan frenarnos, a pesar de la violencia a la que tenemos que enfrentarnos cada día en diferentes ámbitos, nos mueve y une el deseo de querer transformar el mundo que habitamos, para que sea más justo, más igualitario, más feminista».
Y celebró «este encuentro» de «tres jornadas movilizantes y motivadoras para seguir haciendo frente a los desafíos que tenemos por delante».
«Gracias Irene Montero (ministra de Igualdad de España) por este cálido recibimiento y a todas y a cada una de las mujeres con las que compartimos en todos estos días. Sigamos encontrándonos, sigamos tejiendo redes, sigamos creando el mundo que soñamos», completó.
Fernanda Vanegas, directora asociada en el Centro de Derechos Reproductivos para América latina y el Caribe, explica los alcances del fallo. Cómo es el panorama en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina con un fallo inédito en la región por violencia obstétrica por el caso Cristina Brítez Arce que sucedió en 1992.
Cristina Brítez Arce llegó al Hospital Público Sardá con molestias lumbares, fiebre y pérdida de líquido por genitales. Luego de realizar una ecografía detectaron que el feto estaba muerto por lo que la internó para inducir el parto. Horas después, Cristina murió por un paro cardiorrespiratorio. La familia de la mujer denunció al hospital, pero tuvieron que recurrir a la CIDH donde 38 años después obtuvo resolución.
En la sentencia del caso “Brítez Arce y otros versus Argentina”, la Corte IDH considera que Argentina es responsable por “la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud” de la mujer. Además, responsabilizó al Estado por no cuidar los derechos “a la integridad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de la niñez y protección judicial” de la hija y el hijo de la víctima.
“Esta es la primera vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce la violencia obstétrica en un caso contencioso, es decir, que es un motivo de disputa entre dos partes” explica Fernanda Vanegas, directora asociada de incidencia y relaciones externas del Centro de Derechos Reproductivos para América latina y el Caribe. “La misma Corte ya se había pronunciado al respecto en una Opinión Consultiva (OC-29/22 que analizaba enfoques diferenciados en personas privadas de la libertad), pero con esta sentencia queda claro que la responsabilidad de los Estados por hechos de violencia obstétrica no está limitada a contextos penitenciarios”, añade.
#Sentencia del Caso Britez Arce y otros Vs. Argentina🇦🇷: El Estado es responsable por la violencia obstétrica y muerte de Cristina Brítez Arce, quien se encontraba embarazada al momento de su fallecimiento
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) January 18, 2023
La violencia obstétrica es aquella ejercida durante el embarazo, el parto y después del parto en el acceso a los servicios de salud. Así lo determina la Corte, que además, agrega que constituye una violación de derechos humanos y una forma de violencia basada en género que está prohibida por los tratados interamericanos de derechos humanos, en especial la convención de Belém do Pará.
“La definición de violencia obstétrica que acogió la Corte IDH en el caso Brítez se desprende del caso Alyne (2011) que fue litigado por el Centro de Derechos Reproductivos ante el sistema universal de derechos humanos de la ONU. Justamente el Centro de Derechos Reproductivos presentó un amicus curiae en este caso Brítez ante la Corte explicando estos estándares de derechos humanos y entregando esta definición”, explica.
-¿Cuál es la importancia de este fallo?
-Esta sentencia es, sin duda, un precedente porque reconoce que las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, incluyendo la violencia obstétrica, que queda así expresamente prohibida. Además, les dice explícitamente a los Estados que es su obligación prevenirla y velar porque sus agentes actúen en consecuencia, tomando en consideración la vulnerabilidad que implica encontrarse en embarazo, durante el parto y en periodo posparto.
Entonces estamos ante un nuevo estándar interamericano que exhorta a los Estados a actuar para prevenir y evitar la violencia obstétrica, y eso incluye garantizar el derecho a la salud con servicios especializados, dignos, libres de discriminación y de violencia para las personas gestantes.
-¿Por qué se tardó tanto tiempo en tener un fallo?
-El hecho de que este caso haya llegado a la Corte Interamericana no solo refleja que hubo violaciones de derechos humanos, sino también que hubo una denegación de justicia para las víctimas. Al ser la Corte Interamericana la que brinda justicia y dicta reparaciones, éstas son de obligatorio cumplimiento para el Estado argentino y sienta precedentes clave para todos los demás Estados bajo su jurisdicción.
También vale la pena resaltar que el litigio fue llevado a cabo por los familiares de la víctima, incluidos sus dos hijos. Desde el momento de la muerte de Cristina Brítez, fueron ellos quienes emprendieron acciones legales y recorrieron un largo camino en busca de justicia, que culmina ahora en el más alto tribunal de la región.
-¿Cómo abordan los países los casos de violencia obstétrica?
-La Organización Mundial de la Salud ya había reconocido que la violencia obstétrica es un problema de derechos humanos y salud pública prevalente en varios países de América Latina y el Caribe, y por eso había hecho llamados para reducirla. Se consideraba imprescindible para alcanzar las metas de la Agenda 2030 relacionadas con la reducción de la morbimortalidad materno perinatal y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer.
La Corte reconoció que en casos como el de Argentina hay medidas que se han tomado, pero sigue habiendo violencia obstétrica. Por ejemplo, las estadísticas muestran que en este país hubo un incremento en la mortalidad materna entre 2019 y 2021, pasando de 2,9 a 4,1 por cada mil nacimientos. Esa cifra está menos de un punto porcentual por debajo de la tasa de mortalidad materna que existía cuando falleció Cristina Brítez, en 1992 (4,8 por cada mil nacimientos).
-Junto a Argentina, países como Panamá y Bolivia, entre otros, han avanzado en marcos normativos o políticas que buscan prevenir la violencia obstétrica; sin embargo, es muy difícil conocer el nivel de implementación de éstas. A nivel latinoamericano hay una falta de datos e indicadores al respecto, lo que esperamos pueda cambiar con la sentencia de la Corte. La información es vital para este proceso. La sentencia del caso Brítez es un llamado a transformar prácticas, reglamentos, decretos, y leyes que faciliten o no prevengan la violencia obstétrica. Muchas políticas públicas deben ser impulsadas para materializar estos estándares que desarrolla la Corte Interamericana.
-¿De qué modo deberían abordar los Estados las situaciones de violencia obstétrica?
-La salud materna hace parte de los derechos a la vida, la salud, la igualdad, la no discriminación, y a no sufrir malos tratos. Abarca el acceso gratuito a muchos servicios relacionados con el embarazo, el parto y el posparto, que deben estar disponibles en situaciones de crisis y deben brindarse con calidad y sin discriminación, imposición o violencia. Eso quiere decir que todas las gestantes tienen derecho a un parto seguro y positivo y a escoger por quién estar acompañadas. Además, las y los progenitores deben recibir apoyo para amamantar, sujetar a los recién nacidos y compartir con ellos una habitación.
En la sentencia emblemática del caso Brítez la Corte ordenó, como garantías de no repetición, que se diseñen campañas de difusión orientadas a visibilizar los derechos que tienen las personas gestantes durante el embarazo, el trabajo de parto y el posparto; las situaciones que pueden configurar casos de violencia obstétrica, y el derecho de las personas gestantes a recibir atención en salud humanizada.
-¿Cómo se debe trabajar para prevenir la violencia obstétrica?
El acceso a la información y la garantía de servicios de salud de calidad y humanizados, son dos de las acciones más importantes para hacer frente a la violencia obstétrica en América Latina.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de Cristina Brítez, señaló que es una obligación de los Estados brindar servicios de salud adecuados, especializados y diferenciados durante el periodo de gestación, el parto y un período razonable después del parto, pues se reconoce que las personas gestantes están en condición de especial vulnerabilidad. Eso implica, además, que el personal deberá estar debidamente entrenado y capacitado.
Además, se debe informar plenamente a las personas embarazadas y en período de lactancia sobre su condición médica y asegurar el acceso a información precisa y oportuna sobre salud reproductiva y materna. Así se protege el derecho a la salud y se puede prevenir la mortalidad materna.
-¿Qué avances hubo en materia de salud sexual y reproductiva en la región?
-En América Latina existen grandes avances: cada vez se suman más Estados que han legislado en favor de las mujeres y personas gestantes que deseen interrumpir su embarazo, algunos con ciertas condiciones o restricciones. Sin embargo, también persisten muchos desafíos. En buena parte de la región, especialmente Centroamérica y El Caribe, el aborto sigue siendo ilegal y esto provoca que millones de mujeres sean hospitalizadas por complicaciones, las que derivan en 39.000 muertes al año.
Uno de los países donde se han dado grandes avances es Colombia, pues gracias a una sentencia histórica de la Corte Constitucional, se eliminó el delito de interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Esta sentencia se conoce como Causa Justa por el movimiento que promovió la demanda, y del cual el Centro de Derechos Reproductivos forma parte.
En México también existe un avance significativo con la decisión de Suprema Corte de Justicia en septiembre del 2021, cuando aprobó por unanimidad el reconocimiento del aborto seguro, legal y gratuito como un derecho constitucional en las etapas iniciales del embarazo, así como en otras situaciones señaladas por la Corte a partir de la demanda por prohibición presentada en el estado de Coahuila. Fue un hito histórico: por primera vez, el máximo tribunal del país reconoció que la criminalización del aborto representa una violación a los derechos humanos de las personas embarazadas. Si embargo aún existen obstáculos para la implementación real de la normativa. El acceso todavía no está totalmente garantizado, en parte debido a la falta de información del personal en los centros de salud.
-¿Cómo impacta la criminalización del aborto en los derechos de las mujeres?
-Las prohibiciones y restricciones del aborto afectan gravemente a la capacidad de las personas para acceder a toda la gama de cuidados de salud reproductiva, independientemente de si se trata de un embarazo deseado. Esto incluye asistencia en fertilidad, manejo y cuidados de emergencias obstétricas, y los cuidados necesarios durante el embarazo, parto y posparto.
También afecta a los profesionales de la salud que muchas veces se ven obligados a revelar información privada de sus pacientes, violando el secreto profesional médico, y son amenazados también con ser judicializados. Ante esos temores, muchos rechazan o retrasan los procedimientos y tratamientos, lo que pone en grave riesgo a las pacientes.
A su vez, no redujo las tasas de aborto, sino que ha obligado a las personas a recurrir a procedimientos inseguros, y ha llevado al acoso, la detención y el encarcelamiento de mujeres y prestadores de servicios de salud.
En América Latina, en especial en El Salvador, la misma Corte IDH identificó que la prohibición del aborto contribuye al contexto de criminalización de abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas. Eso afecta de forma desproporcionada a mujeres que viven en situación de pobreza, en zonas rurales y sin educación sexual integral. En ese país, entre los años 2000 y 2019, por lo menos 181 mujeres fueron procesadas bajo la legislación que penaliza el aborto. 97 de ellas sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas por ello, con penas de hasta 50 años de cárcel.
Toda esta serie de violaciones a sus derechos generan consecuencias graves en la vida de las mujeres y son parte del estigma alrededor del aborto.
💚La marea verde sube en América Latina💚
En las últimas semanas Colombia, Ecuador y Brasil lograron garantías importantísimas para los derechos reproductivos de las mujeres, niñas y personas gestantes.
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) February 2, 2023
-¿Cuáles son las expectativas para este año en materia de derechos sexuales y reproductivos en la región?
-Para este 2023 esperamos avances en la despenalización del aborto, es decir, que sea regulado como servicio médico esencial y no como delito en los códigos penales. La penalización no hace que los abortos desaparezcan, sino que obliga a las personas a buscar procedimientos en condiciones inseguras, que podrían poner en riesgo su salud y vida.
Estamos a la espera de que, este año, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas se pronuncie sobre las violaciones a los derechos humanos de cuatro niñas latinoamericanas sobrevivientes de violencia sexual, a las que se les negó la interrupción voluntaria del embarazo. Queremos que el Comité reconozca que Son Niñas, No Madres. Y esto es muy importante porque América Latina y El Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años (después de África Subsahariana), y la única en el mundo en la cual esta tendencia sigue en aumento.
Se continuarán discutiendo temas relacionados con los derechos reproductivos. En Perú y Honduras se busca que se garantice el acceso a la anticoncepción de emergencia (pastilla del día después) de manera libre y no solo en casos de violencia sexual. En El Salvador se espera que el Estado avance con la implementación de la sentencia de Manuela, con la que la Corte IDH ordenó, entre otras, proteger el derecho profesional médico y cesar la judicialización y los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra las mujeres que sufren emergencias obstétricas. También en Perú se mantienen activas las discusiones para proteger el modelo de causales que ya se encuentra vigente, y en Ecuador hay todo un movimiento que quiere blindar y ampliar las garantías para el acceso al aborto en casos de violación. Y en toda la región tenemos el reto de asegurar la Educación Sexual Integral, siguiendo los estándares de la sentencia de Paola Guzmán Albarracín.
En toda América Latina y El Caribe, y a la luz de las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también esperamos que haya avances en la prevención de la violencia obstétrica y la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes; y que los delitos sexuales se judicialicen poniendo como eje central el consentimiento que, como ya dijo la Corte, puede ser viciado cuando median relaciones de poder y puede ser revertido en cualquier momento.
«El corazón roto con que esta Selección que amamos haya hecho jugar a Thiago Almada, imputado en la Justicia de San Isidro por ‘abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal’. Y nadie dice nada. ¿Las aguafiestas siempre tenemos que ser las mismas? ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?»
Lo escribió en su cuenta de Instagram la actriz Thelma Fardín, luego de que Lionel Scaloni permitiera entrar en el segundo tiempo de Argentina-Polonia al jugador imputado, junto a otros exjugadores de Vélez, por participar de una violación grupal en diciembre del 2020. Asimismo, recientemente, publicó un descargo por la referencialidad que ganó tras denunciar por abuso sexual al exactor Juan Darthés: «quiero ser feliz. No quiero ser super heroína de nada, quiero que esté juicio macabro termine, que la moneda en el aire deje de girar, que el sinfín de estrategias que pueden poner del otro lado, no me roben más años de calma. Nadie me devuelve todo lo que perdí en estos cinco años de estar abierta como un pollo frente a una sociedad deshumanizante. La única que pierde energía, fuerza, fe, gente, calma, soy yo».
Días después del partido que Argentina le ganó por 2 a 0 Polonia en su último partido por el Grupo C, y que le dio el pase a octavos de final en la Copa Mundial de Qatar 2022, la actriz Thelma Fardín publicó en su cuenta oficial Instagram donde apuntó contra el Director Técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, por haber dejado entrar a jugar en el minuto 38 del segundo tiempo a Thiago Almada, imputado, junto a otros exjugadores de Vélez, por participar de una violación grupal en una fiesta clandestina en diciembre del 2020.
«El corazón roto con que esta Selección que amamos, haya hecho jugar a Thiago Almada imputado en la Justicia de San Isidro por ‘abuso sexual agravado con acceso carnal y abuso grupal’ y nadie dice nada ¿Las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas? ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?«, se preguntó indignada la actriz días después de que el dato de la participación de Almada en el partido pasara como si nada y se terminara sepultando por el triunfo y pase a octavos de la «Scalonetta».
Sin darle importancia a la denuncia por violación grupal en su contra, la participación de Thiago Almada había sido anunciada con bombos y platillos por la cuenta oficial de Twitter de la Selección Argentina: «el futbolista Thiago Almada se suma a la convocatoria mundialista de #Qatar2022«, celebraba el tuit. De esa manera, el polémico jugador era elegido por Scaloni, ganándole el último lugar en la lista de Argentina para el Mundial Qatar 2022 a Giovanni Simeone y Alejandro Garnacho, tras la baja por lesión de Joaquín Correa.
En este marco, a fines de noviembre, justo cuando estaba por empezar Qatar 2022, abogada Raquel Hermida Leyenda, quien representa a una joven denunciante, denunció a Thiago Almada ante la FIFA por presunto abuso sexual y pidió que no juegue el Mundial.
Almada está imputado en la Justicia de San Isidro por el delito de «abuso sexual agravado por acceso carnal y abuso grupal», tras un episodio ocurrido en una fiesta clandestina que protagonizaron algunos exjugadores de Vélez el 4 de diciembre de 2020, en medio de la pandemia. «Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Esa causa la archivó para permitirle jugar en Londres. No está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género, porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias«, destacó la abogada.
En tanto, tras los apoyos que recibió por su señalamiento a la «Scalonetta» y, también, los repudios de parte de hinchas de la Selección, Thelma volvió a utilizar su cuenta oficial para hacer un descargo y expresar lo pesado que resulta, a nivel emocional, para las víctimas de abusos sexuales sostener las causas y denuncias contra sus abusadores: «me llega un mensaje que dice que soy luz en la evolución por lo que hice. No quiero. No quiero ser luz en la evolución de la humanidad. Quiero ser feliz. Quiero comer un helado en España y que a nadie le importe. No quiero ser un ícono de nada, quiero que este mochila deje de pesar».
Asimismo, agregó: «no quiero ser referente, quiero poder construir sin este peso en la espalda. Sin esas historias desgarradoras que me cuentan todos los días y me llenan de ira, angustia e impotencia. No quiero ser super heroína de nada, quiero que esté juicio macabro termine, que la moneda en el aire deje de girar, que el sinfín de estrategias que pueden poner del otro lado, no me roben más años de calma. No quiero tampoco libros de autoayuda, no hay autoayuda después de inmolarse. Después de inmolarte solo hay soledad. Porque nadie quiere, nadie puede estar cerca del campo minado. La decisión de donde pones el pie es tuya, la parte del cuerpo que vuela por el aire también. Nadie me devuelve todo lo que perdí en estos cinco años de estar abierta como un pollo frente a una sociedad deshumanizante. La única que pierde energía, fuerza, fe, gente, calma, soy yo. Rita Segato lo dijo bien. No servía que fuera una heroína», concluyó, en referencia a todo lo que tiene que pasar tras su denuncia por abuso sexual contra el exactor Juan Darthés.
Fue la primera en recibir su DNI y partida de nacimiento con su nombre y género autopercibido. Luchadora por los derechos de las personas trans y travestis, este domingo la encontraron asesinada en su casa. Tenía 43 años.
Por Natalia Arenas
De Alejandra Ironici podría decirse que fue primera en todo. O casi. En todo porque fue la primera mujer trans en recibir su DNI y partida de nacimiento con su nombre y género autopercibido, la primera en realizarse una vaginoplastía a través de la obra social de la provincia de Santa Fe y en un hospital público, la primera funcionaria trans de la provincia, la primera en acceder a un puesto docente en escuelas secundarias. El “casi” es porque no llegó a cumplir más metas: el domingo el sobrino la encontró asesinada en su casa de la zona norte de Santa Fe.
Alejandra, una pionera en la lucha por los derechos de las personas travestis y trans, tenía 43 años y vivía con su sobrino. Este domingo alrededor de las 23, él volvió de trabajar y se encontró con la habitación de ella en llamas. Alejandra tenía marcas de quemaduras y cortaduras en su cuerpo. El sobrino llamó al 911. Cuando la Policía llegó, confirmó que Alejandra estaba muerta.
El sobrino también advirtió que en la cochera no estaba el auto de su tía, un Fiat Palio color gris. Tampoco estaba en la casa Héctor Damián B., la actual pareja de Alejandra, con quien mantenía una relación hace cinco meses. Hoy la Policía lo detuvo.
La causa por el transfemicidio de Alejandra está a cargo de la fiscal Alejandra del Río Ayala, especializada en delitos contra la integridad sexual.
Alejandra fue víctima de un transfemicidio. Luchó todos estos años, adquirió las herramientas para intentar traspasar esa esperanza de vida maldita que siguen teniendo las personas travestis y trans en nuestro país. Y no lo logró.
El Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación contabilizó en el primer semestre de este año 3 trans-travesticidios. Es un número basado en el monitoreo de medios de comunicación, por lo que la cifra debe ser mayor.
Alejandra, la pionera
Alejandra tenía 18 años cuando la echaron de su casa por trans, en la ciudad santafesina de Vera. Viajó a Santa Fe Capital y ahí se estableció para encontrar mejores oportunidades. En 2007 empezó el proceso administrativo para que la provincia de Santa Fe le reconociera su identidad.
Paradójicamente fue en 2010, el año en que se sancionó la Ley de Identidad de Género en la Argentina, cuando los sueños de Alejandra empezaron a cumplirse. Dos meses antes de aquella sanción el entonces gobernador socialista Antonio Bonfatti le entregó su partida de nacimiento y DNI rectificados. ”Empieza mi nueva vida. Voy a salir con la frente en alto, orgullosa de lo que soy. Sin tener que esconderme porque no cometí ningún delito. Lo único que hice fue elegir una vida diferente. Ese condicionamiento implicó que se me niegue un montón de derechos”, dijo Alejandra en ese momento.
Ese mismo año fue la primera funcionaria trans que asumió en el Servicio Perinatológico del Hospital J.B.Iturraspe de la ciudad de Santa Fe.
En 2013 se convirtió en la primera mujer trans en realizarse una vaginoplastía a través de la obra social de la provincia y en un hospital de Buenos Aires.
Desde 2017 Alejandra estudiaba abogacía en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Desde allí militó durante años el cupo laboral trans dentro de la UNL. El 26 de mayo de este año ese derecho se implementó.
El año pasado, Alejandra se convirtió en una de las primeras docentes trans en dar clases como reemplazantes en escuelas secundarias de la ciudad.
Era, además, la coordinadora del Movimiento por la Integración Social, Étnica y Religiosa (MISER) Santa Fe.
Esta mañana amigues y compañeres de militancia de Alejandra se reunieron espontáneamente en la puerta de los Tribunales de Santa Fe. Con carteles y en silencio se encontraron allí para llorarla. Fueron varios segundos en los que nadie dijo nada, sólo hubo abrazos y lágrimas. De a poco, las voces se empezaron a escuchar: pedían justicia.
“Fue quien nos enseñó que teníamos derechos, que la lucha valía, que salir a la calle servía y que podía transformar. Que el Estado podía escuchar a las personas trans, que nosotras podíamos ser parte del Estado, que podíamos ser trabajadoras, que podíamos acceder a la universidad, que merecíamos justicia, como la merece ella”, dijo Victoria Estéfano, periodista y activista travesti.
La secretaria de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades analiza el tratamiento que se dio en los medios la aparición del cuerpo de Elizabeth de Legge, víctima de violencia de género.
Fue un fin de semana en vilo para La Matanza. El sábado 30 de julio se reportó la desaparición de una mujer, Elizabeth De Legge enfermera del hospital Churruca que, luego de dos días de búsqueda apareció muerta en su propia casa.
El despliegue policial, el traslado del cuerpo de la mujer y la “reconstrucción” de qué podría haber pasado con Elizabeth, se realizó en vivo ante las cámaras de la televisión abierta y de algunos canales de cable. Las preguntas se sucedían y todas apuntaban a la intimidad de la mujer, víctima de violencia de género.
Fue un fin de semana en vilo para La Matanza. El sábado 30 de julio se reportó la desaparición de una mujer, Elizabeth De Legge enfermera del hospital Churruca que, luego de dos días de búsqueda apareció muerta en su propia casa.
El despliegue policial, el traslado del cuerpo de la mujer y la “reconstrucción” de qué podría haber pasado con Elizabeth, se realizó en vivo ante las cámaras de la televisión abierta y de algunos canales de cable. Las preguntas se sucedían y todas apuntaban a la intimidad de la mujer, víctima de violencia de género.
Testimonios amontonados, opiniones sobre la vida personal, vecinas que habían visto una sola vez en su vida a Elizabeth y sabían exactamente todo lo que pasó fue algo de lo que se vio ante las cámaras. Al lado de eso, la mención de un informe facilitado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, de Provincia de Buenos Aires, que se “filtró” desde la fiscalía.
Hasta ahora no hay precisiones sobre qué pasó con Elizabeth. Sí se sabe que sufría violencia de género crónica, y que había pedido ayuda en su trabajo. Desde allí se articuló con el programa “Si las buscamos no desaparecen” (programa creado por de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades municipal creado a inicios de 2021. Sin embargo, las hipótesis se escuchaban en diferentes programas y canales de televisión casi como cadena nacional.
La filtración del informe por el organismo generó preocupación y provocó el repudio por parte de la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades de La Matanza.
“El repudio lo emitimos por la exhibición amarilla y perversa que se hizo de las imágenes del cuerpo de Elizabeth y también por la filtración de una información privada que desde la secretaría se le ofreció a la fiscalía”, explica Liliana Hendel, titular de la Secretaría de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza y periodista.
El repudio, dice Hendel, surge por entender que una mujer asesinada, que murió, aun estando en proceso la investigación en relación al motivo de la muerte tiene el derecho a que se preserve su intimidad. “También tienen ese derecho los deudos y sobre todo sus hijos e hijos, y en este caso, estamos hablando de un niño de 11 años”.
“La exhibición del cuerpo de la madre, la exhibición oral de relatos acerca de lo que encontraron en el teléfono, de lo que podía haber sido, de lo que sucedió. Todas hipótesis cuando los peritos aún estaban trabajando. El periodismo hace un show de un feminicidio. Pasamos de una situación en que los feminicidios no se contaban, no se relataban, no ocupaban lugar porque se consideraban un tema privado a que pasara a ser un show público sin consideración ni respeto ante una situación desgarrante”, aporta la funcionaria.
El tratamiento de casos de violencia de género tiene un sinfín de manuales y de recomendaciones emitidos desde las Defensorías hasta las redes de periodistas que, sobre todo en la televisión, parecen olvidados. “Ya no hay justificación diciendo ‘no sabía’. Quienes hacemos periodismo tenemos una enorme responsabilidad en la construcción de los sentidos comunes. Hoy se atraviesa una línea donde el show o el morbo es mucho más importante que el derecho de una persona o una familia”.
¿Morbo o patriarcado?
Para Hendel, esta espectacularización de las noticas vinculadas a femicidios tiene que ver en primer lugar con el morbo. “Pero también con el patriarcado. Con el lugar que ocupamos las mujeres y las disidencias sexuales en una sociedad patriarcal, tiene que ver con la exposición de la intimidad. Las redes han generado una modificación estructural en cómo se concibe lo íntimo, lo público y lo privado”, afirma.
Si bien los cambios llegaron a los medios de comunicación, sobre todo el tratamiento de diversos temas. “Ahora se habla de la violencia contra las mujeres y disidencias o de los derechos de las diferentes comunidades LGBT de lo que antes no se hablaba y ahora sí. Me parece que perdemos una enorme oportunidad para señalar qué pasa en una sociedad. No se trata de Elizabeth, se trata de una sociedad patriarcal donde un individuo se siente con derecho a quitarle la vida a una mujer o a inducirla a que suicide. Si entramos con los detalles íntimos perdemos la oportunidad de señalar la dimensión política y social que esto tiene”, dice Hendel.
“El enemigo no es sólo el varón que mata o viola. Si no también el sistema judicial que es profundamente misógino que garantiza la impunidad de los violentos. Cuando una mira cómo son las y los profesionales que hacen las pericias en las situaciones de infancia o juicios es gente que no tiene ni menor idea de los cuerpos teóricos de los feminismos”
Foto: Gentileza de la Sec Mujer Género y Diversidades de La Matanza
Los temas que no están en la agenda de los medios
Liliana Hendel destaca los “claros” que se ven en los medios de comunicación de diversas características, pero señala que hay temas ausentes en las agendas.
“Hay claros, oscuros y precipicios. ‘Claros’ porque se habla de temas que antes no se hablaba, ‘oscuros’ cómo se hablan esos temas y el ‘precipicio’ es qué temas no se hablan”.
Uno de esos temas, destaca son las madres protectoras. “Madres protectoras involucra una situación en la que una mujer madre es separada legalmente de sus hijas o hijos después de haber denunciado a un varón violento. La justicia considera que esta mujer miente y que no tiene pruebas contra ese varón, entonces hay que quitarle a la mamá los niños por el daño psicológico que les puede causar. En el 80% de los casos son entregados a la familia del padre denunciado por violento o incluso por abuso sexual”.
“Es interesante preguntarnos por qué en los medios no se habla de esto. Por qué sí hablamos de feminicidios, pero no logramos que no se muestren las fotos, no logramos no entrar en los detalles, no logramos que las madres protectoras ocupen un lugar”.
La irresponsable responsabilidad
Hablar de la responsabilidad de los medios es algo más que habitual entre periodistas. Incluso hay programas donde se tratan específicamente esas temáticas. Sin embargo, estos debates no se traducen en prácticas.
“A veces hacen tutoriales acerca de cómo matar. En una de las notas, en un canal de televisión, sobre Elizabeth (donde se les dio más espacio a los dichos de las vecinas que a la profesional responsable que institucionalmente daba una respuesta), qué elementos se utilizaban para que parezca un suicidio, cómo eran los procedimientos. Es de una gran irresponsabilidad. Lo vivimos quienes recordamos el femicidio de Wanda Taddei y lo que sucedió después, lo cuenta siempre Jorge Taddei el padre: las amenazas de los varones que le decían a sus excompañeras ‘te va a pasar lo mismo que Wanda’. Entonces por un lado está el detalle escabroso, hay una enorme cantidad de situaciones donde muestran los cuerpos, los datos de la intimidad y los tutoriales”
Ana tuvo una emergencia obstétrica: parió sola y de golpe en el patio de su casa. En un proceso lleno de irregularidades, un fiscal la acusó de haber matado al hijo. Un juez le dictó la prisión preventiva. Esta semana empezó el juicio en su contra.
Por Natalia Arenas
Era una noche de noviembre y en la ciudad de Esquina, en el sudoeste de la provincia de Corrientes, hacía mucho calor. En su casa, Ana y la mamá cocinaban comida para vender. Ana estaba embarazada. Se sintió mal y se acostó un rato. Después se levantó para tomar un poco de aire. Salió al patio y se sentó en un tronco. Tuvo una sensación extraña y se desvaneció. Y no se acuerda de nada más.
Según contó su mamá, Ana se arrastró como pudo hasta la pared que da a su habitación. La madre la vio y la llevó al hospital local. Estuvo varios días internada. Había perdido mucha sangre. Sin saberlo, Ana tuvo una emergencia obstétrica: un aborto espontáneo.
A partir de ese momento, todo se manejó de manera irregular: la fiscalía ordenó dos allanamientos en la casa de Ana, donde se tomaron pruebas. Pero ninguno de estos procedimientos se hicieron con la presencia de un defensor oficial que pudiera constatarlos. Como en el patio de la casa encontraron al feto muerto, el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (Ufic), Javier Mosquera, consideró que Ana había matado a su hijo y la imputó por el delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por alevosía”.
El juez de Garantías de Esquina, Gustavo Vallejos, le dictó una prisión preventiva por 120 días. Ana estuvo todo ese tiempo detenida en una comisaría a la espera del juicio, que empezó esta semana.
En los resultados de la pericia de parte no se pudo determinar si el feto nació muerto o vivo. Un detalle fundamental para la causa que la fiscalía no tomó en cuenta.
“Nos pusimos en contacto con la familia de Ana poco días después del hecho” cuenta a Cosecha Roja Rosana Fanjul de la Comisión Libres las Queremos, de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Por ese entonces, la familia ya tenía un abogado: el doctor Neironi. “Lamentablemente él obstaculizó la investigación: ya tenía conversado con la fiscalía un posible juicio abreviado y restringió información a la familia. Por eso se lo intimó a renunciar a la causa”, detalla Fanjul.
La nueva abogada de Ana, Natalia Ávalos, pidió el cese de la prisión preventiva: no se la concedieron. Pidió la prisión domiciliaria: tampoco. Argumentan que podría fugarse. ¿Cómo? Ana no tiene los recursos económicos para planificar una fuga. Sólo tiene dos hijos, uno de 6 y otro 11, que ahora quedaron a cargo de su madre.
Ana, de 30 años, no sólo sufrió una interrupción involuntaria de su embarazo, sino que en la comisaría de la Mujer, donde está presa, vulneraron sus derechos: no le permitían salir al patio (cuando al resto de las detenidas sí) y no le permitieron comunicarse telefónicamente con sus hijos. Tuvo que intervenir el Comité contra la Tortura para asentar este maltrato.
“En vez de asistirla después de que tuvo una emergencia obstétrica, el Estado la detuvo”, dice Fanjul. Ana se deprimió y estuvo mucho tiempo casi sin decir una palabra.
El caso de Ana recuerda al de Belén, la joven tucumana que, después de un aborto espontáneo, fue acusada de haber matado a su hijo, condenada en 2016 y liberada y absuelta en 2017. Pasó 881 días presa.
En Corrientes hay otros cinco casos de mujeres criminalizadas por emergencias obstétricas. Todas están acusadas de homicidio agravado por el vínculo. Una de ellas fue condenada a perpetua, su defensa apeló y aún no se expidió el tribunal. Otra tiene abierta una causa que está en etapa de instrucción. Otras dos están con prisión domiciliaria. “Después del Fallo FAL, en 2012, se abrieron 68 causas de aborto en la provincia”, contó Fanjul.
Una investigación realizada por la Campaña, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Universidad de San Martín (UNSAM) relevó 1532 personas criminalizadas y/o denunciadas por abortar en Argentina y 37 por eventos obstétricos. El informe destaca que “la mayoría de las mujeres criminalizadas pertenece a sectores sociales vulnerables: no tiene trabajo remunerado, tiene un bajo nivel de instrucción formal y vive en condiciones habitacionales precarias. Son menores de 30 años y muchas tienen une o más hijes”. La sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, en diciembre de 2020, no modificó esta realidad. En la mayoría de los casos es porque las mujeres son procesadas por homicidio y no por aborto.
Este viernes se sabrá si la Justicia actúa con perspectiva de género o continúa criminalizando a las mujeres.
Fabián Gerardo Tablado, el sujeto que en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su por entonces novia Carolina Aló en Tigre y que en diciembre pasado, luego de cumplir un año de condena por violar perimetrales, se había mudado a la casa de una nueva pareja en la localidad cordobesa de Bell Ville, fue excluido de ese hogar luego de ser denunciado por violencia de género.
Fuentes policiales confirmaron a Télam que la nueva denuncia contra Tablado fue realizada el viernes pasado no por su pareja, sino por sus vecinos, quienes aseguraron haber escuchado una «fuerte discusión», por lo que se tomó como medida cautelar excluirlo de la vivienda y alojarlo en un hotel de esa localidad del sur provincial.
Voceros judiciales precisaron que en el caso intervino inicialmente la Fiscalía de 1° Nominación de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, quien dispuso la restricción de acercamiento de Tablado a la joven y además asignó una custodia policial en el domicilio. Sin embargo, el caso ya fue derivado a la jueza Noelia Azcona, del Juzgado de Niñez, Juventud, Violencia Familia y de Género de la ciudad de Bell Ville.
En paralelo, fuentes judiciales confirmaron a Télam que Tablado ya había pedido hace unos días ante el Juzgado de Familia 5 de Tigre permiso para cambiar su domicilio y mudarse a partir del 13 de agosto a una vivienda de su familia ubicada en la localidad de San Clemente del Tuyú.
A pesar de que Tablado ya cumplió todas sus condenas en causas penales, ese es el juzgado que lo monitorea con tobillera electrónica para que cumpla la prohibición de acercamiento que se le impuso con Edgardo Aló, papá de Carolina.
El 15 de diciembre pasado, Tablado (45) recuperó su libertad al salir de la Unidad 46 del Complejo Penitenciario San Martín, tras cumplir un año de prisión efectiva luego de ser condenado en un juicio por dos hechos de «desobediencia», por haber violado dos perimetrales que tenía con Aló padre y con sus hijas. Ese mismo día, Tablado viajó a Bell Ville para mudarse a la casa de su nueva novia cordobesa, a quien solo había conocido por redes sociales.
Tablado fue protagonista de uno de los casos policiales más resonantes de la historia criminal argentina cuando el 27 de mayo de 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló en Tigre, caso por el que cumplió una condena de 24 años de cárcel y fue liberado en febrero de 2020.
En noviembre del año pasado, como marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en Tigre centro inaugurado el mural «No me olviden» en homenaje a Carolina
Zaida Mamani llegó de Bolivia a los 19 años. A los 23 tuvo una beba. La llamó Joselin Nayla. El padre de la nena las abandonó. La mujer trabajaba haciendo changas de costura para mantener a su hija. Vivían juntas en una casa del Barrio 14 de Febrero en Longchamps, zona sur del Gran Buenos Aires. Hasta el 7 de enero de 2019.
Esa mañana, Zaida salió a hacer unas compras. La niña de 10 años quedó sola. Cuando la madre volvió, la encontró agonizando en el piso de la cocina, cubierta de sangre. Le habían dado –se sabría luego- más de 40 puñaladas. La entrada no había sido forzada y no faltaba nada en la vivienda. La causa tuvo pocos avances y no hay detenidos. Pero sí tres imputados. Dos hombres –la ex pareja de Zaida y su hijo-, y una mujer: la mamá de Joselin.
Se enteró el 26 de octubre del año pasado. Recuerda con precisión la fecha y el impacto que le causó el operativo en la puerta de su casa, cuando varios policías llegaron para notificarla. Desde entonces tiene un abogado defensor al que todavía no conoce. Le dijeron que lo podrá ver el lunes próximo, en plena feria judicial.
Aún no tuvo acceso a la causa, pero sí fue sometida a varias pericias, psiquiátricas y psicológicas. La última fue este miércoles. A las tres primeras había asistido sin saber que estaba siendo investigada como sospechosa. Creía que se trataba de encuentros con psicólogas para brindarle contención. Pero no. En la causa interviene la fiscal Fabiola Juanatey, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial Lomas de Zamora.
“Quiero saber por qué estoy imputada, por qué estas pericias. Me sorprendí totalmente cuando me dieron la noticia. Antes me decían ‘quedate tranquila, es para descartar’. No tengo mucho conocimiento de estos casos, cómo se hacen, y no había nadie que me ayudara a entender”, dice la mujer, en diálogo con Tiempo. Habla por teléfono desde la misma casa donde fue asesinada su nena. La voz se entrecorta, entre la mala señal y el llanto.
Soledad
Zaida está sola. No tiene una red en el barrio. No mantiene contacto con su familia. Sus vínculos son su nueva pareja y la iglesia evangélica a la que asiste. Entre las pocas personas que la acompañan desde que su hija fue asesinada a puñaladas está Yunuem Díaz, socióloga y militante anarquista, quien participa de una agrupación que asiste a “sobrevivientes de abuso y madres protectoras”. Yunuem llegó con Zaida hasta los Tribunales de Lomas de Zamora ante cada pericia. En la última medida, esta semana, también se sumó el vicecónsul del Estado Plurinacional de Bolivia en La Matanza, Mauricio Pinaya Peñaranda. Pero sólo hasta la puerta, nadie pudo entrar con ella.
Para Yunuem, la imputación de Zaida tiene una única explicación: que la mamá de Joselin se casó con el hijo de su ex y uno de los imputados en la causa. “Zaida no ha tenido ningún acompañamiento institucional en estos tres años. Nada que llevara a desentrañar quién es el asesino. La última vuelta de tuerca es que ella contrajo matrimonio con uno de los imputados y la justicia en lugar de hacer las pericias de ADN, investigación de los teléfonos, interrogatorios del imputado -que fue violento con Zaida emocional y sexualmente-, en lugar de todo eso la pasan a considerar sospechosa”, cuestiona la socióloga.
Zaida está embarazada de cinco meses. Ahora sabe que después de las pericias sobre su personalidad puede llegar la elevación a juicio. ¿Y la detención?
Violencia
Cuando se difundió, el crimen de Joselin causó conmoción. Porque era una nena y por la saña con que la apuñalaron –sobre todo, en el rostro-. Entre las primeras notas que se publicaron sobre el caso, algunas apuntaban a las relaciones sentimentales de Zaida, especialmente con padre e hijo sospechosos.
“Mis vecinos, mi familia, todos me hicieron a un lado por lo que se publicó en su momento. El día del entierro me retaban, me trataban como si fuera una prostituta”, dice Zaida y vuelve a llorar. “Mi familia siendo mi sangre me hizo a un lado a pesar de que sabían que yo vivía mal. Muchas veces me fui queriendo separarme. Pero él siempre volvía con su perdón, me hacía vivir en su manipulación. Tenía amenazas. Por todo eso digo ‘qué tonta fui por no denunciar”, dice sobre su vínculo con Carlos Correa, uno de los imputados.
“Ese hombre tiene antecedentes de homicidio, de haber violado y golpeado a exparejas. Zaida no se consideraba víctima a sí misma antes de esto. Vivió un ciclo de violencia muy cruento”, relata Yunuem. Y agrega: “Vos como víctima te unís con un imputado y fuiste. Pasás de víctima a victimaria”, dice sobre el casamiento entre Zaida y Rubén Correa, hijo de Carlos. “Ahora está sentada en el banquillo de los acusados. La revictimizan y violentan mucho. Tiene que contar sus relaciones previas, es demasiado. Y el asesino sigue libre”.
Justicia
“Como mamá yo estoy dispuesta a todo. Quiero que se sepa quién hizo esto. Me dijeron que iban a hacer otro allanamiento a mi casa. Yo dije que sí. Me dijeron ‘vamos a hacer pericias de huellas, de sangre, de celulares’. Pero no hubo ninguna respuesta. Soy una mamá que está pidiendo justicia. A mí me duele como mamá lo que he vivido en todos estos años. La culpa que tengo por no denunciar la violencia que yo sufría. Tienen que investigar bien. Lo único que pido es que se investigue bien. A mi ex pareja una sola vez le tomaron declaración. Para mí es una injusticia que me imputen y voy a luchar porque a mí me duele”, insiste Zaida.
“Mi bebé era todo para mí. La tuve a los 23. A pesar de que su papá me había dejado por otra chica, yo la crié con todo mi corazón. Era una niña cariñosa, que me daba abrazos, que siempre me daba alegría, me hacía reír. Jugábamos. Que de la noche a la mañana me la arrebaten fue muy duro. No quiero que esto quede impune. Por eso pido ayuda. A mi hija no la tengo más en mis brazos, pero el día de mañana la voy a tener allá arriba. Mi hija no tenía la culpa, no tenía por qué morir de esta manera. Yo me preguntaba en qué fallé, no entendía qué me estaba pasando –relata- Que me imputen fue un golpe más”.
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