El Banco Nación (BNA) puso en marcha desde este lunes y hasta el martes una campaña para la adquisición de notebooks y cloudbooks, en 24 cuotas sin interés, con las tarjetas de crédito Mastercard y Visa emitidas por la entidad financiera.
Según informó el banco en un comunicado, se puede acceder a través de la TiendaBNA, una plataforma desarrollada entre el BNA y Nación Servicios, una empresa del grupo Banco Nación.
La campaña incluye notebooks y cloudbooks de una veintena de marcas de primer nivel, como HP, Lenovo, Acer, BGH, Banghó, PC BOX, Dell, EXO, Noblex, Daewo y Westinghouse, entre otras. A modo de ejemplo, para acceder a una Dell Latittude 3410, Intel Core i5 10310, de 4G, cuyo precio regular es de $ 128.110, se puede obtener en la Tienda BNA a $115.299, en 24 cuotas de $ 4.804.
Otro modelo por los que se puede optar es la HP Laptop 15-DW 300 i5, 8G, en $ 190.899, en 24 cuotas de $ 7.954, cuando el precio regular de esa computadora es $ 212.110. Los interesados pueden elegir el financiamiento más conveniente, de acuerdo con sus necesidades, en 3, 6, 12 ó 18 cuotas, sin interés, además de las 24.
El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de una intervención estatal en la cerealera
El economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, fue el primero en advertir a fines de 2019 que el “estrés financiero” de Vicentin era en realidad un enorme pagadiós fraudulento que tuvo entre sus principales víctimas a la entidad financiera oficial. A casi dos años de esa disrupción y poco después de la oferta “testimonial” que la empresa realizó a sus acreedores para pagar el 25% de la deuda de u$s 1.400 millones, insiste con la necesidad de tomar “una decisión política para evitar la consumación del fraude”. En ese sentido, vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de una acción estatal, consensuada con el resto de los acreedores comerciales y financieros, para evitar el desguace, poner en marcha la empresa y asegurar la recuperación de las acreencias por parte de bancos, productores y cooperativas. “No nos resignamos a mandar a pérdida todo, muchos de los que confrontaron de manera absurda contra la expropiación, hoy están planteando otras cosas porque cambió la situación”, dijo.
-¿Qué opina de la última propuesta que Vicentin le hizo a los acreedores?
-La propuesta que presentó Vicentin a los acreedores es una tomadura de pelo, aunque en realidad es un globo de ensayo que tiene como único objetivo lograr lo que le vienen pidiendo al juez, que es pasar a marzo el plazo para presentar un plan de pagos. En septiembre se termina el período de exclusividad y, en tanto no exista una propuesta concreta, tienen que empezar a hablar los acreedores acerca de qué quieren hacer con la empresa. Vicentin quiere ganar tiempo para terminar de consumar los acuerdos que vienen llevando adelante con su viejo socio histórico, Glencore. Lo que está claro es que si no media una intervención estatal nueva, una decisión política de evitar la consumación de un fraude, lo que vamos a tener es un proceso doble. Por un lado, el lugar que deja Vicentin en el mercado de granos va a ser ocupado por Glencore, en sociedad con Pérez Companc. Va a haber mayor extranjerización y concentración del comercio exterior. Acompañada de un desguace de la empresa, con sus efectos laborales negativos. Y por otro lado, tendrá un efecto negativo sobre los acreedores, que ya pueden tener con esta propuesta una medida de la intención de la empresa, que es no pagarles prácticamente nada. En nuestra opinión, hay que tratar de que, finalizado el periodo de exclusividad, el Estado argentino, a través de los derechos que tiene mediante el Banco Nación, el Bapro, el Banco Ciudad, el Bice, la Afip y demás, acuerde una estrategia con otros acreedores comerciales, productores y cooperativas, para quedarse con la empresa y transformarla en una empresa testigo de nuestro comercio exterior.
«Se puede armar una estrategia de salida, que nos devuelva un mecanismo de contralor sobre un negocio muy opaco”
-¿Sería una estrategia distinta a la que se intentó el año pasado a través del proyecto de expropiación?
-Si uno reúne la masa de acreedores necesaria para llevar adelante el cram down, y el Estado argentino tiene una capacidad importante porque el principal acreedor es el Banco Nación, hay margen para establecer acuerdos sobre la base de poner en marcha la empresa y recuperar las acreencias. Si el Estado argentino le emite un bono al Nación por la deuda que Vicentin tiene con la entidad, ya con ese bono puede liberar las previsiones e incrementar su capacidad financiera. Y el Estado tiene el derecho accionario que le corresponde al banco. Hay condiciones para establecer una estrategia que permita recuperar esta empresa. Si uno combina el financiamiento de productores para entregar materia prima a Vicentin, lo que requiere primero cambiar los dueños, con los buenos precios internacionales, la empresa tiene viabilidad, se garantiza el trabajo y se consiguen los recursos para afrontar las deudas que se tienen. Porque la verdad es que sólo el fraude consumado explica lo que pasó con la empresa. La auditoría forense que se hizo muestra a las claras que Vicentin derivó todo el financiamiento que obtenía por fuera del negocio, que utilizó las operaciones de compra venta entre sus propias empresas para sacar dinero de la circulación del negocio de exportación de granos y que, además, fue acumulando deudas que ocultó a sus acreedores durante años. Claramente hubo un comportamiento que produjo este resultado. No es que la empresa no fuera viable. Era el sexto exportador de granos de la Argentina. En este sentido, se puede armar una estrategia de salida, que además nos devuelva un mecanismo de contralor sobre un negocio muy opaco. Con una empresa testigo como Vicentin las otras nueve van a saber que el Estado puede saber cuando están declarando lo que debería.
-¿Está propuesta se está analizando en otros niveles del gobierno nacional?
-Hay distintos sectores que impulsan esto. Está el planteo de los legisladores que integran la comisión del seguimiento del caso Vicentin en Santa Fe, hay productores que reclaman la intervención de provincia y Nación. Desde el Banco Nación estamos tratando de evitar que esto quede en aguas de borrajas. No nos resignamos a mandar a pérdida todo. Trabajamos para ir construyendo consenso. Muchos de los que confrontaron de manera absurda contra la expropiación, hoy están planteando otras cosas, porque cambió la situación. Hay causas por todos lados que dan cuenta del fraude que Vicentin llevó adelante y hay que crear los consensos para dar una salida distinta. Es un tema que debe preocuparnos, sobre todo cuando el tema de los dólares que deben ingresar al país es de primer orden. En 2020, comparando con 2019, las exportaciones de Vicentin se redujeron en u$s 1.800 millones. ¿Y quien sube? Glencore, que expande exportaciones en u$s 700 millones de dólares y el grupo santafesino Olio, a través de Díaz y Forti, que “casualmente” estaba alquilando la planta, y pasó de exportar u$s 4 millones en 2019 a u$s 838 millones en 2020. Es decir que entre quien operaba la planta de Vicentin y su socio histórico se quedaron con u$s 1.500 millones de los u$s 1.800 millones de la porción del negocio que dejó. Es difícil pensar que Vicentin no esté enganchado en esa “salida”.
“Macri dejó al BNA con la mitad del patrimonio”
El director del Banco Nación Claudio Lozano destacó que la entidad oficial se transformó en “un agente de la recuperación económica del país”, con más de $ 320 mil millones de créditos volcados a la producción. Como economista, ve señales de reactivación pero pidió “una estrategia más potente de distribución del ingreso”.
“El Banco Nación era la mitad, en patrimonio, que el que recibió Macri en 2015”, recordó Lozano, quien describió que, en paralelo a ese achicamiento, su crédito se concentró en grandes empresas, “o muertos como Vicentin”, y en “la trampa que le hicieron a tanta gente como los créditos UVA”.
Dijo que la actual conducción está “tratando de resolver esa mochila” y al mismo tiempo cambiando la asignación del crédito para dinamizar a las pymes. Señaló que se creó un consejo consultivo que incluye a esos actores económicos y que se abrieron centros de atención pyme en todo el país. “El banco se transformó en un agente de la política económica, con múltiples iniciativas y proyectos de financiamiento articulados con el Ministerio de Desarrollo Productivo”, contó.
Subrayó que el BNA es la entidad con mayor cartera crediticia en el mercado y recordó que hizo punta en la asistencia, en el marco de Covid, con los créditos del 24%. En materia patrimonial, resaltó que se recuperó la “rentabilidad, la solvencia y la liquidez”. En 2020 fue la empresa con mejor resultado en materia de utilidades de la Argentina. “Estamos comprometidos con el proceso de acompañar con financiamiento a la actividad económica”, dijo.
Al respecto, destacó que la economía empezó a recomponerse en junio, aunque advirtió que el mercado interno “está anémico y necesita una inyección de fondos en el bolsillo de la gente para expandir el consumo”.
“Desde junio para acá se han dado un conjunto de políticas para acompañar ese proceso, como Ahora 30, pero hace falta una estrategia más potente de distribución del ingreso”, señaló, al abogar por un apolítica de ingreso “más firme”, que “recompongan salarios y jubilaciones, y asegure un ingreso universal a población de menores ingresos, que es la mitad del país”.
El Director del Banco Nación, Claudio Lozano, habla sobre el dólar, Vicentín, el impuesto a los ricos y la situación política del Gobierno
Claudio Lozano
La economía desplazó a la pandemia del centro de la agenda pública en las últimas semanas, a pesar que los muertos siguen contándose de a cientos. El Gobierno, la oposición y la propia sociedad parecen haber puesto el foco en la salida a una situación que aún sigue resultando incierta en sus alcances. El tratamiento parlamentario del impuesto a los ricos, la presentación del presupuesto y las medidas restrictivas sobre el dólar coparon la discusión por la recuperación económica, y empiezan a prefigurar el año electoral que se acerca cada vez más rápido.
Claudio Lozano viene hablando de estos temas mucho antes de haberse convertido en una de las principales referencias del intento de expropiación de Vicentín. En diálogo exclusivo con Diagonales, analizó a fondo la coyuntura económica, el “comportamiento lamentable” de la oposición, y la situación del Gobierno que aún no ha logrado constituirse en “una fuerza política que discuta el rumbo” del país, y que deberá hacerlo para sostener la unidad de cara a lo que viene.
Hace poco escribiste que en la Argentina no hay falta de dólares, a pesar que BCRA esté con los niveles de reservas más bajos en muchísimo tiempo, ¿cómo se explica esto?
-Tanto en 2019 como en lo que va de 2020 Argentina acumula dólares con un saldo comercial positivo, porque la economía está en recesión y parálisis productiva, y consecuentemente no importa vienes del exterior.
El País tuvo 15.900 millones de dólares de saldo positivo en 2019 y en proyección en 2020 va a superar esa marca, con más de 17000 millones de dólares de saldo comercial. En los primeros 7 meses este año entraron 9000 millones, por lo tanto no es el problema que se suele señalar siempre de la falta de dólares asociada a la restricción estructural histórica en materia externa.
Dólares hay, el problema es que el Banco Central no los tiene, no ha podido transformar esa acumulación de divisas comerciales en la acumulación de reservas. Y esto tiene que ver con las políticas aplicadas.
“Dólares hay, el problema es que el Banco Central no los tiene”.
En 2019, los pagos de deuda de Macri más la fuga monumental de capitales se llevaron ese saldo comercial. La etapa actual es diferente y las razones son otras. No lo es el dólar ahorro, ya que en lo que va del año por ese concepto salieron solamente 1826 millones de dólares, y en el mismo período se fueron 9000 millones de dólares en pago de deuda: 3000 millones por el pago de la deuda pública en el marco de la decisión que el Gobierno tomó de pagar mientras negociaba, pero casi 6000 millones se fueron por cancelación de deuda privada, en muchos casos por empresas que son parte de corporaciones transnacionales y que implicaban pagos de la subsidiaria local a las casas matrices o a otra sucursales del exterior.
¿Se podría haber evitado entonces la restricción para el dólar ahorro?
-Si se hubiese establecido un control tanto para que los exportadores liquiden como para que las empresas no saquen dólares al exterior por cancelación de deuda privada, la coyuntura no sería la que es hoy. Y hoy no digo que no se establezcan restricciones, pero se podría haber sido mucho más preciso y firme en lo que hace a la restricción para futuras cancelaciones de deuda privada, que ahora se va a otorgar en un 40%. Yo creo que la situación obligaría a una revisión caso por caso y que se debería tender a no reconocerles nada, que tengan que utilizar sus fondos propios o que reesctruturen la deuda.
Además quedan muy pocas empresas, que tienen vencimientos de acá a marzo, y son todas empresas muy importantes, no creo que ninguna de ellas necesite la asistencia del Estado con un dólar a un precio de $78-80 como está hoy el dólar comercial. Por otro lado es urgente obligar a que los exportadores liquiden. Sólo con el ingreso de esos 3300 millones de los exportadores ya resolverías el problema coyuntural, y además faltan ingresar unos 8000 millones más en lo que queda del año.
“Es urgente obligar a que los exportadores liquiden”.
¿Deberíamos esperar una suba inflacionaria por estas medidas?
-Cuando hay una diferencia importante entre el dólar comercial y el dólar financiero es importante que el Gobierno refuerce el sistema de control de precios, porque las posibilidades de remarcaciones por expectativa de devaluación efectivamente existen.
Pero la principal decisión es mostrar que el Gobierno va a ir a fondo para controlar el mercado cambiario, obligando a los exportadores y siendo mucho más firme con los que quieren cancelar deuda privada. Dar esa señal implicaría mostrar un Gobierno que tiene la decisión de administrar el tipo de cambio con mucha rigurosidad.
“La principal decisión es mostrar que el Gobierno va a ir a fondo para controlar el mercado cambiario”.
En este contexto de necesidad de dólares para la reactivación industrial y económica, ¿en qué quedó el caso Vicentín?
-La verdad que en este contexto nos vendría muy bien que el Estado estuviera en Vicentín, porque tendríamos una fiscalización del ingreso de divisas mucho más firme.
El mercado de exportación de granos hace mucho tiempo dejó de tener contralor por parte de la administración pública, porque están privatizados los puertos, porque no tenemos flota y porque además desapareció la junta de granos. Eso agiganta la capacidad que tienen las empresas exportadoras parasubfacturar exportaciones y pagar menos retenciones. Y esa fue la razón por la cual la campaña opositora y de medios de comunicación hegemónicos frente a la decisión de expropiar fue tan importante.
El tema no era solamente Vicentín, sino que las grandes empresas exportadoras de granos y derivados estaban preocupadas de que el Estado pudiera poner un ojo en un mercado en el que están acostumbradas a hacer lo que les plazca. Por eso el poder económico reaccionó con tanta fuerza y los medios hegemónicos construyeron una campaña de manipulación y de tergiversación de la información de niveles impresionantes.
Avanza el proyecto de aporte extraordinario para las grandes fortunas, en medio de permanentes embates de la oposición, los principales medios y sectores empresarios ¿Por qué pensás es tan difícil en la Argentina dar esa discusión, y eventualmente llevar adelante una medida como esa?
-Es lo mismo que pasó con Vicentín, hay un poder económico que resiste bajo todas las modalidades habidas y por haber cualquier intento de regulación que los obligue a tener un comportamiento económico y social compatible con una estrategia de desarrollo.
En Argentina desde que se recuperó el proceso democrático se viene hablando de la necesidad de una reforma impositiva que implique mayor justicia tributaria, y pasan uno y otros gobiernos y esto nunca ocurre.
La importancia del impuesto a las grandes fortunas es que comienza a visibilizar el tema de fondo de la discusión tributaria, y que es que en la Argentina hay una verdadera rebelión fiscal de los ricos, o sea, los ricos no quieren pagar.
“Los ricos no quieren pagar”.
Cuando uno mira la estructura tributaria nacional y provincial, los impuestos al patrimonio y la riqueza son apenas el 1,22% del total del producto y representa poco más del 4% de la recaudación, mientras que los impuestos sobre el consumo y el trabajo representan el 70% de la recaudación.
El impuesto a las rentas representa apenas el 21%. Argentina invierte en la práctica lo que es el esquema de recaudación de los países más desarrollados, donde los impuestos a la renta y al patrimonio representan más del 50% de la recaudación y los impuestos al consumo no pasan del 30%.
¿Ves posible que la post pandemia habilite una discusión profunda sobre la matriz tributaria argentina, y su posible modificación en un sentido progresivo?
-Yo creo que esa es la discusión que se está dando con este impuesto, y por eso lo discuten tanto. De hecho el impuesto es sumamente moderado, porque los millonarios en Argentina registrados por la AFIP son aproximadamente 32.000, y acá sólo se está cobrando a 12.000, se está dejando afuera 20.000 que tiene más de un palo verde de patrimonio y que no habría ninguna razón para dejarlos afuera.
“Se está dejando afuera 20 mil que tienen más de un palo verde de patrimonio y que no habría ninguna razón para dejarlos afuera”.
Tampoco se hizo un contralor entre los registros que la AFIP tiene y las empresas que el BCR investigó y que fugaron divisas durante los últimos 4 años, cuando todos sabemos que el tema de la fuga incluye el ocultamiento de rentas y patrimonios para evitar el pago de impuestos por parte de las grandes empresas que son las que alimentan las grandes fortunas.
Además, la información internacional disponible en las consultoras especializadas muestra que en la argentina hay prácticamente 114 mil personas que tienen más de un palo verde. Otro elemento, el informe del BCRA dice que el 1% de las personas físicas son las que fugaron la mayor cantidad de guita, unas 66 mil personas que tiene identificadas el BCRA como que sacaron dólares al exterior.
El impuesto es moderado en cuánto a su alcance, pero lo resisten porque puede ser un paso en dirección al debate sobre la reforma tributaria que la Argentina necesita, y eso es lo que quieren evitar.
Se presentó el presupuesto 2021 con una perspectiva de caída del PBI este año del 12,1%, y un crecimiento 5,5% para el año que viene ¿Cómo ves la coyuntura económica actual y las perspectivas para los meses que vienen?
-El problema para hacer una perspectiva seria es la pandemia, que no está claro cuando termina y cuándo vamos a poder manejar en plenitud la recuperación de la capacidad económica. Habría que evaluar seriamente tener proyecciones que hacen de cuenta que estamos en la post pandemia cuando no lo estamos.
El presupuesto que se está presentando tiene más que ver con una idea de post pandemia que todavía no tenemos claro cuando comienza, para ser precisos. La pandemia tenía que transitarse con la puesta en marcha de un salario universal que garantizara a todos los trabajadores desocupados y en situación de informalidad un salario mínimo vital y móvil. El IFE en alguna medida se quedó corto. En magnitud, porque $ 10 mil es muy poco, y menos todavía si se lo otorga de manera bimensual, porque solo se entregaron tres IFES en seis meses. Y en tercer lugar, porque quedaron afuera entre 2 y 3 millones de personas que deberían haberlo recibido.
¿Cuáles son para vos los pilares por los que debería pasar la recuperación económica?
-Recomponer poder adquisitivo y consumo, la utilización de la capacidad ociosa, y financiamiento del capital de trabajo. El estímulo principal hoy para desarrollo de la actividad económica es más demanda, y consecuentemente hay que levantar el poder de compra de los distintos sectores.
También necesitamos abordar el déficit habitacional con un plan de un millón de viviendas que es algo fácil de hacer y que tiene un impacto descomunal en términos de empleo. Y también salud pública y educación pública como prioridades.
Hay que salir de la pandemia con una reactivación que privilegie los consumos colectivos, y atienda la situación de manera de contener la conflictividad social de un país que va a tener casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Esta debería ser la orientación preponderante en materia presupuestaria.
“La oposición y el poder económico están tratando que el Gobierno siga el camino del ajuste”.
Y no se nos escapa el hecho de que estamos en un escenario en el que buena parte del poder económico y la oposición política articulados están tratando de que el gobierno siga el camino del ajuste.
La problemática del mercado cambiario que está mostrando con claridad que se pretende que la Argentina camine en dirección a un ajuste mayor vía una devaluación, que en el contexto actual sería un problema muy serio.
Por eso me parece importante que el Gobierno refuerce la regulación para evitar esa devaluación brusca, que creo que ese es el objetivo de las medidas que se tomaron y creo que deben ser profundizadas y fortalecidas.
Fuiste diputado 12 años, conocés el paño. ¿Cómo ves la actitud JxC de judicializar las sesiones de ambas cámaras por cuestiones de protocolo, dificultando el funcionamiento de uno de los poderes de la República , en medio de la pandemia?
-Toda la actitud de oposición, desde un comienzo, fue boicotear la cuarentena temprana que puso en marcha el Gobierno Nacional y que fue la mejor iniciativa que se tomó, privilegiando la defensa de la salud por encima de cualquier otro interés sectorial.
La oposición articulada además con la actitud del poder económico, materializada ni bien comenzó la pandemia en la decisión del grupo Techint de declararle la guerra al gobierno despidiendo a 1450 trabajadores en el sur de la Argentina.
Los planteos sobre las sesiones que no tienen ni pies ni cabeza, no hay ninguna razón para poner en cuestión el funcionamiento de las sesiones virtuales. Es un verdadero disparate decir que no se puede discutir porque las sesiones son virtuales, y proponer como alternativa violentar todos los protocolos sanitarios exponiendo a los trabajadores del parlamento nacional en este contexto. Es un disparate total. Son excusas de forma, sin contenido, porque no pueden argumentar nada frente a los debates que está proponiendo el Gobierno.
“La oposición no puede argumentar nada frente a los debates que está proponiendo el Gobierno”.
Fuiste siempre un defensor de la idea de las investigaciones sobre las deudas públicas asumidas y utilizadas de forma beneficiosa para el país. ¿Qué pensás del acuerdo con los acreedores externos?
-Pienso que el Gobierno se autolimitó, en primer lugar al tomar la decisión de pagar mientras negociaba. En segundo lugar, creo que también debilitó la negociación el hecho de no haber avanzado con una investigación en profundidad sobre el proceso de endeudamiento, básicamente partiendo de los cuatro años de Macri. Las irregularidades que tuvo el acuerdo con el fondo, tanto desde la perspectiva administrativa, jurídica y legal de la Argentina como desde la violación de los propios estatutos del Fondo brindaba los elementos para plantear esto.
Todas estas cosas que no se hicieron debilitaron la capacidad de negociación, y en ese marco lo que se tuvo fue una negociación bastante parecida a las históricas, en donde lo único positivo que uno encuentra acá es que se despejaron los vencimientos inmediatos y eso brinda oxígeno para avanzar en la recuperación económica.
¿Cómo ves hacia adelante la negociación con el Fondo, después de que asumieron haber otorgado los préstamos al país para ayudar a Macri a ganar las elecciones?
-Me parece que el tema acá es que si la Argentina no fortalece la intervención estatal en el proceso de recuperación de la actividad económica, si el papel del Estado en la recomposición del poder de compra y en elfinanciamiento del capital de trabajo no es central no es central, lo que va a pasar es que la recuperación de la actividad no va a tener los contenidos de mayor igualdad y mayor democratización que debería tener.
Y ahí se juega mucho la capacidad que tengamos de limitar la intervención del Fondo reclamando mayor ajuste de las cuentas públicas, el acelerar los términos y los tiempos del equilibrio fiscal y las consiguientes y ya conocidas propuestas de reforma estructural que han estado siempre en la boca del Fondo: la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal, en todos los casos dirigidas a bajar el gasto en seguridad social, bajar el costo laboral, todas premisas que ya sabemos que no conducen a nada.
Mi preocupación es que no sigamos los pasos del ajuste fiscal y la limitación monetaria, que son las que podrían limitar al Estado como herramienta de redistribución del ingreso para levantar el poder de compra y de financiamiento del capital de trabajo, imprescindible en el marco de la recuperación de la recuperación económica.
El Frente de Todos logró unificar a sectores muy amplios. Vos fuiste crítico de la última etapa del kirchnerismo. ¿Qué cambió para que se lograra la conformación de esta nueva alternativa política?
-Lo primero es Macri. El hecho de que Macri y todo lo que él representa como una expresión de las principales corporaciones de la Argentina apropiándose del Estado por el voto fue una señal de alarma para todas las organizaciones del movimiento popular en la Argentina, y un desafío de construcción de unidad para frenar un rumbo de ajuste y exclusión monumental. Eso obligó a una autocrítica de las organizaciones populares y a privilegiar un espacio de unidad que el FDT de alguna manera logró.
“Macri obligó a una autocrítica y a privilegiar un espacio de unidad que el FdT de alguna manera logró”.
A partir de allí se abre otro desafío. Hoy se funciona sobre la base de las posiciones que cada uno tiene en el diseño institucional y el aparato estatal, pero no hemos logrado transformar al frente en una fuerza política que discuta el rumbo, y creo que es algo imprescindible por la presión explícita que tanto la oposición política como el poder económico, en el marco de apriete, desestabilización y corrida de mercado, viene haciendo para tratar de condicionar el rumbo del Gobierno.
Y la única manera de evitar ese condicionamiento es que el FDT se fortalezca a sí mismo sobre la base del respaldo pleno del conjunto de los actores que efectivamente lo constituyen.
Si te nombro dos apellidos: Vicentín y Macri, ¿Cómo los vinculás?
-Ambos son parte de las 50 fortunas más grandes de la Argentina, que tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas, y son los que han venido resistiendo las mejores decisiones de este Gobierno, desde la cuarentena temprana y el ASPO, no olvidemos a uno de los dueños de Vicentín navegando en su Yate por el Paraná. Son los que se cagan en todo, y los que resisten todos los intentos que podamos priorizar la salud y el desarrollo de nuestra gente.
“Los Vicentín y Macri son los que se cagan en todos”.
El Director del Banco Nación, Claudio Lozano, habla sobre el dólar, Vicentín, el impuesto a los ricos y la situación política del Gobierno
Claudio Lozano
La economía desplazó a la pandemia del centro de la agenda pública en las últimas semanas, a pesar que los muertos siguen contándose de a cientos. El Gobierno, la oposición y la propia sociedad parecen haber puesto el foco en la salida a una situación que aún sigue resultando incierta en sus alcances. El tratamiento parlamentario del impuesto a los ricos, la presentación del presupuesto y las medidas restrictivas sobre el dólar coparon la discusión por la recuperación económica, y empiezan a prefigurar el año electoral que se acerca cada vez más rápido.
Claudio Lozano viene hablando de estos temas mucho antes de haberse convertido en una de las principales referencias del intento de expropiación de Vicentín. En diálogo exclusivo con Diagonales, analizó a fondo la coyuntura económica, el “comportamiento lamentable” de la oposición, y la situación del Gobierno que aún no ha logrado constituirse en “una fuerza política que discuta el rumbo” del país, y que deberá hacerlo para sostener la unidad de cara a lo que viene.
Hace poco escribiste que en la Argentina no hay falta de dólares, a pesar que BCRA esté con los niveles de reservas más bajos en muchísimo tiempo, ¿cómo se explica esto?
-Tanto en 2019 como en lo que va de 2020 Argentina acumula dólares con un saldo comercial positivo, porque la economía está en recesión y parálisis productiva, y consecuentemente no importa vienes del exterior.
El País tuvo 15.900 millones de dólares de saldo positivo en 2019 y en proyección en 2020 va a superar esa marca, con más de 17000 millones de dólares de saldo comercial. En los primeros 7 meses este año entraron 9000 millones, por lo tanto no es el problema que se suele señalar siempre de la falta de dólares asociada a la restricción estructural histórica en materia externa.
Dólares hay, el problema es que el Banco Central no los tiene, no ha podido transformar esa acumulación de divisas comerciales en la acumulación de reservas. Y esto tiene que ver con las políticas aplicadas.
«Dólares hay, el problema es que el Banco Central no los tiene».
En 2019, los pagos de deuda de Macri más la fuga monumental de capitales se llevaron ese saldo comercial. La etapa actual es diferente y las razones son otras. No lo es el dólar ahorro, ya que en lo que va del año por ese concepto salieron solamente 1826 millones de dólares, y en el mismo período se fueron 9000 millones de dólares en pago de deuda: 3000 millones por el pago de la deuda pública en el marco de la decisión que el Gobierno tomó de pagar mientras negociaba, pero casi 6000 millones se fueron por cancelación de deuda privada, en muchos casos por empresas que son parte de corporaciones transnacionales y que implicaban pagos de la subsidiaria local a las casas matrices o a otra sucursales del exterior.
¿Se podría haber evitado entonces la restricción para el dólar ahorro?
-Si se hubiese establecido un control tanto para que los exportadores liquiden como para que las empresas no saquen dólares al exterior por cancelación de deuda privada, la coyuntura no sería la que es hoy. Y hoy no digo que no se establezcan restricciones, pero se podría haber sido mucho más preciso y firme en lo que hace a la restricción para futuras cancelaciones de deuda privada, que ahora se va a otorgar en un 40%. Yo creo que la situación obligaría a una revisión caso por caso y que se debería tender a no reconocerles nada, que tengan que utilizar sus fondos propios o que reesctruturen la deuda.
Además quedan muy pocas empresas, que tienen vencimientos de acá a marzo, y son todas empresas muy importantes, no creo que ninguna de ellas necesite la asistencia del Estado con un dólar a un precio de $78-80 como está hoy el dólar comercial. Por otro lado es urgente obligar a que los exportadores liquiden. Sólo con el ingreso de esos 3300 millones de los exportadores ya resolverías el problema coyuntural, y además faltan ingresar unos 8000 millones más en lo que queda del año.
«Es urgente obligar a que los exportadores liquiden».
¿Deberíamos esperar una suba inflacionaria por estas medidas?
-Cuando hay una diferencia importante entre el dólar comercial y el dólar financiero es importante que el Gobierno refuerce el sistema de control de precios, porque las posibilidades de remarcaciones por expectativa de devaluación efectivamente existen.
Pero la principal decisión es mostrar que el Gobierno va a ir a fondo para controlar el mercado cambiario, obligando a los exportadores y siendo mucho más firme con los que quieren cancelar deuda privada. Dar esa señal implicaría mostrar un Gobierno que tiene la decisión de administrar el tipo de cambio con mucha rigurosidad.
«La principal decisión es mostrar que el Gobierno va a ir a fondo para controlar el mercado cambiario».
En este contexto de necesidad de dólares para la reactivación industrial y económica, ¿en qué quedó el caso Vicentín?
-La verdad que en este contexto nos vendría muy bien que el Estado estuviera en Vicentín, porque tendríamos una fiscalización del ingreso de divisas mucho más firme.
El mercado de exportación de granos hace mucho tiempo dejó de tener contralor por parte de la administración pública, porque están privatizados los puertos, porque no tenemos flota y porque además desapareció la junta de granos. Eso agiganta la capacidad que tienen las empresas exportadoras para subfacturar exportaciones y pagar menos retenciones. Y esa fue la razón por la cual la campaña opositora y de medios de comunicación hegemónicos frente a la decisión de expropiar fue tan importante.
El tema no era solamente Vicentín, sino que las grandes empresas exportadoras de granos y derivados estaban preocupadas de que el Estado pudiera poner un ojo en un mercado en el que están acostumbradas a hacer lo que les plazca. Por eso el poder económico reaccionó con tanta fuerza y los medios hegemónicos construyeron una campaña de manipulación y de tergiversación de la información de niveles impresionantes.
Avanza el proyecto de aporte extraordinario para las grandes fortunas, en medio de permanentes embates de la oposición, los principales medios y sectores empresarios ¿Por qué pensás es tan difícil en la Argentina dar esa discusión, y eventualmente llevar adelante una medida como esa?
-Es lo mismo que pasó con Vicentín, hay un poder económico que resiste bajo todas las modalidades habidas y por haber cualquier intento de regulación que los obligue a tener un comportamiento económico y social compatible con una estrategia de desarrollo.
En Argentina desde que se recuperó el proceso democrático se viene hablando de la necesidad de una reforma impositiva que implique mayor justicia tributaria, y pasan uno y otros gobiernos y esto nunca ocurre.
La importancia del impuesto a las grandes fortunas es que comienza a visibilizar el tema de fondo de la discusión tributaria, y que es que en la Argentina hay una verdadera rebelión fiscal de los ricos, o sea, los ricos no quieren pagar.
«Los ricos no quieren pagar».
Cuando uno mira la estructura tributaria nacional y provincial, los impuestos al patrimonio y la riqueza son apenas el 1,22% del total del producto y representa poco más del 4% de la recaudación, mientras que los impuestos sobre el consumo y el trabajo representan el 70% de la recaudación.
El impuesto a las rentas representa apenas el 21%. Argentina invierte en la práctica lo que es el esquema de recaudación de los países más desarrollados, donde los impuestos a la renta y al patrimonio representan más del 50% de la recaudación y los impuestos al consumo no pasan del 30%.
¿Ves posible que la post pandemia habilite una discusión profunda sobre la matriz tributaria argentina, y su posible modificación en un sentido progresivo?
-Yo creo que esa es la discusión que se está dando con este impuesto, y por eso lo discuten tanto. De hecho el impuesto es sumamente moderado, porque los millonarios en Argentina registrados por la AFIP son aproximadamente 32.000, y acá sólo se está cobrando a 12.000, se está dejando afuera 20.000 que tiene más de un palo verde de patrimonio y que no habría ninguna razón para dejarlos afuera.
«Se está dejando afuera 20 mil que tienen más de un palo verde de patrimonio y que no habría ninguna razón para dejarlos afuera».
Tampoco se hizo un contralor entre los registros que la AFIP tiene y las empresas que el BCR investigó y que fugaron divisas durante los últimos 4 años, cuando todos sabemos que el tema de la fuga incluye el ocultamiento de rentas y patrimonios para evitar el pago de impuestos por parte de las grandes empresas que son las que alimentan las grandes fortunas.
Además, la información internacional disponible en las consultoras especializadas muestra que en la argentina hay prácticamente 114 mil personas que tienen más de un palo verde. Otro elemento, el informe del BCRA dice que el 1% de las personas físicas son las que fugaron la mayor cantidad de guita, unas 66 mil personas que tiene identificadas el BCRA como que sacaron dólares al exterior.
El impuesto es moderado en cuánto a su alcance, pero lo resisten porque puede ser un paso en dirección al debate sobre la reforma tributaria que la Argentina necesita, y eso es lo que quieren evitar.
Se presentó el presupuesto 2021 con una perspectiva de caída del PBI este año del 12,1%, y un crecimiento 5,5% para el año que viene ¿Cómo ves la coyuntura económica actual y las perspectivas para los meses que vienen?
-El problema para hacer una perspectiva seria es la pandemia, que no está claro cuando termina y cuándo vamos a poder manejar en plenitud la recuperación de la capacidad económica. Habría que evaluar seriamente tener proyecciones que hacen de cuenta que estamos en la post pandemia cuando no lo estamos.
El presupuesto que se está presentando tiene más que ver con una idea de post pandemia que todavía no tenemos claro cuando comienza, para ser precisos. La pandemia tenía que transitarse con la puesta en marcha de un salario universal que garantizara a todos los trabajadores desocupados y en situación de informalidad un salario mínimo vital y móvil. El IFE en alguna medida se quedó corto. En magnitud, porque $ 10 mil es muy poco, y menos todavía si se lo otorga de manera bimensual, porque solo se entregaron tres IFES en seis meses. Y en tercer lugar, porque quedaron afuera entre 2 y 3 millones de personas que deberían haberlo recibido.
¿Cuáles son para vos los pilares por los que debería pasar la recuperación económica?
-Recomponer poder adquisitivo y consumo, la utilización de la capacidad ociosa, y financiamiento del capital de trabajo. El estímulo principal hoy para desarrollo de la actividad económica es más demanda, y consecuentemente hay que levantar el poder de compra de los distintos sectores.
También necesitamos abordar el déficit habitacional con un plan de un millón de viviendas que es algo fácil de hacer y que tiene un impacto descomunal en términos de empleo. Y también salud pública y educación pública como prioridades.
Hay que salir de la pandemia con una reactivación que privilegie los consumos colectivos, y atienda la situación de manera de contener la conflictividad social de un país que va a tener casi la mitad de su población bajo la línea de pobreza. Esta debería ser la orientación preponderante en materia presupuestaria.
«La oposición y el poder económico están tratando que el Gobierno siga el camino del ajuste».
Y no se nos escapa el hecho de que estamos en un escenario en el que buena parte del poder económico y la oposición política articulados están tratando de que el gobierno siga el camino del ajuste.
La problemática del mercado cambiario que está mostrando con claridad que se pretende que la Argentina camine en dirección a un ajuste mayor vía una devaluación, que en el contexto actual sería un problema muy serio.
Por eso me parece importante que el Gobierno refuerce la regulación para evitar esa devaluación brusca, que creo que ese es el objetivo de las medidas que se tomaron y creo que deben ser profundizadas y fortalecidas.
Fuiste diputado 12 años, conocés el paño. ¿Cómo ves la actitud JxC de judicializar las sesiones de ambas cámaras por cuestiones de protocolo, dificultando el funcionamiento de uno de los poderes de la República , en medio de la pandemia?
-Toda la actitud de oposición, desde un comienzo, fue boicotear la cuarentena temprana que puso en marcha el Gobierno Nacional y que fue la mejor iniciativa que se tomó, privilegiando la defensa de la salud por encima de cualquier otro interés sectorial.
La oposición articulada además con la actitud del poder económico, materializada ni bien comenzó la pandemia en la decisión del grupo Techint de declararle la guerra al gobierno despidiendo a 1450 trabajadores en el sur de la Argentina.
Los planteos sobre las sesiones que no tienen ni pies ni cabeza, no hay ninguna razón para poner en cuestión el funcionamiento de las sesiones virtuales. Es un verdadero disparate decir que no se puede discutir porque las sesiones son virtuales, y proponer como alternativa violentar todos los protocolos sanitarios exponiendo a los trabajadores del parlamento nacional en este contexto. Es un disparate total. Son excusas de forma, sin contenido, porque no pueden argumentar nada frente a los debates que está proponiendo el Gobierno.
«La oposición no puede argumentar nada frente a los debates que está proponiendo el Gobierno».
Fuiste siempre un defensor de la idea de las investigaciones sobre las deudas públicas asumidas y utilizadas de forma beneficiosa para el país. ¿Qué pensás del acuerdo con los acreedores externos?
-Pienso que el Gobierno se autolimitó, en primer lugar al tomar la decisión de pagar mientras negociaba. En segundo lugar, creo que también debilitó la negociación el hecho de no haber avanzado con una investigación en profundidad sobre el proceso de endeudamiento, básicamente partiendo de los cuatro años de Macri. Las irregularidades que tuvo el acuerdo con el fondo, tanto desde la perspectiva administrativa, jurídica y legal de la Argentina como desde la violación de los propios estatutos del Fondo brindaba los elementos para plantear esto.
Todas estas cosas que no se hicieron debilitaron la capacidad de negociación, y en ese marco lo que se tuvo fue una negociación bastante parecida a las históricas, en donde lo único positivo que uno encuentra acá es que se despejaron los vencimientos inmediatos y eso brinda oxígeno para avanzar en la recuperación económica.
¿Cómo ves hacia adelante la negociación con el Fondo, después de que asumieron haber otorgado los préstamos al país para ayudar a Macri a ganar las elecciones?
-Me parece que el tema acá es que si la Argentina no fortalece la intervención estatal en el proceso de recuperación de la actividad económica, si el papel del Estado en la recomposición del poder de compra y en elfinanciamiento del capital de trabajo no es central no es central, lo que va a pasar es que la recuperación de la actividad no va a tener los contenidos de mayor igualdad y mayor democratización que debería tener.
Y ahí se juega mucho la capacidad que tengamos de limitar la intervención del Fondo reclamando mayor ajuste de las cuentas públicas, el acelerar los términos y los tiempos del equilibrio fiscal y las consiguientes y ya conocidas propuestas de reforma estructural que han estado siempre en la boca del Fondo: la reforma previsional, la reforma laboral y la reforma fiscal, en todos los casos dirigidas a bajar el gasto en seguridad social, bajar el costo laboral, todas premisas que ya sabemos que no conducen a nada.
Mi preocupación es que no sigamos los pasos del ajuste fiscal y la limitación monetaria, que son las que podrían limitar al Estado como herramienta de redistribución del ingreso para levantar el poder de compra y de financiamiento del capital de trabajo, imprescindible en el marco de la recuperación de la recuperación económica.
El Frente de Todos logró unificar a sectores muy amplios. Vos fuiste crítico de la última etapa del kirchnerismo. ¿Qué cambió para que se lograra la conformación de esta nueva alternativa política?
-Lo primero es Macri. El hecho de que Macri y todo lo que él representa como una expresión de las principales corporaciones de la Argentina apropiándose del Estado por el voto fue una señal de alarma para todas las organizaciones del movimiento popular en la Argentina, y un desafío de construcción de unidad para frenar un rumbo de ajuste y exclusión monumental. Eso obligó a una autocrítica de las organizaciones populares y a privilegiar un espacio de unidad que el FDT de alguna manera logró.
«Macri obligó a una autocrítica y a privilegiar un espacio de unidad que el FdT de alguna manera logró».
A partir de allí se abre otro desafío. Hoy se funciona sobre la base de las posiciones que cada uno tiene en el diseño institucional y el aparato estatal, pero no hemos logrado transformar al frente en una fuerza política que discuta el rumbo, y creo que es algo imprescindible por la presión explícita que tanto la oposición política como el poder económico, en el marco de apriete, desestabilización y corrida de mercado, viene haciendo para tratar de condicionar el rumbo del Gobierno.
Y la única manera de evitar ese condicionamiento es que el FDT se fortalezca a sí mismo sobre la base del respaldo pleno del conjunto de los actores que efectivamente lo constituyen.
Si te nombro dos apellidos: Vicentín y Macri, ¿Cómo los vinculás?
-Ambos son parte de las 50 fortunas más grandes de la Argentina, que tienen que pagar el impuesto a las grandes fortunas, y son los que han venido resistiendo las mejores decisiones de este Gobierno, desde la cuarentena temprana y el ASPO, no olvidemos a uno de los dueños de Vicentín navegando en su Yate por el Paraná. Son los que se cagan en todo, y los que resisten todos los intentos que podamos priorizar la salud y el desarrollo de nuestra gente.
«Los Vicentín y Macri son los que se cagan en todos».
El director del Banco Nación, Claudio Lozano, denunció la existencia de “presiones” contra el gobierno nacional y la puesta en marcha de un “protogolpe de mercado”, agitado también por dirigentes políticos que intentan que la administración de Alberto Fernández “siga un rumbo de ajuste».
Mientras el gobierno del Frente de Todos aplica medidas “que buscan evitar una devaluación brusca, por el impacto que generaría en los precios y el poder adquisitivo de la población”, hay “una presión que pretende que el gobierno siga un rumbo de ajuste», advirtió el economista.
Durante una descripción del escenario político y económico, Lozano indicó que en las últimas semanas
“pasaron cosas que han puesto la cuestión de manera tal de dejar al gobierno con escasas herramientas económicas»
y consideró por ello “no es posible separar lo que sucede en el plano económico de los acontecimientos políticos” ocurridos en ese lapso de tiempo.
“Este protogolpe de mercado va desde Eduardo Duhalde hablando de golpe (de Estado) y planteando que hay que hacer un acuerdo con el PRO, y pasa por medios que agigantan la magnitud de las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y la asonada policial (bonaerense) con tintes desestabilizadores», dijo durante una entrevista por Radio Provincia.
También se refirió a las medidas de regulación del mercado cambiario activada esta semana por el gobierno nacional, debido a las maniobras especulativas detectadas en la comercialización de dólares.
Para Lozano, esa medidas fueron una respuesta a la “actitud especulativa de grandes empresas que cancelaron deuda” y que hicieron que “por esa vía se fueran más de 6 mil millones de dólares”.
“Los principales actores que se llevaron los dólares de la Argentina y dejaron al Banco Central en una situación complicada son exportadores, acreedores y grandes empresas que cancelaron sus deudas”, explicó.
De la misma manera, consideró que “la gestión al frente del Banco Central debió haber controlado lo que hacían las empresas privadas con el pago de deuda y no lo hizo” y agregó que “Argentina tiene dólares, pero hay que evitar que los especuladores atenten contra el abastecimiento de dólares al Banco Central”.
Un director del Banco Nación calificó la operación como «la confirmación del vaciamiento y saqueo» de la empresa concursada en perjuicio de «la banca pública y los productores argentinos».
A través de sociedades armadas en Uruguay, vendió el frigorífico Friar a una firma inversora
Después de las maniobras nunca aclaradas de la venta de las acciones de control de Renova SA a una firma vinculada a la multinacional Glencore, el grupo Vicentin habría concretado esta semana la cesión de otra «joya» del patrimonio familiar: el frigorífico Friar, con su pase a manos del grupo financiero BAF Capital.
La operación, hecha a través de Vicentin Family Group y de Nacadie SA, dos sociedades conformadas en Uruguay por los mismos accionistas de Vicentin SAIC, se concretó pese a que la empresa «madre» del grupo se encuentra en convocatoria de acreedores y sin objeciones por parte del juez Fabian Lorenzini, a cargo del proceso.
Vicentin «tercerizó» la propiedad de las principales empresas del grupo a partir de 2013 justamente con este fin: ubicar dicho patrimonio fuera del alcance de los acreedores a su empresa principal, en una maniobra que ahora es denunciada por directivos del Banco Nación (principal acreedor individual en el concurso) como «la confirmación de la operación de vaciamiento y saqueo que este grupo empresario ha perpetrado sobre la banca pública y los productores argentinos».
Se desconoce el valor por el cual se concretó la compra de Friar por parte de BAF Capital.
Sus vendedores son Vicentin Family Group y Nacadie Uruguay, empresas estrechamente vinculadas al grupo Vicentin, que son dueñas o accionistas de varias empresas originalnente del grupo.
Entre ambas poseen el 99,6 por ciento de las acciones de Friar.
El restante 0,4% es lo que aparece dentro del patrimonio de Vicentin SAIC, la concursada, que como tal, no podría vender sus participaciones sin autorización del juez ni sin que ese dinero fuera destinado a cubrir su deuda con los acreedores, entre los cuales el principal es el Banco Nación.
El comprador, BAF Capital, o Buenos Aires Finantial Capital, es una sociedad inversora dedicada a asesoramiento financiero, especialista en fusiones y adquisiciones, gestión de activos, banca de inversión y también ligada al negocio de seguros.
Como tal, tuvo activa participación en el concurso de Sancor, primero como acreedora y luego como inversora.
Además, intervino en junio de 2016, en la venta del 90% de las acciones de Alimentos Refrigerados SA (ARSA) de Sancor Cooperativas Unidas Ltda. a Vicentin Family Group «para desarrollar el negocio de yogures, flanes y postres» con las marcas de Sancor.
Según recordó Claudio Lozano, director del Banco Nación, «desde el año 2013 Vicentin puso en marcha un proceso de desdoblamiento del grupo económico, que implicó ir desplazando la cabeza del holding de Vicentin SAIC a Vicentin Family Group en Uruguay; de ese modo, mientras VFG Uruguay creció en el control de la estructura corporativa, Vicentin Argentina incrementaba su endeudamiento».
«Hoy vende un frigorífico que es uno de los principales exportadores de carne del país a través de VFG y la sociedad uruguaya Nacadie, en la cual también participan como accionistas miembros del grupo familiar», subrayó Lozano.
«Las irregularidades del concurso de acreedores y las maniobras del Grupo configuran el escenario de la estafa y el fraude que lleva adelante Vicentin«
Claudio Lozano
Antecedentes
En su investigación sobre la evolución reciente de Vicentin, hecha para el Banco Nación, Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti demuestran que la firma, surgida en 1929 como una acopiadora de algodón, fue evolucionando en distintas etapas, en principio con eje en la producción y exportación de aceites, luego a su diversificación e internacionalización en torno a Vicentin SAIC, para iniciar posteriormente un proceso de «desdoblamiento e internacionalización de su estructura corporativa».
Esta transformación se da principalmente a partir de 2013. «La pieza clave de este desdoblamiento fue Vicentin Family Group con sede en Montevideo, que se transformó en el holding a través del cual se consolidaron las participaciones que se iban transfiriendo desde Vicentin SAIC. El primer paso de este vaciamiento de Vicentin SAIC se produjo en ese mismo año 2013 cuando Industria Agroalimentaria Latam (Uruguay) le compró a Algodonera Avellaneda el 97% de Sir Cotton.
«Un año más tarde VFG ya era propietario del 100% de las acciones tanto de Latam como de VFG Inversiones y Actividades Especiales, las dos firmas holding que incorporarían la mayor parte de los activos del grupo durante los siguientes años. La cuarta pieza clave en la arquitectura de esta rama del grupo es Nacadie Comercial que pertenece al grupo pero que formalmente no está controlada por VFG». El mismo informe revela que la firma controlante de Nacadie Comercial es la panameña Swass International Corp, probablemente otra empresa creada por el holding Vicentin en esa guarida fiscal.
«Las cuatro empresas holding han servido para transferir activos que antes estaban en manos de Vicentin SAIC e incorporar otros durante el proceso de diversificación, generando una verdadera “estructura paralela” con sede formal en Uruguay», señala la investigación del Banco Nación.
«En agosto de 2014 VFG Inversiones le compró a Vicentin SAIC el 50% de las acciones de Friar. Como el 49,6 % ya se encontraba en poder de Nacadie Comercial, Vicentin SAIC sólo conservó el 0,4%. También en 2014 Latam compró 97% de Buyanor».
«Entre 2014 y 2015, VFG Inversiones le compró a Vicentin SAIC el 97% de Algodonera Avellaneda, a su vez controlante de otras tres firmas textiles; en 2016 le compra a Sancor Alimentos Refrigerados. Durante 2017 las adquisiciones de las firmas holding uruguayas se potenciaron notablemente: el 100% de Patagonia Bioenergía, 50% de Enav, 95% de Sottano».
Pese a todas estas evidencias, ni el juez de quiebras Lorenzini ni el juez penal Guillermo Ercolini, a cargo de la denuncia por estafa contra el Banco Nación, accedieron a los reclamos de extender la inhibición de bienes al conjunto de empresas del holding, entendiendo que funciona como grupo económico y por lo tanto su desdoblamiento tendría como fin no asumir sus responsabilidades.
El juez Ercolini ordenó levantar secretos fiscal, bursatil y bancario al ex titular del Banco Nación y a directivos de Vicentin. También dispuso la inhibición general de bienes a Algodonera Avellaneda, la otra firma clave del grupo.
El juez federal Julián Ercolini resolvió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario del expresidente del Banco Nación Javier González Fraga y de otras 24 personas investigadas en la causa penal por los créditos irregulares otorgados a Vicentin durante el gobierno de Mauricio Macri.
En la resolución, el magistrado dispuso la inhibición general de bienes a la Algodonera Avellaneda, aunque evitó aplicar la misma medida para los bienes de Vicentin SAIC y de los empresarios y funcionarios investigados.
Las disposiciones responden a un requerimiento del fiscal Gerardo Pollicita y buscan analizar la «posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina».
Según se desprende del expediente, esa operación «permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos», que actualmente «serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos « y a la espera de un concurso preventivo.
Por esta razón, se decidió levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario de González Fraga y de otras 24 personas, entre las que se encuentran el exvicepresidente del Banco Nación Lucas Llach, los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Sergio Vicentin y de un conjunto de empresas vinculadas al Grupo, entre ellas Renova, que ocupa uno de los capítulos claves de la investigación.
«Al levantar el secreto fiscal, bursátil y financiero, Pollicita tiene la posibilidad de seguir el trayecto de los casi 800 millones de dólares que ingresaron en la cuenta de Vicentin de la sucursal Reconquista, que actuaba en garantía del crédito otorgado»
Claudio Lozano
La gran incógnita a dilucidar en la causa es hacia dónde llevó Vicentin ese dinero, que era más del doble del crédito que había recibido hasta ese momento, y que llamativamente ingresó entre agosto y diciembre de 2019, cuando el gobierno de Macri ya estaba en retirada. Vicentin, detalló Lozano, «estaba obligado a tomar esos dólares y utilizarlos para cancelar los vencimientos que tenía que asumir. Sin embargo, hubo un pedido de la empresa a las autoridades del Banco Nación para poder transferir esos fondos a cuentas de libre disponibilidad. Lo que le interesa al fiscal es ver qué pasó con ese dinero y a qué cuentas fue».
Además de la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda S.A., Ercolini prohibió la modificación de la composición accionaria de la empresa sin notificarlo a las autoridades correspondientes.
No obstante, a pesar del pedido de Pollicita, el magistrado prefirió no inhibir los bienes de Vicentin SAIC, la empresa madre, ni de las 26 personas (directivos de la empresa y funcionarios) que intervinieron en las operaciones investigadas, al considerar que están bajo «control» del juez de Reconquista Fabián Lorenzini, quien interviene en el concurso de acreedores del Grupo.
«La definición de Ercolini pasa por alto las características que tiene el concurso, en donde existe una actitud de fuerte parcialidad en favor de Vicentin»,
Claudio lozano
sostuvo Lozano y agregó: «le ha permitido mantenerse en una situacion de absoluta irregularidad, en el sentido de que no ha presentado el balance correspondiente del año 2019 y que le ha dado 40 días hábiles más para presentarlo. El juez hace de cuenta que el concurso funciona de manera normal, cuando en verdad no lo es».
La causa que llevan adelante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita aún se encuentra en una fase inicial. González Fraga y los directivos de Vicentin Máximo Padoan y Gustavo Nardelli están imputados desde febrero. Sin embargo, aún no fueron citados a prestar declaración indagatoria.
De acuerdo al fiscal Pollicita, existen elementos probatorio para “sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria».
Para ello, los funcionarios «otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba».
«Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga, no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en septiembre de 2019, sino que también fue replicado en noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco», señala Pollicita.
Todos los indicios que se derivan del concurso de acreedores y de las investigaciones en torno al caso de la cerealera Vicentin SAIC hacen suponer que los empresarios sobreendeudaron la empresa, luego hicieron que desapareciera el dinero a través de cuentas offshore y finanzas en el exterior y finalmente declararon la cesación de pagos.
Para conocer qué pasó con esta empresa, insignia del mercado agroexportador de la Argentina, La Nueva Mañana entrevistó al economista Claudio Lozano, flamante director del BNA (bajo la conducción de Eduardo Hecker que reemplazó a Javier González Fraga) que publicó dos informes que pusieron de relieve las irregularidades del grupo empresario.
¿Cómo fue la operatoria del otorgamiento de los créditos del Banco Nación Argentina a Vicentin? ¿Violaron las normas del Banco el ex presidente de la entidad Javier González Fraga y algunos directores de la entidad?
Sí efectivamente, durante el año 2019 tanto las normas y regulaciones internas del banco, como normas establecidas por el ente regulador el Banco Central fueron absolutamente eludidas por parte de las autoridades anteriores, tanto del directorio como también de algunos funcionarios del Banco Nación.
Vicentin tenía desde mediados de 2018 la misma calificación que le permitía acceder a préstamos para prefinanciación de exportaciones con un límite de 8.300 millones de pesos y ya en enero de 2019 había superado ese límite y en abril de ese mismo año cuando la calificación vencía y tenía que ser revisada ya le debía más de 12.000 millones de pesos y por lo tanto tenía que comenzar a cancelar.
En ese contexto, en lugar de cancelar a Vicentin le prorrogaron el financiamiento hasta julio del 2019 y entre agosto y diciembre llega a una deuda de 18.000 millones de pesos violando no solamente la calificación del Banco Nación, sino también la norma del Banco Central que establece que ninguna gran empresa puede deberle a cualquier banco más del 15 por ciento del patrimonio del banco y en este caso lo excedía largamente.
Peor aún, desde agosto hasta diciembre Vicentin no solo no canceló absolutamente nada si no que en ese mismo período ingresaron a la cuenta de la empresa en el Banco Nación sucursal Reconquista 790 millones dólares por las exportaciones, más del doble del crédito que Vicentin había recibido del Banco Nación, que las autoridades pasadas podrían haber ejecutado para acomodar la situación irregular del Grupo. Como consecuencia de ello terminamos con 300 millones de dólares enterrados en la eventual quiebra de Vicentin.
Planta Vicentín (foto Télam)
El Banco Nación se constituyó en querellante en la causa penal abierta contra Vicentin ¿Piden investigar si se configuran otros delitos como resultado del entramado de la empresa?
La presentación en la Justicia Federal fue hecha por un particular no por el Banco, en la que se pidió la imputación de las autoridades pasadas del Banco Nación por administración fraudulenta y también a un grupo de gerentes de la empresa en la que el fiscal (Gerardo) Pollicita investiga la ruta del dinero, en todo caso qué pasó con el dinero que recibió Vicentin habida cuenta de que hay una serie de indicios a partir del proceso de offshorización que vive el grupo empresario desde el 2014 en adelante, con la instalación de empresas en el exterior.
De hecho, el holding Vicentin Family Group, la empresa madre controlante del conjunto de empresas que tiene el grupo, no está registrada en la Argentina está inscripta en Uruguay y además están inscriptas allí otras empresas Vicentin Family Group Inversiones, Latam Agroindustrias y Vicentin Uruguay, también está Vicentin Paraguay, Vicentin Brasil, Vicentin Europa e incluso ha conformado una empresa offshore en Panamá. Es decir, hay una serie de indicios que parecerían indicar que la razón por la cual Vicentin termina dejando colgado a cerca de 2600 acreedores es porque hubo un proceso de derivación de recursos a cuentas en el exterior por fuera del negocio que efectivamente Vicentin llevaba adelante.
Dada esa situación, ¿por qué es importante que el Estado intervenga la empresa?, ¿Qué riesgos se corren si no interviene?
Los riesgos ya se están corriendo con la fuente laboral que involucra de manera directa a cerca de 7.000 trabajadores, en segundo lugar desde que comenzó el concurso de acreedores la empresa está prácticamente paralizada afectando también a 1800 productores. Junto con esto está la amenaza de extranjerización porque hay grupos transnacionales vinculados a este negocio que pretenden quedarse con Vicentin, lo que implicaría una mayor concentración del negocio del comercio de granos y de las divisas de la Argentina.
El juez del concurso Fabián Lorenzini fue abogado del Banco Nación en Reconquista durante 18 años, antes de ser nombrado magistrado, y tuvo intervención a favor de Vicentin en varios expedientes, ¿cabe un pedido de recusación del juez por parte del Banco?
Con el hecho objetivo de que efectivamente trabajó 18 años en la sucursal Reconquista del Banco Nación y la entidad financiera es el principal acreedor y que intervino como apoderado y abogado en dictámenes que involucraron al Grupo Vicentin como principal cliente de la entidad, debería llevar al juez a haberse abstenido de intervenir en el concurso.
Fabián Lorenzini es juez del concurso. Fue abogado del Banco Nación en Reconquista durante 18 años, antes de ser nombrado magistrado, y tuvo intervención a favor de Vicentin en varios expedientes.
Cualquier juez en esa situación se hubiera excusado porque claramente no hay visos de imparcialidad. De hecho las decisiones que ha tomado son por demás cuestionables, la decisión que tomó de no acatar con su fallo el decreto presidencial de intervención de la empresa que tiene fuerza de ley y que él mismo reconoce que no es competente para evaluarlo y luego reponiendo en la conducción de la empresa a los mismos que la llevaron a esta situación son indicios muy claros de que no tiene el nivel de imparcialidad que debería tener.
¿Qué lograría la sociedad argentina si se estatiza una empresa como Vicentìn?
A partir de esta estafa generalizada a trabajadores, productores y a la banca pública, se lograrían muchas cosas. Lo primero que lograría es salvar la fuente laboral, segundo constituir una empresa mixta en la cual el Estado comparta la conducción junto con las cooperativas agropecuarias y los pequeños y medianos productores, que permitiría una gestión de la firma con la experiencia que los productores efectivamente tienen en este negocio y que el Estado ocupara un rol preponderante dentro del comercio exterior de granos y también tener una fiscalización directa sobre el ingreso de divisas de nuestro país.
Al mismo tiempo, le permitiría al Estado en beneficio de la sociedad blanquear un comercio de granos que desde que desapareció la Junta Nacional de Granos y se privatizaron los puertos se transformó en un negocio bastante oscuro donde las maniobras de triangulación, de subfacturación de exportaciones, de sobrefacturación de importaciones y de divisas que quedan en el exterior importan menor recaudación para el Estado nacional.
También permitiría mejorar los precios de los pequeños y medianos productores porque no se llevarían adelante los mecanismos abusivos que la posición dominante de las cerealeras utilizan permanentemente sobre los productores y también en perspectiva nos permitiría también una herramienta de intervención en el mercado alimentario a nivel interno. Todos estos elementos están en juego en un grupo empresario muy significativo del agronegocio en la Argentina y tenemos la oportunidad de transformar una estafa en una herramienta de política económica y comercial muy importante para el país.
¿Por qué tanta resistencia a la expropiación?
Es absolutamente lógico que el Estado intervenga para tratar de ordenar esta situación en lugar de estar discutiendo cosas absurdas como que se está afectando la seguridad jurídica, se está afectando la propiedad privada y tonterías de esa naturaleza que son falaces porque el primero que violentó la seguridad jurídica dejando colgados a 2600 acreedores es Vicentin y en realidad cuando hablan de propiedad privada no se entiende de qué están hablando porque los 1800 productores son también propiedad privada, porque los bancos privados y públicos le han prestado con depósitos que son de ahorristas privados y que también tienen su propiedad privada en juego, por lo tanto no tiene sentido la discusión.
El Banco Nación (BNA) informó hoy la conformación de un Consejo Consultivo de la Economía Social y Popular que facilitará “la vinculación de los actores de la producción de la agroecología con los distintos canales de financiamiento para ayudar al crecimiento”.
A través de un comunicado de la entidad bancaria, se informó que el Consejo Consultivo está integrado por una “veintena de asociaciones que representan a los sectores de la agricultura familiar, a unidades productivas de pequeñas extensiones, comunidades indígenas, y cooperativas, entre otros”.
El director del Banco Nación, Claudio Lozano, aseguró que “el sistema financiero tiene que estar al servicio de todos y, en particular, orientado a brindar créditos a los pequeños productores involucrados en la economía popular, con el propósito de recuperar una argentina productiva, integrada y con una banca pública que esté al lado de los que más necesitan””
También, consideró que es necesario promover modificaciones en la legislación vigente, que permita “una mayor accesibilidad a los beneficios y a la asistencia para facilitar inversiones en capital de trabajo y compra de insumos para la producción”, y adhirió a la necesidad de incorporar “la mirada de género” y avanzar en la “igualdad de derechos”.
Por su parte, el integrante del directorio del BNA, Guillermo Wierzba, sostuvo que el objetivo del Consejo es “facilitar la vinculación de los actores de la producción de la agroecología con los distintos canales de financiamiento para ayudar al crecimiento”, y añadió que este proceso “implica un cambio cultural para sancionar normativas y regulaciones que sean amigables con la agricultura familiar”.
“El crédito debe estar garantizado por la producción y no por propiedad”, señaló Wierzba, y agregó que “con la lógica que beneficiaba a los grupos concentrados, se marginó a los sectores medios y al campesinado, para favorecer a grupos como Vicentín” y de esta manera “facilitar una enorme estafa que afectó también a la propiedad de los pequeños productores”.
Entre las entidades que participaron de la reunión se encuentra la Federación de Organizaciones Nucleadas en Agricultura Familiar (Fonaf); Agricultores Federados Argentinos (AFA); Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe); Federación Agraria (FAA); Movimiento Campesino Liberación; Movimiento Nacional Campesino Indígena de Santiago del Estero (MNCI); Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT); Frente Nacional Campesino (FNC); Asociación Mujeres Rurales Argentinas Federal (AMRAF); Federación Nacional Campesina (FNC); Asamblea Campesina e Indígena del Norte Argentino (ACINA); Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE-RURAL); Feria Agroecológica de Córdoba; Grupo Agroecológico Renama; Naturaleza Viva, Santa Fe; Red Agrisalud; Unión Trabajadores Rurales (UTR Córdoba); FROP, La Rioja.
La gigante cerealera y alimenticia había armado durante los últimos años de la administración Cambiemos, una estructura offshore para pagar menos retenciones. Es parte de lo que se descubrió mientras continúa avanzando la investigación por los millonarios e irregulares préstamos otorgados por González Fraga al frente del Banco Nación.
La firma realizaba los envíos desde Argentina Entre junio de 2018 y luego durante 2019, el grupo «Vicentín inicia un proceso de lo que se suele denominar offshorización». La introducción pertenece a Claudio Lozano, economista y dirigente político, y actual director de Banco de la Nación Argentina.
Desde ese cargo, Lozano viene conduciendo parte de la investigación interna que la mayor entidad bancaria del país lleva adelante para determinar cómo es que se generó el desfalco causado por Vicentín. Se trata de la gigante cerealera y alimenticia que solicitó y no pagó un crédito por 300 millones con el Banco Nación. Y que luego, pese a que su calificación crediticia tenía un recuadro rojo, volvió a recibir un nuevo préstamo del Nación por casi 100 millones de dólares más, con la firma de Javier González Fraga, el funcionario que había puesto Mauricio Macri para que condujera el banco y que hoy está imputado por esta causa.
Ese desfalco fue el detonante para que se comenzar a investigar la estructura de la que es una de las principales aceiteras del país, y cuyo virtual default llegó a hacer temblar a las estructuras del Nación. En ese marco es que fueron apareciendo detalles de la manera en que el grupo empresarial estaba organizado con una verdadera ingeniería con el objetivo de sortear la carga impositiva.
Entre junio de 2018 y luego durante 2019, el grupo «Vicentín inicia un proceso de lo que se suele denominar offshorización. En ese momento comienza a radicar empresas afuera, en el Uruguay y, constituye una empresa holding para articular todo el conjunto empresarial, que se llamó Vicentín Family Group «En ese momento Vicentín comienza a radicar empresas afuera, en el Uruguay. De hecho, constituye una empresa holding para articular todo el conjunto empresarial que se llamó Vicentín Family Group», señala Lozano.
Esa empresa tendría el 75% del capital accionario de Vicentín s.a., la que a su vez es propietaria del 100% de Vicentín Uruguay, que también es constituida en el año 2019.
¿Cómo actuaba este entramado? Lozano lo responde con una figura de números sencillos. «Supongamos que Vicentín Argentina tiene que exportar 100 dólares. En realidad le exporta 80 a Uruguay, y por lo tanto paga retenciones por 80. Pero al mismo tiempo la mercadería que Vicentín exportó no va a Uruguay. Va directamente al lugar del mundo que corresponda: a Europa a China, al lugar que fuese», explica.
El detalle es que a esos destinos la mercadería «llega con una factura de Vicentín Uruguay, y es por 100 dólares. Por lo tanto los 100 dólares entran en Vicentín Uruguay. Con lo cual hay 20 dólares que quedan en Uruguay; no entran a la Argentina».
La explicación de Lozano, basada en lo que la entidad bancaria ha logrado determinar, no es difícil de entender: «Vicentín se queda con dólares afuera de la Argentina, y por otro lado paga menos retenciones que las que tendría que haber pagado. Lo que buscan es que este tipo de operaciones puedan terminar pareciendo como legales, cuando en realidad son operaciones al interior de una misma empresa para defraudar al Estado».
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